Daniel Herrera Vargas

Expediente 141/2015 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
141/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
26/02/2015

Partes del expediente

  • Daniel Herrera Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    México, Distrito Federal, a veintiséis de febrero de dos mil quince. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede a las partes para interponer el recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó la demandad e amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2, de la Ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno. Consecuentemente, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.

  2. Principal

    México, Distrito Federal, a trece de febrero de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por DANIEL HERRERA VARGAS, contra el acto y las autoridades que en la misma se señala, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número 141/2015-I, y fórmese expediente. Antes de proveer sobre la admisión de la demanda de mérito, debe precisarse que se analiza en primer lugar la procedencia del juicio de garantías, ya que de acuerdo con el artículo 62, de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse preferentemente. Así, cabe precisar que el solicitante del amparo reclama el siguiente acto: La orden de identificación administrativa (ficha signalética) derivada del auto de formal prisión dictado en contra del quejoso por el Juez Séptimo Pena del Delitos No Graves, en la causa penal 421/2013, por el delito de uso de documento alterado (privado). En ese contexto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías, toda vez que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones: El numeral invocado, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento." Conforme a lo dispuesto en el precepto legal transcrito, así como al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, para que éste sea procedente es necesario que el solicitante del amparo, previamente al ejercicio de la acción constitucional, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. El quejoso reclama de manera destacada la orden de identificación administrativa derivada del auto de formal prisión emitido en su contra; en ese sentido, debe decirse que aquélla es una consecuencia directa del éste y constituye una medida de naturaleza administrativa procesal que se rige por el artículo 16 constitucional, pues su ejecución tiene por objeto aportar al juez de la causa, elementos suficientes para la individualización de la pena, y al igual que el auto del que deriva es impugnable mediante el recurso de apelación previsto en los artículos 363 y 367, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales, cuando como en este asunto, se reclama de manera destacada o como acto independiente del auto de términos constitucional del que emana. En ese contexto, en términos del mencionado artículo 367 del Código Federal Adjetivo, contra el acto que el quejoso reclama procede el recurso de apelación, medio de impugnación legalmente apto para combatir el acto reclamado, en tanto que cumple con los extremos exigidos por la causal de improcedencia invocada, pues está contemplado en la ley que rige el procedimiento del que emana el acto reclamado (Código Federal de Procedimientos Penales) y además, tiene la finalidad de que el acto judicial de mérito sea revisado y en caso de existir algún vicio cuya corrección legal sea procedente, se modifique, se revoque o se nulifique. En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Por tanto, en términos del artículo 113 del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE DERECHOS POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Es aplicable, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 1a./J. 60/2006, Materia Penal, visible en la página 164, Tomo XXIV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, octubre de 2006. Sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "ORDEN DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA). DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 414 Y 418 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL ANTES DE ACUDIR AL AMPARO. Conforme al artículo 298 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, la orden de identificación administrativa del procesado (ficha signalética) es una consecuencia directa tanto del auto de sujeción a proceso como del de formal prisión, y constituye una medida de naturaleza administrativa-procesal que se rige por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues su ejecución tiene por objeto aportar al Juez de la causa y de futuros procesos, elementos suficientes para la individualización de la pena. Ahora bien, al igual que el auto del que deriva, la mencionada orden de identificación es impugnable mediante el recurso de apelación previsto en los numerales 414 y 418 del referido Código, cuando se reclame de manera destacada o como acto independiente del auto de término constitucional del cual emana, siempre que dicha impugnación verse sobre violaciones a dicho artículo 16 constitucional; es decir, cuando se discurran cuestiones de legalidad; ya que el recurso tendrá como finalidad que el tribunal de segunda instancia analice la legitimidad de dicha orden y, en su caso, determine su modificación, revocación o nulificación. En congruencia con lo anterior, y en cumplimiento al principio de definitividad, se concluye que si el ordenamiento aplicable prevé el recurso de apelación como medio ordinario de impugnación, éste debe agotarse antes de promover el juicio de amparo; máxime que la orden de identificación administrativa no constituye una pena o una sanción restrictiva de la libertad del procesado, por lo que no se actualiza alguna de las excepciones previstas en el artículo 73, fracción XIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo". Domicilio de los quejosos y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que se menciona en la demanda de amparo. Por autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. Asimismo, se tiene por autorizado exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a la persona que se señala en la demanda de amparo. (Artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo) Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese personalmente.

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