Daniel Hernández del Prado

Expediente 40/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
40/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
13/02/2018

Partes del expediente

  • Daniel Hernández del Prado
  • Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de México
  • DANIEL HERNÁNDEZ DEL PRADO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA III. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que dentro del término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar el auto por el que se tuvo por no presentada y se desechó de plano la demanda de amparo, no fue recurrido por las partes; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia conforme a su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. SE ORDENA ARCHIVO DE EXPEDIENTE. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en las hipótesis de asuntos destruibles contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, y por la naturaleza de lo resuelto el presente sumario no es de valor jurídico. Notifíquese.

  2. Principal

    Mesa III. CITATORIO (PARTE QUEJOSA) SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE 26 DE ENERO DE 2018, QUE DICE: "Toluca, Estado de México; veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no desahogó la prevención formulada en auto de dieciséis de enero del año en curso (fojas 14 y 15 vuelta); en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el proveído de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por la quejosa ***, en nombre y representación de su hermano ***. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que de una lectura íntegra al escrito de demanda, se advierte que los actos reclamados a las autoridades responsables en esta instancia se hacen consistir en: I. H. Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje. DE LA OMISIÓN DE EMITIR EL ACUERDO RESPECTIVO DEL DESAHOGO DE FECHA 6 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO ANTE OFICIALÍA DE PARTES COMÚN DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTINUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE .BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL NÚMERO ***/2015. II. El C. Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje. DE VIGILAR EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES DEL EXPEDIENTE NÚMERO ***/2015, DE EMITIR EL ACUERDO RESPECTIVO DEL ESCRITO INGRESADO EL 6 DE ABRIL DEL 2017 ANTE LA OFICIALÍA DE PARTES DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTINUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.  Todos con domicilio ubicado en: *******Toluca, Estado de México. Una vez precisado lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que respecto de los citados actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, párrafo primero, de la propia ley reglamentaria, aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción XXIII del artículo 61 transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica una causa de improcedencia del juicio de amparo, en razón de que el legislador no podía establecer de manera casuística todos los motivos que impiden el ejercicio de la acción constitucional, y temeroso de pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción de trato, que es ciertamente justificada en tanto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguna de las específicas que se prevén en el numeral de referencia, como la establecida en los numerales 5º, fracción I, y 6°, párrafo primero, de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario. Por otra parte, del análisis de los referidos artículos 5º, fracción I, y 6°, párrafo primero de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto que se reclame; en consecuencia, para que sea procedente, es menester que quien lo interponga esté legitimado para ello, presupuesto que se colma con la existencia de una ofensa, lesión o agravio en su esfera de derechos. En relación con las nociones de agravio y de legitimación para interponer un medio de defensa o recurso contra la resolución el acto que lo ocasiona, deben tenerse en cuenta las siguientes premisas de orden teórico: **** por recurso o medio de defensa se entiende la petición formulada por una de las partes, principales o secundarias, para que el propio juez que profirió una providencia, su superior o quien por ley deba hacerlo la revise, con el fin de corregir los errores de juicio o de procedimiento (in judicando o in procedendo) que en ella se hayan cometido. El citado autor señala que el recurrir es un derecho subjetivo de quienes intervienen en el proceso respectivo por cualquier título o condición, para que se corrijan los errores del juez que le causan gravamen o perjuicio, por lo que en principio todas las personas que figuren en el proceso como partes tienen el derecho de recurrir contra las providencias del juez, pero, afirma el referido, sólo pueden recurrir quienes reciben con ella un perjuicio material o moral, pero concreto y actual respecto de la materia de la providencia; y por tal motivo -concluye- puede aceptarse como regla general que sin el interés especial por resultar perjudicado con la providencia, no procede recurso. En cuanto al tema, Hugo Alsina dice que los recursos o medios de defensa son aquellos que la ley concede a las partes para obtener que una providencia judicial sea modificada o dejada sin efectos y que la cuestión de saber quién puede interponerlos constituye un aspecto de la legitimación procesal; de ahí que, por regla general, aquéllos tienen la característica de que funcionan por iniciativa de las partes, en consecuencia, a ellas corresponde su deducción; pero hay casos en que el recurso se niega a las partes y otros en que se concede a terceros. En consecuencia, el mencionado jurista concluye que así como el interés es la medida de la acción, el agravio es la medida en el recurso y por eso se concede aun a los que no siendo partes en el proceso sufren un perjuicio como consecuencia de la sentencia, sin que proceda cuando la sentencia sea favorable a la pretensión de la parte. Por su parte, Eduardo Pallares sostiene al respecto que los recursos son los medios de impugnación que otorga la ley a las partes y a los terceros para que obtengan mediante ellos la revocación o modificación de una resolución judicial sea ésta auto o decreto, y que los recursos sólo se conceden cuando la parte que los hace valer sufre un "agravio" por la sentencia o resolución impugnadas, porque sin agravio no hay recurso, por lo que las violaciones a la ley o a la doctrina meramente teóricas o académicas que no perjudiquen a la parte, no son impugnables. El referido autor ha enseñado que agravio es la lesión o perjuicio que recibe una persona en sus derechos o intereses por virtud de una resolución judicial y, por tanto, para que exista un agravio no es suficiente que la ley o los principios generales de derecho hayan sido violados por la resolución, sino que es preciso, además, que la violación importe un daño a los intereses o derechos del recurrente, porque los errores simplemente teóricos que haya en la sentencia y que no sean trascendentales a la cuestión litigiosa, no pueden hacerse valer como agravios. De lo anterior se sigue que los medios de impugnación son los que otorga la ley a las partes o a terceros para combatir la validez o la legalidad de los actos o, incluso, omisiones del órgano jurisdiccional, con la finalidad de que se determine su revocación o modificación, o se ordene la realización de los actos omitidos, pero para que proceda un recurso no basta que el recurrente sea parte en el juicio en que se dicte la resolución recurrida y se considere agraviado, sino que es necesario, además, que esté legitimado para interponerlo, por haber sufrido de manera real y no teóricamente un agravio, perjuicio o gravamen de carácter material o moral, y que éste sea concreto, actual y directo; es decir, que únicamente el sujeto procesal agraviado que ha visto insatisfecha alguna de sus aspiraciones puede hacer valer el medio de defensa, lo que ha producido el aforismo "donde no hay agravio no hay recurso". Como conclusión, es dable afirmar que si el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada; entonces, aquella persona que no resulta agraviada con el acto o resolución que pretende reclamar, al no haber acreditado este carácter carece de legitimación para excitar la función jurisdiccional. Ahora bien, en el caso, se considera que ****, promoviendo en nombre y en representación de su hermano ****, carece de legitimación para promover la acción constitucional, habida cuenta que los actos reclamados no causan agravio material en su esfera jurídica, pues señala como tales los siguientes: a) LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTINUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DE LA OMISIÓN DE EMITIR EL ACUERDO RESPECTIVO DEL DESAHOGO DE FECHA 6 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO ANTE OFICIALÍA DE PARTES COMÚN DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTINUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE .BAJO EL NÚMERO DE EXPEDIENTE LABORAL NÚMERO **/2015. b) LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EL C. PRESIDENTE DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTINUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CON RESIDENCIA EN EL ESTADO DE MÉXICO. DE VIGILAR EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES DEL EXPEDIENTE NÚMERO **/2015, DE EMITIR EL ACUERDO RESPECTIVO DEL ESCRITO INGRESADO EL 6 DE ABRIL DEL 2017 ANTE LA OFICIALÍA DE PARTES DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTINUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Por lo que resulta evidente que los actos que aquí reclama la promovente no le causa un agravio personal y directo, en razón de que éstos no están dirigidos a ella. Por ende, al no surtirse el supuesto de procedibilidad previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5º, fracción I y 6°, párrafo primero de la Ley de Amparo, el juicio de amparo debe declararse improcedente. Es aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 117, del Tomo CXXX, del Semanario Judicial de la Federación, octubre de mil novecientos cincuenta y seis, Quinta Época, con número de registro 316003, que establece: "LEGITIMACIÓN PARA LA ACCIÓN DE AMPARO Y RECURSOS Y ACCIONES INCIDENTALES." Asimismo, es aplicable, en lo conducente, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito publicada en la página 1907, del Tomo XXIX, del Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil nueve, Novena Época, con número de registro 167493, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO." En ese orden de ideas, se advierte que con tales argumentos la quejosa pretenden promover un juicio de amparo evidentemente improcedente, por las razones ya asentadas, pretendiendo desnaturalizar con ello la esencia del juicio constitucional, pues contra los actos reclamados por ***, tiene a su alcance los medios de defensa respectivos para atacar las violaciones procesales de las cuales se duelen la ahora promovente. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, y dado que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 6º, párrafo primero, aplicado en sentido contrario, se desecha de plano la demanda promovida por ***, en nombre y en representación de su hermano ***, contra actos de la H. Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por notoriamente improcedente. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA III. Un acuerdo de notificación personal a la parte quejosa.

  4. Principal

    Mesa III. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho y en representación de su hermano Daniel Hernández del Prado, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje; fórmese el expediente respectivo y regístrese en con el número 40/2018-III. PREVENCION. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En ese tenor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracciones I a III, en relación con el 108, fracción I, ambos de la ley de la materia, se considera pertinente requerir a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y de ser posible con copias suficientes para cada una de las partes, entendido de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio, realice lo siguiente: ÚNICO. La promovente deberá acreditar con documento idóneo la personalidad con que insta juicio constitucional, esto es, que la acredite como representante del diverso quejoso ****, y al efecto exhiba la constancia respectiva en original o copia debidamente certificada del documento relativo. Lo anterior es así, toda vez que la promovente acude a la presente instancia constitucional por propio derecho además como representante de ****, sin embargo, fue omisa en exhibir documento idóneo con el que acredite la personalidad con la que se ostenta. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 1/96, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 47, del Tomo III, julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 200657, que establece: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión sobre los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el tema de la personalidad y de los criterios sucesivos adoptados por este alto tribunal, conduce a esta Sala a apartarse de las tesis jurisprudenciales publicadas en la compilación de 1988, Segunda Parte, con el número 1302 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Octava Epoca) números 19 a 21, con los títulos de "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que el Juez de Distrito no puede analizar de oficio la personalidad del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, lo cual da lugar a que, de estar plenamente acreditada, el Juez así la reconozca en el auto admisorio y, de no estarlo, la considere una irregularidad de la demanda que dé lugar a prevenir al promovente en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que la acredite dentro del plazo legal, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tenga por no interpuesta; criterio que además de estar fundado en la Ley de Amparo, es acorde con los imperativos del artículo 17 constitucional y los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, por cuanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en la tramitación de juicios iniciados por quien carece de personalidad para hacerlo y evita los graves daños que se ocasionan, tanto para el sistema de impartición de justicia cuanto para las partes. La inobservancia de este criterio, dará lugar a que el tribunal revisor, si estima que no está acreditada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV de la Ley de Amparo." Sin que pase desapercibido para este Juzgador que la promovente exhibiera copias simples del expediente 922/2015, con las que pretende acreditar la personalidad con la que se ostenta, mismas que no tienen valor probatorio pleno; máxime, que únicamente se limita a exhibir copias de la demanda y del proveído de veintinueve de septiembre de dos mil quince, del que se advierte que la peticionaria de amparo, también fue requerida para acreditar su personalidad en dicho juicio laboral. Al respecto, se hace del conocimiento a la parte quejosa las penas en que incurre en el caso de que exprese hechos falsos u omita los que consten en relación con el acto reclamado, contenidos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261.- Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: - - - I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y - - - II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la promovente que de no cumplir con el requerimiento formulado, en el lapso concedido para tal efecto, se dará trámite a la demanda de amparo únicamente por la promovente. DOMICILIO. En diverso orden, de conformidad con lo previsto en el arábigo 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. AUTORIZADOS. Por otra parte, se tiene por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona en el proemio de la demanda, dada la naturaleza del juicio de donde emanan los actos reclamados. DÍAS INHÁBILES. Acorde con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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