Daniel López Navarro
Expediente 34/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 34/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Daniel López Navarro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la razón de la Unidad de Notificadores Común a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito y Juzgados de Distrito en el Estado de México, mediante la cual informa que fue devuelto el oficio 7300/2018, agréguese la razón de cuenta para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
VISTA LA CERTIFICACION... HA CAUSADO EJECUTORIA,... ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO... TRANSFIERASE A LA DIRECCION GENERAL EN CITA...
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta, signado por el ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO AL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, mediante el cual remite testimonio de la resolución de uno de febrero de dos mil dieciocho, dictada dentro del conflicto competencial ......de su índice, así como los autos originales del juicio de amparo en que se actúa. Acúsese recibo correspondiente. Agréguense únicamente las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia, toda vez que las demás son una reproducción de las que ya obran en autos. Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, se provee: Vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por.................por propio derecho, contra actos que reclama del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo ............... Previo acordar lo conducente, se analiza primero la procedencia del juicio de garantías, pues las causales previstas en el artículo 61, de la Ley de Amparo, son de examen preferente conforme al artículo 62 del mismo ordenamiento legal, deben analizarse de oficio, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de garantías. En el caso, de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que ocurre a esta instancia constitucional alegando tener interés legitimo toda vez que la Ley que se combate por este medio otorga dicho interés a todo ciudadano del Estado Mexicano en su primer artículo, puesto que refiere que es de observancia obligatorio para todo el territorio mexicano y de interés general. Ahora, este juzgado federal considera que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que a juicio de este órgano jurisdiccional, no se advierte que dicho acto reclamado, afecte su interés jurídico o legítimo, por las razones que a continuación se explican. Es particularmente relevante lo anterior, en virtud de que de la interpretación armónica y sistemática entre la Constitución Federal y la Ley de Amparo, se colige que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma, que el acto o ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso. Se resalta como requisito indispensable del interés legítimo la existencia de una afectación indirecta en la esfera jurídica del individuo, por lo cual, el legislador empleó la frase "especial situación frente al orden jurídico" con un sentido de racionalidad, esto es, refiriéndose a situaciones concretas o excepcionales que guarden características diferentes a las generales en que pueden encontrarse los gobernados frente al orden jurídico, por lo cual es esa circunstancia la que debe apreciarse en cada caso concreto para determinar si existe o no un interés legítimo, el cual exige, como requisito mínimo, que el particular resienta un perjuicio real y actual en sus derechos, aun cuando la norma no le dé un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente. Por lo que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia señalada, toda vez que de la lectura integral de la demanda se desprende que el quejoso carece de interés legítimo en función de su situación particular frente al orden jurídico cuya declaración de inconstitucionalidad pretendía generar a través de este juicio de amparo; lo anterior, ya que el peticionario de garantías sostiene en el apartado relativo a los conceptos de violación del acto reclamado, que la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, incluso su sola entrada en vigor, le genera un perjuicio, lo que al parecer hace depender del hecho de que dicha norma transgredería sus derechos de libertad de expresión, de reunión, asociación individual, derecho a la consulta previa, entre otros. Sin embargo, es posible concluir, desde este momento, que el promovente guarda una situación genérica no especial frente al orden jurídico en cuestión (la Ley de Seguridad Interior), es decir, tal acto no afecta el interés legítimo del quejoso, habida cuenta de que no le genera un agravio diferenciado al resto de los demás habitantes a nivel nacional, estatal y municipal, y que tal agravio sea cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación de los actos que impugna ante una eventual concesión de amparo, le produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futura, pero cierta. A tal conclusión se arriba pues el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que se enteró de la entrada en vigor y aplicación de la Ley de Seguridad Nacional los actos de que se duele en esta vía, por los mensajes difundidos en los canales televisivos y en el canal oficial de YouTube de la oficina de la Presidencia de México (https://www.youtube.com/user/gobiernofederal); de ahí que el quejoso con sus manifestaciones no acredite que sufre una afectación individual o colectiva a partir de una situación actual, real y jurídicamente relevante a sus intereses, ni tampoco aduce cual sería el beneficio que en lo particular obtendría con la concesión del amparo. Ilustra a lo anterior, la tesis aislada 2a. LXVII/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[5], que a la letra dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. CUANDO EN AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES SE ALEGUE SU AFECTACIÓN, ES NECESARIO EXAMINAR LA NATURALEZA DE AQUÉLLAS PARA IDENTIFICAR SI EXISTE AGRAVIO A LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO. Acorde con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el interés legítimo individual o colectivo está condicionado a la afectación de la esfera jurídica del promovente, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De ahí que, aun cuando en un juicio de amparo contra normas generales se alegue que se afecta el interés legítimo y que se violan derechos reconocidos en la Constitución Federal, debe examinarse si se trata de normas heteroaplicativas o autoaplicativas, para identificar si se genera o no una afectación en la esfera jurídica del quejoso, sin que la vigencia de las normas, por sí sola, incida en su naturaleza, pues ésta depende del contenido particular de cada una, en el sentido de si las obligaciones de hacer o no hacer que establezcan requieren o no de un acto de aplicación para actualizar un perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, o bien surgen con la entrada en vigor de la norma, caso en el cual lo que debe quedar de manifiesto es que quien acude al juicio de amparo se encuentre en el supuesto normativo correspondiente". Aunado a lo anterior, el promovente señala que tiene el temor "fundado" de no tener claro los conceptos de los términos de seguridad interior, amenaza a la seguridad interior, uso ilegitimo de la fuerza, inteligencia para la seguridad interior y acciones de seguridad interior, expresadas en la ley que tilda de inconstitucional. Además, que se contravienen con dicha ley las labores de seguridad que son competencia de las fuerzas civiles, pues el artículo 129 de la Constitución General de la República, establece que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones de las que tenga exacta conexión con las disciplina militar. No obstante, como ya se ha explicado, resulta patente que el interés informado en la demanda, constituye únicamente un interés simple similar al que tiene todo gobernado residente en el territorio nacional en que la actividad legislativa se realice acorde a las leyes y reglamentos aplicables, sin embargo, los actos objeto de reclamo no son susceptibles de generar un perjuicio real y actual en los derechos del quejoso; tampoco se observa que de prosperar esta instancia constitucional, se traduciría en un beneficio jurídico propio del accionante; por lo que la anulación de los actos no produciría ningún efecto directo o indirecto en la esfera jurídica del promovente de amparo. Lo anterior, se pone de relieve cuando el propio peticionario de amparo manifiesta en su demanda que la ley impugnada "afecta directamente a todas las personas y todo ciudadano que habite en el país [.]". En tal caso, a pesar de que a todos los habitantes de esta república les interesa la legalidad de los actos realizados por el poder público, ese objetivo o intención es insuficiente por sí mismo para acudir al juicio de garantías, porque al ser global se traduce en un interés simple que la ley reconoce a todo ciudadano o residente en el territorio nacional, pero no puede asimilarse al interés legítimo previsto en el precepto constitucional inicialmente citado, necesario para acudir al juicio de amparo. Además, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que de suyo puede llevar a una declaratoria de inconstitucionalidad pues, de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto y se llegaría al extremo de permitir que se reclamen derechos abstractos, lo que traería como consecuencia la existencia de un número indeterminable de procedimientos. En conclusión, la parte quejosa no tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, de ahí la determinación de improcedencia de la demanda de amparo. No obstante lo anterior, es menester dejar asentado que las normas autoaplicativas y heteroaplicativas se deben distinguir por el concepto de individualización incondicionada, la cual, conforme al actual artículo 107 constitucional, puede proyectarse en dos espacios de afectación posible, a saber, el de interés jurídico y el de interés legítimo. Tratándose de interés legítimo, se entenderá que son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos, ocurren en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando esos efectos trascienden en la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. El artículo 107, fracción I, constitucional establece que el interés legítimo se puede generar por una afectación indirecta, generada por la especial situación del quejoso frente al orden jurídico, lo que implica que para constatar un interés legítimo no es necesario que las normas impugnadas tengan como destinatarios directos a los quejosos, sino que pueden ser terceros que resienten la afectación indirecta, por una irradiación colateral de los efectos de la norma. Así, el análisis de este apartado requiere una evaluación no sólo de la relación de la ley y sus destinatarios, sino también de un análisis integral de las relaciones jurídicas en que se encuentran los particulares, siendo en el contexto de este tráfico de relaciones donde se puede apreciar la afectación de la ley. Por tanto, el quejoso no deben ser destinatario directo de la ley impugnada, sino que es suficiente que sea tercero que resienta una afectación incondicionada. En caso contrario, cuando se requiera un acto de aplicación, para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas. De la anterior narración se colige que la Ley de Seguridad Interior es de carácter heteroaplicativo y no autoaplicativo, pues se necesita en primera instancia, que el Presidente de la República, o los funcionarios facultados peticionen la intervención de la Federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, para que le ocasione algún perjuicio a la parte quejosa y éste pueda ser reclamado en esta instancia federal. Luego, si la mencionada norma controvertida no ha incidido en su esfera jurídica, en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues no existe el acto concreto de aplicación, el cual es necesario al tener el precepto impugnado carácter de heteroaplicativo. Además cabe precisar que en el caso, no se advierte que el quejoso forme parte de un grupo vulnerable o exista una afectación de estigmatización por discriminación generada directamente en su parte valorativa, con la ley impugnada para reconocer el interés legítimo, sin esperar al acto de aplicación. Ello es así pues no puede considerarse como un estigma la afectación ideológica que produce una ley en ciertos miembros de la población en general, ni permite hacer pasar como interés legítimo la mera percepción dañina subjetiva del quejoso, esto es la oposición a la norma. En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO promovida. No pasa inadvertido para este juzgador, que la causal de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de amparo; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los Órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los Órganos Jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. De tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, pues no se deja en estado de indefensión a al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, remitido por el JUEZ y SECRETARIO adscritos al JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto ..........................derivado del juicio de amparo en que se actúa; comunicación oficial mediante la que se le solicitó notificar al quejoso .....................en consecuencia; agréguese a estos autos el exhorto de cuenta, para que surta sus efectos legales correspondientes.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
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