Daniel Mejía Hernández
Expediente 1063/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1063/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Daniel Mejía Hernández
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guarda el presente asunto, del que se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de siete de septiembre de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado, por el que, se desechó la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese este expediente..., se establece que el presente expediente es destruible, toda vez que en el caso se desechó la demanda de amparo y no existen documentos originales de los previstos por la fracción XX, del artículo 3, del Acuerdo General citado. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo, este juzgado procederá a su destrucción..., Asimismo, hágase la anotación de las circunstancias anteriores en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que dentro del término antes referido este juzgado proceda a su destrucción. Finalmente, por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido devuélvanse al Juez Décimo Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, las constancias que acompañó a su informe con justificación; ..., Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Por recibidos los oficios signados por el actuario adscrito al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual hace del conocimiento la ejecutoria de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, por medio del cual remite los autos del juicio de amparo directo 620/2023, por el que el tribunal oficiante se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida por ********************, por propio derecho; contra actos del Juez Décimo Segundo de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ordenando remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, para que la turne al juzgado correspondiente, por considerar que el acto reclamado no se encuentra dentro de las hipótesis que prevé el artículo 170 de la Ley de Amparo, puesto que no se trata de sentencia definitiva, ni resolución que haya puesto fin a juicio, ya que consiste en el auto de siete de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio especial hipotecario ********************, seguido por ********************, en contra del aquí quejoso y otro, en el que se ordenó el lanzamiento del peticionario de amparo del inmueble litigioso para ser entregado a la actora. En esa virtud, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento de dicha demanda de amparo, acúsese el recibo correspondiente del D.C. 620/2023-IV, el oficio 3955, signado por el Juez Décimo Segundo de lo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dos legajos y una bolsa cerrada con documentos y siete copias de la demanda; en consecuencia, se procede a acordar lo conducente respecto de la demanda aludida en los siguientes términos. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho; contra actos del Juez Décimo Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como 1063/2023-III. De la lectura de la demanda, se advierte que la misma resulta improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IV del artículo 107 del mismo ordenamiento legal, atento a las siguientes consideraciones. En el caso, se señala como acto reclamado el auto de siete de agosto de dos mil veintitrés, dictado por el juez responsable en el juicio especial hipotecario ********************, seguido por ********************, en contra del aquí quejoso y otro, que ordena el lanzamiento del quejoso del inmueble litigioso para ser entregado a la actora. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo así como de las constancias remitidas por la autoridad responsable, puede advertirse que el procedimiento de origen es un juicio especial hipotecario ********************, seguido por ********************, contra el quejoso y otra, el cual se encuentra radicado en el Juzgado Décimo Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; que seguido el mismo, el once de junio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia definitiva, en la que se condenó al quejoso al pago de las prestaciones reclamadas, apercibido que en caso de no hacerlo, se ordenaría sacar a transe y remate el inmueble hipotecado y con su producto se pagaría a la actora; que el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se llevó a cabo el remate del inmueble hipotecado, mismo que fue adjudicado a la actora; que el siete de agosto de dos mil veintitrés, el juez de génesis dictó un auto en el que ordena el lanzamiento del quejoso del inmueble litigioso para ser entregado a la actora, lo que constituye el acto reclamado. En virtud de lo anterior, se advierte el auto de siete de agosto de dos mil veintitrés, señalado como acto reclamado no es la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, del cual se advierte que el legislador, en forma específica, determinó que la última resolución emitida en el procedimiento de remate es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o bien, la entrega de los bienes rematados; de ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando alguno de ellos se actualice, esto es, una vez que se haya emitido alguna de estas órdenes, y será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución; consecuentemente, resulta que lo que por esta vía combate no constituye la última resolución con que culmina esa etapa del procedimiento, dado que la última resolución en el procedimiento de referencia será aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o en su caso, la entrega de los bienes rematados, en la que previo agotamiento del recurso otorgado por la legislación aplicable, en caso de que proceda, se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, la cual a su vez puede ser combatida mediante el juicio de amparo indirecto; de modo que al combatir una determinación diversa a la que ordena la desocupación del inmueble materia de la litis o la relativa al otorgamiento de escritura, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IV, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, viernes 22 de abril de 2016, que a la letra dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 108/2010, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, que expresa: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Ha de entenderse por última resolución, la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento; por lo que esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que precedan, tendentes a hacer efectiva la sentencia definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 19/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, julio de 2001, página 34, que expresa: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." Así las cosas, al dejarse establecido que el acto reclamado no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IV, del artículo 107; razón por la cual en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la presente demanda de amparo. Se tiene por autorizados a las personas que indica para oír y recibir notificaciones en términos del segundo supuesto del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que el quejoso es omiso en proporcionar un domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena que todas las notificaciones aún las de carácter personal, se le hagan por medio de lista, hasta en tanto señale un domicilio dentro de la jurisdicción de este juzgado. Asimismo, debido a la voluminosidad de las constancias remitidas y para un mejor manejo del expediente, fórmense tres legajos de constancias por separado. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al actuario adscrito a este juzgado para que practique cualquier diligencia o notificación relacionada con el presente asunto que así lo requiera. Notifíquese por lista al quejoso.
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