Daniel Maldonado García

Expediente 334/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
334/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
07/11/2019

Partes del expediente

  • Daniel Maldonado García
  • Octavio Ledesma Jiménez
  • Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Juicio de Amparo Directo

    "... ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A..."

  2. Queja

    ..., fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número de recurso de queja 334/2019; y, con las copias certificadas recibidas, fórmese cuaderno auxiliar. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no se integrarán en éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio tribunal que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados, que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales, a juicio de este órgano colegiado deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las que se conservarán en este tribunal sin digitalizarse, o bien, si se procede a su digitalización, no serán visibles para la parte respectiva; tampoco formarán parte las constancias que por imposibilidad material no se puedan digitalizar; asimismo, con fundamento en el artículo 6º de los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, a prudente arbitrio de esta presidencia, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstas en el expediente impreso, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Se instruye a los actuarios adscritos a este órgano colegiado a dar fe de que las promociones, documentos, autos y resoluciones coincidan en su totalidad en el expediente impreso y en el electrónico, de conformidad con el artículo 90 del Acuerdo general conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal. 4. El recurso de revisión interpuesto por Marco Antonio García Bailón, deviene notoriamente improcedente. Para llegar a la conclusión anterior es necesario tener presente que el inconforme interpone recurso de revisión contra el acuerdo de tres de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo indirecto 1261/2019-I, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de México, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por el quejoso; determinación contra la que no procede el recurso de revisión, en razón de que la resolución en cita no encuadra en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 81, de la Ley de Amparo. El artículo 81, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 81. Procede el recurso de revisión: I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes: a) Las que concedan o nieguen la suspensión definitiva; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental; b) Las que modifiquen o revoquen el acuerdo en que se conceda o niegue la suspensión definitiva, o las que nieguen la revocación o modificación de esos autos; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia correspondiente; c) Las que decidan el incidente de reposición de constancias de autos; d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; y e) Las sentencias dictadas en la audiencia constitucional; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia. II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. [.]" Del numeral transcrito se desprende, como se dijo, que dentro de las hipótesis de procedencia del recurso de revisión no se prevé aquella dictada por un juez de distrito, que desecha de plano las demandas de amparo, de lo que se sigue que el recurso de revisión no es la vía idónea para impugnar dicha determinación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la ley de la materia, se desecha por notoriamente improcedente el recurso de revisión interpuesto, por lo anteriormente expuesto. 5. Tampoco procede el recurso de reclamación contra el proveído recurrido. Lo anterior, en razón de que el artículo 104, de la Ley de Amparo, establece que el recurso de reclamación procede, únicamente, en contra de los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los presidentes de salas o de los tribunales colegiados de circuito; en esas condiciones, es inconcuso que al interponerse el citado recurso en contra de un acuerdo dictado por un juez de distrito en un juicio de amparo indirecto, que desecha de plano una demanda de amparo, el medio de impugnación de que se trata resulta improcedente, pues tal supuesto no está previsto en el precepto invocado. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 104 de la Ley de Amparo y 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la propia ley, se desecha, por improcedente, el medio de impugnación aludido. 6. De igual manera, resulta notoriamente improcedente el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso. El artículo 201, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 201. El recurso de inconformidad procede contra la resolución que: I. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de esta Ley; II. Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo del asunto; III. Declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado; o IV. Declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad." De la lectura del artículo transcrito, se advierte que los requisitos que deben concurrir para la procedencia de la inconformidad son, fundamentalmente: a) Que se promueva contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo; b) Que se plantee en contra de la resolución que determine la imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma y ordene el archivo; c) Que se haga valer contra la determinación que declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado; y, d) Que se intente contra la resolución que declare infundada o improcedente la denuncia de incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad. En el acto recurrido, no se determinó tener por cumplida la ejecutoria de amparo, tampoco se declaró la imposibilidad material o jurídica para cumplir con una sentencia protectora, ni se ordenó el archivo definitivo del asunto; asimismo, no se declaró sin materia o infundada alguna denuncia de repetición del acto reclamado, ni se declaró infundada o improcedente alguna denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en el 201 de la ley de la materia, lo que procede es desechar por notoriamente improcedente el recurso de inconformidad de que se trata. 7. Ahora, como se dijo en líneas precedentes, se interpone recurso de queja en contra del acuerdo dictado el tres de octubre de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo indirecto 1261/2019-I, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de México; sin embargo, no se refiere en qué hipótesis de procedencia se ubica el acto recurrido; en consecuencia, corresponde a esta presidencia decidir en cuál pudiera encuadrar el presente asunto; por tanto, atendiendo a la naturaleza del acto impugnado, se obtiene que, respecto de la resolución recurrida, el medio de impugnación de que se trata se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 97, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia 1a./J. 12/2011 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro VII, abril de 2012, tomo 1, página 750, cuyo rubro y texto son los siguientes: "QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE CORREGIR EL ERROR EN QUE INCURRIÓ EL PROMOVENTE AL INTERPONER ESE RECURSO CON BASE EN UNA FRACCIÓN QUE NO CORRESPONDÍA AL SUPUESTO JURÍDICO IMPUGNADO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formalismos o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Así, la figura de la "corrección judicial del error", la cual in genere implica el deber de subsanar los errores en que incurrió el inconforme en la invocación de las normas jurídicas, a fin de que pueda examinarse la cuestión litigiosa planteada, constituye un mecanismo legal que otorga vigencia al citado precepto fundamental. Por tanto, si el promovente de un recurso de queja establecido en el artículo 95 de la Ley de Amparo, al interponerlo incurre en error por cuanto se refiere a la precisión de la fracción en la cual está previsto el supuesto jurídico que pretende combatir, el tribunal colegiado de circuito que conozca de aquél, conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo, deberá enmendar dicho yerro y avocarse a su análisis y resolución. Lo anterior, siempre y cuando, conforme a los artículos 97, 98 y 99 de la Ley de Amparo, la interposición del recurso se hubiere efectuado dentro del plazo y con los requisitos expresamente establecidos para la fracción que prevé la hipótesis planteada, suplencia técnica que no implica cambiar un recurso por otro distinto, pues únicamente consiste en precisar la fracción correcta en la que encuadra la inconformidad respectiva". 8. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, e, y 98, de la Ley de Amparo, SE ADMITE el recurso de queja en contra del acuerdo dictado el tres de octubre de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo indirecto 1261/2019-I, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de México. 9. Dése la intervención que corresponda a la fiscalía federal adscrita a este tribunal, así como acceso a las constancias, en su calidad de parte, para que formule lo que en derecho estime conveniente, y toda vez que el presente asunto no se trata de un amparo contra leyes, este acuerdo deberá notificarse a ésta por lista, en términos de la fracción III del artículo 26 de la ley de la materia, lo cual no se opone a lo señalado en el inciso k) de la fracción I de dicho dispositivo, ya que ese supuesto sólo es aplicable para las notificaciones personales a los agraviados, al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable. 10. Respecto al señalamiento que realiza en el sentido de indicar domicilio para que se le realicen las notificaciones en días y horas hábiles, dígasele que, por regla general, las actuaciones judiciales deben practicarse de esa manera; sin embargo, de conformidad con el último párrafo del artículo 21, de la ley de la materia, esté órgano colegiado podrá habilitar días y horas inhábiles cuando lo estime pertinente para el adecuado despacho de sus asuntos. 11. Como lo solicita, se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica. 12. Téngase por autorizado al quejoso, aquí recurrente, Marco Antonio García Bailón, para consultar el expediente electrónico que con motivo del presente asunto se genera, para lo cual, se instruye al oficial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano colegiado a fin de que lleve a cabo la autorización correspondiente en términos de lo ordenado en el artículo 94 del Acuerdo general conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, asociando el nombre de usuario que proporciona -con el cual se registró en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación- y la captura de los datos de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, las notificaciones, aun las de carácter personal, deberán practicarse por vía electrónica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 79, 96 y demás relativos al acuerdo citado; finalmente, dígase al promovente que la presente autorización sólo surtirá sus efectos en el recurso de queja en que se actúa, conforme a lo dispuesto en el inciso a) y b) del artículo 15 del Acuerdo general conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. 13. No es óbice a lo anterior, que señale como domicilio el ubicado en avenida Las Torres, número 121 (entre calles Sonora y Sinaloa, a un lado del mercado Santa María Tulpetlac), colonia Santa María Tulpetlac, código postal 55400, Ecatepec, Estado de México; sin embargo, como éste se encuentra fuera de la residencia de este órgano colegiado, aunado a su petición de que las notificaciones se realicen vía electrónica, esta presidencia considera tener esa vía, para llevar a cabo las notificaciones de las resoluciones dictadas en el presente asunto, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. 14. Con fundamento en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, téngase por realizada su oposición a que se publiquen sus datos personales; no obstante ello, atendiendo a lo previsto en el Acuerdo general 11/2017 del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de las personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales dicha oposición no dará lugar a la supresión de su nombre, por no ubicarse en los supuestos de datos sensibles que prevé el citado acuerdo. 15. En cumplimiento al artículo 47 del Acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, hágase del conocimiento de la oficina de correspondencia común de los tribunales colegiados en materia administrativa del segundo circuito, la radicación de la presente queja, para el trámite de registro y turno correspondientes. 16. Ahora, una vez que sea resuelto el presente asunto, devuélvase a la autoridad oficiante el cuaderno auxiliar formado con la copia certificada de las constancias que obran en el juicio de amparo indirecto de origen, lo anterior a fin de evitar la acumulación innecesaria de documentos en este órgano colegiado y a su vez dichas constancias puedan ser reusadas en aras del uso racional de recursos, lo anterior en concordancia a lo dispuesto por el Acuerdo general conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en relación con el diverso acuerdo general del comité coordinador para homologar criterios en materia administrativa e interinstitucional del Poder Judicial de la Federación, que establece las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. 17. AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICAR ELECTRÓNICAMENTE LA EJECUTORIA QUE SE DICTE EN EL PRESENTE ASUNTO. Finalmente, con fundamento en los artículos 60, 62, 87, 98 y 105 del Acuerdo general conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia penal federal, se autoriza a los actuarios judiciales adscritos a este órgano colegiado, a remitir al juzgado federal del conocimiento, por medio de firma electrónica certificada, la ejecutoria que se dicte en el presente asunto, debiendo dar fe que dicha resolución coincida en su totalidad con la agregada en el expediente físico en que se actúa, de conformidad con el artículo 90 del citado acuerdo general, ... Notifíquese y por vía electrónica, al recurrente. Cúmplase.

  3. Amparo en revisión

    Vista la cuenta que antecede y el estado procesal de los autos, toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en los artículos 41, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 92 de la Ley de Amparo, TÚRNESE al suscrito magistrado Salvador González Baltierra, a efecto de formular el proyecto de sentencia respectivo.

  4. Amparo en revisión

    ... hágase del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/877/2019, de diez de julio de dos mil diecinueve, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, del Consejo de la Judicatura Federal, se readscribió al Magistrado Salvador González Baltierra, a este Primer Tribunal Colegiado, en sustitución del Magistrado Jacob Troncoso Ávila, a partir del uno de septiembre del año en curso, por lo que este Tribunal Colegiado quedará integrado por los Magistrados Adela Dominguez Salazar, Julia María del Carmen García González, y Salvador González Baltierra (Presidente)...

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito · 1,641 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano