Daniel Juventino Cuevas Sedano
Expediente 581/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 581/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 06/12/2016
Partes del expediente
- Daniel Juventino Cuevas Sedano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Agréguese el escrito signado por el quejoso, por medio del cual designa autorizados y solicita la devolución de los documentos que anexó a su demanda. Por lo tanto, se tienen por autorizados a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Por cuando hace a la devolución, deberá estarse a lo acordado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en el que se proveyó lo conducente (Fojas 85 y 86).
- Incidental
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, se agrega a los autos el escrito signado por quejoso Daniel Juventino Cuevas Sedano, a través del cual, solicita la devolución de los documentos que exhibió el presente sumario y autoriza para recibirlo a Rafael Mejía González. En atención a lo anterior, dígasele al promovente que deberá estarse a lo ordenado en proveído de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en el que se acordó lo conducente, no obstante ello, se tiene como autorizado a la persona que refiere en los términos que precisa.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 581/2016, promovido por Daniel Juventino Cuevas Sedano, por propio derecho, contra actos de la Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, Estado de México y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado a este juzgado al día siguiente, Daniel Juventino Cuevas Sedano por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES. "III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- AUTORIDAD ORDENADORA: C. JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TENANGO DEL VALLE, CON RESIDENCIA EN SANTIAGO TIANGUISTENCO, ESTADO DE MÉXICO. AUTORIDAD EJECUTORA: C. Ejecutor adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, Estado de México. ACTOS RECLAMADOS. "De la autoridad señalada como responsable ordenadora reclamo todo lo actuado en el expediente número 296/2016, relativo a un juicio plenario de posesión, promovido por MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ, en contra de JUVENCIO CUEVAS SEDANO, desde la falta de emplazamiento y la restitución que se pretende hacer del bien inmueble propiedad del suscrito, DANIEL JUVENTINO CUEVAS SEDANO y de mis (sic) esposa PETRA EMMA LARA, por haber adquirido divo bien dentro de la institución civil que celebre con la antes mencionada, por lo cual, este forma parte de la sociedad conyugal. Toda vez que la autoridad sin previo juicio seguido en mi contra pretenden privarme de la posesión y de la propiedad del inmueble que es propiedad del suscrito y de mi esposa PETRA EMMA LARA por haber adquirido este bien inmueble dentro de mi patrimonio civil, cuyas medidas y colindancias serán objeto de descripción en el capítulo de hechos de la presente. De la autoridad ejecutora se reclama la ejecución de auto de notificación de fecha siete de abril de dos mil dieciséis, toda vez que sin previo juicio seguido en mi contra, se pretende desposeerme del inmueble de mi propiedad, cuyas medidas y colindancias serán objeto de descripción en el capítulo de hechos. SEGUNDO. El impetrante de garantías señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda de garantías a este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, cuyo titular mediante proveído de veintinueve de abril de dos mil dieciséis (fojas 10 a 12), la admitió a trámite; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, por lo que previos diferimientos, fue desahogada en términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción VI de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado se atribuye a autoridades que tienen su residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial del juzgado. II. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, tal como lo prevé el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo; para tal efecto, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a tomar en consideración todos los datos que emanen de la demanda de garantías, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, en atención al pensamiento e intencionalidad de su autor y así, descartar las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgado de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra la congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En tal contexto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y del informe justificado se obtiene que la parte quejosa reclama de las responsables: - Todo lo actuado en el expediente 296/2016, relativo al juicio plenario de posesión, desde la falta de emplazamiento y la restitución que se pretende hacer del bien inmueble que por esta vía defiende, ubicado en el paraje Rojastitla, en Guadalupe Yancuictlalpán, municipio de Santiago Tianguistenco, Estado de México. Es aplicable la jurisprudencia número 19, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyo epígrafe y sinopsis dicen: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Asimismo, sirve sustento la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." III. Certeza del acto reclamado. La Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, y el Ejecutor adscrito a dicho Juzgado (fojas 16 y 17), aceptaron la existencia del acto que se les reclama, por ende, se tiene por acreditada su existencia. Se estima aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad responsable señalada en primer término como complemento de su informe justificado, consistente en copia certificada del expediente 296/2016, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. IV. Causales de improcedencia. Por razón de técnica, y por ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se adviertan actualizadas de oficio, respecto de los actos de los que se ha evidenciado su certeza, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 262, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 1985, Tomo VIII, Quinta Época, cuyo texto señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese orden, de oficio se advierte actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La interpretación literal del enunciado normativo sobre la palabra "cesar", arroja que según el Diccionario de la Real Academia Española significa: suspenderse o acabarse. Así las cosas se conoce que el juicio de amparo es improcedente cuando se suspenden o acaban los efectos del acto reclamado. Los efectos del acto reclamado pueden suspenderse o acabarse por dos factores: a) por revocación y b) por sustitución. La cesación por revocación se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Así lo sostiene el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis aislada I.3o.C.769 C que se publicó en la página 1492 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, de tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." Ahora, en ambos supuestos, es necesario que se configure la hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, la cesación de efectos sea de manera incondicional o inmediata, de tal suerte que restablezca de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Así lo ha interpretado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En este caso, el acto reclamado en estudio ha cesado sus efectos por sustitución. En efecto, la Juez responsable, al rendir su informe justificado refirió que en auto de diecinueve de mayo del año en curso, tuvo por desistido de la instancia al actor en el juicio de origen, quedando a disposición de éste los documentos exhibidos y en su oportunidad ordenó archivar el asunto como totalmente concluido, manifestaciones que se corroboran del anexo de pruebas que consta a foja treinta del anexo de pruebas. Lo que evidencia, que al día de la fecha los actos reclamados por la parte quejosa, en autos del expediente 296/2016, han dejado de surtir efectos. En ese orden de ideas, es válido sostener que los actos tildados de inconstitucionales han cesado sus efectos ante el desistimiento de la instancia por parte del actor y la orden de archivo definitivo, lo que claramente destruye todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica del quejoso; en consecuencia, de ser necesario, el nuevo acto que emita la autoridad competente será susceptible de conocerse en un nuevo juicio de amparo. Así, lo transcrito patentiza, sin lugar a dudas que esa determinación no es jurídicamente dable que se analice en este juicio de amparo, como tampoco que influya en la cesación del acto reclamado. Sobre el particular se invoca, la tesis publicada en la página 845 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." Por lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo actual, en relación con la fracción V, del numeral 63 del ordenamiento legal invocado, y los criterios jurisprudenciales transcritos, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Así, de lo expuesto con anterioridad se advierte la imposibilidad de realizar el estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa. Este proceder se sustenta en la jurisprudencia II.3o. J/58, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 57, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 70, Octubre de 1993, Octava Época, de rubro y tenor siguientes: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Por otra parte, es menester precisar que los razonamientos jurisprudenciales y tesis utilizadas en la presente sentencia, resultan aplicables sin soslayar que algunos se refieren a la Ley de Amparo anterior, toda vez que el contenido de los artículos que en ellas se hace referencia, ahora está reflejado en diversos numerales de la ley actual, con la puntualidad que en la ley actual, el legislador definió que debe entenderse para cada caso en concreto, empero al no realizar en dichos criterios una interpretación diversa a la utilizada, continúan vigentes y, por tanto, resultan aplicables en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. El sobreseimiento decretado se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman del Ejecutor adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, con residencia en Santiago Tianguistenco, Estado de México, dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 1812, visible en las páginas 2912 y 2913, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos de las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Finalmente, si bien es cierto, no se emplazó al presente juicio a los terceros interesados Manuel López González y Juvencio Cuevas Sedano, no debe pasar por alto que, uno de los principios fundamentales de la impartición de justicia es que sea pronta y expedita; entonces, en vista de que la presente sentencia no afecta a la parte tercero interesada y que la dilación procesal es la que en todo caso le acarrearía perjuicios, ello es razón suficiente para dictar el fallo que en derecho corresponde, pues en la especie no se deja sin posibilidad de defensa y sobre todo porque la causa de improcedencia actualizada en el caso es inobjetable clara y patente. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 36 Tercera Parte, página ochenta y tres, de epígrafe: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ.". Por ello, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que en caso que se sobresea el juicio de garantías, la falta de emplazamiento a la parte tercera perjudicada le beneficiaría, y en aras de una pronta expedición de justicia, se debe pronunciar la sentencia que corresponda, lo anterior como se advierte de la tesis publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, página cuarenta y cinco, aplicada por analogía, y que lleva como rubro: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ.". Así, no obstante que el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará si se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento; sin embargo, para que se reponga éste, es menester que haya trascendido al resultado del fallo, causando un perjuicio a la parte no llamada al procedimiento, pues de lo contrario si no provoca agravio a la parte interesada, la omisión de no citarla no trascendió a su esfera jurídica, como sucede cuando se sobresee en el juicio de amparo por actualizarse una causal de improcedencia. Al respecto, es aplicable la tesis de la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo V, página trescientos cincuenta, de título: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO, ES INNECESARIA CUANDO NO SE PRODUJO AFECTACIÓN A LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO NI TRASCENDIÓ AL RESULTADO DE LA SENTENCIA.". Ciertamente una violación al procedimiento, como la falta de llamamiento a la parte tercero interesada no trasciende al resultado del fallo, si el juez de Distrito considera que el juicio de garantías es improcedente (por cesación de efectos), pues a nada práctico conduciría su emplazamiento porque el juicio necesariamente tendría que sobreseerse por actualizarse esa causal de improcedencia, además de no actuar de esa manera, se retardaría en forma ociosa el trámite y solución del juicio de amparo, el cual resulta a todas luces improcedente. Así lo determinó en jurisprudencia la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos treinta y seis del Tomo X, en la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación, con el título: "PROCEDIMIENTO, REPOSICIÓN DEL. SÓLO CUANDO LA VIOLACIÓN TRASCIENDA AL RESULTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA ES PROCEDENTE.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, ambos de la Carta Magna, 61, 62, 63, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Daniel Juventino Cuevas Sedano, por propio derecho, contra los actos y autoridades especificados en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese legalmente según corresponda. Así lo resolvió y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2900/2016, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; hasta el día de hoy veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, por así haberlo permitido las labores de este órgano jurisdiccional, quien actúa asistido ante el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de agosto de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, se agregan a los autos los oficios de cuenta, por medio de los cuales el Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de México "1" del Servicio de Administración Tributaria y el Gerente Integral Área Toluca de Teléfonos de México, en cumplimiento a lo solicitado mediante proveído de veinte de julio del año en curso, por lo que hace al primero, informa que en su base de datos, existen registros a nombre de Manuel López González, y a fin de proporcionar los correctos, pide se le proporcione el número de registro federal de contribuyentes o el CURP, y en lo atinente al segundo, comunica que no cuenta con información alguna al respecto. Atento a ello, se tiene conocimiento de lo anterior, para los efectos legales conducentes y una vez que la totalidad de autoridades requeridas den cumplimiento a lo solicitado, se acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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