Daniel Hugo Mondragón Cazares

Expediente 1096/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1096/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
03/01/2018

Partes del expediente

  • Daniel Hugo Mondragón Cazares

Actuaciones

  1. Principal

    mesa 1: Ciudad de México, tres de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo dentro del presente juicio de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, ... se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese; y, personalmente al quejoso en el lugar donde se encuentra privado de la libertad.

  2. Principal

    mesa"1" Ciudad de México, diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por DANIEL HUGO MONDRAGÓN CAZARES, contra los actos y la autoridad que en la misma se precisan, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número 1096/2017-1 y fórmese el expediente correspondiente. Antes de que este órgano jurisdiccional proceda a la admisión, prevención o desechamiento del escrito que se provee, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto deberá desecharse de plano la demanda. En ese tenor, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Así, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, mayo de 1998, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Desechamiento Establecido lo anterior y una vez analizada la demanda de amparo que se atiende, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en la especie, la prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Se afirma lo anterior por las siguientes consideraciones. El artículo 17 de la Ley de Amparo señala que por regla el plazo para presentar la demanda es de 15 días, con la excepción, entre otras, de que podrá ser promovido en cualquier tiempo si el acto reclamado implica lo siguiente: - Peligro de privación de la vida. - Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. - Incomunicación. - Deportación o expulsión. - Proscripción o destierro. - Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Área Nacionales. - Desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, la resolución dictada el quince de noviembre de dos mil diecisiete dentro del Toca U295/22017 por la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, no se ubica en ninguno de los supuestos de excepción referidos, lo que resultaba indispensable para poder sostener que este juicio constitucional podía ser promovido en cualquier tiempo, sin sujetarse al término genérico de quince días. Lo anterior, es así porque el quejoso se encuentra sujeto al Toca Unitario 295/2017 del índice de la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que se formó con motivo del recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Juez Trigésimo Sexto Penal de la Ciudad de México, en relación con el incidente no especificado presentado por el impetrante, de lo que se obtiene que la resolución por la cual, la Sala Penal confirmó lo resuelto por el juzgado de origen dictada el quince de noviembre de dos mil diecisiete fue dentro del procedimiento que se le instruye al quejoso. Por ende, aun cuando dicho acto reclamado ataque la libertad personal del solicitante de amparo, no puede considerarse que fue emitido fuera de procedimiento. Bajo esas condiciones, para la promoción del amparo, el peticionario constitucional debió sujetarse al término de 15 días referido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que en la especie no ocurrió, como más adelante se verá. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de 15 días para la promoción del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución. c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Dichas reglas son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación. Ahora, el mencionado precepto establece que el término de quince días a que se refiere, entre otros supuestos, contará a partir del día siguiente al en que en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. Esta regla se actualiza cuando el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado a través de la notificación que le realizó la autoridad responsable (situación que ocurre en la especie). En ese contexto, tomando en consideración lo manifestado por el impetrante en su demanda de amparo, es evidente que el acto reclamado le fue notificado el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Precisado lo anterior, conviene recordar que la resolución reclamada emana de un proceso penal radicado en un juzgado penal de esta ciudad. En consecuencia, dicho acto se rige por el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, por lo que el cómputo del término correspondiente, debe realizarse con base en las reglas establecidas en dicha codificación. En ese sentido, el artículo 57 del ordenamiento legal mencionado establece que los plazos son improrrogables y que empezarán a correr desde el día siguiente al de la notificación. En ese sentido, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete (según se desprende del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México); el término de quince días a que alude el artículo 57 del Código de Procedimiento Penales para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, transcurrió en exceso. Atento a lo anterior, el peticionario de amparo consintió tácitamente el acto que ahora reclama, en tanto que esta demanda de amparo fue promovida fuera del término legal de quince días aludido; actualizándose la causal de improcedencia invocada. En razón de lo expuesto, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO en términos de los artículos 113 y 61, fracción XIV de la Ley de Amparo... Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la juez María Dolores Núñez Solorio, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ante la secretaria Paola Tejada de León que autoriza y da fe.

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