Daniel Lopez Leobardo
Expediente 68/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 68/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/07/2023
Partes del expediente
- Congreso del Estado de Baja California, Mexicali
- Daniel Lopez Leobardo y Otros.
- Francisco Javier Berumen Félix
- Rubén Arceo Urzua
- Daniel Lopez Leobardo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que la totalidad de las partes se encuentran debidamente notificadas de la sentencia y del auto por el que se tuvo interpuesto el recurso de revisión hecho valer en su contra; en consecuencia, remítanse a la superioridad el expediente de este juicio, escrito de agravios y fotocopia del mismo, para la sustanciación del aludido medio impugnativo; por lo cual, se ordena formar el cuaderno de antecedentes que corresponda. Notifíquese.
- Principal
AUTORIDAD RESPONSABLE INTERPONE RECURSO
- Principal
Audiencia constitucional En Tijuana, Baja California, a las once horas con cincuenta minutos del veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo ********************; ante la presencia del Juez Francisco Caballero Green, titular del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido del licenciado Carlos Ignacio Pérez Ibarra, secretario con quien actúa y da fe, sin la comparecencia personal de las partes, ni representante legítimo de ellas. Acto continuo, el secretario certifica que en el presente juicio, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde. Enseguida, el secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, entre las que se encuentran el escrito de demanda de amparo e informes justificados. A lo que el juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias. Continuando con la audiencia, se declara abierto el periodo de pruebas, en el que el secretario hace constar que algunas de las partes ofrecieron las de su intención. A lo que el juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas aportadas al expediente; sin más que relacionar, se cierra el periodo. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, por lo que se cierra dicha etapa y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo ********************; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. ******************** solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y de otras autoridades. SEGUNDO. La demanda fue admitida bajo número ******************** y tramitado el juicio, la audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en los Acuerdos Generales 3/2013 y 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, virtud que lo reclamado guarda consecuencias materiales en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda, se precisa que los actos de reclamo destacados son: La sedicente inconstitucionalidad de los artículos 16, último párrafo, y 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; normativa que fue publicada en el periódico oficial de la entidad el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. La aplicación de dichas normas impugnadas en contra de los quejosos, a través de los descuentos hechos sobre sus pensiones, bajo los conceptos de reserva técnica (deducción 76) y seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad (deducción 53). TERCERO. Debe tenerse por cierta la materia de reproche atribuida a las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones, pues así se advierte de las manifestaciones contenidas en sus informes justificados. Aunado a que la existencia de las normas generales reclamadas no está sujeta a prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que se puedan invocar como un hecho notorio, conforme a lo dispuesto en el numeral 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. En el particular, el congreso responsable sostiene que se verifica la hipótesis de inejercitabilidad contenida en la fracción XX del precepto 61 de la Ley de Amparo, ya que la materia de reclamo relativa a determinadas deducciones hechas sobre las pensiones que reciben los quejosos, la debieron combatir a través del juicio de nulidad ante el tribunal administrativo local. El numeral de referencia, dispone: "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley [.]." En esa guisa, la causal invocada resulta infundada. Lo anterior, virtud que en el caso no sólo se impugna el acto de aplicación, sino también las normas generales que lo fundan, por lo que de conformidad con el numeral 61, fracción XIV, párrafo tercero, de la ley de la materia, no obstante que en contra del aludido acto de aplicación pueda proceder algún recurso, juicio o medio de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer, o bien, impugnar desde luego la norma en el juicio de amparo; de ahí que no sea dable la exigencia a los impetrantes de agotar el principio de definitividad, previo a acudir a la vía constitucional. Resulta aplicable la tesis I.6o.C.86 K del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, página 968, abril de 2006, tomo XXIII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. CUANDO SE RECLAMA PRINCIPALMENTE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, NO EXISTE OBLIGACIÓN DE AGOTAR RECURSO ALGUNO." Del mismo modo, la autoridad responsable invoca la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la ley de la materia; sin embargo, omitió plasmar los razonamientos en que la funda, por ende, no es dable su estudio. Por otra parte, las diversas responsables sostienen que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, respecto de los actos de aplicación anteriores de los que dieron origen al presente juicio, esto es, previo a los quince días hábiles que anteceden a la presentación de la demanda. Dichos preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. [.]." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.]." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En primer término, de manera previa, se debe establecer que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 555/2018, se pronunció en el sentido de que en la jurisprudencia P./J. 27/2016 (10a.) aprobada por el pleno del mismo tribunal, por la que se declaró inconstitucional una porción de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada el diecisiete de febrero de dos mil quince (2015), tal sistema normativo ahí revisado, contiene los mismos supuestos normativos en los cuales el instituto responsable fundamentó su determinación de llevar a cabo los descuentos de los que se duelen los aquí quejosos. Fundamentos provenientes de la legislación publicada en el año mil novecientos setenta (1970) que, si bien no han sido específicamente declarados inconstitucionales, no existe ninguna diferencia relevante entre ambos sistemas que conlleve a una distinción en la aplicación de las consideraciones vinculantes aprobadas en aquel criterio jurisprudencial, por lo que los razonamientos ahí contenidos, son aplicables para resolver un asunto planteado de manera similar, como el que se trata en el presente juicio. De igual manera, en el referido amparo en revisión 555/2018, se aprecia que la segunda sala del máximo tribunal del país, también resolvió que debido a que la peticionaria dirigió su reclamo a los descuentos aplicados a los pagos periódicos de su pensión, debe analizarse la oportunidad de la presentación de la demanda respecto de cada uno de dichos descuentos, en tanto que constituyen actos de aplicación materia de reclamo en el controvertido constitucional, aunque todos se integren en una secuencia de actuaciones de tracto sucesivo. Luego, determinó que todos los descuentos de los que se haya hecho sabedora la parte quejosa previamente a los quince días hábiles que anteceden a la presentación de la demanda, deben tenerse por consentidos para efectos del juicio de amparo. Bajo ese tenor, en el particular es inconcuso que la acción constitucional instada por los impetrantes resulta extemporánea respecto de los descuentos (o deducciones) aplicados antes de los quince días hábiles que preceden al de la presentación de la demanda. En efecto, el plazo para promover la demanda de amparo es el de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación, conforme a la ley del acto, o de aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedora la parte quejosa del acto reclamado o de su ejecución, en términos del artículo 18 de la ley de la materia. Así, todos los descuentos de los que se hayan hecho sabedores los quejosos antes de los quince días hábiles previos a la presentación de la demanda (diecinueve de enero de dos mil veintitrés), deben tenerse por consentidos para efectos del presente juicio. Por tanto, tomando en consideración que a los agraviados les hicieron efectivos los descuentos por los conceptos referidos, desde que obtuvieron el carácter de pensionados, los cuales se reflejan en la relación que señala el instituto responsable en su informe, puede concluirse que los promoventes ya conocían la aplicación mensual de las deducciones 53 y 76, y estuvieron en aptitud de impugnarlas desde las primeras que se realizaron. En mérito de lo anterior, al configurarse la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo conducente es sobreseer en el presente juicio, únicamente respecto de los descuentos aplicados a los impetrantes con anterioridad a los quince días hábiles previos a la presentación de la demanda. Así, no advirtiendo la verificación de diversa hipótesis de improcedencia, ni que las partes hagan valer alguna otra, se procede al estudio de los motivos de disenso expresados por los solicitantes del amparo, los que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias. QUINTO. Son esencialmente fundados los conceptos de violación formulados por los quejosos, como a continuación se expondrá. En primer término, cabe resaltar que no representa un obstáculo para el análisis de la materia de reclamo, que se haya actualizado la causa de improcedencia indicada en la parte final del considerando precedente, respecto de la aplicación de los artículos impugnados a través de las respectivas deducciones hechas sobre los pagos de pensión de los quejosos antes de los quince días previos a la presentación de la demanda, pues solamente se consideran consentidas tácitamente esas deducciones y no las que se realicen con posterioridad. Sentado lo anterior, se procede al estudio de los motivos de disenso en relación con el acto reclamado consistente en la aplicación de los artículos 16, último párrafo, y 25 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, posterior a la temporalidad citada en el párrafo precedente, materializada en los descuentos o deducciones realizados a los importes de la pensión percibida por los quejosos, bajo los conceptos de "seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad" [deducción 53] y "reserva técnica" [deducción 76]. Los numerales reclamados son los siguientes: "ARTÍCULO 16. Todo trabajador comprendido en el artículo 1° de este ordenamiento, deberá aportar al Instituto una cuota obligatoria del 12% del sueldo o sueldos básicos integrados que disfrute, definido en el primer párrafo del Artículo anterior. Dicho porcentaje se aplicará en la forma siguiente: I.- 3% para cubrir el Seguro de Enfermedades No Profesionales y de Maternidad; II.- 9% para tener derecho a las prestaciones señaladas en las Fracciones III a XI y XIII a XIV del Artículo 4o. Los pensionistas cubrirán al Instituto, previo descuento que se realice, el 1% de la pensión que disfrute destinada a constituir la reserva técnica prevista en el Artículo 129 para el régimen de pensiones y jubilaciones." [Lo resaltado es propio] "ARTÍCULO 25. La cuota del seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad que establece este capítulo en favor del pensionista y familiares derechohabientes, se cubrirá en la siguiente forma: I.- 4% a cargo del pensionista, sobre la pensión que disfrute y cuyo descuento será hecho por el Instituto; [.]." Disposiciones que establecen un esquema pensionario sustancialmente idéntico del que fue invalidado en la acción de inconstitucionalidad 19/2015. Cabe mencionar que la legislación impugnada fue abrogada a través del artículo séptimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada el diecisiete de febrero de dos mil quince. No obstante, en el precepto transitorio noveno de la ley citada en último término, se destacó que los jubilados o pensionados que hubieran obtenido ese beneficio al momento de la vigencia de la anterior legislación, se regirían por la ley que se encontraba en vigor al momento en que les fue concedido tal beneficio, como se desprende de los normativos mencionados, que rezan al tenor siguiente: "SÉPTIMO. Se abroga la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 20 de diciembre de 1970, salvo las precisiones indicadas en los presentes transitorios". "NOVENO. Todos aquellos jubilados o pensionados que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tengan ese carácter, le será aplicable la norma vigente al momento en que obtuvieron dicho beneficio." Así, de la propia manifestación del instituto responsable, se advierte que los quejosos adquirieron la calidad de pensionados durante la vigencia de la ley abrogada; de ahí que las porciones normativas reclamadas continúan rigiendo a las pensiones de los agraviados. Bajo ese contexto, el concepto de violación formulado contra los descuentos reprochados que se materializaron en los recibos de pagos de pensión de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, y subsecuentes, es fundado. Los quejosos señalan que los actos reclamados son las deducciones que realiza el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, bajo las claves 53 y 76, con fundamento en disposiciones que fueron declaradas inconstitucionales en la acción de inconstitucionalidad 19/2015; por ello, aducen que se debe desincorporar de su esfera jurídica la aplicación de dichas normas. Sostienen los impetrantes que los preceptos reclamados violentan sus derechos fundamentales de igualdad y equidad, porque obligan a los pensionistas, al igual que los trabajadores en activo, a aportar un porcentaje de sus percepciones para cubrir diversos gastos de administración para el sostenimiento del sistema de pensión. Y que las normas combatidas resultan inequitativas, pues no se justifican los descuentos respectivos, dado que los pensionados se encuentran en una posición distinta a los trabajadores en activo, ya que su propia calidad afecta su economía en la medida en que no están en posibilidad de incrementar sus ingresos económicos escalando puestos, mientras que el aumento de las pensiones sólo depende de lo que se determine en la ley. En efecto, los artículos reclamados obligan a los pensionados, al igual que a los trabajadores en activo, a aportar un porcentaje de sus respectivas percepciones a efecto de cubrir el monto de las prestaciones establecidas en la referida ley y los gastos de administración correspondientes, al referir el primero de los preceptos que los pensionistas cubrirán al instituto responsable, previo descuento que se realice, el uno por ciento (1%) de la pensión que éstos disfruten, destinado a constituir la reserva técnica prevista para el régimen de pensiones y jubilaciones; y el segundo, impone un cargo a los pensionistas de un cuatro por ciento (4%) sobre su pensión, como cuota del seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad. Ahora bien, al resolver la acción de inconstitucionalidad 19/2015, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez, entre otros, del artículo 16, párrafos tercero y cuarto, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada el diecisiete de febrero de dos mil quince, así como el diverso numeral 7 de la Ley que Regula a los Trabajadores que refiere la Fracción II, Apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en Materia de Seguridad Social. Las disposiciones cuya invalidez fue decretada por el tribunal pleno, son del contenido siguiente: Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California "Artículo 16.- Todo trabajador comprendido en el artículo 1º de este ordenamiento, deberá aportar al Instituto una cuota obligatoria del salario base de cotización, acorde a lo establecido en las Leyes que regulan a los trabajadores que se señalan en las fracciones I y II, Apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. Dicho porcentaje se aplicará a los rubros siguientes: I.- Para cubrir el Seguro de Enfermedades No Profesionales y de Maternidad, y II.- Para tener derecho a las prestaciones señaladas en las Fracciones III a XI y XIII a XIV del Artículo 4º. Los pensionados y pensionistas cubrirán al Instituto, previo descuento que se realice, un porcentaje de su pensión que disfrute destinada a la reserva técnica prevista en el artículo 126 para el régimen de pensiones y jubilaciones. Dichas cuotas serán las que se establezcan en las Leyes que regulan a los trabajadores que se señalan en las fracciones I y II, Apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California." [Lo resaltado se trata de los párrafos que se invalidaron] Ley que Regula a los Trabajadores que refiere la Fracción II, Apartado B, del Artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en Materia de Seguridad Social "ARTÍCULO 7.- Los pensionados y pensionistas cubrirán al Instituto, previo descuento que se realice, el 5% de la pensión que disfrute destinada de la manera siguiente: I.- 4% para cubrir el Seguro de Enfermedades No Profesionales y de Maternidad, y II.- 1% para la reserva técnica para el régimen de pensiones y jubilaciones." Además, es menester señalar que la fracción II, apartado B, del artículo 99 de la constitución local, se refiere a aquellos trabajadores de la educación, personal docente de educación básica, el personal con funciones de dirección y supervisión en la entidad y municipios, así como los asesores técnico pedagógicos que laboren en Baja California. Por otra parte, la aportación a cargo de los pensionados al seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad, sin referir porcentaje determinado, se encuentra en el artículo 25 de la ley vigente, el cual no fue declarado inválido por el Pleno. Dicha disposición legal establece: "Artículo 25.- Las cuotas y aportaciones del seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad que establece este capítulo en favor del pensionado y familiares derechohabientes, así como del pensionista, se cubrirá en la siguiente forma: I.- Un porcentaje a cargo del pensionado o pensionista, sobre la pensión que disfrute y cuyo descuento será hecho por el Instituto; II.- Un porcentaje de la pensión a cargo del Instituto; III.- Un porcentaje de la misma pensión a cargo del Estado, Municipios o de los organismos públicos incorporados correspondientes. En caso de que se trate de pensiones mínimas, el pago de la cuota íntegra se distribuirá por partes iguales entre el Estado, Municipios y organismos públicos incorporados correspondientes y el Instituto. Para el efecto establecido en la fracción III, el Instituto remitirá el día quince de cada mes, la nómina de los pensionados y pensionistas al Estado, Municipios y a los organismos públicos incorporados, a fin de que éstos entreguen en la quincena inmediata, la cantidad que resulte por concepto de aportaciones. La misma cuota dará a los pensionados y pensionistas el derecho a las demás prestaciones que les otorga esta Ley. El cobro de dichas cuotas y aportaciones podrá hacerse exigible a través del procedimiento administrativo de ejecución que establece el Código Fiscal del Estado de Baja California, en términos del artículo 22 de la presente Ley. Los porcentajes señalados en las fracciones anteriores serán establecidos en las Leyes que regulan a los trabajadores que se señalan en las fracciones I y II, Apartado B, artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California". De acuerdo con lo expuesto, en materia de seguridad social, se invalidaron las normas que exigían a los pensionados, que habían laborado como docentes, la aportación mediante descuento a la pensión del cinco por ciento (5%): cuatro por ciento (4%) para cubrir el seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad; y uno por ciento (1%) para la reserva técnica en el régimen de pensiones y jubilaciones. Como consecuencia de ese fallo, se fijó con carácter vinculante el criterio de que no está autorizado ningún descuento a las pensiones regidas por las referidas leyes, por los dos conceptos mencionados. Ahora bien, este juzgado de distrito considera que tales razonamientos también son aplicables a los descuentos de las pensiones fundados en la ley abrogada. Al respecto, resulta relevante lo establecido en el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se lee: "Artículo 43. Las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para las Salas, Plenos de Circuito, tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean éstos federales o locales." De lo que se desprende que las consideraciones que motiven los resolutivos de las acciones de inconstitucionalidad son obligatorias, siempre que se aprueben por cuando menos ocho votos; de ahí que la citada acción 19/2015, cumple con ese requisito para tal efecto. Asimismo, los puntos torales que rigen la declaración de inconstitucionalidad del artículo 16, párrafos tercero y cuarto, de la ley vigente, se encuentran sintetizados en la jurisprudencia P./J. 27/2016 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 66, libro 35, octubre de 2016, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL PREVER LA OBLIGACIÓN DE LOS PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DE CUBRIR UN PORCENTAJE DE SU PENSIÓN PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 1o. Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 16, párrafos tercero y cuarto, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, transgrede los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que vulnera el derecho de igualdad en materia de seguridad social y los principios de previsión social y equidad, al obligar a los pensionados y pensionistas, al igual que a los trabajadores en activo, a aportar un porcentaje de sus respectivas percepciones a efecto de cubrir el monto de las prestaciones establecidas en la referida ley y los gastos de administración correspondientes, toda vez que la obligación se impone a categorías de trabajadores diversas, cuyas características y prerrogativas son distintas pues, a diferencia de los pensionados y pensionistas, los trabajadores en activo perciben un salario y poseen determinadas expectativas de derecho, entre las cuales se encuentra la jubilación, mientras que el ingreso del pensionado depende de lo fijado por la ley y de los índices establecidos para su actualización, sin que subsistan los elementos que componen una relación de trabajo subordinada. Es así que al desvirtuar el carácter solidario del sistema de retiro, además de vulnerar el derecho de igualdad, la referida obligación resulta contraria a la racionalidad del propio sistema." De las consideraciones expuestas, es dable concluir que el Pleno determinó que el artículo 16 en comento, es contrario a los derechos a la igualdad y a la seguridad social por exigir que los pensionados y pensionistas sigan aportando para financiar los servicios, pensiones y gastos de administración del plan de seguro social, y que ese mismo vicio de inconstitucionalidad también lo advirtió en el diverso numeral 7 de la ley especial para los trabajadores docentes (que incluía tanto el descuento para la reserva técnica como para el financiamiento de los servicios médicos). Se estableció que se trata de un régimen de beneficio definido, las diferencias que existen a nivel constitucional entre trabajadores en activo y pensionados, y expresamente se descartó que fuera relevante el porcentaje de la aportación, de manera que se concluyó que en la norma impugnada existe un trato igual respecto de categorías distintas que no se encuentra justificado constitucionalmente, con independencia de que los porcentajes de descuento a trabajadores sean distintos que los de los pensionados o pensionistas; asimismo, se aclaró que ese tratamiento no puede sustentarse en los problemas financieros del régimen de seguridad social. De esta forma, la resolución del tribunal pleno fijó como criterio vinculante que en el sistema de beneficio definido del plan de seguro social destinado a los trabajadores del gobierno y municipios de Baja California, no está justificado constitucionalmente que los pensionados y pensionistas sigan aportando en cualquier monto para el sostenimiento de las prestaciones de seguridad social. Dicho criterio fue absoluto y no distinguió otras características del sistema, como los montos de las prestaciones otorgadas o la proporcionalidad de las aportaciones frente a las necesidades del sistema. Así, se colige que en la ley abrogada también se regula un régimen de beneficio definido, al igual que en la ley vigente analizada en la acción de inconstitucionalidad en estudio. De lo expuesto se advierte que las normas de la ley abrogada en el régimen de seguridad social dirigido también para los trabajadores del gobierno y municipios de Baja California, en un plan de beneficio definido, exigen aportaciones a los pensionados; incluso los porcentajes de la ley abrogada y la vigente son los mismos para los trabajadores regidos por la fracción II, apartado B, del artículo 99 de la constitución local. Luego, no existe ninguna diferencia relevante entre ambos sistemas de descuentos a las pensiones. Por lo que en el presente caso los descuentos a los pensionados en términos de la ley abrogada vulneran el derecho a la seguridad social, de conformidad con el criterio vinculante establecido en esta materia, sin que sea necesario agregar algún razonamiento o consideración distinto a los que ya fueron abordados por la segunda sala del más alto tribunal del país. Lo anterior, pues conforme a la decisión vinculante condigna, en los sistemas pensionarios no están constitucionalmente permitidos los descuentos a los pensionados o pensionistas para contribuir a las prestaciones de seguridad social, sin que el contenido o finalidad de la ley puedan modificar esa conclusión. En ese orden de ideas, se concluye que los descuentos reclamados resultan fundados en normas generales que establecen una medida contraria a los derechos de la igualdad y no discriminación, así como de seguridad social, reconocidos en los artículos 1º, 116, fracción VI, y 123, apartado A, fracción XXIX, y apartado B, fracción XI, de la Carta Magna. Similares consideraciones se adoptaron por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 555/2018 de su índice. Por tanto, al ser fundado el concepto de violación hecho valer por los impetrantes, lo conducente es otorgar el amparo solicitado. SEXTO. Efectos del fallo protector Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, fracción I, y 78 de la Ley de Amparo, se concede la protección de la Justicia Federal impetrada por ********************, para el efecto de que el instituto responsable realice lo siguiente: Deje de aplicar en perjuicio de los quejosos las deducciones a las pensiones a que se refiere el artículo 16, último párrafo, y el diverso 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el periódico oficial de la entidad el veinte de diciembre de mil novecientos setenta. Devuelva actualizadas las cantidades que se hubieran descontado a los impetrantes, respecto de su pensión, con motivo de la aplicación de los artículos declarados inconstitucionales, en el entendido de que sólo deberá realizarlo en relación con los descuentos efectuados a partir de los talones de cheque de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en adelante. SÉPTIMO. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XIV, 63, fracción V, 74, 75, 76, 77, fracción I, 78 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo ********************, promovido por ********************, contra los actos de aplicación que reprocharon del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en los términos establecidos en la última parte del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Para los efectos precisados en el considerando sexto del presente fallo, la Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos que reclamaron del Congreso del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y de otras autoridades, señalados en el considerando segundo de esta resolución. TERCERO. En su oportunidad publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma electrónicamente el Juez Francisco Caballero Green Titular del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana El secretario Carlos Ignacio Pérez Ibarra autoriza y da fe de la presente sentencia emitida en la audiencia constitucional celebrada en el juicio de amparo ********************, del índice de este juzgado. Doy fe.
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