Daniel Martinez Rico
Expediente 1079/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1079/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Daniel Martinez Rico
- DANIEL CRUZ CANO y Otros.
Actuaciones
- Principal
Causa estado el auto en el que se desechó la demanda...archívese el presente asunto como definitivamente concluido...se determina que el expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN.
- Principal
Vista la cuenta que antecede se provee: Delegación designa asesor jurídico federal. Téngase a la titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Guanajuato, informando que designó al licenciado Daniel Cruz Cano, como asesor jurídico del quejoso ***, en el presente juicio. Asesor jurídico federal acepta y protesta cargo. Por otra parte, téngase por recibido el escrito signado electrónicamente por Daniel Cruz Cano, mediante el cual acepta y protesta el cargo como representante especial del citado quejoso. Además, como lo solicita, se autoriza la consulta electrónica del presente juicio a los usuarios (Josemagana) y (Danielcano) en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; asimismo, se autoriza la vía electrónica para recibir notificaciones, en el correo electrónico registrado por el segundo de los usuarios (Danielcano). Por lo que en el supuesto de que exista imposibilidad para practicar dichas notificaciones de manera electrónica, éstas deberán realizarse en las oficinas del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en esta ciudad Comisiónese al Analista jurídico SISE y a los actuarios de la adscripción, a fin de que realicen las gestiones administrativas necesarias para dicho fin. Además, ténganse como datos de contacto, los correos electrónicos y números de teléfono que refiere en su ocurso, para los efectos legales correspondientes. De igual manera, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los asesore jurídicos **, ya que acreditan estar facultados para ejercer la profesión de abogado, al tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a las diversas personas que menciona por no contar con dicho requisito y por así haberlo solicitado expresamente. Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que mediante auto de tres de los corrientes se estableció que previo a proveer lo conducente respecto del escrito de demanda, resultaba necesario designar al quejoso un representante especial, dada su discapacidad, lo que ya sucedió; en consecuencia, se acuerda: SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en el diverso 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Daniel Martínez Rico, contra actos del Juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad. De lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se tiene que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. En el caso concreto, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia relativa al consentimiento tácito de los actos reclamados. Ello, porque el quejoso no promovió dentro del plazo de quince días la presente demanda de amparo; por tanto, deviene extemporánea. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, establece lo que sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Por su parte, los diversos arábigos 17 y 18 estatuyen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Ahora bien, de la interpretación sistemática de los artículos transcritos, se advierte que el juicio amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, en contra de aquellos que no se promueva dentro de los términos que prevé la ley, siendo que el término general para la promoción del juicio de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente de i) que surta efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación del mismo; ii) de que se haya tenido conocimiento de éstos; o iii) de que el quejoso se haya ostentado sabedor de los mismos; plazo respecto del que operan las diversas excepciones establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se trae a cuenta que el quejoso comparece al presente juicio a controvertir la afectación a sus prerrogativas patrimoniales, con motivo del ilegal emplazamiento y lo actuado como consecuencia en el juicio civil **, del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad; procedimiento que aduce desconocer. Sentado lo anterior, si bien es cierto que, en casos como el que nos ocupa, la fecha a la que debe atenderse para realizar el cómputo de la oportunidad en la presentación de la demanda, es la que mencione el quejoso como aquella en que tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado, lo cierto es que dicha regla admite una excepción, que es, precisamente, cuando exista prueba fehaciente en contrario que permita arribar a la conclusión de que el peticionario conoció la existencia de los actos reclamados en una data distinta. Esto, pues no sería jurídicamente aceptable que si se demuestra que el solicitante del amparo, por cualquier medio, ya conocía con anterioridad de la existencia del juicio de origen, dicha circunstancia se soslayara por la simple manifestación unilateral vertida en la demanda, pues ello implicaría extender indebidamente el plazo del que dispone para promover el juicio de amparo. En el caso que nos ocupa, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama la afectación a sus prerrogativas patrimoniales, con motivo del ilegal emplazamiento y lo actuado como consecuencia en el juicio civil **, del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad. Ahora bien, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, el hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión. Para el juzgador adquieren tal calidad los diversos asuntos que en el órgano jurisdiccional de su adscripción se encuentren radicados. En esas condiciones, se advierte que el promovente tuvo el carácter de quejoso en un diverso juicio de amparo, que por razón de turno tocó conocer a este Juzgado Federal, el cual quedó registrado bajo el progresivo 5**, en el que reclamó, en lo que aquí interesa, la orden de desalojo proveniente del Juzgado Tercero Civil de este Partido Judicial, con motivo de lo actuado en el juicio civil **, promovido en contra del aquí promovente, a ejecutarse en el lote número **, de esta ciudad, respecto del cual refirió contar con prerrogativas patrimoniales. En la demanda que dio origen al juicio **, el quejoso hizo clara referencia a los antecedentes del juicio civil **, manifestando que había sido emplazado el doce de agosto de dos mil veintidós y que se le pretendía privar del mismo inmueble cuya propiedad defiende en el presente juicio. Demanda de amparo que fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en León, Guanajuato, el dieciocho de mayo del año en curso. Señalado lo anterior, es patente para el suscrito juzgador que al menos desde el dieciocho de mayo del año en curso, el promovente conocía de la existencia del juicio civil **, del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, instaurado en su contra, así como de lo actuado en dicho procedimiento, incluyendo el emplazamiento que se le practicó. Luego, la fecha a partir de la cual debe computarse el plazo del que disponía el quejoso para la promoción del presente juicio de amparo es aquella en la que haya tenido conocimiento del acto reclamado, instaurado en su contra, pues fue en esa data cuando se enteró de la existencia del controvertido. En ese orden de ideas, el término para promover el juicio de amparo en contra del acto aludido, es el genérico de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia, pues no se actualiza alguno de los casos de excepción que señala el citado precepto, ya que no se trata de un amparo contra una norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición; no se impugna la sentencia definitiva en un proceso penal, que imponga pena de prisión; no se controvierten actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; ni tampoco, se impugna algún acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mucho menos la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En esta tesitura, tomando en consideración que el artículo 18 de la Ley de Amparo, dispone que el plazo para la promoción del juicio de derechos fundamentales empieza a correr, entre otros supuestos, al día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado, procede analizar si la demanda de amparo promovida por **, se encuentra promovida en tiempo, tomando como punto de partida la fecha en que se hizo sabedor del juicio instaurado en su contra, esto es, el dieciocho de mayo del año en curso. Entonces, si el acto que reclama la parte quejosa fue de su conocimiento por lo menos desde el dieciocho de mayo del año en curso, virtud a la presentación de la diversa demanda que dio origen al juicio de amparo **, del índice de este juzgado, resulta evidente que transcurrió en exceso el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para presentar la demanda de amparo que aquí se analiza. Particularidad que confrontada con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, esto es, el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, según consta del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, hace evidente que la presentación de la demanda se hizo en forma extemporánea, lo que actualiza la causal de improcedencia examinada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, novena época, visible a página 1931, tomo: XXXI, enero de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se transcribe: DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Bajo esas condiciones, lo procedente es desechar de plano la presente demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la citada ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y AL ASESOR JURÍDICO FEDERAL DANIEL CRUZ CANO.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) Y 29, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: DELEGACIÓN DESIGNA ASESOR JURÍDICO FEDERAL. ASESOR JURÍDICO FEDERAL ACEPTA Y PROTESTA CARGO. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LO DISPUESTO EN EL DIVERSO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA PROMOVIDA POR XXX XXX XXX, CONTRA ACTOS DEL JUEZ TERCERO CIVIL DE PARTIDO DE ESTA CIUDAD. EN EL CASO CONCRETO, SE ADVIERTE QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA RELATIVA AL CONSENTIMIENTO TÁCITO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. ELLO, PORQUE EL QUEJOSO NO PROMOVIÓ DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO; POR TANTO, DEVIENE EXTEMPORÁNEA. BAJO ESAS CONDICIONES, LO PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 113 DE LA CITADA LEY.
- Principal
REGISTRO Y EXPEDIENTE... REQUERIMIENTO PRELIMINAR SE TRAE A CUENTA QUE EL QUEJOSO MANIFIESTA QUE ESTÁ EN UN GRADO DE DISCAPACIDAD... SE REQUIERE A LA TITULAR DE LA DELEGACION ESTATAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA FEDERAL PARA QUE DESIGNE UN REPRESENTANTE ESPECIAL ...SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES... EXPEDICIÓN DE COPIAS...
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