Daniel Hernández García
Expediente 588/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 588/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Daniel Hernández García
Actuaciones
- Principal
PRAL 588/2022 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de junio de dos mil veintidós. 1. Despacho diligenciado. Agréguese únicamente para que obre el oficio firmado por el juez del Juzgado Penal de Etla, Oaxaca, con el que remite diligenciado el despacho con número de orden 177/2022 y de origen 112/2022, de este órgano jurisdiccional, que se envió con la finalidad de 1) notificar personalmente el proveído de veinte de mayo de dos mil veintidós al quejoso Daniel Hernández García y 2) notificar a las autoridades responsables los oficios en los que se transcribió el auto en el que se concedió la suspensión de oficio, decretada de plano. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, debido a que en auto de veinticinco de mayo del actual se proveyó el contenido del citado oficio. 2. Estado de autos. Visto los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra la determinación de veinticinco de mayo del año en curso, en la cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 2.1. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la determinación relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1. Destino. (Depuración). Ahora, toda vez que en auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, se decretó de oficio y de plano la suspensión, en los términos que ahí consta, por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, este expediente es depurable; por tanto, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir del auto de tres de agosto pasado, procédase a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del acuerdo mencionado. 5. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es depurable. 7. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula de expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 588/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. 1. Despacho diligenciado. Agréguese el oficio firmado por el juez del Juzgado Penal de Etla, Oaxaca, con el que remite diligenciado el despacho con número de orden 177/2022 y de origen 112/2022, de este órgano jurisdiccional, que se envió con la finalidad de 1) notificar personalmente el proveído de veinte de mayo de dos mil veintidós al quejoso Daniel Hernández García y 2) notificar a las autoridades responsables los oficios en los que se transcribió el auto en el que se concedió la suspensión de oficio, decretada de plano. Por lo anterior, dése de baja en el libro de gobierno correspondiente y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, con las anotaciones correspondientes. 2. Diligencia de ratificación. Vista la diligencia de veintiuno de mayo de dos mil veintidós, en la que se advierte que Daniel Hernández García ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por Óscar Martínez Sánchez. Al respecto, se procede a determinar lo conducente en relación con la admisión o no, de la demanda de amparo. Para ello, debe precisarse que de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama toralmente la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento. 3. Desechamiento. Cabe mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto reclamado; precepto que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". La cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si la violación nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del solicitante del amparo, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora, en la demanda de amparo el quejoso señaló como acto reclamado la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento, mientras que en la razón de entrega de oficios realizada por la actuaria Judicial del Juzgado Penal de Etla, Oaxaca, hizo constar que una vez entregados los oficios de la suspensión de oficio, el quejoso Daniel Hernández García fue puesto en inmediata libertad el veintiuno de mayo de dos mil veintidós, aproximadamente a las ocho horas cuarenta minutos. De ahí que, al haber quedado en libertad Daniel Hernández García el veintiuno de mayo de dos mil veintidós, es inconcuso que se cumplió el fin por el cual fue presentada la demanda de amparo (esto es, obtener la libertad del quejoso), lo que hace evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, y se dejó de afectar la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo, en el sentido que desapareció la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento reclamada por la parte quejosa; por ello, como el acto reclamado no seguirá trastocando la esfera jurídica de la parte quejosa, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por ende, sus efectos, es inconcuso que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a este órgano de control constitucional a desechar de plano la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, registro 197367, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". De igual forma, la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, se dejan sin efecto las providencias decretadas a favor del quejoso Daniel Hernández García en acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós; circunstancia que se hace del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes. 4. Domicilio y personas autorizadas. En atención a la ratificación efectuada por el directo quejoso, y toda vez que en auto de veinte de mayo del año en curso se reservó proveer lo conducente respecto al domicilio y autorizados. Por ello, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizados para recibirlas a las personas que señala. 5. Correo electrónico y teléfono. Asimismo, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico y número telefónico que menciona. No obstante que dicho correo y número telefónico no reúnen los requisitos previstos en los artículos 3º y 24, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; sin embargo, debido a la situación de contingencia en que se encuentra el país, se autorizan dichos medios únicamente para que el actuario judicial tenga comunicación con la parte quejosa y, en su caso, sirvan como auxiliar para lograr las notificaciones personales. 6. No se da vista al ministerio público respecto a actos de tortura. Sin que haya lugar a dar vista al ministerio público porque no se advierte la comisión de algún acto de tortura, toda vez que la actuaria Judicial del Juzgado Penal de Etla, Oaxaca hizo constar que el quejoso no presentó ninguna huella de lesión; asimismo el propio quejoso manifestó a la fedataria que no presentaba ninguna lesión. 7. Informes relativos a la suspensión de oficio. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguense los oficios de cuenta signados por la presidenta Municipal, síndico Municipal y director de Seguridad Pública de San Francisco Telixtlahuaca, Etla, Oaxaca, mediante los cuales rinden informe relativo a la suspensión de oficio decretada de plano en este juicio de amparo. 8. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese; y personalmente al quejoso Daniel Hernández García. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 904/2021 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintidós. 1. Se agrega sobre cerrado. Agréguese el sobre cerrado que devuelve la mensajería acelerada Estafeta, que contiene el oficio 10209/2022, dirigido a la autoridad responsable "Secretaría de Salud, quien actúa en representación del presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos", con transcripción del proveído de veintidós de abril de dos mil veintidós, por el cual se le hace del conocimiento la ejecutoria dictada en este juicio de amparo y se requiere el cumplimento de la misma. 2. Se reexpide oficio (e instrucción a la Actuaría). En esas condiciones, a fin de que el expediente electrónico quede debidamente integrado y la citada autoridad responsable "Secretaría de Salud, quien actúa en representación del presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos", tenga conocimiento del contenido del citado proveído de veintidós de abril de dos mil veintidós, se ordena reexpedir el oficio citado, vía mensajería acelerada al domicilio: Avenida Marina Nacional #60, piso 15, colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C. P. 11410, Ciudad de México, toda vez que del expediente electrónico se advierte que anteriormente ya se ha recibido la correspondencia oficial enviada por este órgano jurisdiccional en dicho domicilio. Por lo anterior, se instruye al actuario adscrito realice lo correspondiente e integre al expediente electrónico el comprobante de envío, donde se advierta la guía de rastreo y proporcione los datos necesarios a esta secretaría para darle el seguimiento pertinente. 3. Informa cumplimiento de la sentencia. Por otra parte, agréguense los oficios firmados por el 1) coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Oaxaca, y la 2) delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar, mediante los cuales informan lo relativo al cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo y remite las constancias relativas. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y anexos, dése vista a la parte quejosa, para que manifieste lo que a sus derechos convenga. Transcurrido el término concedido en el citado numeral, resuélvase lo procedente en relación a ese cumplimiento. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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