Daniel Magdaleno Ramírez
Expediente 688/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 688/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Daniel Magdaleno Ramírez
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo, se declara que la resolución en cuestión ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.-
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Daniel Magdaleno Ramírez, contra actos del Juez Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese con el número 688/2021-V. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En la especie, de una lectura integral de la demanda se desprende que el acto reclamado es el auto dictado por el Juez Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato, dentro del juicio ordinario civil C-642/2015, promovido por Agrocomercial de Abasolo S.P.R. de R.L., en contra del quejoso Daniel Magdaleno Ramírez y otro, en donde ordena embargar bienes de los demandados y el rompimiento de chapas y cerraduras, para efecto de garantizar la satisfacción de la condena dictada en ese proceso judicial. En contra de ese acto, el juicio de amparo es improcedente, por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Tal precepto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo[...]" Tal numeral se refiere al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual encuentra su justificación en el carácter extraordinario de la defensa constitucional; por lo cual, el quejoso debe acudir a las instancias legales que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previamente a la promoción del amparo. De esta manera, el juicio de amparo será improcedente cuando el quejoso inobserve el principio de definitividad; esto es, el juzgador se encontrará impedido para analizar el fondo del asunto si la ley que regula al acto reclamado establece un recurso o medio ordinario de defensa dentro del procedimiento, a través del cual las partes del juicio natural puedan obtener la revocación, modificación o anulación de los actos reclamados, previamente a la promoción del juicio de amparo; debiendo entenderse por la expresión "procedimiento" a la pluralidad de tipos de procedimiento que se suscitan en uno o más procesos judiciales, y por "ley" a los ordenamientos legales que guardan relación con los actos reclamados, por haber establecido su nacimiento o instrucción, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación. Así, la improcedencia del juicio se genera porque no se agotaron los medios de impugnación ordinarios por los cuales las resoluciones o actos reclamados pudieron haber sido reparados por la propia autoridad que los emitió, o bien, por el superior jerárquico o tribunal de segunda instancia. Ahora, el derecho procesal ha creado los medios de impugnación y los recursos con la finalidad de enmendar los errores cometidos en determinados autos dictados dentro del proceso o una vez concluido éste. Así, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato prevé el recurso de revocación, cuya procedencia se encuentra regulada en los artículos 232, 233 y 234 de la legislación en cita: "Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 233. La revocación se interpondrá dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del auto impugnado. En el escrito en que se interponga deberán expresarse los agravios que le cause la resolución al recurrente. Si se determina que el escrito fue presentado fuera del término, o no contiene la expresión de agravios, se declarará desierto el recurso y firme el auto o decreto. Artículo 234. Pedida la revocación se dará vista a las demás partes, por término de tres días, y transcurrido dicho término, el juez o tribunal resolverá, sin más trámite, dentro del tercer día." Como se advierte, el recurso de revocación procede contra los autos o decretos que no fueren apelables, y para su conocimiento es competente el tribunal que dictó la resolución combatida. De ahí que los gobernados tienen a su alcance un medio ordinario de defensa en contra de todos los actos emitidos por un juez de primera instancia que no sean apelables y que no se encuentre establecido que sean irrecurribles. En el caso, como se adelantó, el solicitante del amparo reclama la resolución dictada por el Juez Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato, dentro del juicio ordinario civil C-642/2015, promovido por Agromercial de Abasolo S.P.R. de R.L., en contra del quejoso Daniel Magdaleno Ramírez y otro, en donde ordenó embargar bienes de los demandados y el rompimiento de chapas y cerraduras, a efecto de garantizar el cumplimiento de la ejecutoria dictada en su contra en dicho proceso. No obstante lo anterior, los actos reclamados pudieron impugnarse a través del recurso de revocación, en tanto que no existe artículo que establezca que el auto que ordena el embargo de bienes en ejecución de sentencia, sea irrecurrible. Por lo cual se concluye que en contra del acto reclamado procedía el recurso ordinario de revocación, del que debía conocer el tribunal emisor del acto, por ende, es improcedente el amparo en su contra. Cabe destacar que en el presente asunto no se actualiza alguna de las excepciones que establece la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento o alguno prohibido por el artículo 22 constitucional, tampoco se trata de un acto que restrinja la libertad en el procedimiento penal ni el amparo es pedido por un tercero extraño a juicio. Finalmente, tampoco se estima que la procedencia del recurso esté sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, pues no se aprecia que el texto legal que prevé el recurso de revocación sea confuso y permita razonablemente distintas interpretaciones, ni que utilice términos ambiguos, o que exista alguna laguna legal que deba ser integrada. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Daniel Magdaleno Ramírez; lo anterior, de conformidad con el numeral 113 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en el momento procesal oportuno, archívese este asunto como concluido. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Comonfort, 920, colonia Barrio Nuevo, de esta ciudad. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a las partes que de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a través de los cuales se entablen comunicaciones no oficiales, en caso de ser necesario. Para incorporarse al juicio en línea requieren contar con firma electrónica vigente y podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.
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