Daniel Guevara Olvera

Expediente 1819/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1819/2015
Año
2015
Actuaciones
13
Última actuación
04/02/2016

Partes del expediente

  • Daniel Guevara Olvera
  • Dinora Alejandra Urquía Campa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario de Acuerdos B del Tribunal Unitario Agrario número veinticuatro, acusa recibo de las constancias que le fueron devueltas mediante oficio 2090. En esas condiciones, téngase por hecho del conocimiento de este órgano jurisdiccional lo informado por la oficiante, para los efectos legales a que haya lugar y déjese sin efectos el apercibimiento decretado en auto de veintidós de enero del año en curso.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86, primer párrafo, de la Ley de Amparo las partes no recurrieron el auto de veintitrés de diciembre de dos mil quince, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 83, fracción III, 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la dicha legislación, se declara que dicha determinación ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes. Devuélvanse a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticuatro, las copias certificadas que exhibió en el presente juicio, de las cuales deberá acusar el recibo correspondiente; apercibido que de ser omiso se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en esta ciudad, con fundamento en el artículo 237, fracción I y 238 de la legislación de la materia. Glósese únicamente el original del incidente de suspensión, se ordena el archivo del presente juicio por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseido. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible, junto con el original del incidente de suspensión. f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depuración y destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, desglósese el mismo previa certificación que obre en actuaciones. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA LA DETERMINACIÓN DE VEINTITRES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE, AVISO, ALCC

  4. Principal

    Visto el estado procesal de los autos se advierte que por auto de once de diciembre de dos mil quince (folio 44), este juzgado federal tuvo por rendido el informe justificado de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticuatro, a través del cual aceptó los actos reclamados y remitió copia certificada del juicio agrario ***. En ese orden, se precisa que la demanda que dio origen al presente juicio fue presentada el once de noviembre de dos mil quince (foja 1), en la oficina de correspondencia común respectiva, señalando violaciones al artículo 14, 16 y 27 de la Constitución Federal, en la cual sustancialmente reclamó: IV.- ACTOS RECLAMADOS.- De la señalada como responsable: 1.- El ilegal acuerdo de fecha cuatro de noviembre del 2015, mismo que me fue notificado atravez (sic) de mi asesor legal ante la responsable en fecha 10 del mes y año en curso; 2, La omisión de dicta (sic) la resolución procedente en el juicio agrario ante la responsable en el expediente agrario número 1017/2013, la cual se turnó para resolución desde tres días naturales después de la audiencia de fecha 22 de mayo del año en curso. Y, si bien es cierto fue admitida a trámite el doce de noviembre siguiente (folio 15 a 17), también lo es, que a su presentación la autoridad responsable (Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticuatro) no había emitido los pronunciamientos de cuatro y ocho de diciembre de dos mil quince, en el juicio agrario ***. I. CAMBIO DE SITUACIÓN. En esa tesitura, del análisis de las constancias que obran en autos, en cuanto al acto reclamado consistente en el acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil quince, dictado en el juicio agrario ***, a través del cual a solicitud de un codemandado, fijó las once horas con veinte minutos del diecinueve de noviembre de dos mil quince, para llevar a cabo la audiencia de ley, con el propósito de una composición amigable entre las partes; se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ." En ese orden, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticuatro, al rendir su informe justificado remitió copia certificada del juicio agrario ***, constancias de las cuales se evidencia el acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil quince, dictado en el juicio agrario *** (folio 222, del anexo); asimismo, se advierte el desahogo de la audiencia de ley de diecinueve de noviembre de dos mil quince, con el propósito de una composición amigable entre las partes, conforme al artículo 185 de la Ley Agraria (foja 227 a 229, del anexo), en la cual agotada dicha fase procesal acuerdo de las partes, se ordenó turnar nuevamente los autos para el dictado de la sentencia respectiva; documentales a las cuales se les confiere valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, teniéndose por acreditada la existencia de la audiencia de ley de diecinueve de noviembre de dos mil quince. Así, tomando en cuenta que el auto de cuatro de noviembre de dos mil catorce, dictado en el juicio agrario ***, se constriñó a la solicitud de un codemandado, con el propósito que las partes llegaran a una composición amigable, que se verificó el diecinueve de noviembre de dos mil quince, su realización imposibilita el examen constitucional del auto de cuatro de noviembre último sin afectar la nueva situación derivada de la audiencia de ley de diecinueve de noviembre de dos mil quince, pues la nueva resolución excluye los efectos de la primera. Luego, en el caso concreto el impetrante de amparo reclama el acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil quince, dictado en el juicio agrario ***; razón por la que se estima que existe un cambio de situación jurídica, porque la resolución posterior a dicha actuación, que lo es, la audiencia de ley de diecinueve de noviembre de dos mil quince, emitida en dicho juicio, mediante el cual, agotada dicha fase procesal acuerdo de las partes, se ordenó turnar nuevamente los autos para el dictado de la sentencia respectiva, resultando imposible el examen del proveído combatido por esa circunstancia. Por lo anteriormente expuesto, se arriba a la conclusión que se encuentra acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que respecta al acto reclamado consistente en el acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil quince, dictado en el juicio agrario ***, a través del cual a solicitud de un codemandado, fijó las once horas con veinte minutos del diecinueve de noviembre de dos mil quince, para llevar a cabo la audiencia de ley, con el propósito de una composición amigable entre las partes; siendo procedente sobreseer en el presente juicio de garantías con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Es aplicable la Jurisprudencia número 1a./J. 17/2008 , emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, que dice: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto.. (S. J. F. y su Gaceta, 9ª Época, tomo XXVII, junio de 2008, página 270). II. CESACIÓN DE EFECTOS. En otro aspecto, por lo refiere al acto reclamado consistente en la omisión de dictar la sentencia respectiva en el juicio agrario ***, turnado para emitir dicha resolución después del veintidós de mayo de dos mil quince y turnado de nueva cuenta para tal efecto el diecinueve de noviembre de dos mil quince, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, la cual señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del análisis gramatical del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce de su derecho humano vulnerado. De la interpretación que se realiza de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto [por revocación], se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica y patrimonial. El segundo supuesto [por sustitución], se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 fracción I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de sus derechos humanos violentados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar los derechos de que se traten y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí, ninguna huella. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues el acto de autoridad que se analiza y por el que se acudió a la presente instancia consiste en la omisión de dictar la sentencia respectiva en el juicio agrario ***, turnado para emitir dicha resolución después del veintidós de mayo de dos mil quince y turnado de nueva cuenta para tal efecto el diecinueve de noviembre de dos mil quince. En el caso concreto, ha sobrevenido una cesación ante la sentencia que la responsable emitió el ocho de diciembre de dos mil quince en el juicio agrario ***, es decir, tal actuación fue emitida con posterioridad a la interposición del juicio de amparo en que se actúa, circunstancia que es causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, pues con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse. Lo anterior es así, tomando como punto de partido el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual se advierten los requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación, como garantías instrumentales que, a su vez, revelan la adopción en el régimen jurídico nacional del principio de legalidad, como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la voluntad general (la emisión de la sentencia de ocho de diciembre de dos mil quince, en el juicio agrario ***). Bajo esa premisa, el principio mencionado tiene una doble funcionalidad, ya que por un lado, impone un régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad que no represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a quien lo emite, se considerará arbitrario y, por ello, contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que legitima a las personas para cuestionar la validez de un acto desajustado a las leyes, pero, por otro, bajo la adopción del mismo principio como base de todo el ordenamiento, se genera la presunción de que toda actuación de la autoridad deriva del ejercicio de una facultad que la ley le confiere (la emisión de la sentencia de ocho de diciembre de dos mil quince, en el juicio agrario ***), en tanto no se demuestre lo contrario, presunción de legalidad ampliamente reconocida tanto en la doctrina como en la legislación nacional. Le da sustento a lo determinado, por identidad de razón, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los datos: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. [9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVII, Marzo de 2003; página 386] De lo expuesto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, como en éste caso fue la violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales. Luego, el sobreseimiento es decretado sin que se lleve a cabo la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar con la tramitación del juicio, ya que sólo trastocaría el principio de fundamentación y motivación establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, dadas las características de la tutela judicial efectiva, ya que es una garantía compleja que comprende el libre acceso a los órganos jurisdiccionales, el derecho al debido proceso, el derecho a que se dicte una decisión ajustada a la ley, el derecho a recurrir la decisión y el derecho a la ejecución. Al fallar la contradicción de tesis 35/2005-PL, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el derecho a la tutela judicial efectiva, se trata, entre otras cosas, de un derecho gradual y sucesivo que se va perfeccionando mediante el cumplimiento de etapas correlativas que hay que ir superando hasta lograr la tutela eficaz, de modo que las sucesivas etapas en las que la tutela judicial se va gestando y materializando están interconectadas, a su vez, con otros derechos fundamentales, especialmente con los previstos en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son el derecho de audiencia y el debido proceso. En tales circunstancias y encontrándose plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que respecta a la omisión de dictar la sentencia respectiva en el juicio agrario ***, resulta procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para que la audiencia constitucional, prevista para las once horas con treinta minutos del siete de enero de dos mil dieciséis. Resulta aplicable al caso, por las consideraciones que contiene la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, del rubro y texto: SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto. [9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIV, Noviembre de 2006; Pág. 991]. Las anotaciones correspondientes háganse en el libro de gobierno. Para la determinación tomada, se tuvieron presentes las disposiciones del artículo 64 de la Ley de Amparo, que impone la obligación de dar vista al quejoso por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga, cuando de oficio, el órgano de control constitucional advierta que pudiese actualizarse en el asunto una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes; esa vista tiene como único objetivo otorgar a dicha parte la oportunidad de que manifieste lo que a su interés legal convenga, a fin de que aporte los elementos necesarios para desvirtuar el impedimento técnico que pudiese derivar en el sobreseimiento del juicio. En el asunto que nos ocupa, la aplicación de dicho supuesto normativo no generaría beneficio a la impetrante, pues se considera que la causa de improcedencia actualizada en el presente juicio, de modo general ha sido determinada por jurisprudencia, tal como se invocó, la cual es de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la ley de la materia, porque la causa de improcedencia referida no sería superada por el obstáculo declarado en la jurisprudencia que tuvo aplicación en este asunto, para entrar al estudio del fondo del asunto y, en consecuencia, el trámite previsto en el referido artículo 64 de la ley que norma al juicio constitucional y sólo provocará, en este caso específico, la transgresión al derecho de justicia pronta y expedita previsto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicho aspecto (vista) retrasaría la resolución del juicio en que se actúa, que indefectiblemente, habría de sobreseerse. Apoya lo expuesto la tesis sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos. IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL TRÁMITE PREVISTO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, ES OCIOSO E INÚTIL CUANDO LA CAUSA DERIVA DE LA JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. El artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece la obligación para los Tribunales Colegiados de Circuito de dar vista al quejoso por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga, cuando adviertan de oficio que pudiese actualizarse en el asunto una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes, ni examinada por el a quo en la sentencia recurrida. Esa vista tiene como único objetivo otorgar a dicha parte la oportunidad de que manifieste lo que a su interés legal convenga, a fin de que aporte los elementos necesarios para desvirtuar el impedimento técnico que pudiese derivar en el sobreseimiento del juicio; sin embargo, es ociosa e inútil la aplicación de dicho supuesto normativo cuando la causa de improcedencia ha sido determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia, de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la citada ley, porque no existiría la mínima posibilidad de que supere el obstáculo declarado por el Máximo Tribunal para entrar al estudio del fondo del asunto y, en consecuencia, el trámite previsto en el referido artículo 64, párrafo segundo, sólo provocará, en este caso específico, la transgresión al derecho de justicia pronta y expedita previsto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ello retrasaría la resolución del juicio que, indefectiblemente, habrá de sobreseerse. [10a. Época; T.C.C.; Semanario Judicial de la Federación; (I Región)9o.1 K (10a.)]. Aunado a lo anterior, el sobreseimiento decretado no entraña, per se, el desconocimiento al derecho de todo gobernado a un recurso efectivo frente a la actuación del poder público, como en el caso, la tramitación del juicio de amparo, pues la actual determinación no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo. Incluso, la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resulta compatible con los artículos 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protección judicial), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que su efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan los requisitos del caso, el órgano jurisdiccional evalúe sus méritos. Resulta aplicable la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del texto: SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. EL DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO ENTRAÑA, PER SE, EL DESCONOCIMIENTO AL DERECHO DE TODO GOBERNADO A UN RECURSO EFECTIVO, EN TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El sobreseimiento en los juicios, por la actualización de las causales de improcedencia, no entraña, per se, el desconocimiento al derecho de todo gobernado a un recurso efectivo frente a la actuación del poder público, en términos de los artículos 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protección judicial), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que esa obligación del Estado se satisface previendo un medio de defensa a través del cual el afectado pueda plantear con toda amplitud su defensa; requisito que se cumple cuando éste tiene la oportunidad de promover, por ejemplo, amparo contra un acto que estime lesivo de su esfera de derechos, pero se acredita la inutilidad del juicio por consentimiento tácito del acto reclamado, pues la obligación de garantizar ese "recurso efectivo" no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo. Incluso, la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resulta compatible con la propia Convención, dado que su efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan los requisitos del caso, el órgano jurisdiccional evalúe sus méritos. [10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II; página 1947]. Corolario a lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 61 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Por identidad de razón, es aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los datos: IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. [9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo IX, Enero de 1999; página 13]. Para el caso que la autoridad receptora del oficio en el cual se ordena notificar la presente determinación esté en período vacacional, y por tal motivo haya suspendido sus labores, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado para que precisamente en el día en que las reanude, entregue la comunicación oficial notificatoria sin necesidad de ulterior acuerdo, que en tanto deberá quedar bajo su resguardo y más estricta responsabilidad hasta que sea debidamente entregada a su destinataria.

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