Daniel Isaías González Ramírez
Expediente 432/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 432/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 29/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Daniel Isaías González Ramírez
- Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
- Daniel Isaías González Ramírez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia de cinco de octubre de dos mil veintiuno, dictada por este Juzgado, en el presente juicio de garantías, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81 fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicha sentencia que negó el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los noventa días siguientes, previo acuerdo de desincorporación se deberá depurar este expediente y posteriormente remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que, atendiendo que se concedió la protección constitucional, se ordena previo acuerdo de desincorporación la depuración del presente asunto, dentro de los plazos establecidos en el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es depurable. Por otra parte, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada Incidente de Suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. NOTIFÍQUESE, Y HÁGASE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Como esta ordenado en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno original de suspensión, y acorde a lo dispuesto en los artículos 12, 14, y 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años; y en atención a que se encuentra una suspensión concedida, se declara que el mismo es depurable. Por lo que, concluido el plazo de conservación, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de éste expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es depurable. Notifíquese.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Como esta ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno duplicado de suspensión, y acorde a lo dispuesto en los artículos 12, 14, y 20 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el presente expediente es destruible; por lo que, archívese como asunto totalmente concluido por el término de seis meses, concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el segundo párrafo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Cúmplase. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto para resolver el Juicio de Amparo 432/2021-I-B promovido por Daniel Isaías González Ramírez, por conducto del Defensor Público Federal, licenciado César Aguirre Olivar, contra actos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades; y, R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito presentado el dos de junio de dos mil veintiuno, vía electrónica mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y turnado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, esa misma data a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa de referencia, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos contra las autoridades responsables indicadas en el capítulo respectivo de la demanda, a quienes esencialmente reclamó: -De las autoridades, Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión), Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación: La expedición, sanción, promulgación, refrendo, firma, publicación y ejecución del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación. Del Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en esta ciudad: La emisión de la resolución de siete de marzo de dos mil veintiuno, en la que se determina imponer la media cautelar de prisión preventiva oficiosa en razón de la entrada en vigor del decreto que se reclama, así como la afectación del aumento de la pena impuesta al delito por el cual se está investigando. Segundo. Mediante proveído de tres de junio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo y se registró con el número 432/2021-I se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó emplazar a parte tercero interesada y dar la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, quien no formuló alegatos ministeriales; finalmente, se citó a las partes a la audiencia constitucional que hoy se celebra, por lo que C o n s i d e r a n d o: Primero. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General 3/2013 modificado por el 08/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados se hacen consistir en la inconstitucionalidad de una norma penal, cuyo acto de aplicación se realizó en esta ciudad, donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511.) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: Congreso - La expedición y sanción del Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (específicamente los artículos 83, fracción II, y 92). Presidente - La promulgación y publicación Secretaria de Gobernación - El refrendo del propio decreto Diario Oficial de la Federación - La publicación relativa. Juez - El auto de vinculación a proceso de siete de marzo de dos mil veintiuno, en el que se aplicó lo previsto en el aludido decreto. Luego, al no advertirse algún otro acto atacado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Tercero. La existencia de los actos quedó demostrada en el juicio que nos ocupa. En efecto, resultan ciertos los actos atacados de las autoridades responsables en este juicio, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación, Director del Diario Oficial de la Federación, con sede en la Ciudad de México, así como respecto del Juez de Distrito, en su calidad de Juez de Control, pues al rendir sus informes justificados reconocieron su existencia, lo cual, desde luego, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener por demostrados los actos de que se trata, en los términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Incluso, debe tenerse en cuenta que no está sujeta a prueba la existencia de las normas generales, como las reclamadas en este juicio, justamente, no sólo por su naturaleza y obligatoriedad, sino también porque, por virtud de su publicación, constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la propia Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por lo cual este resolutor no está en condiciones de desconocerlas. Sobre ese particular, cabe invocar la tesis de jurisprudencia trescientos setenta, sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, visible en la página cuatro mil sesenta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 2. Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que dicen así: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia de los actos reclamados que nos ocupan, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. Cuarto. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice así: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." A criterio del suscrito, en este caso no se advierte una causal de improcedencia, por lo cual, lo procedente ahora es ocuparse de las causales invocadas por las partes. El titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, ya que han cesado en su totalidad los efectos de la omisión absoluta que reclama. Ello, porque aun cuando en el artículo segundo transitorio del diverso Decreto "por el que se declara reformado el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa"; publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve, se fijó un plazo de noventa días contados a partir de su publicación, para que el legislador realizara las adecuaciones normativas en comento, éste último emitió esas adecuaciones hasta el día seiscientos setenta. Empero -aduce-, que si el "Constituyente Permanente" (sic) ya emitió las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19, a través del "DECRETO por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales,· se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación"; publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, con independencia de que esto ocurriera el día seiscientos setenta. Ello, acorde con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XCIX/2018 (10a.), con registro digital 2018277, publicada en la página 1186 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de rubro: "OMISIONES LEGISLATIVAS ABSOLUTAS. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS, CUANDO DURANTE SU TRAMITACIÓN LA AUTORIDAD LEGISLATIVA EMITE LA NORMATIVIDAD QUE SE ENCONTRABA OBLIGADA CONSTITUCIONALMENTE A EXPEDIR". (Transcribe texto) Sin embargo, al margen de que no es el acto que en concreto se reclama a dicha autoridad responsable, esto es, no se reclama la omisión para emitir el respectivo pronunciamiento legislativo, cabe precisar que la causal de improcedencia que propone resulta infundada, dado que si bien, el titular del Poder Ejecutivo intervino en una de las etapas del procedimiento legislativo federal, al promulgar y ordenar la publicación del Decreto reclamado, su estudio no debe analizarse de forma aislada, sino de forma sucesiva y en conjunto con las diversas etapas que conforman el procedimiento legislativo. Por lo que al estar interrelacionados entre sí, la totalidad de sus etapas habrán de ser analizados en el estudio de fondo que se realice de los mismos, con base en la información recabada en el presente juicio; y no solamente la omisión o tardanza en que pudiera haber incurrido el Congreso en la emisión del Decreto por el que, entre otros, se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (específicamente los artículos 83 fracción II, y 92, con motivo del primer acto de aplicación); publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de febrero de veintiuno. No habiendo diversa causal de improcedencia que las partes hayan hecho valer, o que de oficio se advierta, se procede al análisis de fondo del asunto. Quinto. Son infundados los conceptos de violación invocados por la parte quejosa, sin que este tribunal advierta deficiencia a suplir de oficio o que alguna de las normas aplicadas en el caso resulte, prima facie, violatoria de sus derechos fundamentales. Al respecto, la parte inconforme aduce que con el acto reclamado se violentan en su perjuicio sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones que precisó en su escrito de demanda. Es importante hacer notar que el estudio de los conceptos de violación se efectuará de forma conjunta, en términos de lo establecido en el numeral 76 de la ley de la materia. De acuerdo con la técnica que rige en el amparo contra leyes, se analizará la constitucionalidad del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por el que se reforma y adiciona el artículo 167 (específicamente su párrafo tercero) del Código Nacional de Procedimientos Penales; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (específicamente los artículos 83, fracción II, y 92); que fue reclamado con motivo del primer acto de aplicación en la audiencia inicial de trece de mayo de dos mil veintiuno, donde se vinculó a proceso la parte quejosa y se le impuso como medida cautelar, la prisión preventiva oficiosa. También, cabe precisar que en el presente asunto no se reclama por vicios propios, el acto de aplicación señalado, sino que, como también se puede advertir de sus conceptos de violación, la parte quejosa se limita a exponer, respecto de dicho acto de aplicación, que: ".En razón de los argumentos citados, que con el fin de no repetir pedimos se tengan por transcritos, volvemos a insistir en la ausencia de justificación interna en el proceso legislativo, en el decreto de fecha 19 de febrero de 2021, que modifica la penalidad del delito aquí relacionado; la existencia de una reforma al artículo 19 Constitucional, en fecha doce de abril de dos mil diecinueve, nos permite reforzar los argumentos de que los artículos aplicados del decreto violentan la Carta Magna, en los numerales 1°, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, y 133, esto al corromper el espíritu de la reforma penal del año 2008, en la implementación del sistema penal acusatorio, que además de hacerlo, no tuvo un proceso legislativo legítimo, manejando un sigilo legislativo, que no encuentra sustento en un Estado Democrático. La reforma del doce de abril de dos mil diecinueve, cuenta con su debido proceso legislativo registrado, y público, se habla únicamente de delitos de prisión preventiva oficiosa, es clara al exponer la necesidad de las normas secundarias, exigiendo un análisis y su propio proceso legislativo, máxime a los casi dos años de diferencia. La violación al principio de proporcionalidad de la ley y penas, así como el de lesividad, previsto en el artículo 14 de la Carta Magna es evidente, nada se habló de subir las penas, y de qué ahí también podría suprimirse el proceso legislativo. Así como la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, el día trece de mayo de 2021, por parte del JUEZ DE Distrito ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON RESIDENCIA EN CIUDAD JUÁREZ EN SU CALIDAD DE JUEZ DE CONTROL, por estar investigando por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de ejército, armada y fuerza aérea nacional. Se pide la declaración de inconstitucionalidad, y en consecuencia la inaplicación de los ordenamientos violatorios de derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna, bajo un control concentrado de constitucionalidad." Es decir, la parte quejosa no combate el acto de aplicación por vicios propios, puesto que no le atribuye carencia de formalidades, o cualquier otro vicio de legalidad en sí mismo, que lo hubiera dejado en estado de indefensión; por consiguiente, si la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación impiden examinar al uno prescindiendo del otro, la negativa del amparo que en su caso se determine, debe hacerse extensivo respecto del acto de aplicación, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. A lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 191311, publicada en la página 235 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia Constitucional, Novena Época, de rubro y texto: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 221, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 389674, publicada en la página 210 del Apéndice de 1995, Materia Constitucional, Tomo I, Parte SCJN, que es del rubro y texto siguientes: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." En ese tenor, el juez de control, al considerar reunidos los requisitos del artículo 19 constitucional, en relación con el diverso numeral 136 del Código Nacional de Procedimientos Penales, emitió el auto de vinculación a proceso en contra de la parte quejosa e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a que aluden los numerales 167, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La anterior determinación constituye el acto de aplicación respecto del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de febrero de veintiuno, en el que se reformó y adicionó el artículo 167 (párrafo tercero) del Código Nacional de Procedimientos Penales; y se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (específicamente los artículos 83 fracción II, y 92); y que la parte quejosa reclama al Juez de Control responsable como autoridad ejecutora, en vía de consecuencia. Ahora, como se anunció, los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa devienen infundados, lo que da lugar a negar la protección constitucional solicitada, por los motivos que a continuación se exponen. En primer término conviene precisar que en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, se establece: "Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: I. Al Presidente de la República; II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas." "Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones: A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente. C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta,, (sic DOF 05-02-1917) y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ley o decreto, serán nominales. D. Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo período de sesiones. E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes. F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación. G. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año. H. La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados. I. Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la Comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara. ." De los preceptos constitucionales transcritos, se puede desprender que el procedimiento legislativo federal es un conjunto de actos concatenados cronológicamente, para la formación de leyes. Las etapas características del procedimiento legislativo, que deben seguirse para elaborar y poner en vigor las normas son: a) Iniciativa. Acorde con el artículo 3, fracción IX, del Reglamento de la Cámara de Diputados: "Es el acto jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo"; es decir, el acto en razón del cual se presenta o propone un proyecto de ley o decreto, por parte de un órgano o cualquier sujeto facultado para ello, con lo que se pone en marcha el mecanismo para la formación de las leyes en nuestro sistema constitucional. A partir de la Reforma Político-Electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil doce, se incorporó la participación de los ciudadanos en la presentación de iniciativas de ley, ante el Poder Legislativo Federal, a través de la iniciativa ciudadana (fracción IV del artículo 71 de la Constitución Federal), regulado en el Capítulo Primero "De la Iniciativa Ciudadana", de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 130 a 133). Para dar inicio al procedimiento legislativo, como un fenómeno político generado por demandas socialmente determinables y resuelto por decisiones jurídicamente denominadas "leyes" o "decretos", es necesario que esas demandas hayan provocado un principio de solución, es decir, que se hayan formalizado en una iniciativa que reúna las condiciones y características legales o constitucionales. En ese sentido, el diverso numeral 164 del Reglamento del Senado de la República, establece: ".1. El ejercicio del derecho de iniciativa da principio al procedimiento legislativo. Consiste en la presentación de un proyecto de ley o decreto por parte de alguno o algunos de los sujetos facultados para ello por la Constitución. .]" Al respecto, cabe señalar que el Decreto publicado el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, que por esta vía se combate, se integra con doce iniciativas, las cuales fueron publicadas en su oportunidad, como se indica a continuación: 1. Gaceta No. LXIV/1PPO-15/83705 https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83705 Propone establecer en el Código Nacional de Procedimientos Penales que en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y en la Ley General en Materia de Delitos Electorales se señalarán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa. 2. Gaceta No. LXIV/1PPO-30/84631 https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/84631 La iniciativa propone que dentro de las causas de procedencia de las medidas cautelares se considere en aquellos delitos, donde se utilicen objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego o explosivos funcionales o no y que sirvan para amagar o intimidar a la víctima. 3. Gaceta No. LXIV/1PPO-35/85035 https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85035 Propone que los delitos cometidos en contra de las vías generales de comunicación sean parte del catálogo de delitos graves, por medio del aumento de las penas, de manera que los sujetos que lleven a cabo conductas que actualizan el tipo penal, no sean susceptibles de salir bajo fianza. 4. Gaceta No. LXIV/1PPO-39/85364 https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/85364 Propone derogar las fracciones I y III del artículo 160, así como la fracción V del artículo 162 del Código Penal Federal, que se refieren a la portación de armas. En la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se considera necesario incorporar de manera explícita el decomiso, en atención a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se pretende que la portación de armas, debe ser considerada dentro de las hipótesis punibles previstas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, sin importar el calibre, dado que resultan igual de letales las pistolas de calibre 22 milímetros o las de uso exclusivo del Ejército. Finalmente, la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, es para establecer que todo aquel que sea detenido por el delito de portación ilegal de armas de fuego, sin importar su calibre, sea sujeto de prisión preventiva oficiosa y en consecuencia siga su proceso en detención. 5. Gaceta No. LXIV/1PPO-68/87894 https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/87894 Propone que se imponga la pena de cinco a quince años de prisión y el equivalente de tres mil a seis mil días multa al que realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos de la especie totoaba macdonaldi, una especie de pez también conocida como corvina blanca o cabicucho. 6. Gaceta No. LXIV/1PPR-73/88706 https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/88706 Propone establecer el delito de robo al autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, como delito que amerite prisión preventiva oficiosa. 7. Gaceta No. LXIV/1SPO-104/91479 https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/91479 Sinopsis. Debido al incremento del delito de robo al autotransporte de carga y sus afectaciones a este sector y a sus usuarios por el incremento propone, se considere delito que amerita prisión preventiva oficiosa dicho robo. Propone la adición de la fracción XII al artículo 167 del Código Nacional: El robo a los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado previstos en los artículos 376 Ter del Código Penal Federal, y sus agravantes previstas en el artículo 377 y en el artículo 381 del mismo ordenamiento legal. 8. Gaceta No. LXIV/1SR-5/95841 https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/95841 Propone incorporar los siguientes delitos como causa de procedencia de prisión preventiva oficiosa: violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos de uso exclusivo del Ejército. 9. Gaceta No. LXIV/1SR-13/96306 https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/96306 Congresos de los Estados Oficio del Congreso del estado de Baja California Sur, con el que remite proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforma el tercer párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN. Dictámenes a Discusión y Votación De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, el que DA POR CONCLUIDO el proceso legislativo de DIEZ iniciativas que reformaban diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de Publicación: Martes 10 de diciembre de 2019. 10. Gaceta No. LXIV/1SR-21/97252 https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/97252 Propone que la prisión preventiva oficiosa solo podrá ordenarse en los casos de uso de programas sociales con fines electorales que se encuentren previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se impondrán de trescientos a seiscientos días multa y prisión de a tres a ocho años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas de naturaleza social, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular. También, se impondrán de quinientos a mil días multa y prisión de cuatro a nueve años, al servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas de naturaleza social con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse, posicionar ante el electorado a distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente candidato, partido político o coalición. Por último el Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, abuso o violencia sexual contra menores, secuestro, trata de personas, robos de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materias de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 11. Gaceta No. LXIV/1SR-31/98329 https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/98329 Propone establecer la prisión preventiva oficiosa en los casos en que se cometan delitos de abuso o violencia sexual contra menores, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. 12. Gaceta No. LXIV/2PPO-41/100150 https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/100150 Propone establecer que de imponerse por el juez la medida de prisión preventiva oficiosa, ésta no podrá exceder de noventa días naturales, debiendo el juez sustituirla por otra medida cautelar de las descritas en el artículo 155 del presente Código. También propone que el Ministerio Público pueda solicitar la continuación dela prisión preventiva, cuando presente elementos que acrediten que no es posible garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima o los testigos. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad." De entre las respectivas iniciativas, destaca la exposición de motivos que, entre otras consideraciones, se advierte lo siguiente: ".Es el caso que el Nuevo Sistema Penal, se desprende que la Constitución Federal permite restringir el derecho de libertad del gobernado, al disponer la prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar para asegurar que todo procesado por delito o delitos expresamente citados en las leyes por su gravedad, enfrente el proceso que se le sigue, para conservar la materia de la litis, y/o para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de dicho proceso. Así, la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar de carácter personal, la cual tiene como principal finalidad: a) Asegurar la presencia del imputado en el juicio y en los demás actos que se requiera su presencia. b) Garantizar la seguridad de la víctima, ofendido, testigos de los hechos y de la comunidad en general; y, c) Evitar la obstaculización del procedimiento o el desarrollo de la investigación. En ese orden de ideas, debe decirse que en el ámbito internacional, en sentido amplio, se ha dicho que la justificación para la prisión preventiva está, entre otras cosas, en el peligro de fuga, en el entorpecimiento del proceso y en evitar la reiteración delictiva. En nuestro país, dicha justificación se encuentra en la preservación del desarrollo adecuado del proceso, en el aseguramiento de la ejecución de la pena y en evitar daños a las víctimas y a la sociedad. De tal suerte que, la libertad de una persona, a título de prisión preventiva oficiosa, puede restringirse cuando se le investigue o procese por un delito considerado como grave, como debe ser la portación ilegal de armas de fuego, dado que por su naturaleza existe peligro de sustracción del inculpado a la acción de la justicia, peligro de obstaculización del desarrollo del proceso y/o riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la sociedad. Es el caso que el delito que de portación ilegal de armas de fuego constituye un grave riesgo para la sociedad la cual está continuamente expuesta a la comisión de este delito el cual se deriva en otros que atentan contra su propiedad, libertad, integridad física y sin duda alguna su propia vida. La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, en su informe 2/97, ha considerado las causas por las cuales se puede ordenar una prisión preventiva siendo estas las siguientes: La sospecha de que el acusado cometió un delito. El peligro de fuga. En cuanto a ese tópico, ponderó la gravedad del delito y la eventual severidad de la pena. Expuso que dichos factores deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse y eludir la acción de la justicia. Riesgo de comisión de nuevos delitos. Al evaluar el peligro de reincidencia o comisión de nuevos delitos, en relación con el detenido, reiteró que debía tenerse en cuenta la gravedad del delito. Necesidad de investigar y posibilidad de colusión. Plasmó que la complejidad de un caso podía justificar la prisión preventiva; especialmente cuando se trata de un asunto que requiere de interrogatorios difíciles de llevar a cabo, y donde el acusado intervenga para impedir, demorar o conspirar con otros que estuvieran siendo investigados en el curso normal del proceso judicial. Riesgo de presión sobre los testigos. El riesgo legítimo de que los testigos u otros sospechosos sean amenazados constituye un fundamento válido para dictar la medida precautoria de la prisión preventiva al inicio de la investigación. Preservación del orden público. En circunstancias excepcionales, la gravedad especial de un crimen y la reacción del público ante el mismo pueden justificar la prisión preventiva por un cierto periodo. La liberación del acusado puede ocasionar disturbios del orden público; pero para que constituya una justificación legítima, dicha amenaza debe seguir siendo efectiva mientras dure la medida de restricción de la libertad del procesado. Debida diligencia en la sustanciación del procedimiento. De estas conclusiones, es claro que la portación ilegal de armas de fuego genera a la sociedad un grave riesgo de lesión y rompe con la preservación del orden público lo que es suficiente para que se considere este tipo de delitos como de los que merecen prisión preventiva oficiosa. La propuesta cumple a cabalidad los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad: -Necesidad. Los altos indicies de delitos cometidos con arma de fuego, hacen necesario que se instrumente, desde todos los ámbitos, estrategias de despistolización o desarme de la población. En México, a partir del aumento de los delitos del fuero común, las armas de fuego han sido utilizadas en más de la mitad de los homicidios en la última década. -Proporcionalidad. Para la imposición de la prisión preventiva, es de esencial importancia tener en cuenta el criterio de proporcionalidad, lo que quiere decir que debe analizarse si el objetivo que se persigue con la aplicación de esta medida restrictiva del derecho a la libertad personal, realmente compensa los sacrificios que la misma comporta para los titulares del derecho y la sociedad, lo cual ocurre dado que como se ha comentado en México se viven situaciones graves de inseguridad en las cuales se involucran el uso de armas y que estas son el instrumento que atemorizan a la población con su mera exposición pública, por lo cual, al ser el medio de comisión de otros delitos, es proporcional que se detenga de manera cautelar, a quienes constantemente atentan contra la paz y la seguridad de la sociedad. - Razonabilidad. En cuanto al criterio de razonabilidad, la Corte Interamericana ha establecido que el artículo 7, numeral 5, de la Convención Americana 'impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a las facultades del Estado para asegurar los fines del proceso mediante esta medida cautelar'. Es el caso, que la presente iniciativa está contemplando la reforma a la legislación especializada, para aumentar las penas, en cuanto a las diversas hipótesis de portación ilegal de armas de fuego, por lo cual la prisión oficiosa resultaría una medida proporcional a la posible sanción en caso de resultar culpables. .." Luego, las iniciativas se turnan a las Comisiones correspondientes, para efectos del dictamen (artículo 176 del Reglamento del Senado); a ese respecto, en el numeral 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. En el caso, del Dictamen de la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, que se consultó el cuatro de octubre de dos mil veintiuno en la página https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/110573, se advierte lo siguiente: ". A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fueron turnadas para estudio y elaboración del Dictamen correspondiente, doce iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como reformas, adiciones y en su caso derogaciones, a diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Vías Generales de Comunicación, el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Ley General de Salud. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 89, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 113, 114, 117, 135 fracciones I y ll; 136, 150, 178, 182, 183, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, quienes integramos estas Comisiones Dictaminadoras sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, de conformidad con la siguiente: (.) En ese contexto, el cumplimiento al mandato contenido en el artículo Segundo Transitorio del Decreto de fecha 12 de abril de 2019, conlleva la realización de reformas legales en las que se establezcan específicamente cada una de las conductas delictivas que deben ser incorporadas al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a las leyes secundarias especiales que contemplan los delitos antes referidos, objeto de la medida de prisión preventiva oficiosa. Lo anterior, como se expuso en el Apartado de Antecedentes; coincide y derivó en la presentación desde septiembre de 2018 al mes de agosto de 2019, de diversas iniciativas relacionadas con la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, mismas que, al ser turnadas a Comisiones diversas, motivó que la Comisión Coordinadora solicitara en términos del artículo 181 del Reglamento del Senado de la República, la rectificación procedente en atención a su correspondencia más idónea. Este proceso de rectificación concluyó el día 6 de marzo del año en curso, dando inicio al estudio, análisis y acopio de información correspondiente, concluyendo el proyecto de Dictamen para deliberación ante Comisiones Unidas, que se postergó en virtud de suspenderse las actividades en el Senado de la República, con motivo de la emergencia sanitaria que vive el país. Es en ese tenor que las Comisiones Unidas emiten el Dictamen de mérito, a fin de analizar las propuestas contenidas en doce iniciativas presentadas ante esta Cámara de Senadores, las cuales fueron relacionadas en el correspondiente capítulo de Antecedentes y detallado su contenido en el apartado respectivo. Una vez asentado lo anterior, es preciso señalar que estas Comisiones Unidas coinciden en lo general con las iniciativas, al considerar que es de toral importancia dar cumplimiento al mandato constitucional respecto de la obligación del Congreso de la Unión para efectuar las modificaciones normativas necesarias a fin de incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos legales que se involucran, las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Federal y, de esta manera, dar certeza jurídica a los destinatarios de la norma superior para que, tanto los juzgadores como la autoridad persecutora de los delitos y los propios justiciables, conozcan de manera puntual e indubitable el alcance de la reforma constitucional aludida en la legislación secundaria. SEGUNDA.- Como se sostuvo en el proceso de dictaminación de la reforma al artículo 19 de la Constitución Federal, la prisión preventiva constituye una medida cautelar que, si bien es la más severa de las relacionadas en el artículo 155 del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, no es una medida punitiva, pues su finalidad se centra en la preservación del proceso judicial así como la seguridad de las víctimas y la sociedad, siempre de manera cautelar y no como parte de la pena. La medida de prisión preventiva ordenada por el juzgador tampoco se considera una medida arbitraria, toda vez que su dictado tiene que darse necesariamente con base en el auto de vinculación a proceso, cuando ya el Ministerio Público ha aportado los elementos de convicción indispensables para acreditar la probable responsabilidad de la persona imputada. Por lo que hace a la prisión preventiva de oficio, ésta debe aplicarse en aras de la preservación del proceso judicial, considerando aquellas conductas que la ley señala como delitos que afectan bienes jurídicos sensibles de las personas y de la sociedad y que, por ello, el Estado no puede ser indolente en establecer en la legislación medidas más rigurosas para sancionarlas en virtud de la afectación que producen en bienes de gran valor y estima para la sociedad. (.) Como lo ha expresado la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, 'el principio de proporcionalidad implica, además, una relación racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción'. [Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Barreta Leiva Vs. Venezuela, sentencia de 17 de noviembre de 2009 (Fondo, Reparaciones y Costas), pág. 122]." b) Discusión. Antes de que un dictamen de comisión sea votado en el seno del Pleno para su aprobación o rechazo, tiene que ser estudiado y analizado por los legisladores a través del debate a fin de que puedan formarse una opinión para emitir su voto. En el presente caso, al consultar en la dirección de Internet https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/110573, que corresponde a la Gaceta LXIV/2SPE-1/110573, del día miércoles veintinueve de julio de dos mil veinte, del Senado de la República, se advirtió lo siguiente: "[.] Dictámenes de Primera Lectura 1. De las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como reformas, adiciones y en su caso derogaciones a diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación. QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA. LA ASAMBLEA AUTORIZÓ EN VOTACIÓN ECONÓMICA LA DISPENSA DE LA SEGUNDA LECTURA DEL DICTAMEN Y SE PUSO A DISCUSIÓN. PARA PRESENTAR EL DICTAMEN INTERVINO: SEN. ANA LILIA RIVERA RIVERA A NOMBRE DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. POSICIONAMIENTOS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS: SEN. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, PRD. SEN. MIGUEL ÁNGEL LUCERO OLIVAS, PT. SEN. JUAN ZEPEDA, MC. SEN. CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA, PRI. SEN. INDIRA DE JESÚS ROSALES SAN ROMÁN, PAN. SEN. CRISTÓBAL ARIAS SOLÍS, MORENA. PARA PRESENTAR MOCIÓN SUSPENSIVA INTERVINO: SEN. EMILIO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA. EN VOTACIÓN ECONÓMICA FUE DESECHADA LA MOCIÓN. EN LA DISCUSIÓN EN LO GENERAL INTERVINIERON: SEN. DAMIÁN ZEPEDA VIDALES, PAN. SEN. SALOMÓN JARA CRUZ, MORENA. SEN. CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS, PRI. SEN. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ, MORENA. SEN. BERTHA XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ, PAN. SEN. VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS, PAN. SEN. MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN, PAN. SEN. JESÚS LUCÍA TRASVIÑA WALDENRATH. MORENA. SEN. VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA, MC. SEN. JULIO RAMÓN MENCHACA SALAZAR, MORENA. FUE APROBADO EN VOTACIÓN NOMINAL EN LO GENERAL Y DE LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS. PARA PRESENTAR RESERVAS INTERVINIERON: SEN. CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA, PRI. PARA PRESENTAR PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. LA CUAL NO FUE ADMITIDA. SEN. DAMIÁN ZEPEDA VIDALES, PAN. PARA PRESENTAR PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, AL ARTÍCULO 14 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, A LOS ARTÍCULOS 81, 83 TER, 83 QUAT, 83 QUINTUS Y 92 DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO, AL ARTÍCULO 480 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, Y AL ARTÍCULO 533 DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN. LA CUAL NO FUE ADMITIDA. SEN. INDIRA DE JESÚS ROSALES SAN ROMÁN, PAN. PARA PRESENTAR PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, A LOS ARTÍCULOS 6, 7 BIS Y 11 BIS DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, A LOS ARTÍCULOS 160 Y 162 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, Y PROPONE LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO. LA CUAL NO FUE ADMITIDA. SEN. ANTARES GUADALUPE VÁZQUEZ ALATORRE, MORENA. PARA PRESENTAR PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 160 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, Y AL ARTÍCULO 533 DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN. LA CUAL NO FUE ADMITIDA. SEN. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO, PAN. PARA PRESENTAR PROPUESTA DE ADICIÓN A LAS FRACCIONES I, II, III Y IV AL ARTÍCULO 29 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS. LA CUAL NO FUE ADMITIDA. SEN. BLANCA ESTELA PIÑA GUDIÑO, MORENA. PARA PRESENTAR PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 533 DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN. LA CUAL NO FUE ADMITIDA. SEN. NADIA NAVARRO ACEVEDO, PAN. PARA PRESENTAR PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, A LOS ARTÍCULOS 6 Y 7 BIS DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES. LA CUAL SOLICITO LA INSERCIÓN AL DIARIO DE LOS DEBATES. SEN. SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ, PRI. PARA PRESENTAR PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PARA ELIMINAR EL PÁRRAFO TERCERO DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 420 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. LA CUAL NO FUE ADMITIDA. SEN. NOÉ FERNANDO CASTAÑÓN RAMÍREZ, MC. PARA PRESENTAR PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 420 DEL CÓDIGO PENAL. LA CUAL NO FUE ADMITIDA. MIENTRAS QUE LA PROPUESTA DE ADICIÓN A UN TRANSITORIO SEXTO AL DECRETO. FUE RETIRADA. SEN. BERTHA XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ, PAN. PARA PRESENTAR PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. LA CUAL NO FUE ADMITIDA. SEN. CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS, PRI. PARA PRESENTAR PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO. LA CUAL NO FUE ADMITIDA. SEN. CITLALLI HERNÁNDEZ MORA, MORENA. PARA PRESENTAR PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 160 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, Y AL ARTÍCULO 533 DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN. LA CUAL NO FUE ADMITIDA. FUERON APROBADOS EN VOTACIÓN ECONÓMICA EN TÉRMINOS DEL DICTAMEN EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES: LOS ARTÍCULOS 6, 7 BIS Y 11 BIS DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES; LOS ARTÍCULOS 14 Y 29 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS; EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS; LOS ARTÍCULOS 81, 83 TER, 83 QUAT, 83 QUINTUS Y 92 DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS; LOS ARTÍCULOS 160, 162 Y 420 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; EL ARTÍCULO 480 DE LA LEY GENERAL DE SALUD: EL ARTÍCULO 533 DE LA LEY DE VÍAS GENERAL DE COMUNICACIÓN; Y EL ARTÍCULO TRANSITORIO PRIMERO AL PROYECTO DE DECRETO. FUE APROBADO EN VOTACIÓN NOMINAL EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR EN LOS TÉRMINOS DEL DICTAMEN SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL." Luego, la minuta se remitió a la Cámara de Diputados en su carácter de revisora, que a su vez la turnó a la Comisión de Justicia para la emisión del respectivo dictamen, en el que, en lo conducente, se concluyó: "[.] De lo expuesto con anterioridad, se concluye que existen diversos retos en los procesos concatenados con la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; particularmente, en cuanto a la garantía del principio de excepcionalidad. Por esta razón, esta Comisión considera acertada la determinación de la colegisladora en cuanto al ejercicio de tal principio en sede legislativa y así, desde el planteamiento normativo, determinar la imposición de tal medida para un menor universo de casos posibles. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y para efectos del Apartado A del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia, estimamos procedente aprobar en sus términos la Minuta de mérito, por lo que sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente: [.]." De lo que se puede advertir que se emitieron los dictámenes en ambas Cámaras del Congreso, que fueron discutidos para emitir el voto que llevó a aprobar el Decreto de referencia, objeto de reclamo por la parte quejosa. c) Sanción. La etapa de sanción se refiere a la fase en que el proyecto de ley aprobado por el Congreso, se transfiere al Poder Ejecutivo para que su titular ejerza, si así lo considera, su derecho de veto sobre el proyecto en cuestión. Como se dispone en el artículo 72, apartado B, de la Carta Magna, se reputará aprobado si no se hacen observaciones y es devuelto dentro del plazo que ahí se establece; pero, para el caso de que sea devuelto con observaciones, a la Cámara de origen, deberá ser discutido de nuevo y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará de nuevo a la Cámara revisora, en donde, si fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación. Sin embargo, en el caso particular, no se advierte que se hubiere suscitado el procedimiento a que se refieren los apartados B y C, del artículo 72 de la Constitución Federal; es decir, no existió el ejercicio del derecho de veto por parte del Presidente de la República, por lo que tampoco fue devuelto a la Cámara de origen con observaciones; sino que, una vez aprobado por ambas Cámaras, del Congreso, se remitió al Titular del Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales y legales consiguientes. d) Promulgación y publicación. Al recibir el Presidente de la República el Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación; sin hacer valer su derecho de veto, procedió a su promulgación y ordenó la publicación en el Diario Oficial de la Federación, según se advirtió de la propia publicación, de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. En este punto, cabe señalar que en relación con el refrendo, firma y publicación, relativos al Decreto promulgatorio que emitió el Presidente de la República con motivo del diverso Decreto expedido por el Congreso, que es el que por esta vía se combate, el artículo 92 de la Carta Magna, establece: "Artículo 92. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar firmados por el Secretario de Estado a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos." Por tanto, como una cuestión que deriva del procedimiento legislativo federal, necesario por disposición constitucional para que las normas generales expedidas por el Congreso tengan el carácter de obligatorias, es que se considera que el refrendo o firma en el Decreto promulgatorio del Ejecutivo Federal, por parte de la Secretaria de Gobernación, corresponde a la finalidad que se persigue con el proceso legislativo, esto es, que una ley sea aprobada por el órgano legislativo y que el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos ordene su promulgación y publicación oficial, a fin de dar cumplimiento con lo preceptuado en el invocado artículo 92 constitucional. Por lo que de igual forma, la publicación del aludido Decreto, realizada por el Director del Diario Oficial de la Federación, es acorde con lo preceptuado en los artículos, 72, inciso A), de la Constitución Federal; 27, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2° y 3° de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales; así como en los diversos 12, fracción XXVII y 14, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. e) Iniciación de la vigencia. Aquí se marca el momento a partir del cual la ley o decreto comienza a ser de observancia obligatoria para todos sus destinatarios; mismo que puede iniciar a partir de su publicación o a partir de la fecha que la propia ley lo indique, generalmente en sus artículos transitorios. Lo que en el caso acontece en el artículo Primero transitorio del Decreto de la reforma que se analiza, en el que se establece: "Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación..." Por lo que, si la publicación se realizó el diecinueve de febrero del presente año, su vigencia comenzó al día siguiente, veinte del mes y año referidos. La información anterior, entre otra, también se encuentra publicada en la página oficial de la Cámara de Senadores, https://www.senado.gob.mx/64/diario_de_los_debates/documento/3022, y en la Cámara de Diputados, http://cronica.diputados.gob.mx/; la cual se consultó el cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Lo que es acorde con las disposiciones contenidas en los artículos 72 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y 70 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información; y conforme los criterios previstos en el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. De lo que se puede advertir que el procedimiento legislativo federal siguió sus fases de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales en que se fundamentó, para concluir con la publicación del Decreto en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por el que, entre otros, se reformó y adicionó el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales (específicamente el párrafo tercero); y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (específicamente los artículos 83, fracción II, y 92). Por lo que dicho Decreto fue el resultado de un proceso legislativo que reúne los requisitos de los artículos 71 y 72, en vinculación con el diverso numeral 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, no es violatorio de los derechos fundamentales de que se duele el solicitante del amparo. Ahora, como quedó establecido previamente, el referido Decreto, en la parte conducente se concretó en su aplicación, el trece de mayo de dos mil veintiuno, al emitir su resolución el Juez de Control (señalado como autoridad responsable ejecutora), dentro de la causa penal 367/2021, en la que determinó vincular a proceso la parte quejosa, por los hechos que la ley señala como portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, previsto y sancionado por el articulo 83 fracción II en relación con el artículo 11 inciso b) de la Ley Federal de armas de fuego y explosivos. Así como al imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 167, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 92 de la ley castrense antes invocada. Al respecto, también se itera, el impetrante del amparo, al concretar su motivo de inconformidad, refirió: "(.) Se pide la declaración de inconstitucionalidad, y en consecuencia la inaplicación de los ordenamientos violatorios de derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna, bajo un control concentrado de constitucionalidad. (.)" De ahí que la parte quejosa dirige sus motivos de queja a que se declare inconstitucional el proceso legislativo federal que dio origen al Decreto impugnado, y que en consecuencia, no sean aplicados los ordenamientos en los que se fundó el Juez de Control para emitir el auto de vinculación a proceso e imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, en el caso ha quedado evidenciado que el proceso legislativo federal del que derivó el Decreto que por esta vía se combate, reúne los requisitos constitucionales que se contemplan en los artículos 71 a 73 de la Carta Magna. De ahí que resulten infundados los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, en el sentido de que es inconstitucional el procedimiento legislativo federal que dio origen al aludido Decreto impugnado. Ahora la parte quejosa manifiesta que aun cuando el artículo Segundo transitorio, del decreto que reformó el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, fijó un plazo de noventa días contados a partir de su publicación, para que el legislador realizara las adecuaciones normativas relativas, este último emitió las reformas, modificaciones, adiciones y derogaciones, de preceptos en diversos ordenamientos legales, hasta el día seiscientos setenta. Al respecto, se insiste en señalar que una de las funciones esenciales en que se desarrolla la actividad del Estado es la legislativa, entre otras, generando normas generales, que permitan la convivencia armónica de los gobernados, la realización y optimización de las políticas públicas del Estado, además de garantizar la vigencia y protección de los derechos fundamentales de las personas. Por lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es concebida como un referente sobre el cual deben actuar los órganos del Estado, constituyendo en sí misma un límite de actuación de la autoridad; ello adquiere especial significado, cuando el efecto es dotar de contenido y eficacia o, en caso, restringir un derecho fundamental (artículos 1° y 14 de la Carta Magna). Lo cual debe contemplar una serie de postulados que representan aspiraciones programáticas, pero también posiciones y status de los titulares de esos derechos, deviniendo ineludible y necesario el desarrollo de tareas por el legislador ordinario con el propósito de regular o hacer efectivos los derechos y garantías, como los supuestos en que podrán ser restringidos, de acuerdo con la Constitución Federal, dentro de un sistema de posiciones jurídicas que incluye derechos, libertades y competencias. En ese sentido, es factible que se actualicen deficiencias en el proceso legislativo que produzcan una falla en el cumplimiento del mandato constitucional, ya sea derivado de descuido, olvido, insuficiencia o excesiva carga de trabajo en la creación de la norma o legislación sobre determinados rubros. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.4o.A.21 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 2005199, publicada en la página 1200 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Décima Época, que dice: "OMISIÓN LEGISLATIVA. SU CONCEPTO. Una de las funciones primordiales en que se desarrolla la actividad del Estado es la legislativa, generando normas que permitan la convivencia armónica de los gobernados, la realización y optimización de las políticas públicas del Estado, además de garantizar la vigencia y protección de los derechos fundamentales de las personas. En este contexto, la Norma Fundamental se concibe como un eje y marco de referencia sobre el cual debe desenvolverse el órgano estatal, constituyendo en sí misma un límite y un paradigma de actuación de la autoridad, cuando sea conminada para ello por el Constituyente. Estos mandatos de acciones positivas adquieren especial significado, sobre todo cuando el efecto es dotar de contenido y eficacia a un derecho fundamental, el cual contempla una serie de postulados que representan aspiraciones programáticas, pero también de posiciones y status de los titulares de esos derechos, deviniendo ineludible y necesario el desarrollo de tareas por el legislador ordinario con el propósito de hacer efectivos los derechos previstos en la Ley Fundamental como un sistema de posiciones jurídicas que incluye derechos, libertades y competencias. Por tanto, pueden darse deficiencias dentro del proceso legislativo que producen una falla en el mandato constitucional, ya sea derivado de descuido, olvido o insuficiencia en la creación de la norma o legislación sobre determinados rubros. En este sentido, la omisión legislativa puede definirse como la falta de desarrollo por parte del Poder Legislativo, durante un tiempo excesivo, de aquéllas normas de obligatorio y concreto desarrollo, de forma que impide la eficaz aplicación y efectividad del texto constitucional, esto es, incumple con el desarrollo de determinadas cláusulas constitucionales, a fin de tornarlas operativas, y esto sucede cuando el silencio del legislador altera el contenido normativo, o provoca situaciones contrarias a la Constitución." De lo anteriormente expuesto, se puede advertir que la parte quejosa se duele de la "omisión" en que incurrió el Poder Legislativo Federal, al no legislar dentro del plazo de noventa días siguientes a la reforma del artículo 19 de la Constitución Federal (doce de abril de dos mil diecinueve). Tal motivo de inconformidad deviene infundado, toda vez que aun cuando el Decreto reclamado en el presente juicio, se emitió en cumplimiento a lo ordenado en el artículo Segundo transitorio de la reforma constitucional antes referida, hasta el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno; lo cierto es que, en principio, sí se dio cumplimiento a la disposición constitucional, al realizar las adecuaciones en los diversos ordenamientos en que se vería afectado el derecho a la libertad personal, mediante la prisión preventiva oficiosa, para quienes incurrieran en las conductas delictivas señaladas en el párrafo segundo del artículo 19 de la Carta Magna. Por lo que, no existe, a la fecha (ni al momento de la presentación de la demanda), la "omisión" del órgano legislativo, respecto del mandato contenido en el artículo Segundo transitorio de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el doce de abril de dos mil diecinueve, por la que se modificó el párrafo segundo del artículo 19 de la Carta Magna. Ahora, el hecho de que las adecuaciones a los diversos ordenamientos se hubieran realizado hasta los seiscientos setenta días posteriores al mandato constitucional, no es indicativo de que el proceso legislativo relativo, se encuentre viciado de tal forma que implique su invalidez. Esto es, no constituye una violación sustancial al procedimiento de creación de leyes previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, porque si las fases de dicho procedimiento se cumplen, tal circunstancia no trasciende al resultado final, consistente en la emisión de una ley por parte del Congreso, así como su promulgación y publicación formales, porque dentro del procedimiento legislativo federal existen algunas fases esenciales, como son las de que la ley emane de la actuación sucesiva y conjunta de las Cámaras, que en el seno de cada una se discuta y vote el contenido de un proyecto de ley, que una vez aprobado éste se promulgue mediante un decreto y que las leyes aprobadas por el Congreso se comuniquen al Titular del Ejecutivo Federal con la firma de los presidentes y secretarios de cada Cámara. Lo que además, se justifica con lo razonado por las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores, al señalar en su dictamen, lo siguiente: ". Lo anterior, como se expuso en el Apartado de Antecedentes; coincide y derivó en la presentación desde septiembre de 2018 al mes de agosto de 2019, de diversas iniciativas relacionadas con la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, mismas que, al ser turnadas a Comisiones diversas, motivó que la Comisión Coordinadora solicitara en términos del artículo 181 del Reglamento del Senado de la República, la rectificación procedente en atención a su correspondencia más idónea. Este proceso de rectificación concluyó el día 6 de marzo del año en curso, dando inicio al estudio, análisis y acopio de información correspondiente, concluyendo el proyecto de Dictamen para deliberación ante Comisiones Unidas, que se postergó en virtud de suspenderse las actividades en el Senado de la República, con motivo de la emergencia sanitaria que vive el país. .." Toda vez que al tratarse de doce iniciativas que fueron presentadas de septiembre de dos mil dieciocho, hasta el mes de agosto de dos mil diecinueve, que se turnaron a diversas comisiones y posteriormente hubo necesidad de rectificar y turnarse a las Comisiones Unidas que finalmente emitieron su dictamen; aunado a la suspensión de actividades en el Senado de la República con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19, que derivó en su categorización de pandemia por la Organización Mundial de la Salud; lo que evidentemente retrasó el procedimiento legislativo, sin que ello ponga en relieve alguna violación sustancial al procedimiento legislativo, menos que se trate de un acto inconstitucional. Entonces, si se recibieron las iniciativas que fueron turnadas a Comisiones en donde se emitió el dictamen respectivo, que se discutió sucesivamente en las Cámaras del Congreso, fue votada y se aprobó el Decreto que de ahí derivó, el cual fue comunicado al Presidente de la República y éste ordenó su promulgación y publicación; por tanto, el proceso legislativo es válido por estar apegado a la normatividad constitucional y legal, en el que se cumple con el fin último buscado con el proceso legislativo, esto es, que una ley sea aprobada por el órgano legislativo y que el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos ordene su promulgación y publicación oficial; sólo entonces existe la ley. Por lo que al haberse seguido el procedimiento constitucional, para el caso de que se hubiera incurrido en alguna violación formal, la misma no trasciende a la invalidez de la norma. A lo anteriormente considerado, sirve de apoyo, por las razones que informa, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CLXIII/2004, con registro digital 179415, publicada en la página 433 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXI, Enero de 2005, Materias(s): Administrativa, Novena Época, que dice: "VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO ES INTRASCENDENTE LA QUE NO RESPETA EL DÍA QUE INDICA COMO DE ENTRADA EN VIGOR, POR RETRASO EN LA PUBLICACIÓN. Aun cuando es verdad que las últimas reformas al Código Fiscal de la Federación se publicaron el cinco de enero de dos mil cuatro cuando el decreto legislativo refería que entrarían en vigor el primero de enero del citado año, ello no causó indefensión puesto que ninguna disposición legal puede tener vigencia antes de su publicación. De esta suerte, en casos como el presente, en nada trasciende que no se haya respetado el día indicado como de entrada en vigor por retraso en la referida fase del proceso legislativo, como tampoco es relevante el número de días que transcurran entre aquella fecha y en la que materialmente se realizó la publicación de la ley, puesto que para el gobernado la norma existe sólo hasta que se publique legalmente." De igual forma, tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 94/2001, con registro digital 188907, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Acción de inconstitucionalidad 25/2001, publicada en la página 438 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, Materia Constitucional, Novena Época, que es de rubro y texto: "VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. Dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de carácter formal que trascienden de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que provoquen su invalidez o inconstitucionalidad y violaciones de la misma naturaleza que no trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan su validez. Lo primero sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin el quórum necesario o sin el número de votos requeridos por la ley, en cuyo caso la violación formal trascendería de modo fundamental, provocando su invalidez. En cambio cuando, por ejemplo, las comisiones no siguieron el trámite para el estudio de las iniciativas, no se hayan remitido los debates que la hubieran provocado, o la iniciativa no fue dictaminada por la comisión a la que le correspondía su estudio, sino por otra, ello carece de relevancia jurídica si se cumple con el fin último buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del órgano legislativo y publicada oficialmente. En este supuesto los vicios cometidos no trascienden de modo fundamental a la norma con la que culminó el procedimiento legislativo, pues este tipo de requisitos tiende a facilitar el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de ley por el Pleno del Congreso, por lo que si éste aprueba la ley, cumpliéndose con las formalidades trascendentes para ello, su determinación no podrá verse alterada por irregularidades de carácter secundario." En el mismo sentido, insiste la parte quejosa, que el acto omisivo de legislar en el tiempo previsto de noventa días, da por sí la inconstitucionalidad de las reformas; y que lo mismo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 551/2019. Al respecto, invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2020 (10a.), con registro digital 2022058, publicada en la página 2709 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, Materia Penal, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN DELITOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS, ASÍ COMO EN MATERIA DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS DE USO EXCLUSIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS. SU APLICACIÓN ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE CUMPLA LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADO EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE ABRIL DE 2019. Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos, consistentes en determinar si la reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Federal, que incorporó los señalados ilícitos al catálogo respecto de los que procede imponer la medida cautelar, era exigible a partir de que inició su vigencia, al día siguiente de su publicación en el medio oficial, o si estaba condicionada a que el Congreso de la Unión adecuara el texto del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula su procedencia, como lo ordenó el artículo segundo transitorio del decreto. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en atención a que la regla sobre reformas y adiciones a la Constitución Federal, es que comiencen a regir el día de su publicación y, por excepción, en fecha posterior cuando el Constituyente así lo determine en disposiciones transitorias, se concluye que el artículo segundo transitorio del decreto en cita se traduce en un mandato constitucional para que la legislación procesal secundaria precise cuáles de todos los delitos en esas materias ameritarán la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Justificación: Dado que las respectivas leyes especiales prevén una diversidad de tipos penales, además, porque cumplir la condición que impone la disposición transitoria implica no vulnerar la regla de excepcionalidad respecto del principio de presunción de inocencia que rige el señalado instituto cautelar." Sin embargo, como se puede advertir de las consideraciones realizadas en la contradicción de tesis 551/2019, lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció, fue lo siguiente: "[.] De manera que la prisión preventiva se entiende como una medida cautelar sumamente excepcional, y por tanto, los supuestos en los que procede, deben estar debidamente precisados, ya que de no ser así, en la práctica judicial se presentaría un problema para los operadores jurídicos en perjuicio del principio de presunción de inocencia. En ese orden de ideas, si el artículo primero transitorio del Decreto en estudio, señala que la reforma al párrafo segundo, del artículo 19 de la Constitución Federal, entrará en vigor al día siguiente de su publicación; se debe entender que a partir del inicio de su vigencia, debe considerarse a los nuevos ilícitos dentro del catálogo por los que procede, por excepción, la prisión preventiva oficiosa; sin soslayar que ello se encuentra sujeto a las reglas dadas por el Constituyente en el artículo segundo transitorio, por lo que la referida reforma no podrá tener aplicación, en tanto no se supere la condición que impone al Congreso de la Unión, de modificar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que de manera específica señale cuáles serán los ilícitos de la Ley Federal para prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, así como los previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con relación a los artefactos bélicos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que serán objeto de imposición de la prisión preventiva oficiosa. [.] Atento a todo lo anterior, se concluye que la reforma al párrafo segundo, del artículo 19 de la Constitución Federal, si bien se encuentra vigente porque así lo determinó el Constituyente en el artículo transitorio primero de la correspondiente reforma; ello se debe entender en el sentido de que a partir de ese momento, los ilícitos determinados por el legislador respecto de los que procede imponer a prisión preventiva oficiosa, se encuentran incorporados al texto constitucional. Sin embargo, tratándose de los delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, y de los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, la reforma constitucional será aplicable hasta que se haya dado cumplimiento a la condicionante a que se contrae el artículo segundo transitorio de la propia reforma; esto es, que se realice la modificación al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que se precise cuáles delititos de todos aquellos previstos en las Leyes Federales respectivas, son los merecen la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, a fin de no vulnerar la regla de excepcionalidad, que radica en que la restricción a la libertad de una persona se podrá ordenar, siempre que se resulte necesaria y ante un supuesto legal perfectamente delimitado. [.]." Es decir, que la aludida reforma constitucional, específicamente al artículo 19, párrafo segundo, en cuanto a los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, sería aplicable hasta que se superara la condicionante consistente en realizar la modificación al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que se precisara, en el caso, cuáles delitos de los previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, son los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Lo que en el caso aconteció con el proceso legislativo federal que concluyó el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Decreto por el que, entre otros ordenamientos, se modificó el párrafo tercero del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se adicionó el artículo 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (fundamento del acto de aplicación). Por lo que tampoco se está ante un desacato a lo ordenado en el artículo Segundo transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 19 de la Carta Magna, ya que obedece a la necesidad de regular aspectos particulares relativos a la prisión preventiva oficiosa, que la Ley Fundamental aborda en lo general y requieren del orden secundario para su correcta eficacia. Al respecto, es aplicable la tesis 2a. CXXIX/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 163081, consultable en la página 1474 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Constitucional, Novena Época, que es del rubro y texto siguientes: "NORMAS CONSTITUCIONALES. POR REGLA GENERAL REQUIEREN DE REGULACIÓN A TRAVÉS DE LEYES SECUNDARIAS, SIN QUE EL LEGISLADOR PUEDA APARTARSE DEL ESPÍRITU DE AQUÉLLAS. Es principio comúnmente aceptado que, por regla general, los postulados contenidos en los preceptos constitucionales requieren de regulación posterior, mediante la actividad legislativa ordinaria, a fin de normar las situaciones particulares y concretas, a la luz de los principios enunciados en el Texto Constitucional, particularmente cuando se trata de preceptos que consagran los llamados derechos fundamentales o garantías individuales, propios de las Constituciones liberales, como la General de la República, donde se privilegia el principio de que la protección y materialización efectiva de esos derechos de libertad han de interpretarse de manera amplia, para evitar limitarlos y promover, a través de la legislación secundaria, su realización e, inclusive, su ampliación a favor de los habitantes del país; de manera que si bien no es dable al legislador crear ni anular esos derechos, sí puede desarrollarlos y ampliar su contenido, siempre y cuando ese ulterior desarrollo o ampliación no pugne con el espíritu constitucional que los creó. Esto es, el legislador, al hacer uso de su facultad de elaborar normas, no posee una facultad discrecional para regular lo que quiera y como quiera, drenando los contenidos de las normas consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ésta puede imponer a la legislación secundaria dos tipos de límites: a) Formales, referidos a normas que regulan el procedimiento de formación de la ley, acotándolo al procedimiento establecido por la Constitución, y b) Materiales o sustanciales, relativos a las normas que vinculan el contenido de las leyes futuras, mediante órdenes y prohibiciones dirigidas al legislador o de manera indirecta, regulando inmediatamente ciertos supuestos de hecho (por ejemplo, confiriendo derechos subjetivos a los ciudadanos) y estableciendo su propia superioridad jerárquica respecto de la ley." En diverso aspecto, la parte quejosa refiere que el Decreto reclamado ocupaba un sustento jurídico, en material, en estadística, en realidad social, basado en política criminal, que se valida con el proceso legislativo legítimo, en el cual se escuche a la sociedad, a las instituciones, para entender sus fundamentos, razones, qué motiva la violación de los principios de proporcionalidad de las leyes y penas, así como el de lesividad, presunción de inocencia y derecho a la libertad; y, que ante la falta de justificación interna del proceso legislativo, desarrollado por el Congreso de la Unión, no se cumple con las condiciones mínimas de legitimidad social. Tal motivo de disenso deviene infundado, toda vez que la Constitución Federal no obliga al legislador para que antes de discutir y aprobar una ley, en términos de lo previsto en sus artículos 71 y 72, deba realizar algún tipo de consulta a los gobernados destinatarios de dichas leyes, como parte del proceso para su creación; de ahí que la falta de esa consulta u opinión en el caso de la aprobación del Decreto reclamado, no constituye un vicio que provoque su inconstitucionalidad. A lo anterior, sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia con número de registro digital 232480, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 305 del Semanario Judicial de la Federación. Volumen 157-162, Primera Parte, Materias Constitucional, Común, Séptima Época, que dice: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES. La Suprema Corte ha resuelto que la garantía de audiencia debe constituir un derecho de los particulares, no sólo frente a las autoridades administrativas y judiciales, sino también frente a la autoridad legislativa, que queda obligada a consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos. Tal obligación constitucional se circunscribe a señalar el procedimiento aludido; pero no debe ampliarse el criterio hasta el extremo de que los órganos legislativos estén obligados a oír a los posibles afectados por una ley antes de que ésta se expida, ya que resulta imposible saber de antemano cuáles son todas aquellas personas que en concreto serán afectadas por la ley y, por otra parte, el proceso de formación de las leyes corresponde exclusivamente a órganos públicos." Así también, por las razones que informa, la diversa jurisprudencia P./J. 106/2008, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 168638, consultable en la página 36 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, Materias Constitucional-Administrativa, Novena Época, que es del texto siguiente: "ISSSTE LA FALTA DE CONSULTA U OPINIÓN A LOS SECTORES SOCIALES EN EL CASO DE LA APROBACIÓN DE LA LEY RELATIVA, NO CONSTITUYE UN VICIO EN EL PROCESO LEGISLATIVO QUE PROVOQUE SU INCONSTITUCIONALIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL lo. DE ABRIL DE 2007). Los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no contienen una garantía individual a favor de los gobernados, sino que se refieren en esencia, a dar las bases para la rectoría y planeación económica del Estado, en las que si bien debe darse intervención a los diversos sectores de la población -privado, público y social-de quienes el Estado recogerá las aspiraciones y demandas para incorporarlas al referido plan de desarrollo económico, donde el Congreso de la Unión tiene la participación que la Constitución expresamente le confiere; previsión constitucional que no lo obliga para que antes de discutir y aprobar una ley, en términos de lo previsto en los artículos 77 y 72 constitucionales, deba realizar algún tipo de consulta a los gobernados destinatarios de dichas leyes, como parte del proceso de creación, lo cual tampoco deriva de algún otro precepto constitucional, de ahí que la falta de esta consulta u opinión en el caso de la aprobación de la ley reclamada, no constituye un vicio que provoque su oposición con la Constitución Federal." De lo que también se puede desprender que la exposición de motivos de una iniciativa de ley, así como los debates del legislador, no forman parte del ordenamiento legal que se expida, derivado de un proceso legislativo federal, por lo que carecen de valor normativo y no deben invocarse como un derecho u obligación, si no se plasmó expresamente en el texto de la norma correspondiente. Por otra parte, debido a la publicidad de la norma, que se refiere a que los órganos del Estado encargados de difundir los ordenamientos legales en los respectivos ámbitos de su competencia, tales como el Diario Oficial de la Federación, Gacetas o Periódicos Oficiales, generalmente publican solamente el contenido de las leyes o artículos aprobados mediante el proceso legislativo o, en su caso, refieren cuáles normas han sido abrogadas o derogadas. En ese sentido, resulta falaz el argumento de que la interpretación teleológica subjetiva o exegética de la disposición legal permita introducir elementos contemplados durante el proceso legislativo, pero no reflejados en el cuerpo legal, pues tal medio de interpretación requiere que el intérprete de la norma acuda a la exposición de motivos, debates o preámbulo que dieron origen a una ley o tratado internacional para interpretar uno o varios preceptos ambiguos u oscuros, con la plena conciencia de que se están tomando en consideración cuestiones que no forman parte de la norma. Por tanto, aun cuando se actualizara un insuficiente o nulo debate con los sectores público, privado y social, ello no confronta el Decreto impugnado con la Constitución Federal, toda vez que el legislador puede, incluso, apartarse de la exposición de motivos, en donde, de ser el caso, quedaría comprendido el resultado de los debates sostenidos con los referidos sectores; sin que ello se traduzca en la inconstitucionalidad del acto legislativo. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 15/1992, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 205682, consultable en la página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 52, Abril de 1992, Materia Constitucional, Octava Época, que dice: "LEYES. NO SON INCONSTITUCIONALES PORQUE SE APARTEN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LAS INICIATIVAS QUE LES DAN ORIGEN. La Constitución de la República no instituye la necesaria correspondencia entre las leyes emanadas del Congreso de la Unión y las exposiciones de motivos que acompañan a las iniciativas que les dieron origen. El Constituyente no consideró a las exposiciones de motivos como elementos determinantes de la validez de las leyes, ni tampoco calificó la función que habrían de desempeñar en alguna de las fases de creación de las leyes. De ahí que el Congreso de la Unión puede apartarse de las razones o motivos considerados en la iniciativa, modificar los textos propuestos y formular los que en su lugar formarán parte de la ley, aunque éstos tengan alcances o efectos distintos o incluso contrarios a los expresados en la exposición de motivos por el autor de tal iniciativa. Por ello, desde el punto de vista constitucional, las exposiciones de motivos no condicionan en modo alguno las facultades del Congreso de la Unión para decidir y establecer las normas legislativas de acuerdo con su competencia." De ahí lo infundado del motivo de inconformidad de la parte quejosa, en cuanto a que el Decreto se emitió sin haberlo sustentado en un estudio real, profesional, y estadístico; pues a lo que debe atenderse es si reúne o no, los requisitos que se exigen en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En diverso aspecto, la parte quejosa aduce que el Decreto impugnado contiene disposiciones que atentan contra la dignidad del ser humano, al criminalizar y revictimizar la pobreza, con lo que se reafirman círculos de marginación, se lastima a la sociedad mexicana vulnerable por discriminación y pobreza, trasgrediendo la libertad personal al anticipar una pena a un sujeto investigado. De igual forma es infundado dicho motivo de disenso, puesto que si bien, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los derechos que reconocen la propia Ley Fundamental, y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; y que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Federal y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. También, que se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Además, precisa que el ejercicio de los aludidos derechos, y las garantías para su protección, no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece. En el particular, no se advierte que las normas modificadas y adicionadas con motivo del Decreto que se combate a través de esta vía, se encuentren dirigidos sólo hacia un determinado sector de la población civil; y en ese sentido, tampoco se evidencia que se funden en criterios distintivos orientados por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra distinción que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, lo que incluye las condiciones económicas y sociales del gobernado, como son la pobreza y vulnerabilidad demográfica; es decir, que por sus características de desventaja por edad, o cualquiera otra de las ya mencionadas. Antes bien, se trata de normas generales a los que a partir de su publicación se exige su observancia a la totalidad de las personas, como medio disuasivo de conductas que flagelan gravemente a la sociedad (homicidio, secuestros, robos, extorsión, amenazas, entre una diversa gama de delitos), en los que para su comisión, se hace uso de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, lo que en su conjunto se percibe como la vulneración a distintos bienes jurídicos protegidos, entre los que se encuentran la integridad física y la vida misma de las personas, además de la paz y seguridad públicas que se alteran por el sólo hecho de que alguien detente, sin justificación legal, un arma de fuego de aquellas características, cuya debida vigilancia y control corresponde exclusivamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Aun cuando en materia legislativa existe la discriminación por exclusión tácita y por diferenciación expresa; la primera, que tiene lugar cuando el legislador crea un régimen jurídico implícitamente y de forma injustificada excluye de su ámbito de aplicación a un supuesto de hecho equivalente al regulado en la disposición normativa, lo que acontece cuando se establece a un determinado colectivo como destinatario de un régimen jurídico, sin hacer mención alguna de otro que se encuentra en una situación equivalente. Por lo que ve a la discriminación por diferenciación expresa, ocurre cuando el legislador establece de forma injustificada dos regímenes jurídicos diferenciados para supuestos de hecho o situaciones equivalentes; en este caso, la exclusión es totalmente explícita, toda vez que se crea un régimen jurídico distinto para ese supuesto. Sin embargo, como se ha evidenciado, en el caso no se actualiza discriminación alguna; de ahí que no se colige con la parte quejosa, pues se itera, las normas generales van dirigidas a la totalidad de las personas, y obliga a su cumplimiento, que en el caso consiste en abstenerse de portar o poseer armas de fuego de las que expresamente se prohíben en el artículo 10 de la Carta Magna, así como diverso material bélico regulado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; por lo que en ese sentido no se discrimina a ningún sector de la población civil. Por las razones que informa, sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCCLXIX/2015 (10a.), con registro digital 2010500, publicada en la página 980 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Materia Constitucional, Décima Época, que dice: "IGUALDAD ANTE LA LEY. EL LEGISLADOR PUEDE VULNERAR ESTE DERECHO FUNDAMENTAL POR EXCLUSIÓN TÁCITA DE UN BENEFICIO O POR DIFERENCIACIÓN EXPRESA. Entre la infinidad de formas que puede adoptar la discriminación normativa, las más comunes son la exclusión tácita y la diferenciación expresa. Como su nombre lo indica, la discriminación por exclusión tácita de un beneficio tiene lugar cuando el legislador crea un régimen jurídico implícitamente y de forma injustificada excluye de su ámbito de aplicación a un supuesto de hecho equivalente al regulado en la disposición normativa, lo que suele ocurrir cuando se establece a un determinado colectivo como destinatario de un régimen jurídico, sin hacer mención alguna de otro que se encuentra en una situación equivalente. En cambio, la discriminación por diferenciación expresa ocurre cuando el legislador establece de forma injustificada dos regímenes jurídicos diferenciados para supuestos de hecho o situaciones equivalentes. En este segundo caso, la exclusión es totalmente explícita, toda vez que se crea un régimen jurídico distinto para ese supuesto de hecho o situación equivalente. En este orden de ideas, quien aduce el carácter discriminatorio de una diferenciación expresa busca quedar comprendido en el régimen jurídico del que es excluido y, en consecuencia, que no se le aplique el régimen jurídico creado para su situación." De igual forma, por sus conceptos que contiene, resulta ilustrativa la jurisprudencia 7a./J. 46/2076 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2012602, consultable en la página 357 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia Constitucional, Décima Época, que establece: "IGUALDAD. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE ESTE PRINCIPIO. El derecho fundamental a la igualdad instituido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no pretende generar una igualdad matemática y ciega ante las diferentes situaciones que surgen en la realidad, sino que se refiere a una igualdad de trato ante la ley. Si bien el emisor de la norma puede prever situaciones fácticas que requieren un trato diferente, éste debe sustentarse en criterios razonables y objetivos que lo justifiquen, sin dejarlo al capricho o voluntad del legislador. Además, la igualdad designa un concepto relacional y no una cualidad intrínseca, ya que es una relación que se da al menos entre dos personas, objetos o situaciones, y siempre es resultado de un juicio que recae sobre una pluralidad de 'términos de comparación', los cuales, así como las características que los distinguen, dependen de la determinación por el sujeto que efectúa dicha comparación, según el punto de vista del escrutinio de igualdad. Así, la determinación del punto desde el cual se establece cuándo una diferencia es relevante será libre mas no arbitraria, y sólo a partir de ella tendrá sentido cualquier juicio de igualdad." Sin que pueda considerarse discriminatorio, el hecho de que en el caso se trate de un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, es decir, para el sector militar; pues el tipo de armamento que se usa en la milicia es precisamente porque son para la defensa del país, en caso de una conflagración; y con ello se entiende que las armas que se autoriza a poseer en el domicilio o portar con la licencia respectiva, son las que por su tipo, calibre y sistema de funcionamiento, se consideran suficientes para la protección y seguridad de las personas que no pertenecen al Ejército, Armada y Fuerza Aérea. De ahí que, la diferenciación entre las armas de fuego que se pueden o no poseer y portar, es acorde con la disposición expresa del artículo 10 de la Constitución Federal, por lo que tampoco puede considerarse un acto discriminatorio; y en ese sentido se itera lo infundado del motivo de inconformidad de la parte quejosa. Por otra parte, la parte promovente del amparo refiere que la violación al proceso legislativo es una trasgresión a los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tutelar los derechos de legalidad -que consiste en que toda autoridad debe ajustar su actuar a las disposiciones que norman las autoridades las atribuciones que le confiere la ley- y seguridad jurídica de las personas -que tutela el conocimiento de éstas tanto de la regulación normativa como del proceder de las autoridades, para asegurar que este no es arbitrario y evitar indefensión-. En ese sentido, invocó el criterio el rubro: "MEDIDAS DE APREMIO PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA QUE SU IMPOSICIÓN SEA LEGAL, DEBE MEDIAR APERCIBIMIENTO, POR REGLA GENERAL." Al respecto, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente el criterio de que si bien es cierto que la exigencia de cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación abarca a todas las autoridades, también lo es que tratándose de actos legislativos, aquéllos se satisfacen siempre que las autoridades encargadas de su formación actúen dentro de los límites de las atribuciones que la Ley Suprema les confiere (fundamentación). Además, que las leyes que expidan se refieran a relaciones sociales que requieran ser jurídicamente reguladas (motivación), sin que ello implique, en modo alguno, que todas y cada una de las normas que integren un ordenamiento deban ser necesariamente materia de motivación específica. En ese sentido, del propio proceso legislativo federal que dio origen al Decreto que se impugna, se desprende, como quedó evidenciado con anterioridad, corresponde a las facultades constitucionales conferidas en favor del Congreso de la Unión para legislar en la materia, en términos de los artículos 72 a 73 de la Carta Magna; en el que además, se cumplió con lo preceptuado en el artículo 16 de la propia Constitución Federal, en cuanto exige que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Lo anterior, porque el citado Decreto se refiere a relaciones sociales que requerían ser jurídicamente tuteladas, como es la necesidad de una adecuada legislación que armonizara las disposiciones contenidas en el artículo 19 Constitucional y el imperativo del Estado de controlar con mayor eficacia todo lo relacionado con el uso armas de fuego, de acuerdo con la evolución y desarrollo político, económico y social del pueblo mexicano. Esto, con la finalidad de garantizar la tranquilidad del país y asegurar el respeto a la vida y a los derechos fundamentales del gobernado, buscando proteger a la colectividad de la inseguridad y de los abusos de quienes ponen en peligro a la sociedad, así como de quienes usan las armas con el ilícito propósito de atentar contra la vida o el patrimonio de las personas, con todo lo cual, se cumple con el requisito de motivación. A lo anterior sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 232351, publicada en la página 239 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 181-186, Primera Parte, Materias: Constitucional-Común, Séptima Época, que es de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Este Tribunal Pleno ha establecido que por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica." De ahí que resulta infundado su motivo de disenso, puesto que el acto reclamado no transgrede en su perjuicio, los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En diverso aspecto, la parte quejosa aduce que con el acto reclamado se transgreden los principios de proporcionalidad de leyes y penas, así como de lesividad. Al respecto, refirió que de la reforma constitucional del artículo 19, de doce de abril de dos mil diecinueve, se dio como indicación reformar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de prisión preventiva oficiosa, conforme al proceso legislativo, como se indica en la página oficial del Congreso de la Unión, y en la contradicción de tesis 591/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que, aduce, se estatuyó lo siguiente: "Se dijo que de la exposición de motivos de la citada reforma constitucional, se advertía que su finalidad era incluir en el catálogo de delitos que ameritaban prisión preventiva oficiosa, algunos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, pero no todos sin excepción, como lo estableció la Jueza responsable y lo avaló el Juez de amparo al negar al quejoso la protección constitucional que solicitó. Se destacó que del proceso de reforma constitucional, particularmente en el apartado: 'Justificación del proyecto de decreto', se apreciaba que la intención del Constituyente, fue que se establecieran como delitos de prisión preventiva oficiosa, aquellos cuya pena media aritmética excediera de cinco años de prisión, lo que quedaría a cargo del Congreso de la Unión, en un plazo de noventa días, a través de la reforma al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, la exigibilidad y aplicación de la reforma constitucional, estaba condicionada a la adecuación normativa que se ordenó al Congreso de la Unión, respecto del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la fecha de la emisión del acto reclamado y del propio recurso de revisión, no se había realizado. Es decir, no se había satisfecho la condición a que estaba sujeta la exigibilidad y aplicación de la citada reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa. Consecuentemente, se concluyó que si bien la citada reforma constitucional entró en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, esto es, el trece de abril de dos mil diecinueve; no podía ser aplicada hasta en tanto el Congreso de la Unión realiza las adecuaciones normativas correspondientes, a fin de respetar el principio de exacta aplicación de la ley penal contenido en el artículo 14 del pacto federal. Sin que se compartiera la afirmación de que todos los delitos en materia de armas de fuego y explosivos, de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, ameritaban prisión preventiva oficiosa, sino sólo aquellos cuya media aritmética de la pena, excediera de cinco años de prisión; pero esa determinación legislativa estaba sujeta a la condición de que el Congreso de la Unión hiciera la adecuación correspondiente, a fin de respetar el principio de exacta aplicación de la ley penal contenido en el artículo 14 constitucional. Ello, porque la reforma al artículo 19 constitucional, no especificó dentro del catálogo de delitos en materia de armas de fuego y explosivos, de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, cuáles de ellos ameritaban prisión preventiva oficiosa; sino que esa tarea se le asignó al legislador ordinario." En este punto, cabe señalar que de la búsqueda en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se localizó la contradicción de tesis "591/2019", a que hizo referencia la parte quejosa; sin embargo, se advirtió que el texto que transcribió corresponde al amparo en revisión 322/2019, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que se cita en la contradicción de tesis 551/2019, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN DELITOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS, ASÍ COMO EN MATERIA DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS DE USO EXCLUSIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS. SU APLICACIÓN ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE CUMPLA LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADO EL ARTICULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE ABRIL DE 2019." (Lo subrayado es propio) Ahora, en relación con la inobservancia de los principios aludidos, la parte impetrante refiere: "[.] Con lo cual advertimos que la reforma ejecutada en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no encuentra sustento en el numeral 19 de la Carta Magna, ya que es dicho artículo quien también, dentro de la justificación interna del mismo, dentro de su proceso legislativo pone como necesidad para la adaptación de los delitos de prisión preventiva oficiosa, generarse el debido registro de afectación, para poder contar con el soporte de legitimidad en la transgresión que se haría al derecho de libertad personal y presunción de inocencia. El anterior motivo de disenso deviene infundado; si bien, el artículo 22 de la Carta Magna, prohíbe las penas inusitadas o trascendentales, y dispone que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Al respecto, cabe señalar que el principio de proporcionalidad, contiene a su vez, los diversos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido o la ponderación. La idoneidad y la necesidad se refieren a la optimización en relación con las posibilidades fácticas, lo que significa que una ley que limite un derecho reconocido constitucional o convencionalmente, de considerable importancia para satisfacer otro, debe ser idónea para obtener esa finalidad; además de necesaria, esto es, que la misma finalidad no pudiera alcanzarse con un costo menor; y, en cuanto a la proporcionalidad en estricto sentido o ponderación, se refiere a la eficacia en relación con las posibilidades normativas. Para poner en relieve la proporcionalidad de la pena, se analiza el tipo penal, frente al principio establecido en el artículo 22 de la Constitución Federal, con la finalidad de determinar si la pena es acorde o no en relación con el bien jurídico afectado. Como ha quedado evidenciado previamente, las disposiciones del Decreto que se combate, no violentan el principio de proporcionalidad de penas, ya que se establece una penalidad que se adecua a la gravedad de conductas que flagelan gravemente a la sociedad, lesionando bienes jurídicos como la seguridad pública, pero que, como se puso en relieve con antelación, el aumento de los delitos graves en los que se usan armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, es lo que motivó al legislador reformar los ordenamientos relativos, para que, en proporción a la gravedad de los delitos así considerados y a la penalidad señalada para cada uno, es que se ponderó la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Lo que si bien, la parte quejosa aduce que las circunstancias sociales, al momento en que se reformó el artículo 19 constitucional, podrían haber cambiado a la fecha en que se expidió el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversos ordenamientos legales, como son el artículo 167, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el 192 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Sin embargo, lo que se ha visto y es hecho notorio, de acuerdo con la exposición de motivos, específicamente en cuanto a que: "[.] En nuestro país, en el transcurso de la última década, las armas de fuego han sido utilizadas en más de la mitad de los homicidios cometidos. Es una realidad que los grupos delictivos emplean este tipo de armas para asolar comunidades y regiones, asesinando, secuestrando o asaltando, sin que las corporaciones policiacas tengan la capacidad para repeler tales agresiones, dada las características superiores del armamento de aquéllos, el cual, se ha constatado, es de alto poder: granadas, fusiles, ametralladoras, entre otros. [.]." De igual forma, cabe señalar que ya en la exposición de motivos que dio origen a la reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, se indicó: "[.] Los altos índices de criminalidad que se han presentado en el país durante los últimos años, son consecuencia, entre otras razones, de la proliferación de las armas de fuego, así como de su posesión, portación, acopio y tráfico ilícitos. Es frecuente que la delincuencia -que flagela gravemente a la sociedad mexicana- posea, porte o acopie armas con el propósito de llevar a cabo sus actividades ilícitas. Estas armas, además, son adquiridas en la mayoría de las ocasiones a través de personas que comercian con ellas en forma clandestina. [.]." Por lo que, si se pondera el crecimiento de los delitos en los que cada vez se usan más las armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, con la sanción contenida en los preceptos de los ordenamientos legales en que se realizaron las adecuaciones por mandato constitucional, con la escala de penas aplicable para los diversos delitos que atentan contra la vida, libertad y patrimonio de las personas, de ahí que no resulta desproporcionada, conforme al sistema jurídico mexicano, atendiendo a la gravedad del delito, como se dijo, en relación con otros sancionados con penas análogas. En esa tesitura, la penalidad corresponde a lo que ha sido reconocido como forma normal de sancionar conductas delictivas y respecto a la temporalidad por la que pueda imponerse, se vincula con la "ratio legis" del delito y de la pena señalados; siendo estos, la protección de la paz y tranquilidad públicas, tendente a la reducción de delitos cometidos mediante el uso de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Además, no se considera una penalidad infamante, cruel, excesiva, inusitada, trascendental o contraria a la dignidad del ser humano; puesto que parte de un mínimo a un máximo, lo que da margen a la autoridad jurisdiccional de graduar la culpabilidad del responsable, tomando en cuenta que las penas no se imponen a personas que resulten inocentes y que tengan alguna relación de parentesco o afinidad con el delincuente, lo que revela que tampoco trascienden más allá de quien resulte responsable y sea condenado; y en ese sentido, se justifica la lesividad de la penalidad prevista en los artículos 83, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 31/2006, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 102/2008, con registro digital 168878, consultable en la página 599 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Materias: Constitucional-Penal, Novena Época, que establece: "LEYES PENALES. AL EXAMINAR SU CONSTITUCIONALIDAD DEBEN ANALIZARSE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD JURÍDICA. El legislador en materia penal tiene amplia libertad para diseñar el rumbo de la política criminal, es decir, para elegir los bienes jurídicamente tutelados, las conductas típicas antijurídicas y las sanciones penales, de acuerdo con las necesidades sociales del momento histórico respectivo; sin embargo, al configurar las leyes relativas debe respetar el contenido de diversos principios constitucionales, entre ellos los de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, a fin de que la aplicación de las penas no sea infamante, cruel, excesiva, inusitada, trascendental o contraria a la dignidad del ser humano, conforme a los artículos 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por esa razón, el Juez constitucional, al examinar la constitucionalidad de las leyes penales, debe analizar que exista proporción y razonabilidad suficientes entre la cuantía de la pena y la gravedad del delito cometido, para lo cual debe considerar el daño al bien jurídico protegido, la posibilidad para individualizarla entre un mínimo y un máximo, el grado de reprochabilidad atribuible al sujeto activo, la idoneidad del tipo y de la cuantía de la pena para alcanzar la prevención del delito, así como la viabilidad de lograr, mediante su aplicación, la resocialización del sentenciado." En diverso aspecto, la parte impetrante del juicio de derechos fundamentales, aduce que "violenta el artículo 17 Constitucional, las salidas alternas serán casi nulas, lo cual también implica no cumplir con un fin constitucional" Cabe señalar al respecto, que las medidas alternas se implementaron como política criminal y para cumplir con los fines del proceso penal, que es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que se repare el daño causado por el delito. Por lo que no es el caso de que el responsable de una conducta que por su gravedad amerite prisión preventiva oficiosa, pueda gozar de una salida alterna, si no se actualizan los supuestos para acceder a ello. Siendo que el legislador es el facultado constitucionalmente, para diseñar el rumbo de la política criminal, es decir, para elegir los bienes jurídicamente tutelados, las conductas típicas antijurídicas y las sanciones penales, de acuerdo con las necesidades sociales del momento histórico. En ese orden de ideas, si el procedimiento legislativo federal, por el que se expidió el Decreto que se reclama en el presente juicio, reúne los requisitos constitucionales y legales, entonces, las normas en que se funda el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa, como primer acto de aplicación, no son inconstitucionales. Por lo que el hecho de que en el artículo 17 de la Carta Magna, se contemple que cuando no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales; y, que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Sin embargo, en el caso, al tratarse de una conducta que pugna gravemente con la paz y seguridad pública, que a prevención debe garantizar diversos bienes jurídicos que se ven vulnerados con el uso de armas de fuego, es que se itera la finalidad de imponer la prisión preventiva oficiosa, para garantizar la tranquilidad del país y asegurar el respeto a la vida y los derechos del gobernado, buscando proteger a la colectividad de la inseguridad y de los abusos de quienes ponen en peligro a la sociedad, así como de quienes usan las armas con el ilícito propósito de atentar contra la vida o el patrimonio de las personas. De ahí lo infundado del motivo de disenso de la parte quejosa. En diverso aspecto, la parte quejosa aduce que la prisión preventiva oficiosa, violenta el principio de presunción de inocencia, porque antes de que se dicte una sentencia que demuestre que el sentenciado realmente es culpable, éste ha sufrido la vejación de sus derechos al haber sido objeto de dicha medida. También -señala-, los fines por los cuales el legislador dispuso la prisión preventiva, son para prevenir que el sujeto se evada a la acción de la justicia y con ello evitar impunidad, también, evitar que la víctima sea amenazada y que el inculpado pueda alterar las pruebas que demuestren su participación en un hecho calificado como delito por la ley, así como que se satisfaga la reparación del daño. Pero que el Estado no ha visto otras alternativas para lograr los fines que trata de evitar la prisión preventiva, anteponiendo ésta como una medida esencial ante el alto índice delincuencial sin tomar en consideración que con tal imposición se están violentando derechos fundamentales, como lo es la presunción de inocencia, prevista en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, el anterior motivo de disenso deviene infundado; al respecto, cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reiterado en diversos asuntos que el principio de presunción de inocencia es un derecho universal que se traduce en que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión, lo que significa que la presunción de inocencia la conserva el imputado durante la secuela procesal, hasta que se dicte sentencia definitiva con base en el material probatorio existente en autos. En ese sentido, se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. XXXV/2002, con registro digital 186185, publicada en la página 14 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, agosto de 2002, Materias Constitucional-Penal, Novena Época, que dice: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden, por una parte, el principio del debido proceso legal que implica que al inculpado se le reconozca el derecho a su libertad, y que el Estado sólo podrá privarlo del mismo cuando, existiendo suficientes elementos incriminatorios, y seguido un proceso penal en su contra en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia y la de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación correspondiente, el Juez pronuncie sentencia definitiva declarándolo culpable; y por otra, el principio acusatorio, mediante el cual corresponde al Ministerio Público la función persecutoria de los delitos y la obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que acrediten la existencia de éstos, tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 19, párrafo primero, particularmente cuando previene que el auto de formal prisión deberá expresar 'los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado'; en el artículo 21, al disponer que 'la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público'; así como en el artículo 102, al disponer que corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución de todos los delitos del orden federal, correspondiéndole 'buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos'. En ese tenor, debe estimarse que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia, dando lugar a que el gobernado no esté obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto que el acusado no tiene la carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado." De lo que se puede desprender que antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, no estaba expresamente establecido el principio de presunción de inocencia, pero de la interpretación armónica y sistemática de diversos preceptos de la Carta Magna, se advertía que los principios constitucionales del debido proceso legal, incluyendo el principio acusatorio, resguardaban implícitamente el diverso de presunción de inocencia. De ahí que la evolución de la justicia penal en nuestro país ha incidido en que este principio se eleve expresamente a rango constitucional a partir de dicha reforma, para constituir un verdadero derecho, reconocido ahora en el artículo 20, apartado B, denominado: "De los derechos de toda persona imputada": que en su fracción I, establece: "I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa". Así lo señaló también, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2087/2011, cuyo criterio se reflejó en la tesis 1a. 1/2012 (10a.), con registro digital 2000124, publicada en la página 2917 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, Materia Constitucional, Décima Época, de rubro y texto: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO ESTÁ CONSIGNADO EXPRESAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en diversos asuntos que el principio de presunción de inocencia es un derecho universal que se traduce en que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión, lo que significa que la presunción de inocencia la conserva el inculpado durante la secuela procesal hasta que se dicte sentencia definitiva con base en el material probatorio existente en los autos. Por otra parte, el Tribunal en Pleno sustentó la tesis aislada P. XXXV/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 14, con el rubro: 'PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.', en la que estableció que en la Ley Suprema, vigente en ese entonces, no estaba expresamente establecido el principio de presunción de inocencia, pero de la interpretación armónica y sistemática de sus artículos 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 19, primer párrafo, 21, primer párrafo, y 102, apartado A, segundo párrafo, se advertía que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardaban implícitamente el diverso de presunción de inocencia. De ahí que el perfeccionamiento de la justicia penal en nuestro país ha incidido en que este principio se eleve expresamente a rango constitucional a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, para quedar ahora contenido en el artículo 20, apartado B, denominado: 'De los derechos de toda persona imputada', que en su fracción I, establece: 'I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa'." De lo que se puede desprender que toda persona vinculada a un proceso penal debe ser tratada como inocente, en tanto no se declare su culpabilidad mediante una sentencia; lo que constriñe a los órganos jurisdiccionales a impedir, en la mayor medida, la aplicación de disposiciones que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. En ese tenor, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, no violenta el derecho a que se presuma la inocencia de la persona vinculada a proceso, pues a través de su cauce no se prejuzga sobre la culpabilidad o inocencia del sujeto de la misma, ni se le impone pena alguna. Además, cabe mencionar que la circunstancia de que la presunción de inocencia no sólo esté consagrados en la Constitución Federal, sino también en tratados internacionales, no significa que no pueda justificarse un acto de autoridad que afecte el derecho a la libertad; por el contrario, lo que a nivel Constitución y convencional se establece es la condicionante de que dicha afectación, en su caso, se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que en el caso, es inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. A lo antes considerado, sirve de apoyo el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CXXXV/2012 (10a.), con registro digital 2001432, publicada en la página 493 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Materias Constitucional-Penal, Décima Época, que dice: "PRISIÓN PREVENTIVA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Conforme al artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, no pueden suprimirse el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la propia convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Ahora bien, la privación de la libertad de una persona en forma preventiva con arreglo a la ley y al procedimiento fijado para ello no constituye una transgresión al principio de presunción de inocencia, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, permite que se restrinja la libertad de una persona como medida cautelar, mediante un auto de formal prisión dictado por un delito que merezca pena de prisión; lo que es acorde con el artículo 7.2 de la referida Convención que dispone que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, máxime que el detenido preventivamente no purga una pena anticipada." También, sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia II.2o.P. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con registro digital 175111, consultable en la página 1512 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia Penal, Novena Época, que dice: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. La circunstancia de que determinados principios como los de debido proceso legal y presunción de inocencia no sólo estén consagrados en la Constitución Federal, sino también en tratados internacionales, no significa que no pueda justificarse una sentencia de condena o que todo acto de autoridad que afecte los intereses del procesado, como su libertad, trastoquen dichos principios. Por el contrario, lo que en ellos se establece es la condicionante de que dicha afectación al quejoso, en su caso, se vea justificada por la constatación de haberse observado o cumplido los requisitos que la propia ley contempla para que esa afectación quede enmarcada dentro de la legalidad en aras del interés público que es inherente al proceso penal y, en general, a la persecución de los delitos. Luego, si se obtiene que el sentido del fallo se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos por el caso y con base en la normatividad aplicable, resulta obvio que no se transgreden los principios aludidos y consagrados en la Constitución ni, por ende, los posibles tratados que igualmente los reconocieran." En ese contexto, el acto reclamado no resulta violatorio de los derechos fundamentales de la parte quejosa, reconocidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución, consistentes en la aplicación del aludido Decreto, que se concretó en el auto de vinculación a proceso de trece de mayo de dos mil veintiuno, dictado dentro de la causa penal 367/2021; así como con la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Lo cual fundamentó en los artículos 167, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Es decir, se aplicó el aludido Decreto, por el que se reformó y adicionó el artículo 167, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, se adicionó el artículo 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Al respecto, debe precisarse que de los artículos 307 a 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que la audiencia inicial dentro del procedimiento penal acusatorio se encuentra dividida en una serie de momentos o etapas, cada una de las cuales tiene una función específica y se van sucediendo irreversiblemente, lo que significa que sólo superándose una etapa es que se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas, conforme al principio de continuidad de las audiencias, previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional. Por tanto, la circunstancia de que la parte quejosa haya señalado como acto destacado el referido Decreto, que se concretó en su aplicación al emitir el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en los términos anteriormente indicados, sin reclamar dichos actos por vicios propios, sino en vía de consecuencia respecto del acto destacado (Decreto) el cual tildó de inconstitucional. En ese tenor, al tratase los actos de aplicación, durante distintas etapas que se desahogaron en la audiencia inicial, los cuales, en su caso, debió combatir de manera concreta, señalando cuando menos la causa de pedir respecto de tales actos, es decir, que los hubiera reclamado por vicios propios, a fin de que este juzgador estuviera en aptitud de analizar su legalidad. De ahí que el suscrito se encuentra imposibilitado para examinar oficiosamente, aun en suplencia de la queja, sobre la legalidad del auto de vinculación a proceso y medida cautelar referidos; pues por otra parte, se advierte que la pretensión de la parte quejosa era que se emitiera la declaración de "inconstitucionalidad, y en consecuencia la inaplicación de los ordenamientos", que estimó violatorios de sus derechos humanos, reconocidos en la Carta Magna. De ahí que, se insiste, la negativa del amparo se hace extensiva respecto del acto de aplicación, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Daniel Isaías González Ramírez, en contra de las autoridades y actos fijados en el considerando segundo de este fallo, por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. N o t i f í q u e s e. Así, lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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