Daniel Licona Avendaño
Expediente 744/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 744/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 18/10/2018
Partes del expediente
- Daniel Licona Avendaño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México, a dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo, es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión. Finalmente, devuélvase al Juzgado Sexagésimo Penal de esta ciudad, el anexo que remitió, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 744/2018, promovido por Daniel Licona Avendaño, contra acto del Juez Sexagésimo Penal de esta ciudad; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el dieciséis de agosto del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló transgredidos en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El diecisiete siguiente se admitió a trámite la demanda registrada con el orden 744/2018; se requirió a la responsable su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como al representante social adscrito al juzgado responsable; y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de la resolución reclamada. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el orden 169 en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden de ideas, del estudio integral de la demanda y demás constancias de autos, se precisa que el acto que se reclama es el siguiente: - La resolución de nueve de agosto del año en curso, emitida por el Juez Sexagésimo Penal de esta ciudad en la causa 304/2016. TERCERO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó, entre las que se encuentra la resolución controvertida; documental que tiene valor probatorio pleno, al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, por lo que procede negar la protección constitucional solicitada. A fin de evidenciar lo anterior, para mejor comprensión del asunto, es necesario establecer los antecedentes de la resolución reclamada, que son los siguientes: 1. El tres de marzo de dos mil quince, se emitió sentencia condenatoria contra el quejoso, por su plena responsabilidad penal en la comisión de los delitos de homicidio calificado y extorsión, imponiéndole la pena de veintisiete años, seis meses de prisión. 2. Contra dicha determinación se interpuso recurso de apelación, del que conoció la Séptima Sala Penal de esta ciudad, la que el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, al resolver el toca 45/2015 modificó dicho fallo, imponiendo al amparista la pena de cuarenta y tres años, cuatro meses de prisión. 3. Por escrito presentado el treinta de julio pasado, el quejoso solicitó al juez responsable realizara a la pena impuesta el descuento de la pena de prisión preventiva, derivada de la tramitación del proceso y de la apelación interpuesta. 4. Con motivo de dicha petición el juez responsable, mediante proveído de dos de agosto siguiente, determinó que a la pena de cuarenta y tres años cuatro meses de prisión, debían descontarse cinco años, cinco meses y veintisiete días, que corresponden a la prisión preventiva sufrida por el sentenciado. 5. Contra tal determinación el quejoso interpuso recurso de revocación, el que en resolución de nueve siguiente, se determinó que no era procedente, confirmándose el acuerdo recurrido. Siendo esta última determinación la que constituye el acto impugnado. Ahora bien, de la lectura integral de la resolución reclamada se advierte que contrario a lo que afirma el quejoso en sus conceptos de violación, está adecuadamente fundada y motivada, porque el juez responsable expuso las razones particulares que tuvo para arribar a la conclusión a la cual llegó, pues explicó los motivos por los que no era procedente revocar el proveído en que se acordó lo conducente respecto del abono de la prisión preventiva a la pena de prisión impuesta, con lo cual adecuó la litis sujeta a su potestad con la hipótesis normativa que estimó aplicable, ajustando su decisión a las exigencias establecidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 166 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Ello es así, ya que las consideraciones que tomó en consideración el juez responsable para resolver en el sentido en que lo hizo, fueron las siguientes: - Que los artículos 33, párrafo segundo, del Código Penal para esta ciudad y el numeral 106 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, señalan que para el cumplimiento de la sanción privativa de libertad impuesta se considerará el tiempo que la persona estuvo detenida con motivo del proceso seguido que culminó con sentencia firme, sin que ello se traduzca en que debe reducirse la pena impuesta. Determinación que a criterio de este juzgado es acertada, toda vez que como bien lo indicó el juez responsable, la prisión preventiva comprende el lapso efectivo en que la persona sujeta al procedimiento penal permanece privada de su libertad, desde su detención hasta que la sentencia de primera instancia cause estado o se dicte la resolución de segundo grado. Por tanto, si el quejoso fue detenido el veinticuatro de agosto de dos mil diez con motivo de los hechos que dieron origen a la causa instruida en su contra y la sala indicada resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, es correcto que entre ambas fechas transcurrieron cinco años, cinco meses, veintisiete días, siendo este el lapso que debe descontarse a la pena de prisión impuesta. Así, es infundado el concepto de violación en que refiere el amparista que con motivo de la entrada en vigor del artículo 28 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social en esta ciudad, se debió abonar la prisión preventiva a la pena impuesta en sentencia; lo anterior, porque con independencia del fundamento invocado por el juez responsable, este actuó en esos términos. Finalmente, es infundada la manifestación del quejoso en el sentido de que existió inexacta aplicación del artículo 545 del código sustantivo de la materia; lo que se considera de ese modo, porque tal precepto no fue invocado por el juez responsable como fundamento en la resolución reclamada. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer, sin que exista materia para suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Daniel Licona Avendaño, contra la resolución de nueve de agosto del año en curso, emitida por el Juez Sexagésimo Penal de esta ciudad en la causa 304/2016.
- Incidental
Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 744/2018, promovido por Daniel Licona Avendaño; y R E S U L T A N D O : I. Mediante escrito recibido en este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra acto reclamado del Juez Sexagésimo Penal de esta ciudad, consistente en la resolución de nueve de agosto del año en curso, dictada en la causa penal 304/2016 por estimarlo violatorio de los artículos 1°, 14, 16 y 20 constitucionales. II. Se abrió el cuaderno incidental por duplicado; se solicitó informe previo a la autoridad responsable; y se señalaron fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. Es cierto el acto reclamado del juez responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe previo; sin embargo, aun cuando se colma el requisito exigido por el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, pues la suspensión la solicita expresamente el promovente de amparo, resulta improcedente conceder la medida cautelar, dada la naturaleza del acto mencionado, pues reviste el carácter de consumado desde el momento mismo de su emisión, por lo que de concederse se restituiría a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que aparentemente le ha sido violado, lo cual es propio de la sentencia concesoria que en su caso se dicte en el fondo del asunto, en términos del diverso numeral 77 de la ley de la materia, por lo que se niega la suspensión definitiva solicitada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 756 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Tercera Parte, del rubro siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 138, 140 y 144, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Daniel Licona Avendaño, contra el acto reclamado de la autoridad mencionada en el considerando único de esta interlocutoria, por las razones expuestas en el mismo.
- Incidental
Ciudad de México, a veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese en autos el oficio de cuenta; en atención a sus términos, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe previo que en él se contiene.
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