Daniel Guichard Morales
Expediente 683/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 30 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 683/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 30/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Daniel Guichard Morales
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, treinta de junio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ++++++, contra los actos del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN ROBO DE VEHÍCULOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 683/2023. DESECHAMIENTO Ahora bien, analizada en su integridad la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente reclama lo siguiente: La OMISIÓN por parte de la Autoridad Responsable DE ACORDAR MI PETICIÓN de fecha TRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, realizada por escrito y ratificada en la misma fecha dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/ FEIDAI/RTRANSEUNTE-1/017554/2022 respecto de GIRAR LOS OFICIOS pertinentes para el efecto de que el REPORTE DE ROBO del vehículo de mi propiedad marca HONDA, tipo PILOT, color AZUL OBSIDIANA, modelo 2016, con número de VIN 5KBYF689XGB802625, con número de motor J35Y62290312, sea DADO DE BAJA del Registro Público Vehicular (REPUVE), toda vez que dicho vehículo ha sido RECUPERADO. Sin embargo, contra dichas omisiones el juicio de amparo resulta improcedente, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Como se ve, el segundo de los numerales transcritos limita la procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dentro de un juicio, pues para la ejercibilidad de la acción de amparo resulta una condición que sea de imposible reparación. Para atender si el acto reclamado es o no de imposible reparación, debe estarse a la definición que al respecto aparece en la fracción V del artículo 107 transcrito, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite, en el caso, acordar el escrito formulado por el quejoso el tres de abril de dos mil veintitrés a través del cual solicita a la responsable se giren los oficios pertinentes a fin de dar de baja el vehículo marca HONDA, tipo PILOT, color AZUL OBSIDIANA, modelo 2016, con número de VIN 5KBYF689XGB802625, con número de motor J35Y62290312 del Registro Público Vehicular (REPUVE), toda vez que el mismo ya fue recuperado. De esta manera, es inconcuso que los actos reclamados no son de imposible reparación, ya que la el escrito formulado por el quejoso el tres de abril de dos mil veintitrés; no transgrede materialmente derechos sustantivos previstos en la constitución y tratados internacionales, al no afectar a los ocursantes en la vida, la integridad corporal, la libertad, el patrimonio, etcétera, puesto que únicamente produce una lesión jurídica formal o adjetiva, que no puede reclamarse de manera autónoma. Sirve de apoyo a lo anterior por la Tesis: 1a./J. 7/2015 (10a.), emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro digital: 2008884, Instancia: Primera Sala, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 480, de rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Luego, como el juicio de amparo tiene como finalidad resolver controversias por actos u omisiones de la autoridad que violen derechos fundamentales previstos en la Constitución o en los tratados Internacionales, y en el caso, lo alegado por el quejoso no implica que algún derecho fundamental se le esté vulnerando, debe desecharse la demanda respecto de dicho acto, pues bajo lo relatado por el quejoso no habría controversia que resolver porque no refiere a la afectación real y directa de un derecho. Ante ello, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los 113 de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo, y por autorizado al profesionista, que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. JUICIO EN LÍNEA; ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Como lo solicita, téngasele proporcionando el nombre de usuario RafaelCarrasco, a fin de que se autorice el acceso al expediente electrónico; por lo que con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la oficial judicial "A" adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que la autorización anterior implique notificar por esa vía, los acuerdos dirigidos a la parte quejosa, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, las notificaciones por esa vía solo se realizaran a las partes que expresamente así lo soliciten y que previamente hayan obtenido la firma electrónica. NOTIFICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO No ha lugar a tener para oír y recibir notificaciones personales el correo electrónico personal que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, no autoriza la comunicación por ese medio, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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