Daniel Humberto Ortiz Mena
Expediente 986/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 986/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Daniel Humberto Ortiz Mena
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio 2551 signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta el testimonio judicial de la resolución pronunciada el dieciséis de diciembre del año en curso, en la queja 134/2021, formada con motivo del recurso de queja interpuesto por DANIEL HUMBERTO ORTIZ MENA, por conducto de quien se ostenta su defensor particular Miguel Bargas Diaz, contra el auto de cuatro de junio de la presente anualidad; resolución en la que aparece que la citada Superioridad, resolvió: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por DANIEL HUMBERTO ORTIZ MENA, por conducto de quien se ostenta su defensor particular Miguel Bargas Diaz, contra el auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, dictado por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, relativo al juicio de amparo indirecto número 986/2021." Por tanto, acúsese recibo vía interconexión y háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se desechó el presente juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/4228/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Agréguese el oficio 5364/2021, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que acusa recibo del diverso oficio 15452/2021, por medio del cual se puso a disposición para su consulta a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el juicio de amparo 986/2021-II y el escrito de interposición de agravios, mismo que le fue remitido digitalmente por este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado; lo anterior, con motivo del recurso de queja interpuesto por Miguel Bargas Díaz, quien se ostenta defensor particular del quejoso Daniel Humberto Ortiz Mena, contra el proveído de cuatro de junio del año en curso; asimismo, informa que se admitió el citado recurso de queja, quedando registrado con el número de toca 134/2021.
- Principal
Agréguese a estos autos el escrito signado por MIGUEL BARGAS DÍAZ, quien se ostenta defensor particular del quejoso DANIEL HUMBERTO ORTIZ MENA, con siete copias y sin anexos, mediante el cual interpone recurso de queja, en contra del auto de cuatro de junio del año en curso; en mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del artículo 97 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad, manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL RECURRENTE, ya que en el citado proveído, se desechó la presente demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b de la propia ley, este último interpretado en sentido contrario, toda vez que se consideró que el acto reclamado constituye un acto procesal dictado fuera de juicio, que no incide en la esfera de derechos sustantivos del quejoso. En tal virtud, a fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado, con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el escrito de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente; asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal al que corresponda el conocimiento del asunto, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por DANIEL HUMBERTO ORTIZ MENA, por conducto de quien se ostenta su defensor particular MIGUEL BARGAS DÍAZ, contra el acto que reclama del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado. Fórmese el expediente 986/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, respecto del acto reclamado consistente en la resolución dictada en la audiencia de control de veintisiete de mayo del año del año en curso, en la carpeta de administrativa 190/2020 del incide de la autoridad responsable, en la que se negó que el perito contable tenga acceso al material, reconocimiento y documentación fotográfica de los registros y documentos del Sistema de Contabilidad de la persona moral "EMESUR", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para la elaboración del correspondiente dictamen pericial ofrecido por el imputado; se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b de la propia ley, este último interpretado en sentido contrario, toda vez que el acto reclamado constituye un acto procesal dictado fuera de juicio, que no incide en la esfera de derechos sustantivos del quejoso. En efecto, los artículos citados disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: I.- (.); III.- Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De los preceptos legales transcritos de obtiene que es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos u omisiones provenientes de un procedimiento seguido en forma de juicio, que se trate de una resolución definitiva, o bien, que se trate de actos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente los derechos sustantivos del quejoso, tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, es aplicable en lo sustancial la jurisprudencia 3a. 43, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. En este contexto, el juicio constitucional resulta improcedente, toda vez que la resolución reclamada proviene de un procedimiento en forma de juicio, a saber, la integración de la una carpeta de investigación, por lo que no le depara al quejoso una afectación de imposible reparación. En principio, se afirma que la indagatoria realizada en una carpeta de investigación, reviste el carácter de un procedimiento seguido en forma de juicio, dado que por tal debe entenderse, no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene una resolución definitiva; caso en el que se ubica el trámite de la indagatoria ministerial, donde el fiscal investigador integra un expediente, a efecto de preparar una eventual determinación que llevará ante el juez de control. Lo anterior tiene apoyo, por las razones que informan, en la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, sustentada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, de rubro y texto siguientes: PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo. Lo anterior es así, dado que en el sistema penal de corte acusatorio y oral, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, quedó conformado por las etapas siguientes: a) Etapa preliminar o de investigación, que asume el Ministerio Público con los cuerpos de policía, con vigilancia judicial garantizada por el juez de control; aquí es cuando el Ministerio Público puede optar por la aplicación de un criterio de oportunidad; siempre que no se haya formulado imputación; b) Etapa intermedia o de preparación de juicio oral, en la que el juez de control resuelve sobre la aplicación de justicia restaurativa, esto es, de las formas alternativas de terminación del proceso, como son la mediación, conciliación, arbitraje, entre otras, las cuales procederán hasta antes de decretarse el auto de apertura del juicio oral; además, deberá calificar, en su caso, la detención; celebrar si es solicitada la audiencia de formulación de imputación, así como la de vinculación a proceso y de solicitud de medidas cautelares; depurar y admitir pruebas ofrecidas por los intervinientes, resolver sobre excepciones procesales y sobre la apertura del juicio oral; c) Etapa de juicio, donde se desahogan pruebas, se escuchan alegatos y se dicta sentencia definitiva. La descripción de las fases que conforman el procedimiento penal acusatorio vigente, confirman que la integración de la carpeta de investigación no afecta derecho sustantivo alguno del quejoso, porque constituye un acto pre-procesal que tiene injerencia en la primera etapa del procedimiento (investigación), que señala el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, etapa inicial que conlleva la práctica de diversas diligencias y pruebas que recaba el Ministerio Público, que a la letra dice: Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación.El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme. Por tanto, los actos de omisión de recabar datos de prueba o bien, como en el caso de negar los ofrecidos por las partes, los cuales se llevan a cabo durante la etapa de investigación desformalizada o complementaria, constituyen actos que dada su naturaleza procesal no generan una ejecución que sea de imposible reparación contra la esfera jurídica de derechos del quejoso. Apoya la anterior conclusión, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis : I.4o.P.35 P, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, página 933, que establece: INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE REALIZAR LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN PROPUESTOS POR LAS PARTES EN ESTA ETAPA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO QUE, POR SÍ SOLO, NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO. La negativa ministerial de realizar las diversas diligencias indagatorias formuladas por las partes durante la etapa de investigación complementaria en el sistema penal acusatorio hasta antes de su cierre, por sí sola, no causa perjuicio alguno al quejoso, en razón de que dicha negativa no constituye un acto que resuelva definitivamente la no ejecución de los actos de indagación propuestos, pues acorde con el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el disconforme, hasta antes de presentada la acusación, puede exponer ante el Juez de Control los motivos por los cuales considera necesario que se realicen los actos de investigación formulados y que, de manera previa, el fiscal investigador rechazó, ya que, en todo caso, la decisión final la tomará el juzgador si resulta procedente o no ordenar la reapertura de la investigación en términos del precepto mencionado; de ahí que contra esa negativa el juicio de amparo indirecto sea improcedente, en términos del artículo 61, fracción XII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Evidenciado lo anterior, se reitera que la carpeta de investigación reviste un procedimiento seguido en forma de juicio, que lo reclamado por el quejoso, por su naturaleza negativa o de omisión, es claro que no reúnen las características de una resolución definitiva dictada en dicha indagatoria penal, asimismo, se tiene que las negativas a recabar diversas probanzas de que se duele el quejoso, tampoco constituyen actos de imposible reparación, dado que no afectan materialmente sus derechos sustantivos, por lo que no se actualizan los supuestos de procedencia del amparo previstos en la fracción III, del artículo 107, de la Ley de Amparo.Efectivamente, la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido en contra de los actos realizados durante la investigación debe ser determinada en aras de preservar la función indagatoria, de manera casuística, tomando en consideración fundamentalmente si éstos constituyen o no actos cuyos efectos podrán o no ser desvirtuados o contrarrestados a través del proceso judicial. Así, ciertamente aquellos actos que de manera irreparable e inmediata trascienden a la esfera jurídica del inculpado son susceptibles de ser combatidos a través del juicio de amparo; pero, por ejemplo, aquellas irregularidades relacionadas con el procedimiento que afecten la garantía de audiencia o defensa son, en cambio, violaciones adjetivas que no implican una afectación inmediata e irreparable para el quejoso, por ser susceptibles de ser contrarrestadas mediante la determinación del Juez de no otorgar valor probatorio a las pruebas obtenidas de manera ilícita. Con base en todo lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público, por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y, por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de ser contrarrestados o anulados con posterioridad, no trascienden de manera inmediata e irreparable a la esfera jurídica del gobernado.Se cita por las razones que la informan la tesis aislada (X Región)2o.1 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, que se comparte, que asienta: INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular. Bajo esas consideraciones, es dable concluir que la resolución aquí reclamada que niega el desahogo, en la forma propuesta por el quejoso, de un dato de prueba en la investigación complementaria, constituyen un aspecto única y exclusivamente procesal, cuya ejecución no es de imposible reparación, ni infringe derechos sustantivos consagrados en la Ley Fundamental o en los Tratados Internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, toda vez que, con ello, únicamente se afectan derechos adjetivos o procesales, que incluso podrían resultar intrascendentes.Así las cosas, se tiene que, en el caso, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), de la propia ley, este último interpretado en sentido contrario. En consecuencia, al actualizarse la causal prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto en su demanda de amparo; y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a IVAN TORIBIO MEDINA CONTRERAS y FABIOLA BARGAS OCHOA, así como con las limitaciones que establece la parte final del artículo antes citado tal como lo solicita a las personas restantes mencionadas en su demanda de amparo.Ahora bien, respecto a su solicitud de que se le otorgue, el acceso al expediente electrónico a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio y recibir notificaciones, proporcionando para ello sus nombres de usuarios: "marielalopez96" y "ginacrx", relativo al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a los citados usuarios, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, para consultar, promover y que les sea notificado en el mismo con su nombre de usuario"marielalopez96" y "ginacrx", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan. Asimismo, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico y telefónica, sin embargo, dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), se ordena notificar a la parte quejosa las notificaciones que sean de carácter personal que sean necesarias durante la contingencia sanitaria, mediante el correo electrónico que se encuentran plasmado en la demanda de amparo, por la parte promovente, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y de la propia parte promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía, quedando a salvo el derecho de la parte quejosa para señalar uno diverso si conviene a sus intereses.En cuanto a su diversa solicitud, consistente en que se permita el uso de medioselectrónicos para tomar fotografías del presente expediente; con apoyo en la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se accede a lo instado. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.
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