Daniel Iván Pérez Márquez

Expediente 785/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
785/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
30/11/2020

Partes del expediente

  • Daniel Iván Pérez Márquez
  • Junta Especial Décimo Octava de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Guadalajara, Jalisco.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se destaca que por auto de veintinueve de octubre del año en curso, se ordenó notificar a la parte quejosa dicha determinación, a fin de que cumplimentara el requerimiento que se le efectuó en torno a la imposibilidad que manifestó para pagar los edictos ordenados en este juicio. Sin embargo, del estudio de las actuaciones de este juicio de amparo, no se advierte que se haya realizado tal circunstancia. Instrucción al actuario judicial adscrito. Por tanto, se comisiona de nueva cuenta al actuario judicial de la adscripción, a fin de que en caso de que no lo haya realizado, practique la notificación del citado proveído a la parte impetrante de amparo, para su conocimiento y efectos legales conducentes, o si dejó el citatorio respectivo, elabore las constancias de notificación y las suba al expediente electrónico de este amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Asimismo, con fundamento en el numeral 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para realizar la diligencia que nos ocupa. Diferimiento de la audiencia constitucional. En consecuencia de lo precisado, para no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, se determina diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON CINCUENTA Y SIETE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo. Notifíquese; y, cúmplase.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 785/2020, promovido por ****, por conducto de su apoderado ****, contra los actos que atribuye a la Junta Especial Décimo Octava de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Guadalajara, Jalisco; RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado de manera electrónica el cuatro de septiembre de dos mil veinte, ***, por conducto de su apoderado ***, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que indicó en su demanda. Acto que estimó violatorio del artículo 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Radicación. La demanda se turnó a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, la que mediante acuerdo de siete de septiembre de dos mil veinte, se radicó; se registró con el número de juicio de amparo 785/2020 y se admitió a trámite; se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público Federal de su adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Tramitado el juicio, en su oportunidad se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y acuerdo 41/2018 emitido por dicho Pleno, en virtud de que se reclama un acto atribuido a un tribunal laboral con residencia en el territorio en el cual este Juzgado Federal ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda se advierte que lo es: A la Junta Especial Décimo Octava de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Guadalajara, Jalisco; > La omisión de elaborar el proyecto de laudo en los autos del conflicto laboral 1157/2013. TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Junta Especial Décimo Octava de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Guadalajara, Jalisco, al rendir su informe con justificación, reconoció la existencia del acto que se le atribuye. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 1995, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Conceptos de Violación. Al no invocar las partes alguna causa de improcedencia, ni de oficio, se advierte su configuración, procede estudiar los conceptos de violación, cuya falta de transcripción no transgrede las normas legales que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que dice: del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio del acto reclamado. Los conceptos de violación hechos valer, son ineficaces. Primeramente, es preciso imponerse del contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por si misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. --- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. --- Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones". (Nota: El subrayado forma parte de esta sentencia). Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) El derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos del estado competentes, previamente establecidos, para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión y, en su caso, la ejecución de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes aplicables al caso; es decir, que las resoluciones, ya sean autos o sentencias, se deben pronunciar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales. d) La última parte del artículo en comento consagra la gratuidad en el desempeño de la actividad jurisdiccional; esto significa que las autoridades que realizan dicha función no deben percibir remuneración o percepción económica alguna, diversa a la que la ley les señala, estableciéndose así la prohibición constitucional de las costas judiciales, lo que persigue la finalidad de conseguir la imparcialidad de los tribunales y juntas. En suma, cabe decir que dicho precepto tutela la garantía individual de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que las juntas deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas y de procedimiento que regulan su actuar, es decir, deben acatar los lineamientos que establezca el procedimiento respectivo; por tanto, cuando la autoridad no actúe así, es decir, que no respete los términos establecidos dentro del procedimiento del que emana tal acto, estará actuando contra lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. Ahora bien, para estar en posibilidad de verificar si la autoridad responsable ha retardado el desarrollo normal y oportuno del juicio natural, es necesario, según se obtiene del artículo constitucional que se examina, acudir al ordenamiento legal que norma su actuación pública, a fin de constatar si se ha ajustado a éste o no. A su vez, la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 685, 686, 771 y 885 a 890, señala lo siguiente: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominante oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. (.).". "Artículo 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales, se substanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley. (.)." "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario." "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener: I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma. II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. (.)." "Artículo 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. --- Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. --- La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas.". "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas.". "Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo, se llevará a cabo en sesión de la Junta, de conformidad con las normas siguientes: --- I. Se dará lectura al proyecto de resolución, a los alegatos y observaciones formuladas por las partes; --- II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y --- III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado.". "Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. --- Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta.". "Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes.". Del análisis integral y armónico de los preceptos antes transcritos, se advierte en primer término, que el proceso laboral se rige por los principios de economía, concentración y sencillez, es decir, debe ser dinámico, para lo cual, el propio Código Obrero establece la obligación de la autoridad laboral, de substanciar el procedimiento dentro de los términos que en él se señalan para llevar a cabo los distintos actos procesales; por lo cual, los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares, deben cuidar bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo. Asimismo, en ese mismo ámbito de prontitud en la substanciación procesal, dichos preceptos también establecen que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y hecho lo anterior, dentro de los diez días siguientes se formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, del cual se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta y, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber recibido la copia del proyecto los integrantes de la Junta podrán solicitar que se practique las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad, las cuales se desahogarán en un término de ocho días; transcurrido el plazo concedido a los integrantes de la Junta o en su caso, desahogadas las diligencias que se hubiesen ordenado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de ésta para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes, si el proyecto de resolución es aprobado, sin modificaciones, se elevará a la categoría de laudo; si a éste se le hacen modificaciones se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo de acuerdo con lo aprobado, una vez engrosado éste se recabarán las firmas de los integrantes de la Junta que lo votaron, turnándose al actuario para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. Por tanto, para que la Junta responsable proceda a dictar el laudo definitivo en el juicio laboral número 1157/2013, es presupuesto indispensable, que al momento de la presentación de la demanda (cuatro de septiembre de dos mil veinte), se haya decretado el cierre de instrucción del procedimiento laboral, es decir, certificar que no quedan más pruebas por desahogar, incidentes o recursos promovidos y que en su caso hubiesen transcurrido los plazos establecidos en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, lo que en el caso no ha sucedido. Luego, del informe justificado rendido por la responsable, se desprende que en el juicio laboral de origen por auto de dos de octubre de dos mil veinte, la junta responsable señaló que el juicio aún se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas, y una vez que no queden pruebas pendientes por desahogar se procederá al cierre de instrucción y se ordenará se turnen los autos al dictaminador; de ahí que se corrobore que en el juicio natural a la fecha de presentación de la demanda de amparo (cuatro de septiembre de dos mil veinte), aún no trascurría el término con el que contaba la autoridad responsable para dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 1157/2013, como hace alusión la parte quejosa. Entonces, la omisión de la responsable de dictar el laudo definitivo dentro del juicio de origen, no es violatoria de garantías en sí misma, por lo que es necesario que la impetrante acredite su inconstitucionalidad, esto es, que realmente el juicio laboral en el que alega no se ha dictado el laudo, esté en tal estado procesal, es decir, se hubiere decretado el cierre de la instrucción y esté pendiente el dictado de la resolución correspondiente, habiendo ya transcurrido los plazos que la ley establece para dictar el laudo, situación, se reitera, que en la especie no aconteció, ya que aún quedan pruebas pendientes por desahogarse; por tanto, la parte quejosa no demostró en esta instancia constitucional, que la Junta incurrió en demora al omitir dictar el laudo definitivo en el juicio laboral 1157/2013 y, por ende, que se conculque en su perjuicio la garantía prevista en el artículo 17 Constitucional. En efecto, la omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo definitivo en el juicio laboral 1157/2013, está justificada desde el momento en que se acredita que el expediente de referencia no se encuentra en estado procesal que refiere la quejosa. la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo.". Consecuentemente, al resultar ineficaces los conceptos de violación antes estudiados y sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor de la parte quejosa, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara, ni protege a Carlos Regalado Álvarez, contra los actos de la Décimo Octava Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, por las razones y motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que en sesión ordinaria de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción del Juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, a este juzgado de Distrito, con efectos a partir del dieciséis de octubre siguiente. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes la adscripción del titular de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. En el entendido de que la notificación correspondiente se realizará a las partes por medio de lista de acuerdos. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de tema: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." II. Estado de autos. Del análisis del sumario, se advierte que los efectos para los que se concedió el amparo y protección constitucional a la parte quejosa, son los siguientes; "a) Se desincorpore de la esfera jurídica del impetrante la obligación de cumplir los requisitos establecidos en la fracción III, del artículo 57, de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, para acceder a la pensión solicitada. b) Se deje sin efectos el acto de aplicación de la misma, consistente en el oficio DGP/1778/2019, de uno de agosto de dos mil diecinueve y emita uno nuevo acatando los lineamientos del presente fallo." III. Se requiere autoridad por cumplimiento. Asimismo, visto el estado de los autos se advierte que mediante proveído de veintisiete de agosto del año en curso, se requirió a las autoridades responsables para que en el plazo de tres días, remitieran copia certificada de las constancias con las que acrediten el cumplimiento al fallo protector, sin que la fecha obre constancia de la notificación respectiva. En consecuencia, se ordena la expedición del oficio relativo al citado acuerdo de veintisiete de agosto pasado, o bien, en caso de que este ya haya sido entregado, se comisiona al actuario de la adscripción para que entregue la constancia respectiva y la integre al expediente electrónico como corresponda. Con independencia de lo anterior, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de este juzgador federal que las sentencias amparadores se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia certificada, completa y legible de las constancias con las que acredite el cumplimiento al fallo protector; o bien, informe las gestiones que se encuentra realizando para tal fin, a efecto de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo. IV. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. V. Manifestaciones. Téngase por recibido el escrito de ***, en su carácter de autorizado en amplios términos de la parte quejosa (carácter reconocido en auto de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve), mediante el cual hace manifestaciones en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, al respecto, deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, trece de octubre de dos mil veinte. I. Cambio de titular. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en sesión ordinaria de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción del Juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, a este juzgado de Distrito, con efectos a partir del dieciséis de octubre siguiente. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes la adscripción del titular de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. II. Regularizar procedimiento. Con el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de fecha treinta y uno de agosto de dos mil veinte se hace efectivo JOSE ADRIAN FAUSTO MEDINA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.f9 22/10/20 10:00:11 2 un apercibimiento contra María de los Ángeles Mendoza y se ordena notificarle dicho proveído y los subsecuentes, aún los de carácter personal por lista que se fijara en los estrados de este Juzgado de Distrito; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2º, de este último ordenamiento, se regulariza el procedimiento y se deja sin efectos dicha determinación, toda vez que mediante proveído de veintiocho de febrero se dejó de tener como tercera interesada a María de los Ángeles Mendoza. III. Se ordena notificar. Vistas las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que no obra constancia de notificación personal a la parte quejosa de proveído de once de marzo y treinta y uno de agosto de dos mil veinte; en consecuencia, túrnense nuevamente los presentes autos al Actuario Judicial a fin de que realice dicha diligencia, toda vez que es necesaria dicha notificación a efecto de integrar debidamente el recurso de queja interpuesto en el presente juicio de amparo y posteriormente remitirlo al Tribunal Colegiado correspondiente. IV. Se requiere al actuario. Por otra parte, toda vez que en el expediente electrónico se advierte que la notificación realizada de manera electrónica el uno de septiembre de dos mil veinte, a la autoridad responsable Titular de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar del Sistema DIF de Guadalajara, no cuenta con información de notificación JOSE ADRIAN FAUSTO MEDINA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.f9 22/10/20 10:00:11 JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1685/2019-C2 3 ??????????????? de entrega por parte del servidor de destino; requiérase al Actuario Judicial adscrito a este órgano, para que levante cuenta y se tenga por notificada a la autoridad responsable. V. Diferimiento. En tales condiciones, con la finalidad de permitir que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo. Notifíquese y Cúmplase. Así lo proveyó y firma Lorena Guadalupe Frías Oviedo, Secretaria en funciones de Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, autorizada en sesión de once de febrero de dos mil veinte, comunicada mediante oficio CCJ/ST/601/2020, asistida de José Adrián Fausto Medina Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. JAFM/celeste JOSE ADRIAN FAUSTO MEDINA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7a.f9 22/10/20 10:00:11 EVIDENCIA

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 10,314 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano