Daniel Gutiérrez Muñoz

Expediente 914/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
914/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • Daniel Gutiérrez Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de dieciocho de septiembre del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído QUEDA FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en virtud a que por auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el cómputo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó sobreseer el amparo; por tanto, no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, tomando en consideración que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Quinto Transitorio, Titulo Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; Capítulo Tercero numeral 14, fracción III, y, Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Sexto, artículo 20, fracción I, del Acuerdo en mención. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 26735/2023, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al que adjunta el diverso oficio J30/5637/2023 signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad y diversas constancias, que fueron dirigidos erróneamente al citado juzgado. Ahora bien, de las constancias remitidas por el citado presidente a su oficio de cuenta, se advierte que el siete de julio de dos mil veintitrés, dictó auto en el que proveyó respecto la admisión y desechamiento de pruebas en el expediente laboral 516/2022, de su índice; asimismo, que notificó dicho auto a las partes. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el siete de julio de dos mil veintitrés, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, recibido el diez de julio del año en curso por este Juzgado federal, Yesica Arsibet Jiménez Jiménez, en cuanto apoderada de Daniel Gutiérrez Muñoz, promovió juicio de amparo contra actos de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por los actos reclamados consistentes en: "la omisión de dictar el acuerdo de admisión de pruebas y notificar a las partes, actos derivados del expediente número 516/2022." Luego, por auto de once de julio de dos mil vientres, este órgano jurisdiccional, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal. Ahora bien, del cúmulo de constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que el quejoso reclama: - La omisión por parte de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, de pronunciarse respecto la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 516/2022 y notificar a las partes dicho acuerdo. Ahora, de las constancias que la autoridad responsable acompaña en copias certificadas al oficio de cuenta, consistente en el acuerdo de siete de julio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral 516/2022 y las constancias de notificación de dicho auto a las partes, se desprende que la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se pronunció respecto la admisión y desechamiento de pruebas en el expediente laboral 516/2022 y notificó a las partes tal determinación, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". De ahí que se advierta que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Ello es así, dado que si bien es cierto dentro del presente juicio, el quejoso señaló como acto reclamado la omisión por parte de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, de pronunciarse respecto la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 516/2022 y notificar a las partes dicho acuerdo; también lo es que el siete de julio de dos mil veintitrés, se pronunció respecto la admisión y desechamiento de pruebas en el expediente laboral 516/2022 y notificó a las partes tal determinación, según se advierte de las constancias respectivas. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obra constancia que acredite que la autoridad responsable el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, haya recibido el oficio 17965/2023, mediante el cual se le notifica el proveído de ocho de agosto de dos mil veintitrés; a través del cual, se le solicitó la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado, es decir, con el juicio laboral ********************en consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales, se ordena remitir copia certificada del referido auto, para su debida notificación. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos los oficios J30/4829/2023 y J30/4830/2023, signados por el Presidente y Actuario de la Junta Especial Número 30 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, se les tiene rindiendo su informe justificado, que les fue solicitado, con lo cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, téngasele anexando al primer oficio de cuenta, copias certificadas de la audiencia de fecha veintiuno de febrero, veinticinco de abril y siete de julio, todas de la presente anualidad, correspondiente al expediente ********************/******************** de su índice; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que remite la responsable, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Ahora bien, no se inadvierte que, en las constancias a las que se hace referencia en líneas que anteceden, obra el acuerdo de admisión, no así las constancias de notificación, consecuentemente; requiérase a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente auto y de no existir inconveniente legal o material que tuviera para ello, remita copia certificada de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado en el juicio en que se actúa, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente juicio. Apercibida que en caso de no hacerlo en el lapso concedido, se le impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, a razón de $************** (***************** m.n.), que corresponde al valor actualizado de dicha unidad de medida, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, lo que arroja un total de $*************** (*************** PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, tomando en consideración lo acordado previamente y para estar en condiciones de que transcurra el término de ocho días necesarios que señala el numeral 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes, principalmente el quejoso, se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable citada en el primer párrafo del presente auto. En consecuencia, para dar margen a lo anterior y no violar las normas que rigen el procedimiento, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere y se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE. En apoyo de lo anterior, es de invocar la jurisprudencia 698 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 781, Tomo II. Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- Septiembre 2011 que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Notifíquese.

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