Daniel Isaac Ic Chocooj

Expediente 1059/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 68 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1059/2016
Año
2016
Actuaciones
68
Última actuación
24/01/2019

Partes del expediente

  • Daniel Isaac Ic Chocooj
  • Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 68.

  1. Principal

    El veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 914. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la promoción enviada vía electrónica por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez; en atención a su contenido, hágase de su conocimiento que en proveído de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, se tuvo recibida la constancia de notificación practicada al quejoso Daniel Isaac Ic Chocooj, el veintitrés del propio mes y año, la cual fue encomendada mediante exhorto 217/2017 con número de orden 824/2017; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm.

  2. Principal

    El cinco de enero de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 131. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cinco de enero de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio enviado vía electrónica por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto enviado a fin de que se notificara al quejoso Daniel Isaac Ic Chocooj, la sentencia de treinta y uno de octubre del año en curso; tomando en consideración que en proveído de veintisiete del propio mes y año, se tuvo al secretario del Juzgado Primero de Distrito en ese estado, informando que ese órgano jurisdiccional determinó aceptar la competencia declinada por este juzgado y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 1059/2016-5, del que deriva este cuaderno de antecedentes y se ordenó el archivo del mismo, el comunicado de que se trata, agréguese al cuaderno en que se actúa, únicamente para que obre como corresponda. No obstante lo anterior, dése de baja en el libro de gobierno el exhorto de mérito, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de derechos 1059/2016, estando en audiencia pública el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso, secretario que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, inició su celebración, sin contar con la asistencia de las partes. Enseguida, el secretario da lectura de las constancias que integran el presente juicio de derechos, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias; en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, rendido el informe justificado de las autoridades responsables Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, Director del Centro de Reclusión de Cieneguillas, Zacatecas, y Director del CEFERESO Número 15 "CPS-CHIAPA" (fojas 51, 58, 63, 89 y 134). A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con la documental allegada por la responsable (cuaderno de pruebas en dos tomos). El juez acuerda: en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse desahogadas la prueba referida, en atención a su propia y especial naturaleza. Con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el que se hace constar que la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado los formuló mediante pedimentos ministeriales 912/2017, 913/2017 y 914/2017 (fojas 472 a 474): ténganse a la representación social por formulándolos y por precluído el derecho de las demás partes para expresarlos. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1059/2016; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con sede en Aguascalientes, Daniel Isaac Ic Chocooj, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Por cuestión de turno, tocó conocer de dicha demanda al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, quien por auto de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 14 a 17 del juicio de amparo) se declaró incompetente y ordenó remitir el asunto al Juzgado de Distrito en turno, en el Estado de Zacatecas. De la demanda correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien por auto de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 24 a 26 del juicio de amparo) no aceptó la competencia en virtud de que fue señalada como autoridad responsable. En atención a lo anterior, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Aguascalientes por auto de treinta de septiembre de dos mil diecisiete (foja 29 del juicio de amparo) reiteró la incompetencia y ordenó remitir la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en el que se admitió la misma por auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete (fojas 32 y 33 del juicio de amparo). SEGUNDO. Trámite. Conforme al artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal se admitió a trámite la demanda y se celebró la audiencia constitucional que antecede. C O N S I D E R A N D O ÚNICO.- Previo a cualquier análisis de fondo, procede establecer la competencia para resolver el presente juicio de amparo, por lo que de conformidad con el artículo 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, carece de competencia legal para conocer del presente asunto en atención a lo siguiente. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De las hipótesis normativas que el último precepto prevé, se colige que la competencia por razón del territorio de un Juez de distrito se determina de acuerdo con tres reglas a saber: a) Será competente el Juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el Juez de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, y c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Bajo esa tesitura, debe mencionarse que: a) El lugar donde el acto deba tener ejecución, es aquel en donde: 1) el acto aún no ha sido ejecutado y 2) en virtud de las circunstancias del acto, las autoridades responsables y el análisis de la demanda de garantías, conlleven necesariamente a la conclusión, de que los actos señalados como reclamados habrán de tener ejecución en ese lugar y que indudablemente tienen que ejecutarse dentro de esa jurisdicción. b) El lugar en donde trate de ejecutarse, es aquel donde la ejecución comenzó con la finalidad de consumarla, pero que no se ejecutó en su totalidad, ello en virtud, que del conjunto de los actos tendientes a consumar el acto, no fue posible producir los efectos que eran objeto del acto de autoridad. c) El lugar en donde se haya ejecutado, es aquel en donde la ejecución ya fue consumada en su totalidad y por tanto, de manera instantánea fue perfeccionada dentro de esa jurisdicción y, sin embargo, puede dar cabida a dos tipos de actos en base a sus efectos: 1).- Actos de Tracto Sucesivo.- que son aquellos en los que la autoridad actúa constantemente, repitiendo una y otra vez en el tiempo el acto reclamado, consumándose de momento a momento y perfeccionándose reiteradamente. 2) Actos que se consuman, pero que sus efectos se prolongan en el tiempo.- que como su nombre lo indica, son actos que al ser ejecutados, se consuman una sola vez y no necesitan repetirse en el futuro, pero que sus efectos crean una situación jurídica que se prolonga en el tiempo sin terminarse y; 3) En donde se ejecute, es aquel en donde la ejecución fue o está siendo actualizada en el presente, al momento de la presentación de la demanda. Así también, para delimitar la competencia del órgano jurisdiccional que deba conocer de ella, debe considerarse como legalmente competente al Juez de Distrito que ejerza jurisdicción, en este caso, en donde tuvo ejecución el acto tildado de inconstitucional. Ahora bien, de la demanda de amparo que nos ocupa se advierte que el quejoso manifestó que se encontraba recluido en el Centro Federal de Resinserción Social número 15 "CPS Chiapas", y señaló como acto reclamado la orden de traslado decretada por las autoridades administrativas señaladas como responsables. Por lo que, es evidente que los actos reclamados tuvieron ejecución en el Municipio de Villa de Comaltitlán, Chiapas y no en esta ciudad. Ello es así, dado que la orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona y cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo, en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión del reo al otro centro penitenciario. Por tanto, si en el presente juicio se reclama una orden de traslado que ya se ejecutó fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de amparo es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales. Sin que se pase por alto el criterio contenido en la jurisprudencia número 1a./J. 35/2008, cuyo rubro indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", en el que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, por lo que entonces, a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno, ya que el Alto Tribunal también ha reconocido que el referido procedimiento de traslado culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En otras palabras, la aplicación del criterio contenido en la citada jurisprudencia en relación con la actualización de la regla establecida en el párrafo segundo del artículo 37, únicamente tiene aplicación cuando todavía no se ha consumado el traslado del reo, es decir, en el supuesto de que se emita la orden relativa y se encuentren pendientes los trámites de mérito, sin que se haya ejecutado en su plenitud; sin embargo, cuando ya se materializó el traslado de la persona al nuevo centro de readaptación social se está en presencia de un acto ejecutado en su totalidad, actualizándose así la hipótesis contenida en el párrafo primero del mencionado precepto legal. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de amparo asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. Sustenta lo anterior, la Tesis I.15o.A.1 A (10a.), emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE REO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN DONDE SE MATERIALIZÓ ESE ACTO. La orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona y cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo, en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión del reo al otro centro penitenciario. Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo una orden de traslado que ya se ejecutó fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías individuales. No representa obstáculo a la postura anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia número 1a./J. 35/2008, cuyo rubro indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", mediante la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, por lo que entonces, a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno, ya que el Alto Tribunal también ha reconocido que el referido procedimiento de traslado culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En otras palabras, la aplicación del criterio contenido en la citada jurisprudencia en relación con la actualización de la regla establecida en el párrafo segundo del citado artículo 36, únicamente tiene aplicación cuando todavía no se ha consumado el traslado del reo, es decir, en el supuesto de que se emita la orden relativa y se encuentren pendientes los trámites de mérito, sin que se haya ejecutado en su plenitud; sin embargo, cuando ya se materializó el traslado de la persona al nuevo centro de readaptación social se está en presencia de un acto ejecutado en su totalidad, actualizándose así la hipótesis contenida en el párrafo primero del mencionado precepto legal. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado". En mérito de lo expuesto, corresponde conocer de la demanda de amparo que nos ocupa al Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, que se reitera, es quien ejerce jurisdicción en la ciudad donde se ejecutó el acto reclamado. También, se estima aplicable al caso la tesis aislada de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 217-228 Séptima Parte, página 88, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Sin que la presente resolución pase por alto que los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 124 de la Ley de Amparo , en lo que interesa establecen que en la audiencia constitucional se recibirán y desahogarán pruebas, para después oír los alegatos de las partes, y finalmente en la misma audiencia se pronuncie la sentencia respectiva, sin embargo, tales numerales no precisan que tales etapas se tengan que llevar ante un mismo juzgador. De ahí que en nada afecte al quejoso que en el presente juicio de amparo este juzgador haya llevado a cabo las dos primeras etapas de la audiencia, esto es, la de pruebas y recepción de alegatos, pero por la declaración de incompetencia la sentencia vaya a ser dictada por un diverso juzgador, quien cabe precisar que, por regla general, y salvo que advierta irregularidades que subsanar, se deberá limitar a reconocer la validez de las etapas ya celebradas y dictar la sentencia correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a./J. 36/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Junio de 2009, Novena Época, página 43, del tenor siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN UN JUICIO DE AMPARO UN JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE LAS PRUEBAS Y ALEGATOS PERO, POR UNA INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE, EL ASUNTO SE REMITE A UN JUZGADOR DIVERSO, ATENTO AL PRINCIPIO DE UNIDAD QUE RIGE A AQUÉLLA, ÉSTE DEBE, POR REGLA GENERAL LIMITARSE A RECONOCER LA VALIDEZ DE LAS ETAPAS CELEBRADAS ANTE EL PRIMERO Y DICTAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE." Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 155 de la Ley de Amparo, señalan que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva habrán de llevarse a cabo en un acto procesal continuo, integrado por etapas establecidas, pero no ordenan que ello ocurra ante el mismo juzgador. Por tanto, cuando en un juicio de amparo un juez conoce de las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, esto es, el ofrecimiento y desahogo de las pruebas y la recepción de alegatos, pero por la declaración superveniente de incompetencia el asunto se remite a un juzgador diverso, atento al principio de unidad de la audiencia, por regla general y salvo que advierta irregularidades que subsanar, éste debe limitarse a reconocer la validez de las etapas ya celebradas ante el otro juzgador y dictar la sentencia que en derecho proceda. Ello es así porque la indicada unidad no es subjetiva, es decir, no significa que deba tratarse del mismo juez, sino que es objetiva y material en tanto que implica que se trata de un solo acto procesal cuya validez requiere la celebración de sus tres etapas (pruebas, alegatos y sentencia). Además, dada la naturaleza unilateral del dictado de la sentencia, nada impide que se dicte sin trastocar lo actuado en juicio. Lo anterior se fortalece atento al principio constitucional de justicia pronta y expedita que, aplicado analógicamente al juicio de amparo, conlleva la necesidad de evitar diligencias innecesarias que puedan retrasar ociosamente un procedimiento." Tampoco el óbice para este juzgado que por auto de cinco de octubre de dos mil dieciséis, admitió la demanda y aceptó la competencia planteada por el homólogo de Aguascalientes, pues no obstante dicha determinación, ello no impide que en la sentencia se pueda volver a analizar el presupuesto procesal en comento (competencia), dado que resultaría jurídicamente incorrecto que un juzgador resolviera un juicio careciendo de facultades para tal efecto, pues ello atentaría en contra del orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Tesis VII.2o.P.3 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Novena Época, del tenor siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI CARECE DE ELLA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO, EL TRIBUNAL COLEGIADO, AL RESOLVER LA REVISIÓN INTERPUESTA CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN TAL JUICIO, DEBE REVOCAR ESTA ÚLTIMA Y ORDENAR QUE SE REMITAN LAS ACTUACIONES AL JUEZ QUE SE ESTIME COMPETENTE, PARA EL ÚNICO EFECTO DE QUE DICTE UNA NUEVA SENTENCIA. Si el Juez de Distrito en favor del cual se declinó la competencia, ilegalmente aceptó la misma y continuó conociendo del juicio de amparo hasta dictar la correspondiente sentencia, el Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de dicha resolución, debe revocar ésta y remitir los autos al Juez que resulta competente, con fundamento en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo, puesto que es del todo inadmisible que un juicio de garantías sea resuelto por un Juez de Distrito que carece de facultades legales para hacerlo, siendo ello una cuestión que trasciende al orden público, en el entendido de que la nulidad de actuaciones es únicamente respecto al fallo combatido en revisión y no así por lo que se refiere a las demás actuaciones, incluyendo la audiencia constitucional." En las relatadas condiciones, este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, promovida por Daniel Isaac Ic Chocooj, por lo tanto, remítase los autos originales al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en Turno. Lo anterior hágase del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, toda vez que el directo quejoso Daniel Isaac Ic Chocooj, se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social Número 15 "CPS CHIAPAS", esto es, fuera del lugar de la jurisdicción territorial de este Juzgado Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, remítase por conducto del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, atento exhorto al JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE CHIAPAS, CON RESIDENCIA EN TAPACHULA, para que en auxilio de las labores de este Juzgado notifique personalmente al citado quejoso esta resolución y, una vez efectuado lo anterior, devuelva a la brevedad la comunicación por la misma vía que se le remite. Fórmese cuaderno de antecedentes. Por lo anteriormente expuesto, fundado, y con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del juicio de amparo promovido por Daniel Isaac Ic Chocooj, por su propio derecho, por los motivos vertidos en el considerando único de la presente resolución. SEGUNDO. Se declina competencia para conocer del acto referido, a favor del JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE CHIAPAS, CON RESIDENCIA EN TAPACHULA. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió Iván Ojeda Romo Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa asistido del Secretario Luis Felipe Ruiz Martínez Lasso que autoriza y da fe. Doy Fe. 25535, 25536, 25537, 25538 y 25539

  4. Principal

    En veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, se da cuenta al Juez con un oficio registrado con el número 14434 y anexo que se adjunta. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Téngase por recibido el oficio enviado vía electrónica por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, al que adjunta la constancia de notificación practicada al quejoso Daniel Isaac Ic Chocooj, el veintitrés de octubre del año en curso, la cual fue encomendada mediante exhorto 217/2017 con número de orden 824/2017; ello en términos de las actuaciones practicadas por el actuario judicial adscrito a dicho juzgado; acúsese recibo. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con secretario que autoriza, licenciado Juan García Trejo. DOY FE. Bjm

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