Daniel Leal Ponce
Expediente 13/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 51 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 13/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 51
- Última actuación
- 19/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Fiscal General del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua
- Daniel Leal Ponce
- Daniel Leal Ponce y Otros.
- Ivanna Alexandra Leal de la Rosa
- Jannet de la Rosa Alonso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 51.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO EL PROVEÍDO DE 19 DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta, a la fecha transcurrió el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara si existía alguna inconformidad contra la determinación de veintidós de febrero último, en la que se tuvo por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa; en tales condiciones, con apoyo en lo establecido en los artículos 201 y 202 de la ley de la materia, se tiene por consentida dicha resolución. Ahora bien, toda vez que no existe actuación alguna por cumplimentar, con fundamento en el precepto 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área respectiva para su resguardo en este juzgado. Se hace la precisión de que este expediente al igual que, el original del incidente de suspensión, son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 18, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el citado consejo, toda vez que en este asunto se concedió el amparo y protección constitucional; y al prudente arbitrio de este juzgador se considera que no tienen relevancia documental; lo anterior, sin perjuicio de conservar la demanda, sentencia respectiva y este proveído; así como las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar (suspensión provisional y definitiva), emitidas en el cuaderno incidental. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General referido, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión relativo a este juicio, una vez que transcurran seis meses posteriores al dictado de este proveído. Asiéntense los anteriores datos en las carátulas respectivas de los expedientes mencionados; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO EL PROVEÍDO DE 22 DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. De la certificación que antecede, se obtiene que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que, si a sus intereses convenía, se pronunciara en torno a los actos realizados por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio, quien no hizo manifestación al respecto. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en el juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En proveído de nueve de enero de dos mil diecinueve, una vez satisfecha la prevención realizada en auto de ocho de ese mes y año, se tuvo a la parte quejosa acudiendo a solicitar la protección constitucional; por lo que, una vez agotado el procedimiento en todas sus etapas, el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia, en la cual, se sobreseyó el juicio. Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual conoció por razón de turno el Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta localidad, cuya presidencia en proveído de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, admitió a trámite el recurso de revisión hecho valer, el cual quedó registrado como toca de amparo en revisión 256/2019, mismo que fue resuelto en sesión ordinaria de nueve de enero de dos mil veinte, cuyo pleno de ese órgano colegiado revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo al quejoso Daniel Leal Ponce, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales I.A.L.D.L.R., tomando en consideración que el cinco de abril de dos mil diecinueve, se tuvo al quejoso ampliando su demanda respecto de los conceptos de violación que se enderezaron contra el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, contra la Familia y Trata de Personas adscrito a la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, por lo que se solicitó a la citada autoridad rindiera su informe con justificación. Así las cosas, una vez agotado el procedimiento en todas sus etapas, el trece de enero último, se dictó sentencia, en la cual, por una parte, se sobreseyó el juicio, y por otra, se concedió el amparo al quejoso; resolución que al no ser recurrida por las partes, causó ejecutoria el ocho de los actuales. Es importante establecer que en la sentencia pronunciada el trece de enero de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional al quejoso Daniel Leal Ponce, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales I.A.L.D.L.R., para efectos de que la autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, Carlos Eduardo Caldera Bustamante, dejara sin efectos el acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en la carpeta de investigación número 37-2018-0045286, en el que ordenó la búsqueda, localización y presentación de la menor I.A.L.D.L.R., en compañía de su representante legal o tutor. En ese tenor, el once de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el informe contenido en el oficio FGE-14S.3/3/1/1025/2021, que remitió la agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional, en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte y en ausencia del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de los Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, con sede en esta ciudad fronteriza; con el cual informó que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializado en la Investigación de delitos de violencia familiar, delitos sexuales, contra la Familia y trata de personas a cargo de la carpeta de investigación 37-2018-0045286, dejó sin efectos el acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, pues el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, decretó un auto del no ejercicio de la acción penal respecto al delito de retención y sustracción de menores o incapaces agravada, denunciado por Janett de la Rosa Alonso, por considerar que no son constitutivos de delito atendiendo a lo que disponen los artículos 28, fracciones I y II, 170 del Código Penal del Estado de Chihuahua y artículos 127, 131, 255 y 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con cuyo contenido se dio vista a la parte quejosa a fin de que, de estimarlo conveniente, expusiera lo que a sus intereses conviniera, sin que haya hecho manifestación al respecto. Ahora bien, del contenido del informe rendido por la autoridad responsable en torno al cumplimiento al fallo protector y constancias anexas, remitidas mediante oficio FGE-14S.3/3/1/1025/2021, de diez de febrero de dos mil veintiuno, recibido en este órgano jurisdiccional el once de ese mes y año, pone de manifiesto que puntualmente se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues se advierte el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializado en la Investigación de delitos de violencia familiar, delitos sexuales, contra la Familia y trata de personas a cargo de la carpeta de investigación 37-2018-0045286, dejó sin efectos el acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, pues el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, decretó un auto del no ejercicio de la acción penal respecto al delito de retención y sustracción de menores o incapaces agravada, denunciado por Janett de la Rosa Alonso. Por tanto, en términos del precitado artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes involucradas en el procedimiento de ejecución y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, infórmese a la parte quejosa que en contra de esta determinación procede el recurso de inconformidad, por lo que en caso de estar en desacuerdo con lo resuelto cuenta con un plazo de quince días para interponerlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, once de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por la agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional, en ausencia del Fiscal de Distrito Zona Norte y en ausencia del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de los Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, con sede en esta ciudad fronteriza, con el que informa el cumplimiento al fallo protector, y para tal efecto remite copia certificada de la resolución de no ejercicio de la acción penal y del oficio FGE-14S.3/3/1/1018/2021, de diez de los actuales. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos legales la notificación de este auto, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto al cumplimiento dado al fallo protector; apercibido que de no hacerlo así, esta potestad federal resolverá lo conducente con base en las constancias de autos y el informe proporcionado por la autoridad responsable.
- Principal
SE NOTIFICA A LA TERCERA INTERESADA JANNET DE LA ROSA ALONSO, POR MEDIO DE LISTA, EL ACUERDO DE OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRCCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO Número de expediente: 13/2019 Acuerdo: Ciudad Juárez, Chihuahua, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Como se advierte de la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de diez días, que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la resolución de trece de enero de dos mil veintiuno, en la cual por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Daniel Leal Ponce, en representación de su menor hija de iniciales I.A.L.D.L.R.; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la misma causa ejecutoria. No es obstáculo para lo anterior el que no obre el acuse de recibo correspondiente a los oficios enviados a las autoridades responsables foráneas, con los que se pretende notificarles la sentencia dictada en el presente juicio, pues dado el sentido de dicho fallo respecto de dichas autoridades, a la única que perjudica es a la parte quejosa. Ahora bien, conviene precisar que en la sentencia dictada por este órgano de control de la constitucionalidad, específicamente en el último considerando, se precisaron los efectos del fallo protector, a saber: Que la autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, Carlos Eduardo Caldera Bustamante, deje sin efectos el acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en la carpeta de investigación número 37-2018-0045286, en el que ordenó la búsqueda, localización y presentación de la menor I.A.L.D.L.R., en compañía de su representante legal o tutor. Sin que ello impida que, de estimarlo pertinente y atendiendo al estado procesal en que se encuentre la indagatoria de origen, en ejercicio de sus atribuciones, ordene la comparecencia de la menor de iniciales I.A.L.D.L.R., para el desahogo de las diligencias a su cargo que considere procedente en autos de la carpeta de investigación número 37-2018-0045286, siempre y cuando adopte la las medidas de protección de la menor de edad al momento de recibir su declaración, para lo cual deberá observar lo estatuido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los tratados internacionales como lo es la Convención sobre los Derecho del Niño, y como "rector-guía" el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes. En el entendido que las entrevistas que, en su caso se lleguen a ordenar con la menor, deberán llevarse a cabo con medidas especiales para su protección, con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional, y al recabar su dicho, deberá contarse, en su caso, con el auxilio de peritos y la asistencia de los padres, representantes o tutor, y estar acompañada en todo momento por una persona de toda su confianza -verbigracia: maestra o maestro u algún familiar-, pero que deberá ser ajena a sus progenitores y a sus abuelos paternos, dado que todos ellos de alguna manera son partes involucradas en el presente asunto. Por lo que, con fundamento en dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas, Carlos Eduardo Caldera Bustamante, con residencia en esta localidad fronteriza, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este proveído, informe a este órgano de control de la constitucionalidad el cumplimiento que dé al fallo protector, en los términos precisados en la sentencia dictada en autos, debiendo acompañar copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibido que de no cumplir con lo solicitado dentro del lapso concedido, se le impondrá como medio de apremio una multa de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos) moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del uno de febrero del mismo año, en términos de lo previsto en el artículo 258, en relación con el diverso artículo 238, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sin perjuicio de incrementarlo en caso de requerimientos posteriores; y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en turno, para el trámite del incidente de inejecución respectivo, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Con independencia de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Fiscal de Distrito Zona Norte, con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que reciba la notificación de este acuerdo, sin demora alguna ordene a su inferior dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, haciendo uso de los medios legales que tengan a su alcance, así como de los apercibimientos de ley que procedan. En la inteligencia que de no demostrar que dio la orden para que su inferior cumpla con la ejecutoria de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de diez veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos) moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del uno de febrero del mismo año, en términos de lo previsto en los artículos 237, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sin dejar de mencionar que en su carácter de superior jerárquico incurriría en igual responsabilidad por falta de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los mismos términos que su inferior, según lo dispone el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, por lo que se haría igualmente acreedor a las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistente en su separación del cargo y consignación ante la autoridad competente, pues al incurrir en omisión o desacato a un mandato judicial entorpece la pronta impartición de la Justicia Federal.
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