Daniel Martín Solís

Expediente 780/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
780/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
07/10/2021

Partes del expediente

  • Daniel Martín Solís

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de octubre de dos mil veintiuno. De la certificación que antecede, se advierte que el uno de octubre pasado feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de la ley de la materia, en contra del acuerdo de veintitrés de septiembre de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardos de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se declara que dicho auto ha causado estado, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, d) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por DANIEL MARTÍNEZ LOIS, contra actos del 1. Juez Sexto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, y otras autoridades; fórmese y regístrese el expediente correspondiente bajo el número 780/2021; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y provéase lo conducente. DESECHAMIENTO Ahora bien, con base en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito estima procedente desechar de plano la demanda, ello en razón de que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo. En términos del citado precepto legal, el juicio constitucional es improcedente contra actos que hayan sido materia de otro juicio de amparo, promovido por la misma parte quejosa y se hubiesen reclamado aquéllos de las mismas autoridades (cosa juzgada) pues esta determinación no puede desconocerse en el nuevo juicio de amparo que se promueva, ya que sólo así se dota de certeza jurídica la decisión asumida en el primer amparo. Sustenta el anterior aserto, por identidad de razón, la jurisprudencia 132 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con el rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías". En el caso concreto, el quejoso dice reclamar en esta instancia constitucional: "A). la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil radicado en el expediente 1010/2015 de los índices del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Décimo Séptimo Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz., recayendo al quejoso el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación. B). La ilegal diligencia llevada a cabo en fecha 10 de septiembre de dos mil quince, dentro del expediente 1010/2015 de los índices del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Décimo Séptimo Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz, por la que se pretendió haber emplazado a juicio al quejoso por una empleada que no tiene el carácter de actuario judicial y mucho menos de fe pública. C). Todos los actos, autos, decretos, actuaciones, resoluciones, sentencias y embargos ordenados y/o dictados desde el auto de inicio dentro del juicio ordinario civil radicado en el expediente 1010/2015 de los índices del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Décimo Séptimo Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz, en virtud de que el quejoso no ha sido emplazado a juicio. D). La aplicación en perjuicio del quejoso del artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Veracruz, el 13 de octubre de 1932, con motivo de su primer acto de aplicación. E) La expedición, promulgación y publicación del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Veracruz, el 13 de octubre de 1932, en la porción normativa correspondiente al artículo 76 de dicho Código, por resultar inconstitucional". Luego en el capítulo correspondiente, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, como antecedentes que: ".ii.- No omito decir que hasta el 27 de octubre del año dos mil dieciséis, el aquí quejoso tenía por nombre DANNY MARTÍN LOIS, tal como se advierte del acta de nacimiento número 719, que obra en el libro 1 de fecha 23 de abril de 1982, expedida por el Oficial Encargado del Registro Civil de Boca del Río, Veracruz, la cual adjunto a este escrito para mayor certeza. Sin embargo, por ser públicamente conocido como DANIEL MARTÍN LOIS, mediante diligencias de jurisdicción voluntaria ante la jueza segunda menor de la ciudad de Veracruz, Veracruz, el de la voz solicitó el cambio de nombre con el que fui asentado en mi acta de nacimiento, por el de DANIEL MARTÍN LOIS, con el que soy públicamente conocido. Dicha solicitud judicial se encuentra radicada en el expediente 1420/2016 del índice del citado Juzgado Segundo Menor, donde por resolución de fecha 27 de octubre de 2016 se me autorizó el cambio de nombre. iii.- Es el caso que en fecha 14 de septiembre de 2021 (dos mil veintiuno), recibí una llamada telefónica de una persona que dijo llamarse Francisco Dante Juárez González, y ser apoderado legal de la empresa Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V., con domicilio en Monterrey, Nuevo León, requiriéndome el pago de la cantidad de $185,600.00 (ciento ochenta y cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) toda vez que, según su dicho se me había condenado en el juicio ordinario civil radicado en el expediente 1010/2015 de los índices del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Décimo Séptimo Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz, por un aparente adeudo de rentas, sin darme mayor explicación. iv.- Ante la noticia de la supuesta condena en juicio a que me refiero en el hecho anterior, en fecha 20 de septiembre de 2021 (dos mil veintiuno) me trasladé al Juzgado Sexto de Primera Instancia del Décimo Séptimo Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz, a fin de consultar el expediente 1010/2015, cuya existencia ignoraba hasta ese día, y cual va siendo mi sorpresa que en efecto, del contenido de dicho libelo, pude constatar que fui demandado, procesado y condenado a pagar la cantidad de $185,600.00 (ciento ochenta y cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) a la sociedad mercantil Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V., sin haber sido oído y vencido en juicio, pues nunca se me emplazó al mencionado ordinario civil radicado en el expediente 1010/2015 del los índices del citado juzgado". Sin embargo, contrario a lo manifestado por el quejoso, de la certificación de cuenta se advierte que ya tenía conocimiento del emplazamiento practicado el diez de septiembre de dos mil quince, en el juicio ordinario civil 1010/2015 del índice del juzgado responsable, así como sus consecuencias, pues en su contra promovió el juicio amparo 1130/2016 de este propio índice, instado por el aquí quejoso bajo su nombre anterior (Danny Martín Lois); asunto en el que, con fecha uno de marzo de dos mil diecisiete se dictó la sentencia correspondiente, en la que por un lado se negó el amparo y protección de la justicia de la unión solicitado en contra del referido emplazamiento, y por otro, se sobreseyó en el juicio, contra el acto consistente en la diligencia de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, mediante al cual se requirió de pago al aquí quejoso, respecto de las cantidades a que fue condenado en el juicio ordinario civil 1010/2015 del índice del juzgado responsable; sentencia que, el cinco de abril de ese mismo año, causó ejecutoria para todos los efectos legales conducentes, ordenándose el archivo del asunto como totalmente concluido. Así pues, el suscrito estima que en el particular se actualiza la causa que contempla el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, en virtud de que el emplazamiento practicado al aquí quejoso el diez de septiembre de dos mil quince en el juicio ordinario civil 1010/2015 del índice del juzgado responsable, ya fue materia de análisis en el juicio de amparo 1130/2016, sin que exista la posibilidad de que se trate de una orden ulterior, pues ésta solo podría surgir en caso de una concesión de amparo para efectos, lo cual no sucedió así en virtud de que, como ya se dijo, se negó el amparo en el juicio precedente. Luego, como ese precedente goza de la calidad de cosa juzgada, es claro que lo ya resuelto en ese procedimiento vincula al suscrito, aun cuando se trate de un desechamiento; máxime que lo que el promovente pretende es promover una cuestión ya estudiada en un juicio de amparo anterior, lo que hace improcedente el nuevo juicio constitucional intentado. Apoya las presentes estimaciones, en lo conducente, la jurisprudencia con el sumario siguiente: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." De ahí que admitir un nuevo juicio amparo afectaría el principio de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica; por tanto, es claro que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo. No se soslaya que también señala como actos la iniciativa, discusión, aprobación, expedición y refrendo del artículo 76 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sin embargo esto lo reclama con motivo de un acto de aplicación (el referido emplazamiento) y, en estos casos, la procedencia del juicio de amparo para el estudio de la constitucional del precepto normativo que pretende combatir, se relaciona con la procedencia del propio acto de aplicación reclamado en el juicio; por lo tanto, si el juicio de amparo resulta improcedente respecto al acto de aplicación, también lo es respecto a la constitucionalidad de la ley. Lo anterior, tiene sustento en las tesis de rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. IMPROCEDENCIA. Tratándose de una ley que sólo puede afectar los intereses de los particulares mediante un acto de aplicación, la procedencia del juicio de amparo para el estudio de la constitucionalidad de la ley combatida, deberá relacionarse con la procedencia del propio juicio para resolver sobre la legalidad del acto de aplicación impugnado; en consecuencia, si el juicio de amparo resulta improcedente respecto al acto de aplicación, también lo es respecto a la constitucionalidad de la ley." "CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE SI EN LA SENTENCIA QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO SE SOBRESEYÓ Y NO SE ENTRÓ AL ESTUDIO DE FONDO. Este alto tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones que el estudio de constitucionalidad de normas sólo es procedente si los preceptos tildados de inconstitucionales fueron aplicados en perjuicio de la parte quejosa en la secuela del procedimiento del juicio natural o en la sentencia definitiva que culminó con el juicio de nulidad, e influyeron en el sentido del fallo respectivo, haciendo subsistir ese perjuicio, pues lo resuelto en la sentencia es lo que causa agravio. Ello, en virtud de que la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el análisis de la constitucionalidad de leyes precisa, en todos los casos, de la actualización de un agravio o lesión en la esfera jurídica del particular, dimanado de la aplicación de las disposiciones jurídicas, que sea susceptible de reparación. Cuestión que no tiene lugar cuando en la sentencia que constituye el acto reclamado se sobresee por haberse presentado la demanda en forma extemporánea, motivo por el cual no hubo un pronunciamiento de fondo, ni se aplicaron en perjuicio de la parte quejosa los artículos que tilda de inconstitucionales. En ese caso, el agravio que le causa a la quejosa la sentencia reclamada no proviene de los artículos impugnados, sino de la determinación de la autoridad responsable por virtud de la cual resolvió que la demanda fue presentada en forma extemporánea, lo cual constituye un impedimento legal para realizar el examen de los planteamientos de legalidad o constitucionalidad de leyes hecho valer, que tendría que haber sido superado para poder entrar al estudio de fondo." Además, en la actualidad el control judicial de la Constitución ha dejado de ser una facultad exclusiva del Poder Judicial de la Federación, es decir que, dicho control ya puede ser ejercido por tribunales ordinarios tal como lo establece la fracción XIV, tercer párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene sustento, en la tesis que a continuación se ilustra: "CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIÓN. AL NO SER UNA ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL FEDERAL DEJÓ DE SER OPTATIVA LA IMPUGNACIÓN DE LEYES CONFORME A LA FRACCIÓN XIV, TERCER PÁRRAFO, DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. El juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa; de esa idea deriva el principio de definitividad del acto reclamado, lo que significa que el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no hay un juicio, recurso o medio ordinario de defensa susceptible de revocarlo, anularlo o modificarlo; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula este principio en su artículo 107, fracciones III, inciso a) y IV; y la Ley de Amparo, en el artículo 61, fracciones XIX y XX. Ahora bien, el principio de definitividad del acto reclamado encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Este principio tiene excepciones, entre las cuales se encuentra la prevista en la fracción XIV, tercer párrafo, del artículo 61 citado, en la que tratándose del amparo contra leyes establece: "Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. ...". Esta excepción tiene una razón lógica, ya que hasta antes de la reforma constitucional de 2011, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negaba a los tribunales ordinarios la oportunidad de realizar control difuso de normas, ya que se había interpretado hasta ese momento, que en México la revisión judicial de normas sólo se podría hacer mediante control concentrado, esto es, que sólo los tribunales federales, mediante el juicio de amparo estaban autorizados para revisar la constitucionalidad de una ley, por tanto, el recurso ordinario sería inútil contra la inconstitucionalidad de ésta, al no poder la autoridad ordinaria que lo conozca, pronunciarse respecto del planteamiento de inconstitucionalidad de la norma que se le hubiera formulado. La razonabilidad de esa excepción carece de justificación, pues en la actualidad, el control judicial de la Constitución dejó de ser una facultad exclusiva del Poder Judicial de la Federación, en tanto que ya puede ser ejercido por los tribunales ordinarios, conforme a la fracción XIV, tercer párrafo, invocados." En tales condiciones, como se indicó, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente en términos de lo dispuesto por los artículos 61, fracción X, y 113, de la Ley de Amparo, por lo que se DESECHA la demanda de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. Para terminar, sólo para efectos de debida constancia, se instruye al secretario a que obtenga y certifique copias de la demanda, de la sentencia y del auto en que causa ejecutoria la sentencia, emitidas en el juicio de amparo 1130/2016 del índice de este juzgado, y sean glosadas a estos autos. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que cita en su escrito de demanda, puesto que sí acreditan la calidad de licenciados en Derecho, al tener sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en la propia demanda. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta ciudad, cierto y exacto para tal efecto. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la consulta vía internet, con el nombre del usuario "JESUSSOTOMORALES", en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección siguiente: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ Lo anterior, siempre que se encuentre previamente registrada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. De igual forma, en atención a su diversa solicitud, se le tiene como forma para oír y recibir notificaciones en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, la vía electrónica. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de la parte quejosa, que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. Notifíquese en términos de ley.

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