Daniel Hernández Vela
Expediente 1555/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1555/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 12/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Daniel Hernández Vela
- Daniel Hernández Vela y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
I. Estado de autos De autos se advierte que mediante proveído de seis de octubre del año dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio, se ordenó archivar el expediente como concluido y se valoró su destino en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito. II. Hecho notorio Por otra parte, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio para el suscrito juzgador que el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en Internet, el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual en sus transitorios primero, cuarto y quinto, se dispuso lo siguiente: "PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación. [.] CUARTO. Los expedientes valorados con anterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo, serán resguardados, depurados o destruidos conforme a las disposiciones aplicables al momento de su valoración documental. QUINTO. Los expedientes que sean valorados con posterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo serán depurados y, en su caso, resguardados o destruidos, de conformidad con las reglas establecidas en éste" III. Regulariza procedimiento En atención a lo expuesto, toda vez que el presente amparo se valoró con el mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, debiendo ser lo correcto con el diverso citado en párrafos que anteceden, al haberse ordenado su archivo con posterioridad a su entrada en vigor, con fundamento en lo establecido por el precepto 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se regulariza el procedimiento, a efecto de evaluarse de la siguiente manera. IV. Valoración del expediente De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del referido Manual, en razón de que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y negó y concedió la definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del mencionado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional y definitiva. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del dicho Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del nombrado Manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. En el entendido que la referida regularización sólo comprende la valoración de este expediente; de ahí que el plazo para su destrucción empezó a transcurrir a partir de la fecha en que se ordenó archivar.
- Principal
Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de once de septiembre de dos mil veinte, dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia que Sobresee ha causado Ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis cuyo rubro y texto establecen: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento". En virtud de que este expediente es susceptible de destrucción, por no tener relevancia jurídica dado el sentido del fallo, y al no estar contenido en el catálogo de juicios considerados de relevancia documental, en su oportunidad procédase a su destrucción, así como del duplicado de los cuadernos incidentales; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde la autoridad responsable; con su contenido, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la ley de la materia. Asimismo, se tiene a la autoridad responsable, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y por designando delegados a los profesionistas a que hace referencia, lo anterior con fundamento en el artículo 9 de la invocada ley. Con el mismo fundamento, agréguese a los autos para que obre como corresponda el primero de los escritos presentados por la vía electrónica por la autorizada del quejoso; mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hizo de fecha veintitrés de mes y año en curso e informa que la denominación correcta de la autoridad señalada en la demanda inicial de amparo como "Delegado Regional de la Unidad Administrativa de la Fiscalía General de la Republica" es "Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Durango de la Fiscalía General de la República"; asimismo informa que la autoridad señalada como "Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado" se refería a los cuatro agentes del Ministerio Publico adscritos a dicha Fiscalía, por lo que solicita se les requiera con las denominaciones Agentes del Ministerio Público Adscritos a la Agencia I, II, III y IV de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango; sin embargo, dichas autoridades fueron señaladas como responsables desde el escrito inicial de demanda, por lo que fueron debidamente notificadas de la tramitación del presente juicio. En mérito de lo anterior, solicítese a la autoridad responsable con la denominación correcta Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Durango de la Fiscalía General de la República, para que dentro del término de quince días rinda su informe justificado; con el apercibimiento de que la omisión de rendirlo generará la consecuencia que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, esto es, se presumirá cierto el acto reclamado; se le hace de su conocimiento que se señalaron las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. En el cuaderno incidental derivado del presente juicio, provéase lo conducente respecto a la suspensión provisional por cuanto a la autoridad anteriormente citada. Por otro lado, con fundamento en los artículos 26 fracción II, 28, 29 y 30 de la Ley de Amparo, se hace saber a la autoridad responsable que los subsecuentes proveídos de mero trámite o de poca importancia, lo que incluye, por regla general cualquier diferimiento de la audiencia constitucional, no les serán notificados por oficio, sino por lista, la cual pueden consultar en la página web oficial del Consejo de la Judicatura Federal, con la liga http://www.dgepj.cjf.gob.mx. Finalmente, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído del veintitrés de mes y año que transcurre y, se tiene como inexistentes a las autoridades denominadas Coordinador de agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ambas del Estado de Durango.
- Incidental
Agréguense a los autos para que obren como correspondan los escritos de la autorizada del quejoso; mediante los cuales, en el primero de ellos da cumplimiento al requerimiento que se le hizo de fecha veintitrés de mes y año en curso e informa que la denominación correcta de la autoridad señalada en la demanda inicial de amparo como "Delegado Regional de la Unidad Administrativa de la Fiscalía General de la Republica" es "Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Durango de la Fiscalía General de la República"; asimismo informa que la autoridad señalada como "Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado" se refería a los cuatro agentes del Ministerio Publico adscritos a dicha Fiscalía, por lo que solicita se les requiera con las denominaciones Agentes del Ministerio Público Adscritos a la Agencia I, II, III y IV de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango sin embargo, dichas autoridades fueron señaladas como responsables desde el escrito inicial de demanda, por lo que fueron debidamente notificadas de la tramitación del presente incidente de suspensión. Asimismo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído del veintitrés de mes y año que transcurre y, se tiene como inexistentes a las autoridades denominadas Coordinador de agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ambas del Estado de Durango. En cuanto, al segundo de los escritos de cuenta, dígasele a la promovente que el artículo 140 de la Ley de Amparo en lo que interesa dispone lo siguiente: "Artículo 140. En el informe previo la autoridad responsable se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyan, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes." Por tanto, no ha lugar a acordar de conformidad lo peticionado en el sentido de requerir a la responsable las constancias de donde deriva el acto reclamado, toda vez que de conformidad con el diverso numeral 117 de la ley reglamentaria, la autoridad responsable tiene la obligación de remitir dichas constancias como complemento a su informe justificado, el cual, se tramita por cuerda separada en el cuaderno principal, independiente al presente incidente de suspensión. Por otro lado, como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, relativo al juicio de amparo número 1555/2019, promovido por la licenciada Sonia Yadira de la Garza, en su carácter de apoderada legal de Daniel Hernández Vela, tramítese la suspensión respecto de los actos reclamados al Encargado de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Durango de la Fiscalía General de la República. Pídase a la autoridad responsable su informe previo que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto copia simple de la demanda; se hace de su conocimiento que se señalaron las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del dieciséis de enero de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. De lo anterior se advierte que la parte quejosa reclama las órdenes de aprehensión y/o comparecencia y/o citación giradas en su contra, así como su ejecución; la tramitación, integración y consignación de la carpeta de investigación instaurada en su contra, la negativa a ofrecer pruebas y la emisión del oficio de colaboración, así como su ejecución. Finalmente, solicitan la medida cautelar a efecto de que no se le prive de la libertad y no se judicialicen las carpetas de investigación reclamadas. En mérito de ello, por cuanto a la orden de comparecencia, que se reclama, se concede la suspensión solicitada para el efecto de que el quejoso quede a disposición de este juzgado de Distrito por lo que hace a su libertad personal y a disposición del juez de la causa, únicamente respecto a la continuación del procedimiento que se le instruye, el cual no debe obstaculizarse o paralizarse, para no transgredir disposiciones de orden público. Por otro lado, respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, si la misma se giró por un delito que no amerite prisión preventiva oficiosa, con fundamento en los artículos 125, 128, 138, 163 y demás relativos de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, y no se prive de la libertad al quejoso con motivo de dicho mandato de captura, quedando a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal, hasta que las responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva. Cabe señalar que en el caso de que la orden de aprehensión derive de un delito respecto del cual, de manera oficiosa se imponga la medida cautelar de prisión preventiva, la suspensión se concede para el efecto de que el quejoso en su momento, sea puesto a disposición de este juzgado en lo que corresponde a su libertad personal en el lugar en que sean recluidos y a disposición del juez de la causa para la continuación del procedimiento, de conformidad con el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo. En relación al diverso acto reclamado consistente en la integración de la carpeta de investigación instaurada en su contra, sin que se le otorgue el derecho de ofrecer pruebas y la garantía de audiencia, de conformidad con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,3 el doce de junio del presente año al resolver la contradicción de tesis 149/2019, se concede la suspensión solicitada para efecto que se les permita el acceso a los registros en la indagatoria, siempre y cuando acrediten encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que sea citado a comparecer o se emita en su contra algún acto de molestia. Por lo que hace al acto reclamado consistente en la integración de carpetas de investigación contra el ahora incidentista, en virtud de que no se satisface el requisito contemplado en el artículo 128, fracción II de la Ley de Amparo, consistente en que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, procede negar la medida cautelar; lo anterior, pues la sociedad está interesada en la prosecución y conclusión de la persecución de los delitos; lo que se hace extensivo a la posible judicialización de la carpeta de investigación, pues dicho trámite forma parte del procedimiento. Por cuanto al acto reclamado consistente en la emisión del oficio de colaboración, no obstante que se satisfacen los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, es improcedente, toda vez que dicho acto ya se llevó a cabo, por lo que es inconcuso que se trata de un acto consumando, contra el cual es improcedente conceder la medida, ya que de hacerlo se le estaría dando a la misma efectos restitutorios que son propios de la sentencia de amparo. No obstante respecto de los efectos y consecuencias que se derivan de la emisión de dicho oficio, procede negar la suspensión de dicho acto, ya que de hacerlo se afectarían disposiciones de orden público dado que los oficios de colaboración, forman parte de un procedimiento en la investigación de los delitos y por tanto su ejecución no puede suspenderse. Con independencia de lo anterior la emisión de un oficio de esa naturaleza, por sí mismo, no tiene como efectos la privación de la libertad de una persona, ya que éste se sustenta en una orden dictada por una autoridad, con facultades para ello en el que se solicita la ejecución de dicha orden y no constituye un acto con base en el cual pueda ejecutarse de manera independiente. En lo referente a la orden de citación que reclama, respecto de los efectos y consecuencias que se derivan de dicho acto y tomando en consideración que se satisfacen los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, en tanto que existe petición expresa de parte agraviada, de otorgar la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 162 de la Ley de Amparo se concede la suspensión provisional para efecto de que el quejoso no se le haga comparecer por medio de la fuerza pública con motivo de la citación; lo anterior no implica que deje de asistir a la cita que les haya formulado la autoridad responsable.
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