Daniel Hernández Rojas

Expediente 787/2013 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2013.

Datos del expediente

Expediente
787/2013
Año
2013
Actuaciones
4
Última actuación
05/09/2013

Partes del expediente

  • Daniel Hernández Rojas

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL DECLARO SU LEGAL INCOMPETENCIA, PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA, CONTRA ACTOS DEL JUEZ SEGUNDO CIVIL Y FAMILIAR DE APAN, HIDALGO; EN CONSECUENCIA; SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. FINALMENTE, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR RESOLUCIÓN DICTADA POR ESTE ORGANO COLEGIADO, REMITASE AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCION DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDOLE EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE, EN SU MOMENTO PROCESAL, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.

  3. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE VEINTISEIS DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL TRECE. regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en la especie, el suscrito considera que este tribunal colegiado carece de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver el juicio de amparo. Para constatar lo que se afirma, es menester precisar que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que Daniel Hernández Rojas, por propio derecho, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "(.) III.- AUTORIDAD RESPONSABLE. Tienes el carácter de autoridad responsable el Juez Segundo Civil y Familiar del distrito judicial de Apan, Hidalgo, el que tiene su domicilio bien conocido en la Presidencia Municipal de dicha ciudad. IV.- ACTO RECLAMADO.- Reclamo de la ordenadora, la Resolución Definitiva emitida en día 1 uno de julio del 2013 dos mil trece en la que pone fin al juicio de TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINICIO, promovida por el ahora tercero interesado en el presente juicio de garantías ARTURO LUCIO VÁZQUEZ, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil promovida por el suscrito DANIEL HERNÁNDEZ ROJAS, relativo al expediente número 929/2012 de los índices de la autoridad señalada como responsable.". Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo vigente, se advierte que el uno de julio de dos mil trece, el Juez Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, emitió resolución en la tercería excluyente de dominio derivada del juicio ejecutivo mercantil 929/2012, en la que declaró procedente dicha tercería, y declaró que Arturo Lucio Vázquez, es propietario del vehículo marca Pontiac, trans part, tipo van, modelo 1988, seis cilindros, color verde con placas de circulación y engomado folio MJX-12-65, tarjeta de circulación folio AU-C109507, con número de serie vehicular 1GMDXO03E8WD290019, sin número de motor con número de factura 34022566 de procedencia Estados Unidos de América, Estado de Alabama con pedimento aduanal número 081736808020699, por lo que se levantó el embargo trabajo en el juicio principal y, se condenó al actor Daniel Hernández Rojas y María Isabel González Sánchez, en su carácter de depositaria a hacer entrega de vehículo. Inconforme con dicha determinación, Daniel Hernández Rojas ahora quejoso promueve amparo directo, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Así, como ya se mencionó, el artículo 170, en su parte correspondiente, dispone que el juicio de amparo directo procederá contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; además de que para la procedencia de este deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la resolución de uno de julio de dos mil trece, dictada por el Juez Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, en la tercería excluyente de dominio derivada del juicio ejecutivo mercantil 929/2012, en la que declaro procedente la tercería excluyente de dominio y levanto el embargo trabajo, condenando al actor Daniel Hernández Rojas y María Isabel González Sánchez, en su carácter de depositaria a hacer entrega de vehículo embargado, por lo tanto, dicha resolución no es definitiva, toda vez que no pone fin al procedimiento, porque en su contra procede el recurso de apelación previsto por el artículo 1399 Bis del Código de Comercio. De ahí que si el acto reclamado no reúne los requisitos previstos por los ya apuntados preceptos legales 46 y 158 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas por el diverso numeral 46, de la ley de la materia vigente y, tampoco actualizarse las hipótesis contenidas tanto en el artículo 158, de la nueva ley de la materia, como del diverso 37, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es claro que por falta de competencia, el tribunal colegiado no puede decidir al respecto y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente ordenando el envío de la demanda de amparo y sus anexos al Juez de Distrito en turno en el Estado, con excepción del Juez Segundo de Distrito, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 89/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 61 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIII, Febrero de 2011, Materia Civil, del siguiente rubro y texto: "APELACIÓN. RESULTA PROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS, AUTOS, INTERLOCUTORIAS O RESOLUCIONES DICTADOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO MERCANTIL, CUANDO EL MONTO DEL NEGOCIO RESULTE DE CUANTÍA INDETERMINADA. La improcedencia del recurso de apelación en los juicios mercantiles respecto de asuntos de cuantía inferior a los doscientos mil pesos establecida en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, constituye una disposición excepcional, puesto que el legislador excluyó de forma limitativa la procedencia de ese medio de defensa cuando la controversia impulsó una cuantía inferior a doscientos mil pesos; esto es, el creador de la norma no hizo extensiva la hipótesis normativa a los demás juicios mercantiles ni a otro tipo de procedimientos judiciales. En esta lógica, el tratamiento que debe darse a asuntos de cuantía indeterminada, al no estar previstos como tales en el Código de Comercio, es el que imponen las reglas generales, es decir, las que regulan los juicios ordinarios, de tal suerte que los autos, interlocutorias y sentencias dictadas durante el procedimiento pueden ser impugnadas a través del recurso de apelación. Aunado a lo anterior, se estima que debe atenderse la regla establecida en el artículo 238 del Código Federal de Procedimientos Civiles, misma que señala que sólo son apelables las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de mil pesos, y en aquellos cuyo interés no sea susceptible de valuarse en dinero"-, por resultar complementaria al Código de Comercio. Así, se considera que la regla aplicable es la establecida en el artículo 1339, en el sentido de que contra las resoluciones dictadas en el procedimiento y sentencias recaídas en asuntos de cuantía indeterminada procede el recurso de "apelación." Así como la diversa tesis jurisprudencial emitida por contradicción de tesis 16/2003, sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.- De la interpretación sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías." Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados por parte del quejoso los indicados en el escrito de demanda. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, que en términos de su artículo cuarto transitorio derogó los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; en concordancia, con lo preceptuado en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación, debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º , 3º , 5º , 6º , 7º y 8º del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.

  4. Juicio de Amparo Directo

    A SUS AUTOS EL OFICIO QUE REMITE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y ANEXOS CERTIFICADOS QUE ACOMPAÑA, EN ATENCION A SU CONTENIDO, TENGASELES INFORMANDO SOBRE EL CUMPLIMIENTO QUE DICE DAR A LA EJECUTORIA DE AMPARO DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, Y QUE HACE CONSISTIR EN LA NUEVA RESOLUCION. EN CONSECUENCIA, DESE VISTA A LAS PARTES POR EL TERMINO DE DIEZ DIAZ PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERES LEGAL CONVENGA. QUEDANDO A SU DISPOSICION EN ESTA SECRETARIA COPIA DEL NUEVO LAUDO. HECHO QUE SEA, DICTESE EL ACUERDO CORRESPONDIENTE.

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