Daniel Guadalupe Vázquez Solano
Expediente 1480/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1480/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/09/2019
Partes del expediente
- Daniel Guadalupe Vázquez Solano
Actuaciones
- Principal
Causa ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión dentro del término legal en contra de la sentencia dictada el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, se decreta que ha causado ejecutoria, para todos los efectos de ley. Se requiere cumplimiento. En tales condiciones, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acrediten a este órgano jurisdiccional, haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos señalados en los incisos precedentes. En el entendido de que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Apercibimiento. Se le apercibe que de no cumplir en el lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa.
- Principal
Se requiere a diversa autoridad para que en el término de tres días cumpla con lo que se indica en autos, bajo apercibimiento de ley. Se difiere la celebración de la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las 12:20 horas del seis de septiembre del año en curso.
- Principal
Visto el estado procesal de autos. Vistas las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se advierte que al día de hoy no obra constancia alguna de que las autoridades señaladas como responsables **** y ****, todos ellos del *****, hubiesen sido notificadas del auto dictado el ***, en el que se admitió la ampliación de demanda presentada por la parte quejosa, a fin de estar en condiciones de rendir sus respectivos informes justificados. Se remite traslado. En tales condiciones, en óbice de mayores dilaciones procesales, se ordena enviar de nueva cuenta atento oficio dirigido a las autoridades señaladas como responsables *, todos ellos del ****, adjuntándoles copia del escrito de ampliación de demanda en comento. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que rindan su informe justificado dentro del plazo de quince días; y, en el caso de que el acto reclamado sea cierto, deberán remitir a este Juzgado de Distrito copias autorizadas, completas, legibles y ordenadas de todas las constancias que sirvieron de base para emitirlo, así como de todas aquellas constancias que resulten necesarias para sustentar su informe. En el entendido que, de no hacerlo así, o bien, de no informar la imposibilidad que para ello tengan en el plazo concedido, podrán hacerse acreedoras a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 260 de la ley de la materia. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, a fin de dar oportunidad de que ello ocurra y respetar así los principios rectores del juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las doce horas del treinta de agosto de dos mil diecinueve para su celebración. Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibido y agréguese a los autos, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual, remite los autos originales del juicio de amparo 361/2018, un cuaderno de pruebas y testimonio de la ejecutoria dictada por el veinte de junio de dos mil diecinueve, dentro del recurso de revisión 455/2018, en el que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. SE MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo en contra de los actos reclamados a que alude el resolutivo primero de la sentencia sujeta a revisión. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Juventino González Herrera, contra los actos y para los efectos indicados en el considerando noveno del propio fallo recurrido, así como en el último considerando de ésta ejecutoria." Acúsese el recibo de estilo correspondiente, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes, así como el citado testimonio, guárdese por separado el cuaderno de pruebas devuelto y hágase del conocimiento de las partes lo resuelto en éste, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del testimonio de cuenta, se desprende que la Superioridad modificó los efectos de la sentencia concesoria de amparo, los cuales precisó son para lo siguiente: a) Para que el Director Jurídico y de Derechos Humanos y el Comisario, ambos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, realicen el pago de la indemnización correspondiente, misma que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, consiste en tres meses de salario integrado y veinte días de ese salario por cada año de servicio. b) El pago de las demás prestaciones a que se tenga derecho correlativas al pago de la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto, que perciba el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su baja, es decir a partir del trece de diciembre de dos mil diecisiete, y hasta que se realice el pago correspondiente. c) El pago de las cantidades que resulten por conceptos de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo que pudo percibir el servidor público desde el momento en que concretó la baja injustificada, es decir a partir del trece de diciembre de dos mil diecisiete, y hasta que se realice el pago de las demás prestaciones a que tiene derecho; y d) La anotación en el expediente principal del servidor público, así como en el registro nacional de seguridad pública, en el sentido de que fueron dados de baja de manera injustificada. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Director Jurídico y de Derechos Humanos y al Comisario, ambos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite a este Órgano Jurisdiccional, haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos antes señalados. En el entendido de que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Se les apercibe que de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
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