Daniel Gregorio Lopez Roriguez

Expediente 55/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
55/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/01/2023

Partes del expediente

  • Daniel Gregorio Lopez Roriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Procurador General de Justicia de la Fiscalía de Toluca, Estado de México y otras autoridades, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo (artículo 21, inciso d) del acuerdo en cita). ... De igual forma, se comunica a las partes que de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, concluido dicho plazo dentro de los treinta días siguientes se procederá a su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Daniel Gregorio López Rodríguez, por propio derecho; contra actos del Procurador General de Justicia de la Fiscalía de Toluca, Estado de México y otras autoridades. Fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 55/2023-I. Requerimiento juicio en línea. Ahora bien, en términos del artículo 52 bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, exhórtese a la parte quejosa para que de ser posible continúe con la tramitación del "juicio en línea", para tal efecto deberá proporcionar a este juzgado el nombre del usuario para que se le proporcione la autorización correspondiente, en el entendido que deberá manifestar si es su deseo ser notificadas vía electrónica de las determinaciones que se adopten en el presente sumario constitucional. En caso de continuar con la tramitación del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se sugiere que al consultar el expediente electrónico, verifiquen en todos los campos que aparecen en el referido portal; es decir, tanto en el campo de persona física o en su caso como persona jurídica, pues el sistema puede identificar al usuario en alguno de los apartados referidos. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Acto reclamado. En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que el acto reclamado en el presente asunto es: La determinación del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México Agencia del Ministerio Público Especializada en Robo de Vehículos OCRA Toluca, México, dentro de la carpeta NUC/TOL/FRV/VNA/107/210184/21/07; a través de la cual negó la devolución del vehículo tracto camión kenwoth-kenmex, color blaco, modelo t800-1992, con número de serie f471475, número de placas 292eg7, la caja número 6183 de fecha 25-1091 y la caja seca marca utility año 1997, serie 1uyvs2484vp179106. Desechamiento. Precisado lo anterior, contra el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los numerales 133, fracción I, 229, 231, fracción III, 241 y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, si bien no dispone de manera específica un motivo manifiesto que vuelva improcedente el juicio de amparo, si estatuye el fundamento de las causas que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis aislada 2a. LXXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 193829, Novena Época, Materias(s): Común, Tomo IX, Junio de 1999, página 373, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con epígrafe y contenido: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción. Ahora bien, de lo narrado por el promovente en la demanda de amparo, se aprecia que 1. La carpeta NUC/TOL/FRV/VNA/107/210184/21/07; se inició por el delito de robo perpetuado en el vehículo tracto camión kenwoth-kenmex, color blaco, modelo t800-1992, con número de serie f471475, número de placas 292eg7, la caja número 6183 de fecha 25-1091 y la caja seca marca utility año 1997, serie 1uyvs2484vp179106. 2. Por lo anterior, el ahora quejoso, solicitó al Ministerio Público en comento la devolución del vehículo y caja seca señaladas en el numeral anterior. 3. A dicha petición la Representación Social negó la devolución del vehículo (lo que constituye el acto reclamado). Como puede observarse, el acto tildado de inconstitucional se rige por el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece en sus artículos 133, fracción I, 229, 231, fracción III, y 246, que tal acto es materia de conocimiento del Juez de Control, autoridad facultada para devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizar las diligencias conducentes. En principio, conviene establecer para el estudio de la causa de sobreseimiento, el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. El artículo constitucional antes citado establece que los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial. Por su parte, los artículos 133, fracción I, 229, 231, fracción III, y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son del tenor siguiente: "Artículo 133. Competencia jurisdiccional Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: I. Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio;" "Artículo 229. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación." "Artículo 231. Notificación del aseguramiento y abandono El Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su representante legal el aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, la notificación se hará por dos edictos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación o su equivalente, en el medio de difusión oficial en la Entidad federativa que corresponda y en un periódico de circulación nacional o estatal, según corresponda, con un intervalo de diez días hábiles entre cada publicación. En la notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que se abstenga de ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados y se le apercibirá que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal o de la Entidad federativa de que se trate, según corresponda. Transcurrido dicho plazo sin que ninguna persona se haya presentado a deducir derechos sobre los bienes asegurados, el Ministerio Público solicitará al Juez de control que declare el abandono de los bienes y éste citará al interesado, a la víctima u ofendido y al Ministerio Público a una audiencia dentro de los diez días siguientes a la solicitud a que se refiere el párrafo anterior. La citación a la audiencia se realizará como sigue: (.) III. Al interesado de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, de conformidad con las reglas de la notificación previstas en el presente Código." "Artículo 246. Entrega de bienes Las autoridades deberán devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizar las diligencias conducentes. En todo caso, se dejará constancia mediante fotografías u otros medios que resulten idóneos de estos bienes. Esta devolución podrá ordenarse en depósito provisional y al poseedor se le podrá imponer la obligación de exhibirlos cuando se le requiera. Dentro de los treinta días siguientes a la notificación del acuerdo de devolución, la autoridad judicial o el Ministerio Público notificarán su resolución al interesado o al representante legal, para que dentro de los diez días siguientes a dicha notificación se presente a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, los bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal o de la Entidad federativa de que se trate, según corresponda y se procederá en los términos previstos en este Código. Cuando se haya hecho constar el aseguramiento de los bienes en los registros públicos, la autoridad que haya ordenado su devolución ordenará su cancelación." De los numerales transcritos se advierte que, el aseguramiento de los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, asegurados durante el desarrollo de la investigación, es susceptible de impugnarse ante el Juez de Control, ya que establece en forma clara, que es a esta autoridad jurisdiccional a quien le corresponde determinar si es correcta dicha medida - aseguramiento-, así como el instruir a la autoridad ministerial a su devolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 constitucional. Bajo tales aspectos, se estima conveniente destacar, que los artículos 40 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran el principio de supremacía constitucional, en tanto disponen que la Constitución es la ley fundamental o suprema, naturaleza que niega la posibilidad de que esté sometida a otro cuerpo normativo superior y, en cambio, requiere que todo le sea inferior y que cada acto de autoridad esté de acuerdo con ella; de lo que colige que la Constitución es la norma fundamental que unifica y da validez a todas las demás normas que constituyen un orden jurídico determinado y conforme a su artículo 133. Ello es así, en virtud de que es precisamente la Carta Fundamental la que unifica la pluralidad de normas que componen el derecho positivo de un Estado. De ahí que la Constitución no puede ser violatoria de derechos fundamentales, pues precisamente el carácter de Norma Fundamental le otorga la prerrogativa formal de ser el único ordenamiento que puede llegar al extremo de limitar o restringir alguna garantía individual; en atención a lo dispuesto en el primer párrafo, del artículo 1° de la Ley Fundamental el cual señala: "...En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que está Constitución establece". Por consiguiente, el principio de supremacía constitucional permite incorporar a la Ley Fundamental ciertas restricciones, modalidades, limitaciones e incluso supresiones de los derechos políticos o de los derechos fundamentales, sin que ello implique una contravención a los mismos, ya que no son inmutables, ni existe constitucionalmente impedimento alguno para ajustar su contenido a la voluntad social predominante. De ahí que al ser la Constitución el fundamento de validez formal de todo orden jurídico, sus disposiciones adquieren un rango que no es posible discutir en un órgano jurisdiccional, ya que los Tribunales también se apoyan y se alojan dentro de dicho orden, y en el caso de querer resolver sobre la justificación de alguna norma constitucional, carecería de una referente jurídico contra el cual contrastarla, pues no puede subordinar entre si sus contenidos, con lo cual dejaría de ser la razón de validez de todo el sistema de normas que de ella derivan. Por tanto, si el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Poderes Judiciales contarán con Jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial; y por su parte, los artículos 133, fracción I, 229, 231, fracción III, y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, definen que el Juez de Control es la autoridad facultada para devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizar las diligencias conducentes. Por lo que, es claro que, bajo el nuevo paradigma constitucional, antes de ocurrir al juicio de amparo indirecto, los gobernados que reclamen una retención o aseguramiento de cualquier objeto, deberán acudir ante la autoridad judicial reconocida por la Constitución, para impugnar lo relativo a dicha retención. Aunado a que, de sostener que es innecesario acudir ante dicha instancia judicial previo a la promoción del juicio de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio constitucional, pues para hacerlo procedente bastaría aducir que las actuaciones del Fiscal investigador durante la integración de la carpeta de investigación viola derechos humanos, obligando al Juez de Distrito a estudiar las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis ante la instancia judicial correspondiente. Esto, con la finalidad de cumplir con las disposiciones establecidas en la Carta Magna y atender a la naturaleza especial del sistema penal acusatorio. Razón por la cual, como se precisó de los antecedentes del acto reclamado, se desprende que la parte quejosa solicitó la devolución del vehículo asegurado, donde la institución ministerial dentro de la carpeta de investigación de origen, negó dicha petición, lo cual lo vincula a comparecer ante el Juez de Control, por ser quien revisa los actos del Ministerio Público. Además, atendiendo a que en el nuevo sistema de justicia penal el Ministerio Público figura como parte, en igualdad de condiciones que el imputado y la víctima, los actos de investigación que realiza no podrían someterse a escrutinio en el juicio de amparo, el cual procede contra actos de autoridad, o de particulares que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, siempre que afecten derechos en los términos a que se refiere el artículo 5° fracción II, de la Ley de Amparo, y sus funciones estén determinadas por una norma general, lo cual no acontece en este caso, pues para afectar derechos constitucionalmente protegidos, como son la propiedad o la posesión, según lo establece el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público requiere de autorización del Juez de Control. Por lo anterior, se reitera, la aquí parte quejosa debió acudir ante el Juez de Control, a fin de que sea éste resolviera lo que en derecho corresponda respecto de lo acontecido en el vehículo y caja seca asegurados dentro de la carpeta de investigación. Es por ello que, en el caso, se surte la causa de improcedencia invocada, ya que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa debió de acudir ante el Juez de Control y agotar el procedimiento jurisdiccional de referencia, pues a través de la expresión de los agravios correspondientes, tiene la posibilidad de atacar el aseguramiento impugnado, así como el auto reclamado por el cual le negaron la devolución del bien que defiende. ... Lo anterior pone de manifiesto, que el peticionario de amparo debía agotar el medio de impugnación de referencia ante la negativa emitida por la Representación Social responsable, lo cual no realizó. Bajo ese contexto, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo que nos ocupa por el acto en estudio. Domicilio. Con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones, así como las de carácter personal, por medio de lista que se publica en este órgano jurisdiccional, pues el señalado como los estrados no se encuentra contemplado en la Ley de Amparo. ...Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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