Daniel Gutiérrez Rivera

Expediente 603/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
603/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
24/07/2018

Partes del expediente

  • Daniel Gutiérrez Rivera y Otros.
  • Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco
  • Daniel Gutiérrez Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA... ARCHÍVESE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUÍDO... EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, POR TANTO, SE REALIZARÁ DICHA CIRCUSNTANCIA UNA VEZ TRANSCURRIDOS CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO... GAC/HAGS/Elaboró: jara

  2. Principal

    CITATORIO PRINCIPAL AVISO.- EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS: DANIEL GUTIERREZ RIVERA, ROBERTO REFUGIO MORA ARMENTA, OSWALDO GARCIA ARANA, ISMAEL CERDA GOMEZ, ELIZABETH MACIAS CONEJO, MARIA TERESA ALVARADO RODRIGUEZ Y ROSA MARIA SANCHEZ BOBADILLA, LA RESOLUCION DE ENGROSE DE VEINTIOCHO DE JUNIO DOS MIL DIECIOCHO MISMA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.-... SE RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO...

  3. Principal

    Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 603/2018 y sus acumulados; y R e s u l t a n d o: 1º. Mediante escritos presentados el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ********************, por su propio derecho solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco, que hicieron consistir: "IV.- Actos Reclamados. a).- Del Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco se reclaman de anticonstitucional la convocatoria en la ruta complementaria ******************** y ******************** del Sistema Integrado de Transporte público en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco identificada actualmente como ruta ********************, publicada en el periódico oficial "El Estado de Jalisco", el uno de febrero de dos mil dieciocho." 2°. Las demandas de garantías de referencia, fueron turnadas a este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo titular por auto de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, ordenó su admisión y dada su similitud en el señalamiento de la autoridad responsable, así como en el acto reclamado, ordenó acumularlas en un solo expediente, requirió el informe justificado a la autoridad responsable, dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito y señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual y por sentencia dictada el seis de abril de dos mil dieciocho este tribunal se declaró incompetente para conocer del asunto. 3°. Mediante resolución dictada el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, rechazó la competencia declinada en su favor. 4°. Por auto dictado el veinte de abril de dos mil dieciocho se remitieron los autos a la superioridad para que resolviera el conflicto competencial suscitado entre los dos órganos jurisdiccionales y por ejecutoria de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito resolvió que este Juzgado de Distrito es el competente para resolver el presente asunto; dicho testimonio fue recibido el catorce de junio de dos mil dieciocho y toda vez que por audiencia constitucional celebrada a las once horas con cincuenta minutos del seis de abril de dos mil dieciocho, se determinó que no existe diligencia pendiente por desahogar para el dictado de la presente resolución; y C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado es legalmente competente para conocer del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 Fracción I, 37, 107 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Segundo. Precisión del Acto. Previo al análisis de la certeza del acto reclamado, conviene precisar cual es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual se analiza en su integridad el escrito de garantías. En ese sentido, el acto reclamado en la presente instancia constitucional es: La convocatoria en la ruta complementaria ******************** y ******************** del Sistema Integrado de Transporte Público para la ruta ********************. Tercero. Existencia del Acto. El Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco fue omiso en rendir su informe, no obstante de haber sido legal y oportunamente notificado para ello como se advierte de autos, entonces, en atención a lo marcado por el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume la certeza del mismo por no haber prueba en contrario. Cuarto. Causas de improcedencia. Procede su estudio de manera preferente por referirse a un aspecto de orden público, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este tribunal advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el diverso 5, fracción I, del cuerpo legal citado, toda vez que la parte quejosa no demuestra contar con interés jurídico, ni legítimo, para instar el amparo. Los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" El referido artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que el quejoso, es aquel quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados, violan los derechos previstos en el artículo 1 de dicho ordenamiento legal y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por ello, la improcedencia citada estriba en que, el juicio no es factible si lo que combate no afecta sus intereses jurídicos o legítimos, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la propia ley. Al respecto, el Máximo Tribunal del País ha precisado que el interés legítimo se concibe como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo, tienen en cambio, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado; en otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado, cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. Las características que permiten identificarlo, son: Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. La anulación del acto de autoridad, que en su caso resulte, produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Así, el interés legítimo supone la existencia de esa facultad para exigir la legalidad de determinados actos, mismo que proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular frente a la norma. El interés legítimo entonces, existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Al respecto, sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 60, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." (Lo subrayado es por este Juzgador) Asimismo, apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de 2013, página 1736, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." Es decir, de conformidad con los criterios sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes transcritos, los elementos constitutivos del interés legítimo se acreditan al demostrar que: Existe una norma constitucional en la que se establece o tutela algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; El acto reclamado transgrede ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, El promovente pertenece a esa colectividad. Esto es, el interés legítimo supone una afectación jurídica a la parte quejosa, lo que implica que debe demostrar su pertenencia al grupo o colectividad identificada o identificable que sufrió o sufre el agravio; además, los elementos constitutivos antes referidos son concurrentes; es decir, son requisitos que deben cubrirse de manera conjunta para promover legítimamente el juicio de garantías y ante la ausencia de alguno de ellos, la acción de amparo es improcedente, porque en todo caso, estaría en un supuesto de interés simple. Sobre el tema, la Primera Sala del más Alto Tribunal de la Nación estableció la diferencia existente entre el interés legítimo y el interés simple, el que, indicó, el interés simple es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no sólo surtiría un beneficio personal. Lo anterior, se aprecia de la tesis 1a. XLIII/2013 (10a.), Décima Época, Registro: 2002812, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: Página: 822, del siguiente tenor: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Conforme a las anteriores premisas, se considera que la parte quejosa carece del interés legítimo para ejercer la presente acción de control constitucional, contando con un mero interés simple. En efecto, en la especie, los quejosos acuden a la presente instancia, reclamado una convocatoria a la ruta complementaria al transporte público ******************** y ********************, actualmente conocida como ********************, bajo la premisa de ser transportistas y prestadores de dicho servicio en la zona metropolitana, aseverando incluso, ser titulares de los contratos de subrogación S-2220-5-616, S-0848 y S-2083, S-1297 y S-1777, S-1798 y S-2092, S-1348, S-0270, S-1801 y S-2229, según lo refiere cada uno en su demanda de amparo. Sin embargo, omiten allegar los elementos de pruebas a efecto de justificar su interés, por lo que no se evidencia cómo es que lo reclamado de la autoridad responsable les irrogue un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual, o en relación con su especial situación frente al orden jurídico como transportistas, siendo inconcuso que al omitir demostrar que tienen un interés legítimo para instar el juicio de amparo, su pretensión se basa en un interés simple que no supone afectación a su esfera jurídica en ese grado que permita su estudio y, por tanto, resulta insuficiente para considerar la procedencia de la contienda constitucional que aquí intentan. Motivo por el cual, si la parte quejosa omitió acreditar ese supuesto que le confiere esa posición especial frente al orden jurídico, es inconcuso que deviene sobreseer el presente el juicio de amparo, conforme lo estable el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el diverso 5, fracción I, de la misma legislación. En virtud de lo aquí resuelto, deviene innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías, porque la declaración de sobreseimiento impide hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 1028, consultable en el tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario textualmente indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." En consecuencia, ante lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, catorce de junio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual envía testimonio de la resolución pronunciada el treinta y uno de mayo del dos mil dieciocho, en el conflicto competencial 36/2018, suscitado entre este juzgado y el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República; así como los autos del juicio de amparo 603/2018. El Tribunal de Alzada, en el conflicto que se trata determinó: "PRIMERO. Se declara que el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es competente para conocer del juicio de amparo indirecto 603/2018 y sus acumulados 604/2018, 605/2018, 607/2018, 609/2018, 610/2018 y 612/2018, de donde deriva el presente conflicto competencial. SEGUNDO. Envíese los autos del juicio de amparo indirecto 603/2018 y sus acumulados, al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, para que continúe con el conocimiento del asunto; asimismo hágase saber el contenido de esta resolución al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Redifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la república, para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, notifíquese a las partes el sentido de la anterior ejecutoria, glósese el cuaderno de antecedentes y acúsese recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, toda vez que mediante audiencia constitucional celebrada el seis de abril del dos mil dieciocho (fojas 103 a 109), se determinó que el juicio estaba debidamente integrado y, en consecuencia, se turnan los autos para el dictado de la sentencia correspondiente, cuando las labores del juzgado así lo permitan. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Hugo Armando González Segovia, que certifica que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta que precede a este acuerdo, coincide en su integridad con los que obran en el expediente electrónico. Doy fe. LAPT/HAGS/Elaboró: jara

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 15,464 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano