Daniel Grajeda Mendoza
Expediente 96/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 32 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 96/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 20/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Daniel Grajeda Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Ciudad de México, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Visto la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el plazo para impugnar el auto de cinco de abril de dos mil veintiuno, por lo que se declara que ha quedado firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, cinco de abril de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta en que el Magistrado por ausencia del Presidente de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en atención al requerimiento formulado en proveído de ocho de marzo del año en curso, remite copia certificada de la resolución plenaria del veinticinco de marzo pasado, en que se declaró cumplida la sentencia de nulidad de cinco de abril de dos mil diecisiete y la resolución de queja por defecto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictadas en el juicio de nulidad 32571/15-17-08-9; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de mérito para que surta los efectos legales a que haya lugar. En mérito de lo anterior, con las constancias integradas al presente expediente, se procede a verificar si el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo esta cumplido, sin exceso ni defecto, por ser una cuestión de orden público, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2./J.26/2000, del siguiente rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243). En primer término, conviene precisar que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión R.A. 298/2019; confirmó la sentencia dictada por este Juzgador el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: [.] procede otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable Subdirectora de Pensiones de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro del plazo de diez días siguientes a la fecha en que se les notifique el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia, deberá demostrar lo siguiente: 1) Dejar insubsistente el oficio SP/8158/2018, de trece de diciembre de dos mil dieciocho. 2) Dictar otro, con libertad de jurisdicción, siguiendo los lineamientos precisados en esta sentencia, resuelva lo que legalmente proceda en relación a la cuota jubilatoria del quejoso, para lo cual deberá atender cabalmente los parámetros fijados en la sentencia de nulidad de cinco de abril de dos mil diecisiete y la resolución de queja por defecto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictadas por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad 32571/15-17-08- 9. En ese sentido, dicho cumplimiento implica que la autoridad responsable Subdirectora de Pensiones de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe acreditar lo siguiente: ? Dejar insubsistente el oficio SP/8158/2018, de trece de diciembre de dos mil dieciocho. ? Dictar otro, con libertad de jurisdicción, en el que resuelva lo que legalmente proceda en relación a la cuota jubilatoria del quejoso. Ahora, de las constancias exhibidas por la autoridad responsable obligada al cumplimiento del fallo protector, se destacan, la copia certificada del oficio SP/0122/2020 de dos de enero de dos mil veinte, emitido por el Subdirector de Pensiones de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la copia simple del recibo de pago del mes de noviembre del dos mil veinte, a nombre del quejoso, que al no haber sido objetada su autenticidad de falsa por alguna de las partes y al ser adminiculado con dicho oficio, adquiere cierta fuerza probatoria, las cuales al ser constancias públicas, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, tienen eficacia probatoria plena, para demostrar lo siguiente: 1. Con el oficio SP/0122/2020 de dos de enero de dos mil veinte, se acredita que el Subdirector de Pensiones de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tomando en cuenta los conceptos correspondientes, realizó las ecuaciones aritméticas respectivas, para incrementar la cuota diaria pensionaria del quejoso a $258.01 (doscientos cincuenta y ocho pesos 01/100 moneda nacional) y determinó como saldo a favor por concepto de diferencias pensionarias la cantidad de $205,149.71 (doscientos cinco mil ciento cuarenta y nueve pesos 71/100 moneda nacional), así como en su tercer su resolutivo dejó insubsistente el oficio SP/4548/2018 de dieciocho de junio de dos mil dieciocho (que no tiene relación con este juicio de amparo), pero de sus consideraciones se dejó sin efectos el diverso SP/8158/2018, de trece de diciembre de dos mil dieciocho, que es materia del presente asunto. 2. Con el comprobante de pago a nombre del quejoso Daniel Grajeda Mendoza, correspondiente al mes de noviembre de dos mil veinte, se demuestra que en el apartado de percepciones se incluyó el concepto "005 PENSIÓN RETROACTIVA", por el importe referido como como diferencias pensionarias. Ahora, importa aclarar que es cierto que la autoridad responsable dejó sin efectos un diverso oficio (SP/4548/2018), como también lo es que, de los razonamientos que sustentan su decisión, emerge claramente que todas sus consideraciones están dirigidas a dejar insubsistente el oficio reclamado SP/8158/2018, de trece de diciembre de dos mil dieciocho, cuya ilegalidad originó que se otorgara la protección de la Justicia Federal, con lo cual queda relevada dicha inconsistencia, imprecisión y toda referencia a aquél oficio, lo cual es tomada en cuenta, para estimar que esa consideración es como si se tratara para ésta último, que es el reclamado. Al respecto, es ilustrativa, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro siguiente: SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO. (Registro digital: 192836, Instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: P./J. 133/99, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Noviembre de 1999, página 36, Tipo: Jurisprudencia) Los anteriores razonamientos sirven de sustento para considerar que; no obstante, que en la resolución plenaria de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de nulidad 32571/15-17-08-9, que tiene peso probatorio, al ser una constancia pública, en que los Magistrados Integrantes de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una vez que analizaron el aludido oficio SP/0122/2020, evidenciaron lo fallado en su resolutivo tercero en que se ".dejó sin efectos el oficio SP/4548/2018 de fecha 18 de junio de 2018 (como se ordenó en la ejecutoria de amparo de que se trata)." , para declarar cumplida la sentencia de nulidad y resolución de queja por defecto en comento. Es así, que dicha determinación está ajustada a derecho, con la única salvedad que, atendiendo a los argumentos contenidos el aludido oficio SP/0122/2020, la referencia señalada en dicho resolutivo de dejar insubsistente debe ser considerada para el oficio reclamado SP/8158/2018, de trece de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que debe entenderse que es éste que se dejó insubsistente. Lo anterior es así, pues el oficio SP/0122/2020, se emitió en cumplimiento al mandato constitucional de amparo y a tal sentencia de nulidad, así como a la resolución de queja por defecto dicada en el juicio de origen, lo que implica que los efectos de la ejecutoria de amparo se encuentran vinculados a los del fallo dictado en la jurisdicción ordinaria, pero ello no significa que corresponda sólo a la Sala administrativa decidir cuándo debe tenerse por cumplimentada su resolución, porque ello implicaría una decisión en torno al acatamiento del fallo constitucional, cuestión que únicamente corresponde resolver al Juez de Distrito que la emitió, por lo que, en ese supuesto, lo que se pretende no es sólo el cumplimiento de la sentencia de nulidad, sino también el de la ejecutoria de amparo, por lo que corresponde al Juez Federal determinar si está o no cumplida la ejecutoria de amparo y, en vía de consecuencia, la resolución de nulidad, lo cual excluye a la Sala ordinaria, aun cuando el efecto de la protección de la Justicia Federal se encuentre vinculado a la decisión de anulación. Además, debe decirse que lo determinado en esta resolución, está en armonía con el principio de administración de justicia en su vertiente de cumplimiento de sentencia, contenido en el artículo 17 Constitucional, pues la finalidad que se persigue con esta decisión es evitar mayores perjuicios al quejoso en su esfera jurídica, aunado que, mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, el justiciable manifestó expresamente que se tuviera por cumplida la ejecutoria de amparo. Ante las relatadas consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgador considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio constitucional, sin que exista exceso ni defecto, al cumplirse con la totalidad de los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para notificar personalmente el presente proveído. Notifíquese personalmente al quejoso Daniel Grajeda Mendoza, en el domicilio ubicado en calle Francisco Fernández del Castillo número dos mil ochocientos doce, colonia Villa de Cortés, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México y por oficio a las autoridades vinculadas al cumplimiento. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la promoción de cuenta en que la autorizada de la parte quejosa, en atención a la vista otorgada en proveído de once de noviembre de dos mil veinte, manifiesta que la ejecutoria de amparo se tenga por cumplida; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. Cabe precisar que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión R.A. 298/2019; confirmó la sentencia dictada por este Juzgador el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: [.] procede otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable Subdirectora de Pensiones de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro del plazo de diez días siguientes a la fecha en que se les notifique el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia, deberá demostrar lo siguiente: 1) Dejar insubsistente el oficio SP/8158/2018, de trece de diciembre de dos mil dieciocho. 2) Dictar otro, con libertad de jurisdicción, siguiendo los lineamientos precisados en esta sentencia, resuelva lo que legalmente proceda en relación a la cuota jubilatoria del quejoso, para lo cual deberá atender cabalmente los parámetros fijados en la sentencia de nulidad de cinco de abril de dos mil diecisiete y la resolución de queja por defecto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictadas por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad 32571/15-17-08-9. Por tanto, la autoridad responsable Subdirectora de Pensiones de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como parte del acatamiento del fallo de amparo, está obligada a cumplir la sentencia de nulidad de cinco de abril de dos mil diecisiete y la resolución de queja por defecto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictadas por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad 32571/15-17-08-9, para lo cual deberán realizar lo siguiente: ? Dejar insubsistente el oficio SP/8158/2018, de trece de diciembre de dos mil dieciocho. ? Dictar otro, con libertad de jurisdicción, en el que resuelva lo que legalmente proceda en relación a la cuota jubilatoria del quejoso. En consecuencia, considerando que para determinar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, previamente se debe verificar el acatamiento de la sentencia de nulidad de cinco de abril de dos mil diecisiete y la resolución de queja por defecto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictadas en el juicio de nulidad 32571/15-17-08-9, del índice de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por tanto, se considera que le corresponde a la citada Sala realizar el pronunciamiento en relación a las cuestiones concernientes con el cumplimiento de las resoluciones por ella emitidas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con copia de la promoción de cuenta, así como las registradas con los números de correspondencia 3415 y 13260 y respectivos anexos; requiérase a la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que dentro del término de diez días contados a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, determine si se encuentra cumplida o no las referidas resoluciones por ella dictadas, debiendo remitir copia certificada de dicha determinación. Se apercibe que en caso de ser omisa, se le impondrá una multa de cincuenta veces la unidad de cuenta para la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, por desacato a una orden judicial. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del presente asunto, se impone destacar que en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que, del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, a través de las Circulares números SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales en todos los asuntos judiciales y como forma de trabajo el esquema de contingencia previsto por el "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19", como medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales con sede en la Ciudad de México derivado del virus COVID-19. Ahora bien, de conformidad con la Circular SECNO/10/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la prolongación del periodo de contingencia sanitaria, el dieciséis y diecisiete de febrero del año en curso, se continúa con el esquema de contingencia previsto en las Circulares anteriores, y a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales conforme a los lineamientos contenidos en el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19"; cuyo artículo 1° fue reformado mediante Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, con relación al periodo de vigencia, para garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del tres de agosto de dos mil veinte al treinta de junio de dos mil veintiuno, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en dicho Acuerdo, en consecuencia, se reanudan los plazos y términos procesales en el presente juicio. Cabe destacar que el presente asunto no se ubica en ninguno de los supuestos a que se refirió el citado Acuerdo General 13/2020, para que previamente se reanudara su trámite, por lo que hasta la fecha en que se actúa, se procede acordar lo conducente. En tales circunstancias, con fundamento en las fracciones I y II del artículo 2 del mencionado acuerdo 21/2020, se hace del conocimiento de las partes que los plazos, términos y vistas, ordenados en los acuerdos y requerimientos dictados en este juicio, se reanudarán a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; por lo que se deberán de estar a lo ahí´ determinado y a los apercibimientos respectivos. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que feneció el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de once de noviembre de dos mil veinte, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables; por ende, se procede a proveer lo conducente al citado cumplimiento con las constancias agregadas en autos. Cabe precisar que en la resolución dictada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de revisión R.A. 298/2019, en la que confirmó la sentencia dictada por treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en la que se concedió la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para los siguientes efectos: [.] procede otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable Subdirectora de Pensiones de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro del plazo de diez días siguientes a la fecha en que se les notifique el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia, deberá demostrar lo siguiente: 1) Dejar insubsistente el oficio SP/8158/2018, de trece de diciembre de dos mil dieciocho. 2) Dictar otro, con libertad de jurisdicción, siguiendo los lineamientos precisados en esta sentencia, resuelva lo que legalmente proceda en relación a la cuota jubilatoria del quejoso, para lo cual deberá atender cabalmente los parámetros fijados en la sentencia de nulidad de cinco de abril de dos mil diecisiete y la resolución de queja por defecto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictadas por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad 32571/15-17-08-9. . Es decir, la autoridad responsable Subdirectora de Pensiones de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, está obligada a cumplir la sentencia de nulidad y resolución de queja por defecto en comento, para lo cual deberá realizar lo siguiente: ? Dejar insubsistente el oficio SP/8158/2018, de trece de diciembre de dos mil dieciocho. ? Dictar otro, con libertad de jurisdicción, siguiendo los lineamientos precisados en el fallo de amparo, sin descuidar los parámetros fijados en la sentencia de definitiva y la resolución de queja dictadas en el juicio de nulidad en comento. De lo transcrito se advierte que el cumplimiento versa respecto del acatamiento de la sentencia definitiva de cinco de abril de dos mil diecisiete y la resolución de queja por defecto de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, dictadas por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad 32571/15-17-08-9. por tanto, se considera que le corresponde a la citada Sala realizar el pronunciamiento en relación a las cuestiones concernientes con el cumplimiento de las resoluciones por ella emitidas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con copia de las promociones registradas con los números de correspondencia 3415 y 13260, con sus respectivos anexos; requiérase a la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que dentro del término de diez días contados a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, determine si se encuentra cumplida o no la resolución de nulidad, debiendo remitir copia certificada de dicha determinación. Se apercibe que en caso de ser omisa, se le impondrá una multa de cincuenta veces la unidad de cuenta para la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, por desacato a una orden judicial. Notifíquese personalmente al quejoso Daniel Grajeda Mendoza el auto de once de noviembre de dos mil veinte en el domicilio ubicado en calle Francisco Fernández del Castillo número dos mil ochocientos doce, colonia Villa de Cortés, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.
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