Daniel Hernández George

Expediente 1576/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1576/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Daniel Hernández George

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años posteriores a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el referido plazo, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Como se advierte de la certificación de cuenta, en el presente asunto obran documentos aportados por la parte quejosa del catalogado como no originales, por lo cual se autoriza desde este momento su devolución en caso de que así lo solicite la quejosa, en el entendido que de no hacerlo dentro del plazo de noventa días hábiles, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación que antecede, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, toda vez que se encuentra pendiente el desahogo de la prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, ofrecida por el tercero interesado. Ahora, toda vez que en autos no obra el acuse de recibo del oficio número 34601, dirigido a la autoridad Coordinador General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México; en consecuencia, para dar celeridad al presente sumario, gírese nuevamente oficio a la mencionada autoridad, por mensajería acelerada (Estafeta), a efecto de que si tiene a bien, en auxilio de las labores de este Juzgado, proporcione el nombre de algún profesionista de esa dependencia a su cargo para que funja con el carácter de perito en materia de caligrafía y grafoscopía, o en su caso manifieste la imposibilidad que tenga para ello; hecho lo anterior, se acordará lo que en derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo requerido, se les impondrá una multa por la cantidad que resulte equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos de los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, para dar margen a lo anterior, y no transgredir las reglas esenciales que rigen el juicio de amparo, y no dejar en estado de indefensión a las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, y otra autoridad. RADICACIÓN DE DEMANDA. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente en su versión escrita y electrónica y regístrese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1576/2023-VI. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. SE ORDENA FORMAR CUADERNO DE PRUEBAS. Por otra parte, con las copias certificadas del procedimiento de responsabilidad administrativa ******************** del índice de la Autoridad Substanciadora del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, fórmense cuaderno de pruebas por cuerda separada, debidamente identificado con el número I, lo anterior, para un mejor manejo y cuidado del mismo. DESECHAMIENTO TOTAL DE LA DEMANDA. Los artículos 112, primer párrafo y 113, ambos de la Ley de Amparo imponen la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso, el acto reclamado tiene su origen en el expediente relativo al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa ******************** del índice de la Autoridad Substanciadora del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, mismo que actualmente se encuentre en trámite, empero, suspendido por el trámite al recurso de reclamación tramitado en dichos autos, ya que aún no se dicta resolución definitiva en los mismos. Ahora bien, el acto que el quejoso pretende combatir a través del juicio de amparo, consiste, esencialmente en la resolución dictada el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por el quejoso, en contra del auto de radicación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa ******************** del índice de la Autoridad Substanciadora del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. No obstante, el suscrito encargado del despacho considera que en contra de tal acto se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, toda vez que no es un acto de imposible reparación. Ciertamente, el precepto legal 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]. De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...]. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. Así mismo, el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio [...]. De conformidad con la disposición constitucional transcrita, cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación; lo anterior se retoma en la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107, fracción V, cuando establece que el amparo ante el Juez de Distrito se pide "Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por estos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ciertamente, de acuerdo con el principio estatuido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos jurisdiccionales de imposible reparación, entendiéndose por estos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales es improcedente el amparo indirecto conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sentido, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del gobernado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos de obtener un fallo favorable, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. Por el contrario, de obtener un fallo desfavorable, las posibles afectaciones que origine el pronunciamiento de acuerdos previos al dictado de la sentencia, podrán controvertirse en el recurso que proceda contra esta. Cabe precisar que el concepto de irreparabilidad expuesto, ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que es del tenor literal siguiente: [.] Época: Octava Época Registro: 205651 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 56, Agosto de 1992 Materia(s): Común Tesis: P./J. 24/92 Página: 11 EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio [.]. Por su parte, la Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, ha definido los actos procesales cuya ejecución es de imposible reparación, en la jurisprudencia 175, que a la letra dice: [.] Época: Octava Época Registro: 820074 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: 3a. 43. Página: 59 EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo [.]. En el caso, el acto reclamado consiste, esencialmente en la resolución dictada el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto por el quejoso, en contra del acuerdo de radicación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa ******************** del índice de la Autoridad Substanciadora del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. La autoridad responsable, al resolver sobre el recurso de reclamación planteado por el aquí quejoso, confirmó el auto impugnado, ordenando que, una vez que quede firme la resolución, se continúe con la substanciación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa de Origen; lo que evidencia que el acto reclamado repercute directamente en un aspecto de índole procesal dentro del expediente de origen, por lo que no constituye un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, pues no afecta por sí mismo de manera directa un derecho sustantivo del quejoso ********************, sino que tal afectación puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal y, en todo caso, inciden en la posición que tomarán las partes dentro del procedimiento natural con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objeto primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos. Así, con la emisión de la resolución reclamada el quejoso no resiente en su esfera jurídica un perjuicio de manera inmediata ya que no se transgrede alguno de sus derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, por tanto, no siendo un acto del procedimiento que lo deje sin defensa, ni teniendo el carácter de irreparable, el amparo en contra de dicha determinación es improcedente. Máxime que, de la interpretación integra de la demanda de amparo, se advierte que el impetrante es parte en el expediente de origen, y que aún no se ha dictado resolución definitiva, dado que dicho procedimiento se encuentra suspendido por el trámite que se dio al recurso de reclamación interpuesto en contra del auto de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés que, admitió a trámite el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa que presentó el Contralor del Poder Judicial del Estado, en su carácter de Autoridad Investigadora, dentro del cual señala al servidor Público ******************** -aquí quejoso-, como presunto responsable de cometer una falta administrativa; y en su momento procesal oportuno, cuando la resolución aquí reclamada -de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés- quede firme, se continuara con la substanciación del mismo. Lo anterior, implica que aún se encuentra en tiempo para alegar y presentar pruebas dentro del procedimiento de origen para acreditar sus excepciones, teniendo que, la valoración correspondiente de dicho medios, es futura. Por lo que no es dable estimar que la determinación reclamada afecta de manera inmediata derechos sustantivos del hoy quejoso. Los razonamientos expuestos con antelación ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que no resultaría factible formarse una convicción diversa en el juicio, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En tales condiciones, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia referida es procedente, con fundamento en los diversos 112 y 113 de dicho cuerpo de leyes, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO. Se tiene por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones. AUTORIZADOS. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo a ******************** y ********************, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Finalmente, se autoriza a cualquier Secretaria o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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