Daniel López Murillo
Expediente 854/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 854/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/08/2019
Partes del expediente
- Daniel López Murillo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días hábiles que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 97 fracción I, inciso a), de dicha normatividad, sin que la parte promovente haya recurrido el proveído de seis de agosto de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente asunto; en consecuencia, de conformidad con el numeral 2 de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de agosto de dos mil diecinueve, se notifica por medio de lista el acuerdo de seis de agosto de dos mil diecinueve, a la parte quejosa, que dice: ". se tiene por no presentada la demanda de amparo ." Se tiene por notificado en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de ley de amparo, en virtud de no haber comparecido a este juzgado de distrito, a oír y recibir notificación personal.
- Principal
se notifica a la parte quejosa, el proveído de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio de amparo 854/2019, por medio de lista que se fijó en los estrados de este Órgano Jurisdiccional, dado que no compareció ante este Juzgado de Distrito a recibir la notificación de manera personal dentro del plazo de dos días que le fue concedido; lo anterior, en términos del artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo - - - Vista la demanda de amparo promovida Daniel López Murillo, contra actos de Martha Elvia Luna Vargas, Juez de Control del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y otra autoridad; fórmese y regístrese con el número 854/2019. Ahora bien, visto el contenido de la demanda que nos ocupa, se aprecia que el agraviado se adolece de la multa por el equivalente a veinte veces el valor de la unidad de medida y actualización, así como su ejecución, que le impuso la licenciada Martha Elvia Luna Vargas, Juez de Control del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, ante las omisiones que aduce que tuvo el impetrante dentro de la causa penal 734/2017, de su índice, en la cual, tiene el cargo de defensor público del imputado Víctor Manuel Ruelas Chaparro, arguyendo el promovente que dicha medida de apremio vulnera en su perjuicio sus derechos fundamentales consagrados en el numeral 22 Constitucional, al ser una multa excesiva, por lo que solicita se le conceda la suspensión de plano de tal acto. Al efecto, no ha lugar a decretar la suspensión de oficio y de plano respecto de dicho acto, toda vez que el mismo no se encuentra previsto en el numeral 15 de la Ley de Amparo, ni en su caso, en el 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si bien el último precepto legal invocado, prevé la prohibición de la imposición de multas excesivas, este órgano jurisdiccional considera que en el caso que nos ocupa no se actualiza dicho supuesto, ello, en virtud que el ordinal 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, faculta a los jueces del Nuevo Sistema Justicia Penal para imponer multas de diez a cincuenta días de salario mínimo vigente, en el caso de que el Defensor, Asesor jurídico o el Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, por lo que, al no exceder o rebasar la medida de apremio impuesta al quejoso el monto que establece en artículo invocado, es que se estima que no encuadra en el supuesto que contempla en aludido numeral 22 de Nuestra Carta Magna. En tal contexto, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, atendiendo a la facultad exclusiva del suscrito, quien tomando en consideración la naturaleza de los actos y no el enfoque subjetivo de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no ante la presencia de un acto que obligue a decretar la suspensión de oficio, estima que en la especie no se surte tal hipótesis, por lo que no ha lugar proveer sobre la suspensión de plano del acto de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 951, del tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Así como también, la tesis VI. 1o.a. 19 K, sustentada por el Primero Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1458, del tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." Ahora, como preámbulo, previo acordar lo relativo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo que nos ocupa, se impone precisar lo que se prevé en los artículos 108, fracción V, y 114 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, a fin de obtener una mejor comprensión de lo que posteriormente se determinará. "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; [.] "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. [.]" De la interpretación armónica de los citados ordinales, se colige que es obligación de quien suscribe examinar ante todo el escrito demanda y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en éste, se mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Luego, tras haber efectuado una minuciosa lectura al escrito inicial de demanda, se aprecia que el mismo cuenta con algunas inconsistencias, por lo que, a fin de estar en condiciones de atender su solicitud y proveer lo que conforme a derecho proceda, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el diverso ordinal 108, fracción V de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que dentro término de cinco días, dé cumplimiento a la siguiente prevención: Primero. Deberá ampliar el capítulo de antecedentes del acto reclamado, señalando la fecha en que se le impuso la multa de la que se adolece, la data en que tuvo conocimiento de la misma, así como si a la fecha sigue representando al imputado dentro de la causa penal de origen. Lo anterior, en virtud de que de la lectura íntegra del escrito de demanda, únicamente se desprende que el doce de junio de dos mil diecinueve, aceptó y protestó el cargo de defensor público del imputado Víctor Manuel Ruelas Chaparro, dentro de la causa penal 734/2017, del índice del Juzgado de Control del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, y que no acudió a la audiencia que se fijó para el día once de junio del año en curso. En el entendido de que la aclaración de que se trata, se requiere bajo protesta de decir verdad, por lo que sólo podrá ser formulada por quién promueve la demanda. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia número 2a./J. 88/2006 , cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Determinación que se encuentra apegada a derecho, a efecto de estar en posibilidades de fijar de manera clara y precisa la litis, brindando certeza jurídica a las actuaciones y a las partes en el juicio, y que constituye un requisito esencial en el escrito inicial de demanda, acorde con lo dispuesto por la fracción V, del artículo 108 de la Ley de Amparo. Segundo. Además, deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, ya que al igual que el escrito de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de los dispuesto por el artículo 110 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con lo ordenado dentro del término y en las condiciones antes indicadas, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, acorde con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en el proemio de la demanda; y como autorizado de su parte, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Juan Marcelo Baltazar Medina, cuya cédula profesional se encuentra registrada en la base de datos instaurada en cumplimiento al artículo 185 del Título Décimo "Del Registro Único de Profesionales del Derecho" del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el tres de octubre de dos mil seis, mismo que derogó el similar 24/2005, relativo al establecimiento del Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de dieciocho de julio de dos mil cinco. Luego, atendiendo a las cargas de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones necesarias en el presente asunto. Por último, atento a lo previsto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los ordinales 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la sentencia que se dicte en este asunto; apercibidas que de no hacerlo, en la versión pública que se realice de dicha determinación, se suprimirá la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 5, 14, 25, 28, 44, 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.- - -
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