Daniel Ivan Rojas Ramos

Expediente 1286/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1286/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
11/08/2022

Partes del expediente

  • Daniel Ivan Rojas Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila, a once de agosto de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha les transcurrió a las partes el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión en contra del proveído de doce de julio del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes hayan hecho uso de ese derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila, a doce de julio de dos mil veintidós. Oficio. Se tiene por recibido el oficio signado por la autoridad responsable, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento realizado por este juzgado en proveídos de diez de mayo y veintiocho de junio del presente año, y remite la información solicitada. Sobreseimiento Fuera De Audiencia. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable mediante oficio 3042/2022-A, de fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós, se advierte, que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en el cual se establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]." De la citada disposición legal se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad al no estar surtiendo efectos. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada En ese contexto, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Orienta el criterio de la suscrita, en su parte conducente, la tesis I.9o.C.28 K, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1528, tomo XIX, Marzo de 2004, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL. SUS DIFERENCIAS. En materia administrativa la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad administrativa en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En cambio, la destrucción de los efectos en materia jurisdiccional no se da en la misma forma; es decir, para que exista cesación de efectos en materia jurisdiccional civil, no es posible pretender que el acto quede revocado de manera tal que ya no exista, porque los actos jurisdiccionales se encuentran estrechamente ligados, de manera tal que cada uno depende del otro y todos juntos son el sustento de la sentencia. De ese modo, sólo puede obtenerse la revocación o la modificación de un acto jurisdiccional a través de la interposición del recurso procedente, como por ejemplo el artículo 688 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que dispone que la interposición del recurso de apelación tiene el efecto de que el tribunal de alzada revoque, modifique o confirme el auto recurrido, y aun cuando el perjuicio causado al particular siga existiendo debido a que el superior confirme, los efectos del auto recurrido cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, que es la que resolvió el recurso y rige a la determinación." En primer lugar, es menester indicar que dicha causa de improcedencia también se actualiza en el supuesto en que se endereza el amparo contra actuaciones respecto de las cuales se dicte un nuevo acto jurídico que las sustituya en su eficacia legal, puesto que precisamente los efectos del auto recurrido cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución. Al respecto, se cita en lo conducente la tesis Aislada, aprobada por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1491, Tomo XXX, del mes de diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya voz y contenido establecen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En el caso que nos ocupa, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dar acceso a la carpeta de investigación y todos los documentos, evidencias y datos que integran la causa penal 1313/2021, así como la negativa de otorgar copias, por parte del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón; luego, en atención a dicho reclamo, la autoridad responsable al rendir su informe justificado manifestó que no era cierto el acto reclamado, toda vez que el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en autos de la causa penal de referencia, la autoridad responsable acordó del escrito de Daniel Iván Rojas Ramos, la designación de autorizados en carácter de defensor, asimismo respecto a su solicitud de copias certificadas, se proveyó que con la finalidad de evitar que se afectara la normal sustanciación, contaba con el acceso a las mismas dentro de las instalaciones el Centro de Justicia Penal, reiterando a su vez que se tenía el derecho al acceso a la carpeta administrativa con que cuenta en las instalaciones del mismo Centro. Aunado a lo anterior, del propio informe justificado, se advierte que contra el auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, Daniel Iván Rojas Ramos, interpuso recurso de revocación, mismo se resolvió el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, determinación en la cual, la responsable expuso que el proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, no es de revocarse, exponiendo la autoridad que resultaba evidente que las copias que solicitaba, son actuaciones realizadas durante la investigación o actos de investigación, mismas que se encontraban en tutela de la representación social. En tales condiciones, el auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, dentro de la causa penal número 1313/2021, mediante el cual aduce que niegan la expedición de copias certificadas, quedó procesalmente sustituido por la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Coordinador del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Torreón, misma que como se expresa en párrafos que anteceden, se determinó que el auto de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, no era de revocarse. Derivado de lo anterior, resulta inconcuso, que la determinación de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, ha quedado sin efectos jurídicos, en atención a la emisión de un diverso proveído, como lo es, el de nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Así las cosas, es evidente que opera la causal de improcedencia de cesación de efectos por sustitución procesal, pues ya no es el auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, sino el diverso dictado el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, el que rige la situación procesal condigna frente a la parte quejosa. Ante este panorama, opera la causal de improcedencia de cesación de efectos por sustitución procesal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que se procede a SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo. Es aplicable, por analogía, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 77/2012 (10a.), consultable en la página 841, Libro XIV, Tomo 1, correspondiente al mes de Noviembre de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Décima Época (registro 2002188), que establece: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: 'APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.' y 'DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).', al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva." En el entendido de que las causas de sobreseimiento contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, por el criterio que informa, la tesis XVI.I°A.T.2 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, con (registro: 2000365), de rubro: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, esto es las trece horas del quince de julio de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila, a veintiocho de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Por otra parte del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento al requerimiento formulado en auto de diez de mayo del año en curso. Requerimiento. Por tanto, requiérase nuevamente al juez responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído: 1. Remita la certificación correspondiente a la personalidad con la que se ostenta el promovente del juicio de amparo licenciado José Antonio Quintero Espino, en su carácter de defensor del imputado Daniel Iván Rojas Ramos, en la causa penal 1313/2021, a fin de estar en aptitud de acordar lo que legalmente proceda; sobre todo informe si a la fecha ostenta el cargo mencionado. 2. Informe a este juzgado el nombre y denominación del fiscal que interviene en la causa penal de origen, así como el domicilio proporcionado en autos, lo anterior, para estar en aptitud de emplazarlo a juicio. 3. Informe a este órgano jurisdiccional la etapa procesal en que se encuentra la causa penal 1313/2021. Apercibimiento. Hágasele del conocimiento a dicha autoridad que en caso de no acatar lo aquí ordenado, le subsiste el apercibimiento decretado en autos. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las trece horas del quince de julio de dos mil veintidós. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila, a treinta de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en el que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado porque a la fecha la autoridad responsable no ha dado cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado federal mediante auto de diez de mayo del año en curso. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las doce horas con cuarenta minutos del veintiocho de junio de dos mil veintidós. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.

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