Daniel Iván Martínez Aguilar

Expediente 1427/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 31 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1427/2018
Año
2018
Actuaciones
31
Última actuación
15/07/2019

Partes del expediente

  • Daniel Iván Martínez Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    "...Agréguese el oficio del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consistentes en los autos del juicio de amparo 1427/2018-IV-A, copia certificada de la resolución dictada en el amparo en revisión 118/2019, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por el quejoso. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a...contra el acto y las autoridades responsables precisados en esta ejecutoria..." En consecuencia, agréguense las actuaciones relevantes del cuaderno de antecedentes, acúsese el recibo de estilo correspondiente, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones III, párrafo segundo y, IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración el presente expediente ya que se modificó, sobreseyó, negó el amparo y carece de relevancia documental, y depuración el original del incidente, ya que se concedió la medida cautelar, por ende, glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente..."

  2. Principal

    "...Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que las partes se encuentran debidamente notificadas de la resolución impugnada y del recurso de revisión interpuesto. En consecuencia, como se encuentra ordenado en autos, con el original y copia del escrito de agravios, remítase el presente juicio de amparo y sus anexos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso citado, solicítese el acuse de recibo correspondiente. Asimismo, intégrese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo, en el que deberá constar copia certificada de por lo menos papeleta, demanda, auto admisorio, constancias de notificación del citado auto admisorio, audiencia constitucional, sentencia, constancias de notificación de ésta, escrito de agravios, auto por el que se tiene por interpuesto el recurso de revisión, constancias de notificación de este y autógrafa del presente auto, para los efectos legales correspondientes..."

  3. Principal

    "...Agréguese a los autos el escrito del autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone revisión contra la sentencia dictada en este juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto ese recurso, ordenándose distribuir copia de los agravios entre las partes. Se instruye al secretario para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que se encuentre debidamente integrado el expediente (glosadas las constancias de notificación a las partes de la resolución impugnada, distribuida la copia de los agravios entre las partes y notificación del presente proveído), dé cuenta al juez para acordar la remisión del expediente al tribunal correspondiente. Notifíquese...".

  4. Principal

    "...PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, turnado en su momento a este juzgado ... solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Conforme al artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal se admitió a trámite la demanda, se tuvo por inexistente al Inspector de la dirección General de Seguridad Pública y Tránsito de Tlalnepantla de Baz, Estado de México y se celebró la audiencia constitucional que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 1°, fracción I, 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, este juzgado considera que la parte quejosa reclama: 1. Del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda Investigadora Zona Sur de la Unidad de Investigación y Litigación Sin Detenido en la Ciudad de México. a) La orden de citación y/o comparecencia y/o presentación y/o detención. b) La emisión del citatorio de doce de septiembre de dos mil dieciocho, a nombre del quejoso en la carpeta de investigación FED/CDMX/SZS/0006566/2018. 2. Del Titular de la Policía Federal Ministerial. c) Su ejecución. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, lo anterior por así desprenderse de las constancias que conforman el juicio natural, se advierte que la parte quejosa manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el catorce de septiembre de dos mil dieciocho (foja 3 del juicio de amparo) por lo que conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición del amparo transcurrió del diecisiete de septiembre al cinco de octubre de dos mil dieciocho, con descuento de los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de septiembre del citado año, por haber sido inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; consecuentemente, si la demanda de amparo se presentó el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, es claro que el juicio en que se actúa fue promovido oportunamente. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. El Titular de la Policía Federal Ministerial (foja 25 del juicio de amparo), al rendir su informe justificado negó el acto reclamado indicado en el inciso a). Por otra parte, el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda Investigadora Zona Sur de la unidad e Investigación y Litigación sin Detenido en la Ciudad de México (foja 45 del juicio de amparo), al rendir su informe justificado negó el acto reclamado indicado en el inciso a), con excepción de la orden de citación; sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa, no obstante que le correspondía la carga de hacerlo. Por tanto, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio respecto a los mencionados actos y las referidas autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". QUINTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se le atribuye al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda Investigadora Zona Sur de la unidad e Investigación y Litigación sin Detenido en la Ciudad de México (foja 45 del juicio de amparo) consistente en la emisión del citatorio de doce de septiembre de dos mil dieciocho, en la carpeta de investigación FED/CDMX/SZS/0006566/2018, y su ejecución. Certeza que se corrobora con las copias certificadas de algunas constancias de la carpeta de investigación FED/CDMX/SZS/0006566/2018, documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. SEXTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62, de la Ley de Amparo. Al respecto, esta juzgadora advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que por esta vía se combate consistente en la emisión del citatorio de doce de septiembre de dos mil dieciocho, a nombre del quejoso en la carpeta de investigación FED/CDMX/SZS/0006566/2018, no puede surtir efectos materialmente al haber dejado de existir el objeto del mismo. En efecto, el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" De dicho precepto se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del mismo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que, siendo el juicio de amparo un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han establecido diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Así, de las causas de improcedencia del juicio de amparo que contempla el artículo 61, de la Ley de Amparo, se encuentra la prevista en la fracción XXII, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de derechos fundamentales. Ahora bien, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable ordenadora la emisión del citatorio de doce de septiembre de dos mil dieciocho, en el cual estableció lo siguiente: "Procuraduría General de la República. Cédula de Investigación: AGENCIA SEGUNDA INVESTIGADORA ZONA SUR Carpeta de Investigación: ... Oficio No: SZS-AII-904/2018 Asunto: CITAORIO XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, a 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018. C. ... DOMICILIO: Paseo de los árboles, número 41, Edificio C, departamento 3, Fraccionamiento Valle del Tenayo, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. P R E S E N T E.- Por medio del presente y con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 1, 2, 90, 91, 127, 131 fracción XXIV, 215, 251 (Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del juez de control. No requieren autorización del Juez de control los siguientes actos de investigación. X. La entrevista de testigos. Para los efectos de la fracción X de este artículo, cuando un testigo se niegue a ser entrevistado, será citado por el Ministerio Público o en su caso por el Juez de control en los términos que prevé el presente Código) todos del Código Nacional de Procedimientos Penales; me permito solicitar a usted, se presente ante esta Agencia Segunda Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación Sin Detenido de la Zona Sur de la Delegación en la Ciudad de México, ubicada en Circuito Martínez Castro S/N, Colonia San Marcos Xalpa, C. P. 16800, Delegación Xochimilco, planta baja en donde se encuentran los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur; EL DÍA VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, A LAS 11:00 HORAS, con la finalidad de que le sea tomada su: 1.- Entrevista en calidad de TESTIGO, respecto de los hechos que denuncia el C. Juan Pablo Aguilar Noble. DEBIENDO PRESENTARSE CON IDENTIFICACIÓN VIGENTE CON FOTOGRAFÍA. NO OMITO MENCIONARLE QUE EN CASO DE NO DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO MENCIONADO, ESTA AUTORIDAD FEDERAL LE IMPONDRÁ UNA MULTA CONSISTENTE EN $1,509.80 (MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS, 80/100 M. N.) EQUIVALENTES A VEINTE UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, EN EL ENTENDIDO DE QUE CADA UNIDAD DE TIENE UN VALOR DE $75.49 (SETENTA Y CINCO PESOS 49/100 m. n.); CUYO VALOR SE ENCUENTRA DETERMINADO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO Y DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 104, FRACCIÓN I, INCISO B), DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Lo anterior para la debida integración de la Carpeta de Investigación número FED/CDMX/SZS/0006566/2018. Sin otro particular hago patente mi distinguida consideración, dejando el número de la oficina 53-46-00-00 ext. 507400 para cualquier información y correo electrónico Ernesto.guevara@pgr.gob.mx. A T E N T A M E N T E "SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN" AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA AGENCIA SEGUNDA INVESTIGADORA ZONA SUR ESTADO DE CIUDAD DE MÉXICO. LIC. ERNESTO GUEVARA HERNÁNDEZ" (foja 232 del juicio de amparo). De lo anterior se advierte que el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda Investigadora Zona Sur en la Ciudad de México, ordenó la entrega del citatorio al quejoso ..., para que compareciera en las instalaciones de la referida representación social en la fecha y hora señaladas para ello -once horas del veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho-, a efecto de intervenir en una diligencia en su calidad de testigo, firmó la misiva el mencionado funcionario e hizo del conocimiento del destinatario que en caso de incumplimiento se le aplicaría como medida de apremio una multa consistente en la cantidad de $1,509.80 (un mil quinientos nueve pesos 80/100 M.N.), establecida en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese orden de ideas, no es posible analizar la legalidad del acto reclamado, ya que aun cuando formalmente existe el acto que dio origen al juicio de amparo, es decir, la emisión del citatorio de doce de septiembre de dos mil dieciocho, en la carpeta de investigación FED/CDMX/SZS/0006566/2018, por medio del cual el agente responsable citó al aquí quejoso a una diligencia en su calidad de testigo para el día veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho a las once horas; es decir, dicha fecha ya caducó; de ahí que el objeto de tal citatorio, ha desaparecido del mundo jurídico, en virtud de que, como ya quedó reseñado con anterioridad, el citatorio fue emitido para que se presentara a las once horas del veintiuno de septiembre pasado, a fin de tomarle su entrevista en calidad de testigo. Entonces, si el acto reclamado deriva precisamente de esa hora y fecha para el desahogo de la citada diligencia, ya no habría manera de concretizar los efectos de una sentencia concesoria de amparo; máxime que la autoridad responsable mediante oficio registrado con el número 4918 (foja 249), manifestó que hasta esta fecha no ha enviado otro oficio al aquí quejoso en su calidad de testigo y tampoco se ha tomado su entrevista. Es decir, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en este caso, la falta de observancia de la fecha señalada para la diligencia (veintiuno de septiembre pasado); de ahí que debe concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico protector tendría la respectiva sentencia concesoria, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se modificó sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación. Por ende, el acto que aquí reclama el quejoso ..., ya no puede surtir efecto legal o material alguno, al haber dejado de existir su objeto, en virtud de la modificación del entorno en que dicho acto se emitió. Ello, ya que si el citatorio fue emitido el doce de septiembre de dos mil dieciocho a fin de que el aquí quejoso acudiera a una diligencia en calidad de testigo para las once horas del veintiuno de septiembre del año próximo pasado, es incuestionable que su objeto y materia quedaron sin efecto jurídicamente pues, de otra manera, si se resolviera el fondo del juicio de garantías y se concediera la protección constitucional a favor de ésta, ello resultaría estéril, en virtud de que ya no existen motivos para dejar sin efectos una diligencia que ya caducó. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página: 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley. En virtud del sobreseimiento decretado, no es posible entrar al examen de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa en relación con los actos reclamados, ni atribuir valor a los medios de prueba rendidos en el juicio, en razón de que dichos aspectos corresponden al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer en el presente juicio de garantías, como en la especie aconteció. Lo anterior se encuentra contemplado en la jurisprudencia 1027, visible en la página 707, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado." Así también, la tesis de jurisprudencia 515, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 338, tomo VI, parte SCJN, materia(s): común, séptima época, Apéndice de 1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PRUEBAS RELACIONADAS CON EL FONDO DEL NEGOCIO. NO PROCEDE ENTRAR A SU ESTUDIO. De estimarse que procede el sobreseimiento del juicio de amparo, no existe motivo legal para examinar y valorar las pruebas tendientes a demostrar los hechos a que se refieren los conceptos de violación expresados en la demanda, lo que únicamente hubiera sido necesario en el caso de entrarse al estudio del fondo del negocio." SÉPTIMO. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena y octava época, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Por lo antes expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ..., contra los actos y autoridades indicados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos precisados en los considerandos cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese.

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