Daniel Medina Morgado

Expediente 1174/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1174/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/09/2022

Partes del expediente

  • Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California
  • Daniel Medina Morgado

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, siete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido y agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio que firma el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual informa que se aceptó el conocimiento del presente juicio de amparo; lo anterior, toda vez que en veintinueve de agosto del presente año, se efectuó la certificación correspondiente en la que se hizo constar tal circunstancia y se ordenó el archivo definitivo del presente juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese....

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio y anexo remitido vía interconexión por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; y en atención a su contenido, se le tiene devolviendo debidamente diligenciado el exhorto local 304/2022 número de orden 304/2022 del índice de este Juzgado. Por tanto, dese de baja en el libro de gobierno correspondiente, sin que sea el caso acusar el recibo de estilo correspondiente, toda vez que la presente comunicación oficial fue recibida vía Sistema Integral de Seguimiento Expediente (SISE). Notifíquese....

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve Daniel Medina Morgado, contra actos del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Baja California, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, fórmese expediente con el número 1174/2022, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el libro de gobierno de este Juzgado. Ahora bien, del estudio integral de la demanda, se obtiene que el quejoso, actualmente se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo II" en Tecate, Baja California, y el acto reclamado consiste en: "V.- Acto reclamado, bajo protesta de decir verdad manifiesto qe (sic) los hechos son ciertos y son los siguientes: -se reclama la omisión por parte del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, debido a que en fecha 15 de febrero del 2022, solicité un beneficio o que mi petición fuera enviado a la autoridad competente, a la fecha no he recibido contestación." En consecuencia, este Juzgador estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo conforme lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En principio, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público que debe analizarse previamente al estudio de la constitucionalidad del acto. Aplica la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 36 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 56, Agosto de 1992, Materia Penal, Octava Época, de la voz y texto: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". A fin de sustentar la presente determinación, resulta oportuno transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". El citado precepto legal prevé tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda. 1). Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2). Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3). Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la lectura de las hipótesis antealudidas, se obtiene que la competencia territorial de los Jueces de Distrito depende directamente de la ejecución de los actos reclamados. Así, tendría competencia para conocer de un juicio de amparo, aquél que resida en el lugar en que trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, mientras que si éste carece de ejecución, se estará en presencia de la última regla. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis Aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1265 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, Quinta Época, Materia común, cuyo rubro y texto literalmente se señalan: "COMPETENCIA EN AMPARO. De acuerdo con la fracción IX del artículo 107 constitucional, es competente para conocer del amparo, el Juez de Distrito de la jurisdicción donde actúa la autoridad que ejecuta el acto que se reclama, sin que deba tomarse en cuenta el lugar de la ubicación de la cosa sobre la cual deba recaer la acción de la autoridad ejecutora, porque el acto declarativo que da lugar a la ejecución, es distinto de las consecuencias mediatas que puedan producirse". En ese tenor, el acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en la omisión del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Baja California, con residencia en esta ciudad, de enviar su solicitud de petición de cómputo de la prisión preventiva (quantum), a la autoridad Juez de Control Especializado en Ejecución de Tecate, Baja California. Por tanto, el acto que por esta vía se combate, no se trata de un acto meramente declarativo, pues surte el efecto positivo de actualizar la privación de su libertad bajo la vigilancia y tratamiento del lugar donde actualmente se encuentra recluido el quejoso -Centro de Reinserción Social "El Hongo II" en Tecate, Baja California-, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido, y por ello, se ubica en el supuesto que se contiene en el primer párrafo del referido precepto 37 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación en lo conducente la jurisprudencia número 1a./J. 14/2014 (10a.), que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes once de abril de esta anualidad, Materia(s): (Común), cuyo rubro y contenido establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido". Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia número 1a./J. 48/2005 que sustenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Tomo XXI, Junio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario". Además, debe tomarse en cuenta que el propósito del legislador al establecer el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, fue otorgar a la persona sujeta a proceso las condiciones necesarias para tener un fácil acceso al mismo; y en el caso, el quejoso se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social "El Hongo II" en Tecate, Baja California. Por tanto, siendo que el acto reclamado tiene ejecución fuera de la jurisdicción de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, este Juzgado Federal declara que carece de competencia legal por jurisdicción territorial para conocer de la demanda en cuestión. En consecuencia, se declina la competencia a favor de un Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado, con sede en Tijuana, que conforme al punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es un Órgano Jurisdiccional de esa Entidad que ejerce jurisdicción territorial en Tecate, Baja California. Bajo esa tesitura, con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, remítanse los autos originales del juicio de amparo 1174/2022 al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado, con sede en Tijuana en turno, previo cuadernillo de antecedentes que se forme, a efecto de que decida si acepta o no el conocimiento del asunto; solicítese que, de no tener inconveniente alguno, una vez que se pronuncie respecto a la competencia que se declina a su favor, lo haga del conocimiento de esta autoridad, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, tomando en consideración que el quejoso Daniel Medina Morgado, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social "El Hongo II" en Tecate, Baja California, lo que evidencia que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo en concordancia con los diversas los artículos 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, así como el numeral 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; además de conformidad con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado, con sede en Tijuana en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este Tribunal, por conducto de un Actuario adscrito a ese Juzgado, se sirva notificar de forma personal al quejoso en cita en dicho centro, el contenido íntegro del presente auto. En apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8°, 18 y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; al considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales. En la inteligencia de que, con independencia de la manifestación de la parte quejosa referida en párrafo supra, en la versión pública de las resoluciones o autos que se emitan en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales También, se le hace saber que para que las constancias que alleguen al expediente se consideren, en principio, información confidencial, deberán manifestar dicho carácter al momento de exhibirlas, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Notifíquese personalmente vía exhorto al quejoso....

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