Daniel Guillen Hernández
Expediente 1207/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1207/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Daniel Guillen Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
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Finalmente, como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO: Se tiene por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. SEGUNDO: Se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese
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Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del presente juicio, anexa copia certificada de diversas constancias. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y su anexo; dése vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo, resolverá sobre el cumplimiento del fallo proteccionista, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese; y personalmente a las partes, corriéndoles traslado con copia del oficio que se provee y anexos.
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Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable está obligada a su cumplimiento con la realización del siguiente acto: ".Dicte de inmediato las medidas necesarias tendientes a lograr que el acuerdo de radicación de diez de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio laboral 841/E/2021 sea notificado a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tamaulipas, en los términos ahí ordenados; lo cual deberá hacer del conocimiento de este Juzgado; ello en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional. Finalmente, el amparo y protección de la Justicia Federal, se hace extensivo al acto de ejecución que se atribuye al Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, residente en esta ciudad, en virtud de que los mismos no se reclaman por vicios propios, sino como consecuencia del acto reclamado a la autoridad ordenadora." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios y Actuario Adscrito, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumplan con la sentencia ejecutoria; lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 194, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los organismos jurisdiccionales son plenamente autónomos en el ámbito jurídico y no tienen superiores. Ilustrativo a lo anterior, resulta la tesis 2a./J. 36/2011 (10a.), Décima Época, publicada en la página 3515, Tomo IV, del mes de enero de 2012, de la Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Finalmente, agréguese el escrito signado por Marcela González Arjona, Autorizada, autorizada legal de la parte quejosa, en atención a su contenido, dígasele que, se esté a lo acordado en la presente determinación. Notifíquese.
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En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las diez horas con quince minutos del cinco de septiembre de dos mil veintidós hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 1207/2022, promovido por Daniel Guillen Hernández, encontrándose en audiencia pública el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido por el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario de Juzgado, con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el Secretario hace una relación de las constancias de autos, y certifica: que obra el informe justificado de la autoridad responsable y las constancias de emplazamiento de las partes. De igual forma, que las partes no manifestaron su intención de comparecer a la presente audiencia, mediante el método de video conferencia. Enseguida el Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En ese orden, toda vez que ninguna de las partes manifestó su intención de comparecer a la audiencia de ley, a través del sistema de video conferencia, se procede a realizar la presente audiencia vía tradicional (física). A continuación se abre el período probatorio: el Secretario da cuenta con la constancia allegada por la parte quejosa adjunta a su escrito inicial de demanda y por la autoridad responsable. El Juez acuerda: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales de referencia, y como no se ofrecieron más elementos de convicción se cierra dicha etapa. Enseguida se abre el periodo de alegatos y: el Secretario da cuenta con el alegato ministerial realizado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Revisor, Titular de la Agencia del Ministerio Público de la Federación en materia de amparo adscrito. El Juez acuerda: Téngase a la representación social realizando las manifestaciones a que refiere en su pedimento ministerial, y sin que las demás partes formularan de su intención, por lo cual se declara el cierre de dicha etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1207/2022, promovido por Daniel Guillen Hernández por conducto de su apoderada legal Marcela González Arjona. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentando el veintinueve de junio de dos mil veintidós ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, recibido en este juzgado el cuatro de julio siguiente, compareció Daniel Guillen Hernández por conducto de su apoderada legal Marcela González Arjona a demandar el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios así como al actuario adscrito a su cargo, por considerarlos violatoria de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "ACTO RECLAMADO: La dilación abierta del procedimiento por la autoridad responsable al dejar de emplazar al demandado dentro del expediente laboral 841/E/2021.'' Sin embargo, el acto reclamado transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de cinco de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 1207/2022 se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, así como a las constancias allegadas por la responsable, se obtiene que lo que se le reclama es lo siguiente: La omisión de realizar el emplazamiento del demandado Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tamaulipas, dentro del expediente laboral número 841/E/2021. TERCERO. Certeza del acto reclamado. En su informe justificado el Presidente y Actuario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios con residencia en esta ciudad, manifestaron que es cierto el acto reclamado; asimismo, aludieron que derivado del escrito inicial de demanda, el diez de marzo de dos mil veintidós se dictó el acuerdo de radicación respectivo, a través del cual se ordena emplazar a la parte demandada Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, comisionando para tal efecto al actuario adscrito a su cargo, lo cual se encuentra en vías de ser realizado en virtud del exceso de trabajo de ese tribunal. Lo anterior, se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable, que adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto reclamado a la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer contra el acto reclamado alguna causa de improcedencia, ni de manera oficiosa se aprecia alguna que, por ser de orden público, deba ser analizada preferentemente a las cuestiones de fondo, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que se procede abordar el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa resultan fundados respecto a la omisión de la autoridad responsable de emplazar a juicio a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, dentro de los autos del expediente laboral 841/E/2021, aunque para ello se amerite suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79 fracción V de la Ley de Amparo, al advertir este juzgador que la autoridad responsable infringe en perjuicio de la parte quejosa lo dispuesto por el numeral 111 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas; y en vía de consecuencia el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución, que establece la obligación de los tribunales de impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes. En relación a ese derecho fundamental, el párrafo segundo del artículo 17 Constitucional, que contiene el derecho humano de seguridad jurídica, dispone: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Ahora bien, el numeral transcrito establece como derecho humano, que la administración de justicia se imparta por los tribunales designados al efecto, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa y expedita. Y, respecto a ello, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el alcance de lo dispuesto por dicha norma superior en la jurisprudencia P./J. 113/2001, de rubro siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." En otras palabras, el derecho fundamental en estudio, se traduce en la existencia de instancias, recursos o medios de defensa que permitan al gobernado una eficaz defensa mediante el ofrecimiento de pruebas y la posibilidad de expresar los argumentos necesarios para obtener una decisión favorable a sus intereses, lo que se agota con la precisión en la norma de las formas procesales: cómo, cuándo y dónde deben ejecutarse los actos procesales, pues dichos plazos y términos tienen como fin generar seguridad jurídica para las partes en la contienda judicial y permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas. Ahora bien, una vez establecido que el Alto Tribunal ya definió con precisión el alcance del derecho fundamental garantizado por el artículo 17 constitucional, cabe señalar que la correspondiente obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, debe realizarse dentro de la necesidad de que los procedimientos jurisdiccionales, dependiendo de su naturaleza y carga de trabajo de los órganos, se efectúen en el tiempo fijado por la ley, suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en el plazo establecido, sin que estos lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. En ese orden de ideas, son fundados los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa. En efecto, el impetrante se duele de la omisión de la autoridad responsable de emplazar a juicio a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, dentro de los autos del expediente laboral 841/E/2021. Entonces, si en el presente caso la autoridad responsable justificó haber dictado el acuerdo de radicación desde el diez de marzo de dos mil veintidós, pero omitió acreditar que ya notificó a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado dentro de los términos de ley, -que de acuerdo al artículo 111 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, la autoridad responsable cuenta con el término de tres días hábiles para realizar dicho acto procesal-, de ahí que se vulnera el derecho humano de celeridad procesal consagrado en el artículo 17 constitucional, y su actuar resulta contrario a las obligaciones que le impone la disposición constitucional invocada, con el consiguiente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de justicia Artículo que se transcribe para una mayor comprensión: "ARTÍCULO 111.- La demanda, la citación para absolver posiciones, de declaratoria de caducidad, el laudo y acuerdos con apercibimiento, se harán personalmente a las partes; las demás notificaciones se harán por estrados. Las notificaciones personales surtirán sus efectos el mismo día en que se practiquen, se realizarán por los Actuarios del Tribunal o mediante oficios enviados con acuse de recibo. Todos los términos correrán en días hábiles a partir del siguiente a aquel en que se haga el emplazamiento, citación o notificación y se contará en ellos el día del vencimiento, cuando la realización o práctica de un acto procesal o el ejercicio de un derecho no tenga fijado término, éste será el de tres días hábiles. Cuando el domicilio del demandado se encuentre fuera del lugar de residencia del Tribunal, éste podrá ampliar el término de que se trate en función de la distancia a razón de un día por cada cuarenta kilómetros o fracción que exceda de la mitad." Pues no pasa desapercibido para este juzgador que si bien, la responsable al rendir su informe justificado refiere que se encuentra en vías de notificar a la parte demandada el auto de radicación, lo cierto es que no existe constancia que acredite que se colmó la omisión que reclama la parte quejosa, ni alguna diversa con la que se compruebe que el Tribunal responsable siguió tomando las medidas necesarias a fin de realizar el emplazamiento ordenado en el auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte ordenado. Por consiguiente, al estar demostrada la omisión combatida en los términos aducidos por la parte quejosa en su demanda de amparo, lo que procede es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL que solicita para el efecto de que: El Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, residente en esta ciudad: Dicte de inmediato las medidas necesarias tendientes a lograr que el acuerdo de radicación de diez de marzo de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio laboral 841/E/2021 sea notificado a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tamaulipas, en los términos ahí ordenados; lo cual deberá hacer del conocimiento de este Juzgado; ello en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional. Finalmente, el amparo y protección de la Justicia Federal, se hace extensivo al acto de ejecución que se atribuye al Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, residente en esta ciudad, en virtud de que los mismos no se reclaman por vicios propios, sino como consecuencia del acto reclamado a la autoridad ordenadora. Es aplicable en la especie, la jurisprudencia publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 66, que a la letra dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman especialmente, vicios de ésta." Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Daniel Guillén Hernández, contra el acto que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad y Actuario adscrito a su cargo, que fuera precisado en el considerando segundo, por los motivos y para el efecto precisado en el último del presente fallo. Notifíquese.
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