Daniel Medina Bucio
Expediente 480/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 480/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Daniel Medina Bucio
- Director del Registro Público de la Propiedad, Raíz y del Comercio en el Estado, ciudad
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Vista la certificación de cuenta, se tiene que de una consulta al expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) -herramienta que permite cumplir con el esquema estricto de distanciamiento social y trabajo a distancia como elementos centrales-, específicamente de las notificaciones realizadas a las autoridades responsables, se advierte que no ha sido devuelta la carta rogatoria 1/2021 (orden 36/2021), derivada del proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, enviada al Consulado de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de llevar a cabo la diligencia de ratificación y/o reconocimiento de firmas a cargo de Hugo R. Cuevas Herrera y/o Hugo Rolando Cuevas Herrera, respecto del contrato de arrendamiento residencial o contrato de alquiler mensual del domicilio ubicado en 13523 Weidner St, Pacoima CA, 91331-2823, en Estados Unidos de Norteamérica y los seis recibos de pago de arrendamiento de números 071904, 071907, 071911, 071915, 071920 y 071930. Cabe mencionar que mediante proveído de cuatro de junio de dos mil veintiuno, se tuvo a la autoridad consular informando que el veintiuno de mayo del año en curso, se envió la citada carta rogatoria para diligenciación al Consulado General de México en Los Ángeles, California, Estado Unidos de América, sin que hasta este momento se tenga conocimiento, si se llevó a cabo el desahogo de la encomienda planteada. En ese tenor, mediante oficio que al efecto se libre solicítese a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de la licenciada Brenda Guadalupe Rodríguez Velázquez, Jefa de Departamento de Exhortos o Carta Rogatorias de dicha secretaría, de no tener inconveniente legal alguno, tenga a bien informa el estado que guarda la carta rogatoria 1/2021 (orden 36/2021), derivada del proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, dirigida al Consulado de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América; a efecto de estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda. El oficio que de este proveído se deriva, deberá ser enviado vía correo electrónico, a la dirección cartasrogatorias@sre.gob.mx, en virtud de que fue a través de ese medio que la funcionaria de referencia entabló comunicación con este órgano jurisdiccional; en el entendido que el funcionario encargado del envío del oficio deberá solicitar que se conteste el correo electrónico acusando recibo, o en su defecto obtener confirmación de la recepción de la comunicación llamando al teléfono 5536865100, extensión 6420. En ese tenor, para dar margen a que la Jefa de Departamento de Exhortos o Carta Rogatorias de la Secretaría de Relaciones Exteriores, atienda lo solicitado la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. En el entendido que se fija esa fecha en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente órgano jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese mediante lista publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con César Sahagún Tena, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Auto causa estado. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término previsto por el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de inconformidad previsto por el artículo 201, fracción I, de la misma ley, en contra de la determinación de uno de marzo de dos mil veintidós, sin que lo hubiera hecho. Así, al no haberse recurrido dicho proveído, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el asunto como definitivamente concluido. Valoración del amparo. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14, en relación con el diverso 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se concedió la protección constitucional, se determina que el presente sumario es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia (depuración, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la transferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA CUATRO DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIDÓS QUE EN SINTESIS DICE:} Morelia, Michoacán, cuatro de mayo de dos mil veintidós Visto lo de cuenta se provee EXPEDIENTE Y REGISTRO Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 480 2022 De conformidad con el Acuerdo General 7 2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21 2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de abril de dos mil veintidós, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado DESECHAMIENTO Vista la demanda promovida por Daniel Medina Bucio, por propio derecho, contra actos del Notario Número 06 de Uruapan, Michoacán de Ocampo y del Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado, por lo que, como cuestión inicial, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado consiste en La cancelación del contrato de compraventa celebrado entre el aquí quejoso como comprador y Héctor Gustavo Ortiz Aguilar, como vendedor del bien inmueble que defiende, pues manifiesta que no estuvo presente en dicha diligencia no obstante que así fue expuesto por el Notario responsable, así como el registro de dicha cancelación ante el Registro Público En ese sentido, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción II de la Ley de Amparo, preceptos que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Le Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general Lo anterior es así, dado que en el caso concreto, las autoridades que fueron señaladas como responsables no tienen ese carácter para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos, a saber: a La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular b Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad c Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular y, d Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En otras palabras, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares. Ahora bien, toda vez que en el caso concreto se reclama del Notario Número 06 de Uruapan, Michoacán de Ocampo la cancelación del contrato de compraventa celebrado entre el aquí quejoso como comprador y Héctor Gustavo Ortiz Aguilar, como vendedor del bien inmueble que defiende, pues manifiesta que no estuvo presente en dicha diligencia no obstante que así fue expuesto por el Notario responsable, así como el registro de dicha cancelación ante el Registro Público, por lo que es evidente que el acto se relaciona con la labor de los notarios en el ejercicio de sus funciones, por lo que debemos establecer cómo se ha entendido la figura del notario público. El notario público es un delegatario del poder público del Estado, dotado de autoridad para dar fe pública de los actos que se celebran ante él y de aquellos en los que intervenga de acuerdo con lo que le está permitido por la ley a fin de darles autenticidad. Es un profesional del derecho investido de fe pública por el Estado y que tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, así como conferir autenticidad y certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe, mediante la consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría. La institución del notariado es totalmente sui géneris en el sistema jurídico mexicano, ya que la función notarial se encomienda para su desempeño a particulares, licenciados en derecho, mediante la expedición de la patente respectiva, pero se trata de una función de orden público, puesto que el notario actúa por delegación del Estado, con el objeto de satisfacer las necesidades de interés social como lo son la autenticidad, certeza y seguridad jurídica de los actos y hechos jurídicos por tanto, es un servicio público regulado por el Estado. El notario está facultado para autenticar y dar forma, en los términos de ley, a los instrumentos en que se consignen actos y hechos jurídicos, por lo que éstos al ser certificados por el notario tienen el carácter de auténticos y valen erga omnes, esto es, con efectos generales. Además, debe asesorar a los otorgantes y comparecientes. La fe pública de la que es investido el notario es originalmente un atributo del Estado que tiene por virtud de su imperio, y es ejercitada a través de los órganos estatales y del notario, y ésta es la necesidad de carácter público, cuya misión es robustecer con una presunción de verdad los hechos o actos sometidos a su amparo. Para otros autores, la fe pública es la garantía que da el Estado de que son ciertos determinados hechos que interesan al derecho. De ahí que la fe pública notarial debe considerarse como la garantía de seguridad jurídica que da el notario tanto al Estado como al particular, al determinar que el acto, se otorgó conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto. Esta función del notario contribuye al orden público, a la tranquilidad de la sociedad en que actúa y da certeza. Por consiguiente, es el Estado a través del Poder Ejecutivo local, quien otorga la patente respectiva a aquellos que reúnan los requisitos previstos por la ley correspondiente y vigila que los notarios al realizar su actuación cumplan con dicha legislación, e inclusive tiene la facultad para suspender o revocar dicha patente, en los casos que prevé la ley. La función que desempeña el notario deviene por mandato expreso del legislador, a través del cual, delegan a los fedatarios públicos facultades que originalmente estaban concedidas a la autoridad judicial para conocer de varios tipos de procedimientos, y es por ello que los particulares pueden válidamente realizar tramitaciones, como las sucesorias ante los notarios públicos, sin tener que acudir necesariamente ante la presencia de un órgano jurisdiccional cuando se cumplen ciertos requisitos. Si bien los notarios llevan a cabo funciones originalmente encomendadas a los Jueces en la tramitación de sucesiones, lo cierto es que dichas actuaciones se limitan al ámbito declarativo, en el entendido de que las resoluciones judiciales pueden ser tanto constitutivas como declarativas. Entonces, si las actuaciones delegadas a los notarios son únicamente de carácter declarativo, es claro que no constituyen derechos y obligaciones a cargo de los particulares. Como se mencionó en párrafos precedentes, se reserva a la autoridad judicial la facultad de emitir resoluciones que resuelvan controversias y constituyan derechos. Entonces, si se considera que el notario público no puede reputarse como un servidor público, sino que es un particular que actúa mediante la patente que el Estado le otorga para dar fe pública de los actos e instrumentos que ante él se realicen, no puede decirse, por tanto, que sus actos son por mandato de ley, además, la función notarial no es compatible con el desempeño de cargos públicos, y su actuar está condicionado a que los particulares soliciten sus servicios, por lo que no existe una relación de supra a subordinación en su actuación, aunado a que a través de sus actos no se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular en esa tesitura, sus actos no pueden considerarse como actos de autoridad, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 5. . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas e forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Luego entonces, tomando en consideración las notas distintivas de los actos de autoridad establecidas, en este caso el notario público no puede ser considerado autoridad responsable. Por otro lado, respecto del diverso acto reclamado al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado, consistente en el registro de la cancelación del contrato de compraventa ante el Registro Público, toda vez que el mismo tampoco puede ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo en los términos señalados en los párrafos que anteceden, ya que en este caso se trata de una autoridad registral cuya función tiene por objeto dar seguridad jurídica a los bienes inscritos y eficacia de las garantías que recaen sobre los mismos, la protección de adquirentes y acreedores, la defensa y legitimación de las titularidades inscritas y publicidad de todo lo inscrito y anotado para que surta efectos frente a terceros, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán de Ocampo. Así, en el caso que nos ocupa y del contenido íntegro de la demanda de amparo se reitera que el quejoso reclama del Notario Número 06 de Uruapan, Michoacán de Ocampo y del Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado, la cancelación del contrato de compraventa celebrado entre el aquí quejoso como comprador y Héctor Gustavo Ortiz Aguilar, como vendedor del bien inmueble que defiende, pues manifiesta que no estuvo presente en dicha diligencia no obstante que así fue expuesto por el Notario responsable, así como el registro de dicha cancelación ante el Registro Público. En ese sentido, esta juzgadora estima que tales actuaciones no puede considerarse como actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, debido a que derivan de actos entre particulares contrato de compraventa celebrado entre el aquí quejoso como comprador y Héctor Gustavo Ortiz Aguilar, como vendedor del bien inmueble que defiende , por lo que no existe una relación de supra a subordinación. Ello es así, pues como se advierte de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra el quejoso, así como de las documentos que anexó a su escrito de cuenta, específicamente de la copia cotejada de la escritura pública relativa al contrato de compraventa celebrado entre el aquí quejoso como comprador y Héctor Gustavo Ortiz Aguilar, como vendedor del bien inmueble de que se trata. Lo que hace evidente que los actos que reclama en esta instancia judicial el quejoso derivan de un contrato de voluntades. En ese tenor, aun cuando no se desestima que las conductas desplegada por las autoridades pueda causar un menoscabo sobre los derechos de la aquí inconforme, el juicio de amparo no es el medio para reclamar la restitución de tales derechos, pues dicha afectación no proviene de un órgano del estado que actúe con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, así como tampoco de un particular que realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos establecidos en la Ley de Amparo, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Esto es, no obstante la efectividad horizontal de los derechos humanos, no debe confundirse con la garantía que tutela derechos fundamentales, pues se insiste, el sólo hecho de que en una relación entre particulares pueda verse menoscabado un derecho fundamental de alguna de las partes, no le da en automático la calidad de autoridades responsables a los trasgresores a que se refiere la Ley de Amparo y por tanto, tampoco hace procedente esta vía de control constitucional. En todo caso, el aquí quejoso tiene expedito su derecho y puede acudir ante la autoridad competente y promover el juicio respectivo, a fin de que reclame la cancelación del contrato de compraventa, sin que se la haya respetado su derecho de audiencia. Orienta a lo anterior por las razones sustentadas la tesis de rubro y texto siguientes: "JUECES DEL ORDEN COMUN EN FUNCIONES NOTARIALES. LA SANCION CON SU FIRMA DE ESCRITURAS PRIVADAS NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El acto reclamado de un Juez del orden común que en funciones notariales autoriza, sancionando con su firma, un contrato privado de compraventa, cuando actúa conforme a lo dispuesto por la Ley de Notariado de una entidad federativa, no puede ser enjuiciado a través del juicio de amparo, pues el autorizar la escritura de compraventa celebrada ante él en su función de fedatario no constituye un acto emitido por autoridad para los efectos del amparo, supuesto que únicamente se trata de la sanción a la voluntad de las partes contratantes. Si se considera que tal actuación adolece de vicios de nulidad, esa cuestión debe ser planteada en el juicio idóneo." No pasa inadvertido el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justiciad de la Nación, de rubro y texto: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos." Ello pues, si bien determina que en el auto inicial, no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del amparo sin embargo, cuando la improcedencia es evidente y manifiesta, resulta innecesario reservar su estudio hasta sentencia. En consecuencia, conforme a lo expuesto, al cobrar actualidad de forma notoria e indudable la causa de improcedencia en estudio, procede desechar de plano la demanda de amparo, por lo que respecta a los actos destacados en líneas precedentes al no poderse reputar éstos como actos de autoridad. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21 2020, reformado, adicionado y derogado por el diverso 7 2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte Imagen fotográfica de su identificación oficial y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma , en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado , por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad , salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21 2020, reformado, adicionado y derogado por el diverso 7 2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Luis Enrique García Marín, Miguel Ángel Pérez Cruz y Angélica Elizabeth García Vallejo, por así haberlo solicitado expresamente. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12 2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico , así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica , quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12 2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21 2020, reformado, adicionado y derogado por el diverso 7 2022, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12 2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
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