Daniel Ivan Quezada Quezada
Expediente 1239/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 23 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1239/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Daniel Ivan Quezada Quezada
- Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, en su carácter de Juez de Control en Hermosillo, Sonora, cd.
- Luis Alberto Contreras Villagran
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto lo de cuenta, se advierte que en el cuaderno principal del cual deriva este incidente, causó ejecutoria la sentencia emitida en el juicio de amparo y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar definitiva. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yepiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Devolución de tomo de pruebas. Del estado de autos se advierte que se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido, por lo cual se hace innecesario conservar el tomo de pruebas, remitido por la autoridad responsable juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; en esa virtud, se ordena devolver a su lugar de origen. Cúmplase. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yepiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso (quien es el facultado para hacerlo) interpusiera revisión en contra de la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibidos documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridad responsable, quejosa, terceros interesados y fiscal federal adscrito-, la demanda de derechos, así como el informe justificado rendido por la responsable jueza Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse del informe justificado. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, El secretario da cuenta con las documentales allegadas por la autoridad responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Téngase por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1239/2021, promovido por Daniel Iván Quezada Quezada y Luis Alberto Contreras Villagrán, por su propio derecho, contra el acto atribuido a la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora; y, Resultando Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, remitida al día siguiente hábil al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sonora, por razón de turno, Daniel Iván Quezada Quezada y Luis Alberto Contreras Villagrán, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado del juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. Por auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, motivo por el cual se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio vista al representante social, quien no formuló pedimento y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, se tuvo por reconocido el carácter de terceros interesados a René Machado Mendívil, Alba Cecilia Romanos Martínez, René Machado Romanos y Jesús Salvador Moreno Romanos. Returno. Por auto de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, el citado órgano jurisdiccional declinó la competencia por turno a favor de este juzgado. Acepta returno. Mediante proveído de quince de octubre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional aceptó el returno de referencia y radicó el juicio de amparo bajo el número 1239/2021, ordenando notificar a las partes al respecto. Luego, ante la imposibilidad de localizar a los terceros interesados, previó procedimiento de investigación, se ordenó su emplazamiento por edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles; Por auto de seis de julio de dos mil veintidós, se tuvo al administrador regional del Consejo de la Judicatura Federal en Hermosillo, exhibiendo los ejemplares de los edictos publicados -en los días seis, trece y veinte de junio de dos mil veintidós - en el periódico "Excelsior"; así mismo, informó que las publicaciones ordenadas en el Diario Oficial de la Federación, fueron programadas para los días veintidós y veintinueve de junio y seis de julio de dos mil veintidós; las cuales pueden ser consultadas en la dirección electrónica http://www.dof.gob.mx; habiendo transcurrido el plazo -de treinta días- que establece el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles; sin que las partes terceras interesadas se apersonaran al presente juicio; y, Por auto de siete de septiembre de dos mil veintidós, se le tuvo por reconocido el carácter de tercero interesado al agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Homicidios, Feminicidios y Lesiones Graves Dolosas, con residencia en esta ciudad; el cual quedó emplazado a juicio mediante oficio 23807/2022, recibido el veintiuno del mismo mes y año. Finalmente, previos diferimientos, la audiencia constitucional en este juicio, se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes: Considerandos Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se promueve contra una resolución de una autoridad con residencia dentro del territorio en que este juzgado ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La resolución dictada dentro de la causa 281/2019, en la cual rechazó la solicitud de sobreseimiento que le fue planteada respecto al delito de Secuestro Expres, por el cual se les vinculó a proceso, fallo emitido dentro de la audiencia celebrada el día doce de agosto de dos mil veintiuno. III. Existencia del acto combatido Es cierto el acto atribuido a la responsable jueza Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, pues así lo reconoció expresamente al rendir su informe justificado; circunstancia que se corrobora con la copia certificada de las documentales que acompañó en complemento al mismo, consistente en las diversas actuaciones que conforman el expediente 281/2019. Documentales que merecen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con fundamento en su numeral 2°, en virtud de que fueron certificadas por una autoridad jurisdiccional, con motivo y en ejercicio de sus funciones, además de contener el folio, rúbrica y sello del juzgado de origen. IV. Causa de improcedencia actualizada. Examinada la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio constitucional por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62, de la Ley de Amparo. En el presente asunto, este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" El precepto transcrito establece la improcedencia del juicio de amparo para el supuesto en que la legislación ordinaria aplicable al acto reclamado, conceda algún recurso o medio de impugnación dentro del procedimiento, por el que se pueda modificar, revocar o anular dicho acto; asimismo, prevé diversas excepciones. Ahora, el principio de definitividad consagrado en el numeral transcrito impone al gobernado la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional, que por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa. La esencia de este principio se basa en el hecho de que el amparo es la vía de impugnación final que permite la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerse mediante el uso de instrumentos ordinarios de defensa, ello inhibe la utilización innecesaria del juicio constitucional. Esto, porque al intervenir como parte en un procedimiento jurisdiccional se adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, justamente, a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellos actos u omisiones que podrían perjudicarle. Luego, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales prevista en el numeral invocado, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea una actuación proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, previstos en los incisos a), b), c) y d), del citado numeral, los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; los que afecten la libertad personal de la quejosa emitidos dentro de procedimiento, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento; o cuando se trate de un auto de vinculación a proceso; lo que no ocurre en la especie. De manera que la quejosa tuvo la oportunidad de impugnar la resolución materia de reclamo, a través del recurso de revocación, sin que lo hubiese hecho. En efecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 456, último párrafo, reconoce únicamente dos recursos en el procedimiento penal, el de revocación (recurso horizontal) y el de apelación (recurso vertical). Recurso de revocación En cuanto a la procedencia y trámite de dicho recurso, cabe decir que en los diversos numerales 465 y 466 de la norma procesal invocada, se dispone: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." "Artículo 466. Trámite. El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: I. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o II. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta." Recurso de apelación. En relación con los supuestos de procedencia de dicho medio de defensa, el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba." Como se puede advertir, los recursos de revocación y apelación, son los medios con los que en vía ordinaria las partes del procedimiento penal pueden recurrir las resoluciones judiciales, precisándose de manera clara la procedencia de cada uno de ellos en los preceptos legales de referencia. Ahora, en el caso en particular se reclama de la Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, la negativa de decretar el sobreseimiento parcial solicitado en la causa penal 281/2019 emitida en audiencia de doce de agosto de dos mil veintiuno, resolución contra la cual existe un medio ordinario de defensa, como es el recurso de revocación en términos del artículo 466, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto pues vale considerar que conforme a los supuestos de procedencia previstos en el ya citado artículo 467 de la legislación nacional del procedimiento penal, no se indica como resolución apelable, con lo cual, conforme a las propias reglas previstas en los supracitados artículo 465 y 466 de la norma legal de referencia, dicho acto se instituye como de mero trámite -ya que no se trata de una resolución que decida el fondo del asunto- y, por ende, en su contra debió interponerse el recurso de revocación en la propia audiencia en la que se emitió, para el efecto de que el mismo órgano jurisdiccional que la dictó procediera a su examen a la luz de los agravios vertidos y en el mismo acto se emitiera el fallo respectivo, lo que no ocurrió. En consecuencia, al no estar contenida la negativa de decretar el sobreseimiento en la causa, dentro del catálogo de resoluciones apelables que prevé el referido artículo 467, el recurso de apelación es inadmisible contra ésta y en consecuencia, los imputados -aquí quejosos-, debieron haber promovido el diverso de revocación en la misma audiencia de doce de agosto de dos mil veintiuno. Por ello, en cumplimiento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, se concluye que si una ley procesal preve un medio ordinario de impugnación, es obligación de la parte demandante del amparo interponerlo antes de promover el juicio constitucional, pues a través del medio de defensa que la ley concede, se puede modificar, revocar o nulificar la determinación de la cual se duele; lo que en el caso no ocurrió, pues, como se dijo, era necesario que la quejosa interpusiera el recurso de revocación en contra de la determinación reclamada, en términos del artículo 466, fracción I, de la codificación en consulta, previo a promover el juicio de protección de derechos fundamentales. V. Decisión En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, procede sobreseer en el presente juicio de derechos en términos del numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por Daniel Iván Quezada Quezada y Luis Alberto Contreras Villagrán, contra el acto precisado en el apartado II, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV de este fallo. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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