Daniel Jiménez Jiménez

Expediente 10/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
10/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
06/04/2022

Partes del expediente

  • Daniel Jiménez Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a seis de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de CINCO DÍAS para recurrir el proveído de catorce de enero de dos mil veintidós, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo promovida por xxxxxxxxxxx, por propio derecho. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al dieciocho de abril del dos mil veintidós. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE LISTA AL PROMOVENTE.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, a catorce de enero de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente al promovente.

  3. Principal

    *AVISO.- Se notifica por lista al quejoso, el auto de catorce de enero de dos mil veintidós y que en lo conducente dice: "México, Ciudad de México, a catorce de enero de dos mil veintidós. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Téngase por recibido el escrito de demanda presentado el doce de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y recibido el trece del mismo mes y año, por la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. REGISTRO Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 10/2022-V y NEUN 29363898. PERSONALIDAD La demanda la promueve XXXXXXXXXXXX, por propio derecho, contra los actos que reclama del Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México y Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ACTO RECLAMADO. La orden de retención, aseguramiento y/o embargo, dictada por el Juez responsable dentro del procedimiento que derivo en la ejecución de dicha medida por conducto de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, dictada en los autos del incidente de providencias precautorias, deducido del juicio oral mercantil XXXXXXX, promovido por Mifel, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo financiero Mifel, en contra de la hoy quejosa y otros, medida que afecta XXXXXXXXXXXXX, de la Institución Financiera BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Ahora bien, de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, y anexos que exhibió, se desprenden los siguientes antecedentes, en relación al acto reclamado: Mifel, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Mifel, promovió juicio oral mercantil en contra de Importadora Design Sourcing, Sociedad Anónima de Capital Variable y otros, señalando entre otras prestaciones lo siguiente: La recisión del contrato de arrendamiento de quince de junio de dos mil diecisiete, así como de los términos y condiciones contenidos en los treinta anexos de dicho contrato. El pago de XXXXXXXXXXXX, por concepto de suerte principal. El pago de XXXXXXXXX), por concepto de pena convencional. El pago de XXXXXXXX, XXXXXXXXXX. El pago de XXXXXXXXXXX. La devolución de los bienes arrendados y en caso de imposibilidad para ello, el pago de los bienes arrendados. 2. En la referida demanda la parte actora solicitó providencias precautorias, XXXXXXXXXXXX, ello, con fundamento en lo establecido en los artículos 1168, 1169, 1175 y demás relativos del Código de Comercio. 3. De la demanda en cuestión, correspondió conocer al Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, donde se radicó con el número de expediente 580/2021, y paralelo al trámite del juicio oral mercantil incoado, en acuerdo de doce de noviembre de dos mil veintiuno se abrió cuaderno incidental de medidas precautorias, en el que, atendiendo a lo solicitado por la actora, con fundamento en los artículos 177, 1350 y 1351 del Código de Comercio, se decretó la medida solicitada, para lo que se ordenó girar oficio a la comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el objeto de que se realizaran las diligencias pertinentes para materializar el bloqueo de cuentas solicitado. FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Respecto del acto reclamado se actualiza la CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII, DEL ARTÍCULO 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)". Del precepto transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros casos, en contra de las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, es decir, si contra el acto reclamado legalmente procede algún recurso o medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, y el interesado no lo agotó, el juicio de amparo resulta improcedente, por no haberse acatado el principio de definitividad. En efecto, XXXXXXXXXXXX, ordenada por el Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, decretado en el incidente de medidas precautorias, deducido del juicio oral mercantil XXXXXX, procedía previamente a la interposición del juicio de amparo, agotar el recurso de apelación que prevé la ley ordinaria, por virtud del cual pudo ser revocado o modificado en acatamiento al principio de definitividad que rige para la procedencia del juicio de garantías. En este orden de ideas, debe decirse que lo relativo a la procedencia de los recursos se encuentra regulado en los artículos 1183, 1339, 1345, fracción IV y 1345 Bis 1 del Código de Comercio, que disponen lo siguiente: "Artículo 1183. En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código. Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando ocurra un hecho superveniente". "Artículo. 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $662,957.06 XXXXXXXX, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. (.)". "Artículo. 1345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: IV. La resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio hubiere lugar a la apelación, cuya tramitación será en el efecto devolutivo." "Artículo. 1345 Bis 1. El litigante al interponer la apelación de tramitación inmediata, expresará los agravios que considere le cause la resolución recurrida, salvo en aquellos que específicamente la ley establezca un trámite diverso". De los preceptos transcritos se desprende que la resolución que recaiga a las providencias precautorias, siempre y cuando de acuerdo al interés del negocio, procede el recurso de apelación en efecto devolutivo. De ese modo, se deduce que, los autos señalados como actos reclamados que obsequian la solicitud de XXXXXXXXXX, están en aptitud de hacer valer un medio ordinario de defensa, consistente en el recurso de apelación. De tal manera, que si la parte quejosa no está conforme ??????????? juicio de amparo, tenía la posibilidad de hacer valer un medio de impugnación consistente en el recurso de apelación, en el que pudo exponer su inconformidad. Al respecto, sirve de sustento la jurisprudencia 1a./J.40/2018 emitida por la Primera Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Tomo I, agosto de 2018, página 886, cuyo rubro y texto indican: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS OTORGA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA EN EFECTO DEVOLUTIVO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas "providencias precautorias", consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV, y 1345 Bis 1 de dicho código. En ese sentido, ante la falta de regulación de otro tipo de medidas cautelares distintas a las anteriores, con base en los artículos 1054 y 1063 del código aludido, puede aplicarse supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de dictar en los juicios mercantiles las medidas de aseguramiento, para preservar una situación de hecho existente reguladas en este ordenamiento. Ahora bien, el artículo 384 de este último código prevé entre sus enunciados, que no se admitirá recurso alguno contra la resolución que decrete la medida de aseguramiento; sin embargo, esa porción normativa no cobra aplicación de manera supletoria cuando la medida se dicta en el juicio mercantil, pues si en el Código de Comercio se establece la procedencia del recurso de apelación contra las providencias precautorias que regula, ello permite sostener la existencia de un principio de impugnabilidad predicable para toda clase de medidas cautelares como especie, que pudieren dictarse en el proceso mercantil, por lo que la aplicación de la regla supletoria referida sería contraria a ese principio de recurribilidad y, por tanto, no se satisfacen plenamente los requisitos para que opere la supletoriedad de la ley, entre los cuales se contempla precisamente el relativo a que la legislación supletoria sea congruente y no contraríe los principios y bases del ordenamiento a suplir. Así, debe considerarse que contra la resolución que otorga la medida de aseguramiento en un juicio mercantil procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos del artículo 1345, fracción IV, del Código de Comercio, por lo que en observancia al principio de definitividad, ese recurso debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto.". En efecto, existe criterio definido de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dilucidar que el Código de Comercio, en sus artículos 1168 a 1193, establece un sistema completo, expreso y cerrado de medidas cautelares, que sólo comprende las denominadas "providencias precautorias", consistentes en la radicación de persona y la retención de bienes, exclusivamente bajo los supuestos fácticos y jurídicos allí establecidos, y cuya concesión puede impugnarse mediante el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345,fracción IV y 1345 Bis 1 de dicho código. De donde se sigue que si la parte quejosa no interpuso el recurso de apelación en términos de los preceptos 1183, 1339, 1345, fracción IV y 1345 Bis 1 del Código de Comercio, consintió los actos reclamados, puesto que en contra del auto que obsequia la solicitud de providencias precautorias de retención de bienes, procedía el recurso de apelación, que como medio ordinario de defensa prevé la ley mercantil, previo a la promoción del juicio de amparo. Cierto, la regla de definitividad refiere a la exigencia de hacer valer previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado; y por ello, es menester agotar el medio ordinario de defensa que prevé la ley para estimarse la resolución definitiva. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 11/2018, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, cuyo rubro y texto indican: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo.". De igual forma, por analogía, la jurisprudencia número 986, página 678 tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.- Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantía, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, robustece a lo anterior la jurisprudencia número 1577, visible en la página 2523, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que establece: "RECURSO, SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.- El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del fuero común". No pasa desapercibido para este juzgador el contenido del artículo 1390 Bis, segundo párrafo, del Código de Comercio, Contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procederá recurso ordinario alguno, en razón de que esa excepción no es aplicable al caso en estudio, en tanto que, el auto que decretó las providencias precautorias de retención de bienes, no constituye una resolución dictada en lo principal en el juicio oral mercantil XXXXX, si no en la vía incidental, pues las medidas aludidas son instrumentos que puede decretar el juzgador para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad con motivo de la tramitación de un proceso. Por lo que, las providencias, como las solicitadas en contra de la quejosa, no tienen la connotación de juicio, sino que constituyen un procedimiento tendiente a garantizar el resultado del juicio; es decir, se traducen en medidas de garantía que tienen como finalidad evitar que resulte inútil la sentencia de fondo, y a lograr que la misma tenga eficacia práctica. Además, no obstante que el procedimiento principal se trata de un juicio oral mercantil, en todo caso, el artículo 1390 Bis 8, del Código de Comercio, dispone que en todo lo no previsto en el título especial del juicio oral, regirán las reglas generales, en cuanto no se opongan a las disposiciones de dicho proceso. De ahí que, deben regir las disposiciones especiales que regulan las providencias precautorias, esto es, el artículo 1183 del Código de Comercio, en relación con el 1345, fracción IV, que prevé el recurso de apelación contra la resolución que les recaiga. Orienta lo anterior, por sus consideraciones, la jurisprudencia PC.I.C. J/80 C (10a.), con registro digital 2018339, de los Plenos de Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 60, noviembre de 2018, tomo II, décima época, página 1748, de rubro y texto: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. LA HIPÓTESIS DE IRRECURRIBILIDAD DE LAS RESOLUCIONES PRONUNCIADAS EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL, ES INAPLICABLE A LA RESOLUCIÓN QUE DENIEGA LA SOLICITUD DE AQUÉLLAS. La reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 25 de enero de 2017, así como la interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 1390 Bis, segundo párrafo y 1390 Bis 1, último párrafo, de dicho ordenamiento, conducen a considerar que la hipótesis de irrecurribilidad de las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil, prevista en el primero de dichos preceptos, no es aplicable a la determinación que deniega las providencias precautorias, solicitadas prejudicialmente. Esto es así, porque el texto del primero de dichos artículos es claro al expresar, que la prohibición de recursos comprende exclusivamente al juicio oral mercantil, y las providencias precautorias no forman parte de este juicio, sino que pertenecen a uno diferente, al que la doctrina denomina proceso cautelar, y respecto al cual, la ley autoriza su promoción antes de un proceso de conocimiento o de uno ejecutivo. Según el artículo 1390 Bis 11 del código citado, el juicio oral empieza con una demanda escrita, de manera que las resoluciones posteriores a tal escrito inicial son las que quedan comprendidas en el mandamiento de irrecurribilidad y, por consiguiente, éste no podría estar referido a determinaciones emitidas antes de que comience el juicio oral. Esta posición está confirmada en el último párrafo del artículo 1390 Bis 1 indicado, al prever que las providencias cautelares se tramitarán en términos del Capítulo XI, Título I, Libro Quinto, es decir, en conformidad con preceptos que están fuera del "Título Especial" "Del juicio oral mercantil". De ahí la afirmación en el sentido de que, al no actualizarse la hipótesis del segundo párrafo del artículo 1390 Bis mencionado, no cabe invocarlo para considerar irrecurrible, la resolución que deniega la solicitud de providencias precautorias." En atención a lo anterior, se reitera que no es óbice a el sentido de esta determinación que las providencias precautorias se sigan ante un juzgador especializado en Proceso Oral, pues tal cuestión es insuficiente para estimar que no proceda recurso ordinario alguno contra el acto reclamado, ya que como se vio no se trata de una resolución pronunciada en los autos principales del juicio oral mercantil, si no de una determinación incidental recaída dentro del incidente de providencias precautorias que promovido contra la hoy quejosa, en donde las providencias precautorias tienen una regulación especial en el Código de Comercio, en el cual se establece la procedencia del recurso de apelación contra la resolución que las decrete o niegue, siempre y cuando por la cuantía del negocio proceda ese recurso, lo que en el caso ocurre. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO Consecuentemente, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes invocada; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, LO PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA promovida por XXXXXXXXX. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos de la promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo y por tal motivo desecharse la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DEL PROMOVENTE En términos del artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio del peticionario de amparo el que indica en su demanda de amparo. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionista que señala, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, tal como se advierte de la certificación de cuenta. Asimismo, se tiene por autorizados, únicamente, para oír y recibir notificaciones, en términos de la última parte, del segundo párrafo, del artículo 12 de la Ley de Amparo, con relación al segundo párrafo del artículo 24 del ordenamiento legal invocado, a las demás personas que señala. Se le tiene señalando la cuenta de correo electrónico y número de teléfono que proporciona, para recibir comunicaciones no oficiales, en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, como lo solicita se autoriza la consulta del expediente electrónico al usuario "XXXXXX", ya que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se ordena darlo de alta en el sistema, autorizándole el acceso al expediente electrónico, en términos de lo establecido en los artículos 3° y 26 de la Ley de Amparo. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 21 de la Ley de Amparo. SE EXHORTA A LAS PARTES CONTINUAR EL TRÁMITE DEL PRESENTE JUICIO VÍA ELECTRÓNICA. Debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus covid-19, de conformidad con lo previsto en los artículo 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia Sanitaria, se exhorta a las partes a que continúe su tramitación vía electrónica, para lo cual deberán realizar el registro correspondiente en el Portal de Servicios en Línea, crear su usuario y proporcionarlo ante éste órgano jurisdiccional para acceder al expediente electrónico y notificarse por dicho medio. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita."

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