Daniel Lara Salazar
Expediente 1839/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1839/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/01/2019
Partes del expediente
- Daniel Lara Salazar
- Director Del Centro Federal De Readaptación Social Numero Uno Altiplano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
II. Toluca, Estado de México; dieciocho de enero de dos mil diecinueve. Por recibida la razón asentada por el Actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, a través de la cual manifiesta la imposibilidad de notificar al quejoso el proveído de quince de enero del año en curso, por los motivos expuestos en la misma. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Atento a lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, practíquese la notificación de mérito y las subsecuentes por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
II) Toluca, Estado de México; quince de enero de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió al auto de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales conducentes y las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. Este expediente es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y cuarto). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
II) Toluca, Estado de México; quince de enero de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió al auto de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales conducentes y las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. Este expediente es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y cuarto). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
ii)]Toluca, Estado de México; veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio signado por la Directora General y por el Director Jurídico ambos del Centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano", a través del cual en cumplimiento al proveído de veinte de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 26 a 29), realizan diversas manifestaciones en relación a lo expuesto por el quejoso en razón de notificación de diecinueve pasado. En atención a ello, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes Ahora bien, por lo que hace a lo expuesto por los oficiantes en relación a que el quejoso egresó del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en cumplimiento al oficio 11036/2018 signado por la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, tómese nota, para los efectos legales a los que haya lugar. En otro orden de ideas agréguese a los autos la razón de imposibilidad de cuenta mediante la cual el Actuario adscrito a este juzgado federal manifiesta la imposibilidad de notificar a la parte quejosa la determinación de veinte de diciembre pasado, debido que al constituirse en el centro de su reclusión se le informó que el impetrante de amparo fue puesto en libertad. De lo anterior, se advierte que en relación a los actos reclamados; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo cual da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa en el goce del derecho estimado violentado por la autoridad, en términos de la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo. Cesan los efectos cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia publicada con el número 103, en la página 81 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, en el presente juicio el quejoso Daniel Lara Salazar, se duele de: La abstención de proporcionarle alimentos, amenazas, ataques a su libertad física y ataques a su vida atribuidos a la Directora General y al Director Jurídico, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano. Así, de lo manifestado por el actuario de la adscripción en la razón de imposibilidad acordada en párrafos se advierte que el actuario judicial no pudo notificar al quejoso la determinación de veinte pasado, debido a que el mismo egresó del Centro Federal de Readaptación Social Numero Uno Altiplano, razón a la que en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Es aplicable la jurisprudencia visible en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, mayo de 1995, materia común, novena época, con número de registro 205152, que establece: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Aunado a que la responsables mediante oficio acordado en esta fecha, informaron que el quejoso Daniel Lara Salazar, egresó por libertad del centro donde se encontraba recluido. Por consiguiente, queda demostrado que las responsables dejaron de afectar la esfera jurídica del promovente de amparo, y resulta incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de esa propia legislación. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales condiciones, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con veinticinco minutos del dieciocho de enero de dos mil diecinueve, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. En otro orden de ideas agréguese para que obra como corresponda el oficio de cuenta oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; a través del cual remite la razón de notificación de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, practicada por el actuario judicial del citado órgano jurisdiccional de la que se advierte que el quejoso Daniel Lara Salazar, realizó diversas manifestaciones: Lo anterior, en atención a lo acordado párrafos anteriores. Finalmente, notifíquese a la parte quejosa el presente proveído, así como la determinación de veinte de diciembre de dos mil dieciocho y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en este órgano jurisdiccional. Notifíquese. Toluca, Estado de México; veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio signado por la Directora General y por el Director Jurídico ambos del Centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano", a través del cual en cumplimiento al proveído de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 14 y 15), realizan diversas manifestaciones en relación a lo expuesto por el quejoso en razón de notificación de dieciséis de diciembre pasado. En atención a ello, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes. En otro orden de ideas y visto el estado procesal que guardan los presentes autos así como la certificación de cuenta de la que se advierte que la parte quejosa no desahogo los requerimientos insertos en proveído de siete de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 4 a 6). En tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento inserto en la providencia de referencia y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, III y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda por los actos que el quejoso hace consistir en: -La abstención de proporcionarle alimentos. -Amenazas. -Ataques a su integridad física. -Ataques a su vida. Sin que se apertura el incidente de suspensión, en virtud que en el citado proveído de siete de diciembre pasado se proveyó respecto de la suspensión de los actos reclamados. Intervención del agente del ministerio público federal. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, notifíquesele la radicación del presente asunto por medio de la lista que se fija en el local de este Juzgado de Distrito. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las diez horas con veinticinco minutos del dieciocho de enero de dos mil diecinueve. Solicitud de informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si son o no ciertos los actos que se les reclama; además, deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiéraseles para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se les atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Causas de improcedencia. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiéraseles a las responsables, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado, apercibidas que en caso de ser omisas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la ley de la materia, se harán acreedoras a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Prevención de autoridades inexistentes. En diverso aspecto, se previene al quejoso para que, en el caso de que las autoridades señaladas como responsables, no existan con la denominación que indica en su demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se les tendrán como inexistentes y por ende no se les dirigirán comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. En otro orden de ideas y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibida la diligencia de notificación, practicada el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, en la cual se advierte que el quejoso Daniel Lara Salazar, manifiesta lo siguiente: "Audiencia juicio oral el día de ayer en el juicio oral fue dada la condena absolutoria por lo cual a partir de ayer las 5:00 pm soy un civil ya que no cuento con proceso abierto ni orden de aprencion mas sin embargo sigo detenido en este centro de justicia con amenazas por partes mencionadas en el anterior escrito temo por mi vida pido su auxilio pido se aplique el art 401 del código nacional. " (sic) A dicha diligencia se le otorga valor probatorio pleno en conformidad con lo establecido en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que al tratarse de actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Sobre el particular, por similitud jurídica, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 563, visible en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, con registro 392690, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." De lo anterior, se aprecia en esencia que el quejoso manifiesta que se está ejecutando en su contra lo siguiente: -Privación libertad fuera de procedimiento. -Amenazas. -Temor fundado al ataque a su vida. Entonces, se entiende que el quejoso señala un nuevo acto, consistente en: la privación de la libertad fuera de procedimiento, mismo que no guarda relación con la litis del presente juicio, es decir, se trata de una demanda de amparo diversa. En consecuencia, por oficio dirigido a la Oficina de correspondencia común de los Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta Ciudad, remítase la cédula original por la cual el agraviado señala un nuevo acto reclamado, con la finalidad de que le asigne el turno de demanda correspondiente, de manera aleatoria, para conocer y resolver respecto del citado acto reclamado. En otro orden de ideas, en relación con los actos que hace consistir en amenazas y el temor fundado al ataque a su vida dese vista a las responsables, con las manifestaciones realizadas por el quejoso, a fin de que tomen las medidas pertinentes en relación a la forma que el quejoso aduce ser agraviado; asimismo, requiéraseles para que en el término de cuarenta y ocho horas remitan a este órgano jurisdiccional el informe a través del cual acrediten la forma en que dan cumplimiento al presente proveído en el entendido que de no hacerlo así serán acreedoras a una sanción, de conformidad con el artículo 158 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 262, fracción III, del mismo ordenamiento que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra. [.]". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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