Daniel Hernandez Puente

Expediente 859/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
859/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
05/03/2021

Partes del expediente

  • Daniel Hernandez Puente

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Consecuentemente, toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión, archívense los cuadernos incidentales por separado; con la indicación de que el duplicado respectivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; ello, al contar con su original y no existir documentos originales en tal cuaderno, lo que deberá hacerse constar en la carátula respectiva. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en el diverso numeral 18 del Acuerdo en cita, toda vez que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada, el cuaderno original es susceptible de depuración; hágase constar dicha circunstancia en la carátula del expediente, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. Por tanto, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, transcurrido el cual, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Asimismo, se precisa que en el citado expediente original, no obra algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Glósese copia autorizada del presente proveído, en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 859/2020-V. No existen los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables Fiscal General del Estado, Comisario de la Dirección General de Métodos de Investigación del Estado y Director General de la Policía Metropolitana en San Luis Potosí, ya que éstas los negaron al rendir su respectivo informe justificado, sin que obre en autos prueba en contrario que desvirtúe tal negativa. De igual manera, son inexistentes las órdenes de aprehensión, detención, presentación, comparecencia y citatorio, que se reclamaron de la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales y del Director de Seguridad Pública del Estado. En consecuencia, al no acreditarse la existencia de los actos reclamados, sobre el particular, procede decretar el sobreseimiento en el juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia de la acción constitucional, ya sea que las hagan valer las partes o su observancia se realice de forma oficiosa, al tratarse de una cuestión de orden público y preferente, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. La suscrita advierte que con relación a las medidas de protección reclamadas se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La citada fracción establece la improcedencia del juicio de protección de derechos fundamentales debido a que los actos que se reclaman han surtido en forma total todos sus efectos; y ello hace que ya no puedan ser reparados mediante la vía constitucional. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en: Actos consumados de modo reparable, y Actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquellos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o subsanada al obtenerse una sentencia de amparo favorable, de ahí el que proceda el juicio de derechos en contra de actos consumados de modo reparable. Los actos consumados de modo irreparable son los que, al realizar todas sus consecuencias y efectos, no podrían ser restituidos de forma física o material al estado en que se encontraban antes de que se produjeran las violaciones reclamadas, es por eso que resulta improcedente el juicio de amparo en términos del precepto legal previamente citado. De ahí que al analizar en qué supuesto de actos consumados se encuentra el quejoso, debe atenderse su reparabilidad física y material, en atención a si el demandante del amparo puede gozar nuevamente de manera plena el derecho tutelado que fue trasgredido. En el caso en concreto, la parte quejosa demandó la protección constitucional en contra del acuerdo dictado en la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/29347/20, por la agente responsable el veintiuno de octubre de dos mil veinte, en el cual se decretaron diversas medidas de protección a favor de la aquí tercero interesada. Medidas de protección que tuvieron una temporalidad de sesenta días naturales, los cuales se computarían a partir de que fueran notificadas, de conformidad con el artículo 139 del aludido Código. La citada determinación fue notificada el veintiuno de octubre del año próximo pasado, a la aquí tercero interesada circunstancia que se advierte de las constancias exhibidas por la autoridad responsable y que obran agregadas en autos. Luego, el plazo de sesenta días comenzó a transcurrir a partir del veintidós de octubre y concluyó el veinte de diciembre, ambos de dos mil veinte. Así entonces, resulta indiscutible que, como la subsistencia de las medidas reclamadas fueron limitadas a cierto tiempo y éste ya trascurrió en su totalidad, es claro que son actos que se encuentran consumados de manera irreparable y, por tanto, dejaron de surtir sus efectos a la fecha en que se resuelve el presente juicio constitucional. De ahí que a ningún fin práctico conduciría analizar la constitucionalidad de la determinación de veintiuno de octubre de dos mil veinte emitida dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/29347/20, dado que para ello no puede soslayarse que no existe la posibilidad de que ante una eventual concesión puedan restablecerse las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación. En consecuencia, al haber sobrevenido la causa de improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 1º, 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de enero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el pedimento que suscribe el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el numeral 124, de la Ley de Amparo, se le tiene por formulando alegatos, los que serán tomados en consideración al momento de resolver y como lo solicita, en su oportunidad, expídasele copia certificada de la resolución que refiere. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, particularmente las constancias remitidas por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, se advierte que en términos del artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, le surge el carácter de tercero interesada a Maribel Trejo Coss. En virtud de lo anterior, túrnense los autos al actuario judicial de la adscripción, a efecto de que emplace a la citada tercero interesada en el domicilio ubicado en la calle Valle de Magnolia 140, interior B, Colonia Valle de Santiago en esta ciudad; a quien deberá correrle traslado con copia simple del escrito inicial de la demanda, así como autorizada del auto admisorio y del presente proveído; hacerle de su conocimiento la fecha y hora que se encuentran fijadas para que tenga verificativo la audiencia constitucional, a fin de que comparezcan a este juicio; le prevenga para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad y le aperciba que en caso de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal, se harán por lista, de conformidad con el artículo 26, fracción III, del ordenamiento legal en consulta. Para dar margen a lo anterior, se difiere de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese; hágase personalmente a la tercero interesada.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de dieciséis de diciembre pasado, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, por lo que se encuentra transcurriendo el término que concede el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan de su contenido; en consecuencia, para no dejarlas en estado de indefensión, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

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