Daniel Lopez Garcia
Expediente 525/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 525/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- DANIEL LOPEZ GARCIA y Otros.
- Daniel Lopez Garcia
Actuaciones
- Principal
MESA IV B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; seis de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto con el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el asunto como concluido. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción I, del citado Acuerdo General, y atendiendo a que la demanda de amparo origen de este juicio fue desechada, el expediente es destruible dentro de cinco años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
MESA IV B "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Con la demanda de amparo de cuenta, promovida por DANIEL LÓPEZ GARCÍA, por propio derecho y como Representante Estatal del Eslabón Primario, del Comité Estatal Sistema de Producto Maguey Mezcal de Estado de Oaxaca, contra actos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y otras autoridades, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 525/2018. (...) Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Con la demanda de amparo de cuenta, promovida por DANIEL LÓPEZ GARCÍA, por propio derecho y como Representante Estatal del Eslabón Primario, del Comité Estatal Sistema de Producto Maguey Mezcal de Estado de Oaxaca, contra actos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y otras autoridades, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 525/2018. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; así como para que firme los oficios que deriven del asunto. Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente hace consistir el acto reclamado en la iniciación, discusión, aprobación, sanción, promulgación e iniciación de la vigencia, así como la firma y aplicación del decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, relativas al título quinto de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, específicamente en sus cuatro capítulos; I, disposiciones comunes; II, del trámite de la declaración de protección; III, de la autorización para su uso y; IV, de la cesación de los efectos de las declaraciones de las autorizaciones de uso; porque pretende dejar abierta la posibilidad de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pueda ampliar, a su criterio, los límites geográficos de la región protegida por la denominación de origen Mezcal. Ahora bien con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, respecto al acto reclamado precisado, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que la demanda es notoriamente improcedente; por actualizarse la causal prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevén. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; Ahora, para evidenciar la actualización de la referida causa de improcedencia, se procede analizar la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa de las disposiciones impugnadas, de acuerdo al criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que tal concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J.55/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en la página 5 del tomo VI, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". Luego, la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa de una norma depende, ya sea del actuar imperativo de la autoridad o del particular con motivo de la disposición reclamada, toda vez que debe entenderse que las leyes autoaplicativas, por su sola vigencia afectan los derechos subjetivos de los particulares causando un agravio o perjuicio, sin necesidad de que sean aplicadas por una autoridad judicial, administrativa e incluso por el propio particular. Mientras que las heteroaplicativas son aquellas normas que requieren de un acto, ya sea del particular o de la autoridad para afectar la esfera jurídica del gobernado. Cabe ponderar, que la obligatoriedad de una norma jurídica puede o no estar sujeta a una condición y que es ésta la que determina el carácter de la Ley para ser considerada como autoaplicativa o heteroaplicativa, de ahí que con base a ese criterio distintivo los gobernados podrán diferenciar si se causa un agravio personal y directo desde su entrada en vigor o no. Entonces, un ordenamiento legal puede ser impugnado a través del juicio de amparo en distintos momentos según sea su naturaleza, esto es, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concretice la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En el primer caso, es suficiente que el gobernado se ubique en el supuesto previsto en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin que requiera de algún acto ulterior de autoridad para que esté en posibilidad de promover el juicio de amparo dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto u ordenamiento jurídico que se reclame, en términos de lo dispuesto por el normativo 17 de la Ley de Amparo; en tanto que, en el segundo caso, es indispensable la realización de un acto de aplicación concreto y actual de la disposición reclamada que imponga la observancia del mandato legal, que puede provenir de la autoridad o de los propios particulares, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días, conforme a la regla genérica establecida en el referido numeral. En ambos casos, ya sea como autoaplicativas o heteroaplicativas, la procedencia del juicio de amparo contra leyes, requiere que éstas generen la afectación en la esfera jurídica del gobernado, bien porque dicha afectación surja con la entrada en vigor de la ley o con motivo de su primer acto de aplicación. Es decir, para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicite la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal perjuicio se genere de inmediato, o bien con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. Como se dijo, la parte quejosa comparece a la instancia constitucional aduciendo como acto reclamado la inconstitucionalidad del decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, relativas al título quinto de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Con lo que se inconforma, porque ello deja abierta la posibilidad de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pueda ampliar, a su criterio, los límites geográficos de la región protegida por la denominación de origen Mezcal, que previamente ya han sido registrados, y que en el caso de la bebida denominada mezcal, diversas entidades federativas que no cuentan con el reconocimiento, intenten incorporarse al mercado de producción y venta de la misma. Así, la sola entrada en vigor del decreto reclamado no genera afectación alguna a los derechos de la parte quejosa pues para ello es necesario la actualización de algún acto o procedimiento que traiga como consecuencia que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial amplíe los límites geográficos de la región protegida por la denominación de origen Mezcal. Así, como se ve, la parte quejosa no refiere la existencia de un acto concreto por el que se le hubiera aplicado dicha ley que genere una afectación en su esfera jurídica, de índole económica, profesional o social, sea actual o inminente. Esto es así, dado que no se encuentra en una situación tal en la que el acto reclamado permita considerarlo como parte agraviada, pues aun cuando se ostenta como Representante Estatal del Comité Estatal Sistema de Producto Maguey Mezcal del Estado de Oaxaca; la reforma al decreto por el que se reforma la Ley de la Propiedad Industrial, no le produce, por el momento, alguna afectación personal, actual, real o inminente, pues en este caso no existe acto de aplicación que vulnere algún derecho humano, ya que sobre este aspecto, no refiere que exista algún procedimiento para la inclusión en ese grupo de territorios protegidos por la "Denominación de origen Mezcal", diversa entidad del país. De ahí que, como se dijo, por el momento no existe algún acto con el que se vea vulnerado algún derecho de la parte quejosa. Sin que sea óbice a lo anterior que en la jurisprudencia 1a./32/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a página cuarenta y siete del tomo XXI, materia común, mayo de dos mil cinco, registro 178541, se establezca: "AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, SI PARA ESTABLECER LA NATURALEZA HETEROAPLICATIVA O AUTOAPLICATIVA DE AQUÉLLAS EL JUEZ DE DISTRITO REQUIERE HACER CONSIDERACIONES INTERPRETATIVAS, PROPIAS DE LA SENTENCIA DEFINITIVA. Del artículo 145 de la Ley de Amparo se advierte que es del propio escrito de demanda o de las pruebas anexas de donde puede desprenderse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. La improcedencia constituye una excepción a la regla general, que es la procedencia del juicio de amparo como medio de control de los actos de autoridad que vulneren las garantías individuales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha entendido en el sentido de que las causales de improcedencia deben probarse plenamente y no inferirse con base en presunciones, pues sólo por excepción, en los precisos casos que marca el artículo 73 de la ley en cita, puede vedarse el acceso a dicho medio de control constitucional, y por lo mismo, de más estricta aplicación es lo dispuesto en el artículo 145 para desechar de plano una demanda. En ese tenor, la circunstancia de que la improcedencia derive del análisis que se hace de la naturaleza de las normas autoaplicativas y heteroaplicativas conforme a criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o del estudio e interpretación tanto de las normas generales reclamadas como de los conceptos de violación en que se plantea una afectación inmediata por su sola vigencia, impide considerar que el motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, ya que no puede ser evidente, claro y fehaciente si para determinar su actualización se requirió de un análisis más profundo, propio de la sentencia definitiva. Por ello, en la hipótesis aludida no se reúnen los requisitos formales necesarios que justifiquen el desechamiento de la demanda desde su inicio, ya que en el acuerdo inicial en el juicio de amparo indirecto no pueden realizarse estudios exhaustivos, por no ser el momento idóneo para ello. Ya que en el caso la causa de improcedencia resulta manifiesta sin necesidad de realizar un análisis de fondo. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo en estudio por notoriamente improcedente. Finalmente, téngase reiterando como domicilio para oír y recibir notificaciones el mismo que menciona en su escrito inicial de demanda; y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José David Torres Ramírez, y a los restantes que menciona sólo para oír y recibir notificaciones. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos personales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Notifíquese personalmente y cúmplase. EL PRESENTE ACUERDO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO EN TERMINOS DE LA LEY DE AMPARO
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