Daniel Gonzalez Rodriguez

Expediente 262/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
262/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
30/06/2023

Partes del expediente

  • Daniel Gonzalez Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    En la Ciudad de México; a treinta de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio remitido en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual informa que en su carácter de superior jerárquico, conminó al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, a efecto de dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, de lo cual se toma conocimiento. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, mismas que se le practicarán conforme al artículo 26, fracción II y 28 de la Ley de Amparo y por acreditados como delegados de su parte, a las personas que menciona, con base en el artículo 9, párrafo primero, de la Ley de la materia. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, a través de la cual solicita copia simple de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, en el amparo en revisión 367/2017, asimismo, manifiesta dar cumplimiento al requerimiento formulado en autos e informa que no le fue instaurado a la quejosa, el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53- B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, por lo que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes para cumplir el fallo protector. Ahora bien, en atención a la solicitud de la autoridad oficiante, mediante oficio que al efecto se gire, remítase la copia que solicita. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de mérito, dese vista a la quejosa para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga. Apercibida que de no realizar manifestación alguna en el término antes precisado, este juzgado acordará lo conducente respecto al cumplimiento de la ejecutoria con las constancias que obran en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad de México, nueve de junio de dos mil veintitrés. Recepción. Téngase por recibido el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, por medio del cual, en atención a lo solicitado en auto de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, hace del conocimiento que la demanda recibida en la oficialía de partes de dicho órgano, tal y como se advierte del sello de recepción, no cuenta con firma autógrafa, ni electrónica, desconociendo el motivo del error de lo asentado por la misma Oficina de Correspondencia Común correspondiente, razón por la cual no está en posibilidades de remitir constancia alguna firmada por la quejosa. De lo anterior se toma conocimiento. Sin que sea necesario acusar de recibido toda vez que la autoridad oficiante no lo solicito. En este sentido y toda vez que existe una discrepancia en la papeleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones y la de Oficialía de Partes del Juzgado Primero de Distrito de la misma especialidad, en el sentido de que la primera de las mencionadas asentó que la demanda de amparo fue presentada con firma, mientras que la segunda señala que no tiene firma sin que obre certificación alguna al respecto, por tal motivo para evitar dejar en estado de indefensión al quejoso, lo procedente es dar trámite a la demanda, en aras de la pronta y expedita impartición de justicia tal y como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en obvio de mayores dilaciones procesales. Lo anterior en atención a la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: Registro digital: 2000130 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 32/2011 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, página 3632 Tipo: Jurisprudencia PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." En atención a lo señalado en el párrafo que antecede se provee: Determinación (Desechamiento) respecto del acto reclamado en el escrito de demanda de amparo. De una interpretación integral de la demanda de amparo, se concluye que la parte quejosa señaló como acto reclamado, lo siguiente: La discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, respecto de los artículos relacionados con la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, respecto de los artículos señalados en el escrito de demanda. Al respecto, a consideración de la suscrita, debe desecharse el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de los actos reclamados. Para explicarlo, conviene traer a colación lo que establece el artículo 61, y su fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El precepto establece la improcedencia del juicio si cesaron los efectos del acto reclamado. Al respecto, se destaca que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario cuyo objeto es proteger a las personas respecto de normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución y en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, de conformidad con el artículo 103, fracción I, constitucional y 1, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, en términos generales, en caso de otorgarse el amparo el efecto será: i) si el acto es positivo se restituiría al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ii) si el acto es negativo o implica una omisión, se obligaría a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir con lo que el mismo exija. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el numeral 77, fracciones I y II, de la ley de la materia. Asimismo, si se declara la inconstitucionalidad de una norma general los efectos se extienden a aquellas normas o actos cuya validez dependa de la norma invalidada. Lo anterior se desprende del artículo 78 de la Ley de Amparo. Bajo esa lógica, se previó la imposibilidad de ejercer la acción constitucional vía amparo contra actos, omisiones y normas generales que hayan destruido todos sus efectos en la esfera jurídica de los particulares, ya que sería ocioso su estudio si las cosas volvieron al estado en que se encontraban o la autoridad ya actúa como debía hacerlo, pues precisamente esa es la pretensión de los quejosos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizó diversos pronunciamientos respecto de la Ley de Amparo abrogada, ya que la causa de improcedencia estaba contenida en el artículo 73, fracción XVI. También, se pronunció respecto al numeral vigente, por lo que a continuación se analizarán algunos de tales pronunciamientos. El Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte al interpretar la causa de improcedencia determinaron que no es suficiente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino además, resulta indispensable que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la trasgresión constitucional. Lo anterior quedó desarrollado en las jurisprudencias 2a./J. 9/98 y 2a./J. 59/99 además en la tesis aislada P. CL/97, de registros y rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte en la contradicción de tesis 18/94, identificó los elementos que actualizan la cesación del acto reclamado, los cuales son: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra. b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) O bien, una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías. d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Del asunto referido, surgió la jurisprudencia P./J. 36/97, de registro 198408 y rubro: "MÁQUINAS REGISTRADORAS DE COMPROBACIÓN FISCAL. EL SOLO HECHO DE NO PRESENTARSE EN LA FECHA SEÑALADA EN EL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO REQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES PARA QUE ACUDAN A LAS OFICINAS A ADQUIRIR DICHAS MÁQUINAS, NO PROVOCA QUE CESEN LOS EFECTOS DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN LOS ARTÍCULOS QUE OBLIGAN A LOS PARTICULARES A ADQUIRIRLAS, Y EN EL OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE CITA A LOS CONTRIBUYENTES PARA LLEVAR A CABO LA ASIGNACIÓN." La Segunda Sala también ha explicado las diferencias entre la causa de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado y la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. Se señaló que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario; mientras que la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, ello puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. Lo anterior se encuentra en la tesis aislada 2a. XLVIII/98, de registro 196442 y rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD." Ahora bien, atendiendo a que en el caso se reclama una norma general con motivo de su sola entrada en vigor, a continuación se analizarán los pronunciamientos de la Suprema Corte relativos a la cesación de efectos cuando se reclaman ordenamientos de carácter general y, posteriormente, se explicarán los precedentes atinentes a normas autoaplicativas. Normas generales De manera general, el Pleno de la Suprema Corte al resolver la controversia constitucional 6/97, diferenció entre la cesación de efectos en materia de amparo y en controversia constitucional. Estableció que para la actualización de la primera, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo Por su parte, en controversia constitucional se actualiza simplemente con que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, de conformidad con la Constitución Federal. Ese razonamiento se plasmó en la jurisprudencia P./J. 54/2001, de registro 190021 y rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS." Normas autoaplicativas El Pleno de la Suprema Corte al emitir la jurisprudencia P./J. 53/97, determinó que si se impugna una norma autoaplicativa, que no entrañe una prohibición sino una obligación de hacer o permitir que se haga; su derogación no implica la liberación a los sujetos a la que va dirigida de las consecuencias por el periodo que estuvieron vigentes, pues por regla general la derogación sólo tiene efectos hacia el futuro. Bajo esa lógica, se concluyó que no se actualiza la causa de improcedencia analizada, mientras subsistan los efectos de la ley durante el periodo que rigió. Dicha jurisprudencia tiene el registro 198407 y rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. CUANDO ESTABLECEN HIPÓTESIS NORMATIVAS DE NATURALEZA POSITIVA SU DEROGACIÓN NO IMPLICA, GENERALMENTE, LA CESACIÓN DE SUS EFECTOS." Por su parte, la Segunda Sala al resolver varios amparos en revisión, matizó el anterior criterio y determinó que se actualizaba la causa de improcedencia relativa a cesación de efectos del acto reclamado, cuando se reclamaba como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva o la que establece una obligación y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la obligación o la prohibición, destruyendo total e incondicionalmente sus efectos, siempre que no se demostrara que la que generó obligación hubiere producido durante su vigencia una consecuencia material en perjuicio de la quejosa. El criterio referido se encuentra en la jurisprudencia 2a./J. 6/2013 (10a.), de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA." De los criterios enunciados se pueden desprender las siguientes reglas que, en términos generales, ha establecido la Suprema Corte al analizar la causa de improcedencia relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado: a) Si una norma general establece una prohibición, su derogación, por regla general, actualiza la causa de improcedencia, lo que no sucede si tal norma prevé una obligación de hacer o permitir que se haga; ya que ese actuar no implica la liberación a los sujetos a la que va dirigida de las consecuencias por el periodo que estuvieron vigentes. b) La declaratoria de invalidez de una norma general en una acción de inconstitucionalidad, no actualiza la causa de improcedencia analizada, si ésta establece obligaciones. c) No obstante, si la norma general autoaplicativa que establece obligaciones a sus destinatarios, es derogada y se comprueba que durante su vigencia no generó una consecuencia material en perjuicio de la quejosa, se actualizará la causa de improcedencia. De los criterios reseñados se observa que, debe atenderse al tipo de acto que se reclama, es decir, si se trata de una norma general, acto u omisión, y a partir de ahí, analizar si su revocación o derogación trae como consecuencia que sus efectos se destruyan de manera total e incondicional, como si se hubiese restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado. De lo contrario, no se estará en la hipótesis de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Una vez expuestas las anteriores consideraciones, procede analizar si han cesado de forma total los efectos del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, atendiendo a que el reclamo se hizo con motivo de su sola entrada en vigor. Ahora bien, de la revisión a la red de información y comunicaciones del Poder Judicial de la Federación, concretamente en la página electrónica accesible vía intranet13 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiséis de abril de dos mil veintidós, resolvió la acción de inconstitucionalidad 82/2021 y su acumulada 86/2021, siendo los puntos resolutivos los siguientes: "RESUELVE: PRIMERO. Es procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad 82/2021 y su acumulada 86/2021. SEGUNDO. Se declara la invalidez de la totalidad del sistema normativo que integra el Decreto de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, específicamente, de la fracción XLII bis del artículo 15, y los artículos 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintes, 180 Sextus, 180 Septimus, 307 Bis, 307 Ter, 307 Quáter, y 307 Quintus, así como los transitorios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, adicionados a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como la invalidez de las porciones normativas ", el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil" del artículo 176, ", y realizar el aviso correspondiente en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil" de la fracción VI del artículo 190, ", y proceder a realizar el aviso correspondiente en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil;" y "el Instituto para efectos del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil o" de la fracción VII del artículo 190, reformados mediante dicho Decreto. TERCERO. Las declaratorias de invalidez surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso de la Unión, de conformidad con su considerando octavo. CUARTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta." Como se observa, en dicha resolución, el máximo tribunal de la nación, preciso la invalidez del total de los cambios normativos introducidos por el Decreto mediante el cual se adicionaron y reformaron diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, puntualizando que dicha invalidez sería total respecto de los preceptos adicionados y parcial por las normas reformadas, a fin de no generar un vacío normativo. En este punto es importante resaltar que, para estimar actualizada la causa de improcedencia que se analiza, no debe existir efecto o consecuencia legal alguna que pudiere haber dejado su impronta en la esfera jurídica del justiciable. En otras palabras, debe existir constancia plena de que no hay aspecto alguno que haya trascendido en perjuicio del gobernado por la sola entrada en vigor del ordenamiento legal impugnado durante el tiempo en que se encontró vigente, y que pudiera desaparecer ante una eventual concesión de amparo. Luego a fin de evidenciar que el decreto reclamado no dejó efecto alguno en la esfera jurídica de los quejosos, es importante señalar que, en el auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en la citada acción de inconstitucionalidad la Ministra instructora Norma Lucía Piña Hernández se pronunció sobre la afectación que pudiera generar el decreto aquí impugnado con motivo de su entrada en vigor, en los términos siguientes: (.) Ciudad de México, a veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. (.) Sin embargo, aun partiendo de dicha interpretación, en el caso no se satisfacen los supuestos excepcionales para conceder la suspensión, porque el posible daño a los derechos humanos invocados por los accionantes, como lo son, entre otros, el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales relacionados con la identidad de las personas, a la presunción de inocencia y al uso de las tecnologías de la información, no se actualiza a partir de la vigencia de la norma. En efecto, de acuerdo con el régimen transitorio del decreto impugnado, si bien esas normas entraron en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el diecisiete de abril del presente año (sic), lo cierto es que la obligación de proporcionar esos datos está sujeta, primero, a la condición relativa a que dentro del plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la expedición del decreto (artículo transitorio tercero, párrafo primero) el Instituto Federal de Telecomunicaciones expida, entre otras, las disposiciones administrativas de carácter general para la operación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual corresponde a una base de datos que contendrá diversos datos personales de todas y todos los titulares de una línea telefónica móvil, entre otros, el domicilio, el número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población del titular de la línea y los datos biométricos. Y segundo, al plazo de dos años a partir de la publicación del decreto para que los usuarios de líneas telefónicas móviles adquiridas con anterioridad a su entrada en vigor, cumplan con el registro de sus datos (artículo transitorio cuatro, párrafo primero); y al plazo de seis meses posteriores a que el Instituto emita las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el presente decreto, para que los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados, realicen el registro de los nuevos usuarios de telefonía móvil (artículo transitorio quinto). En este sentido, y toda vez que los promoventes hacen depender el otorgamiento de la suspensión de la afectación a los derechos humanos precisados y esta afectación no se resentirá de manera inmediata a partir de la expedición del decreto cuya invalidez se solicita, dado que éste se produciría, en su caso, a partir de que los usuarios proporcionen la información respectiva, obligación cuyo cumplimiento está sujeto a la condición y plazos precisados, en consecuencia, no se actualizan los supuestos excepcionales precisados por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para conceder la suspensión solicitada en este medio de control constitucional. Lo anterior, sin perjuicio de que en caso de que varíen las circunstancias valoradas en este auto para negar la suspensión, dicha medida cautelar pueda ser nuevamente analizada. De la transcripción que antecede se advierte lo siguiente: Que el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no era susceptible de causar perjuicio con motivo de su sola vigencia. Ello, ya que si bien, conforme a su régimen transitorio, dicho decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el diecisiete de abril de dos mil veintiuno, lo cierto es que la obligación de proporcionar esos datos estaba sujeta: 1. A la condición relativa a que dentro del plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la expedición del decreto (artículo tercero transitorio, párrafo primero) el Instituto Federal de Telecomunicaciones expida, entre otras, las disposiciones administrativas de carácter general para la operación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual corresponde a una base de datos que contendrá diversos datos personales de todos los titulares de una línea telefónica móvil, entre otros, el domicilio, el número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población (CURP) del titular de la línea y los datos biométricos. 2. Al plazo de dos años a partir de la publicación del decreto impugnado para que los usuarios de líneas telefónicas móviles adquiridas con anterioridad a su entrada en vigor, cumplan con el registro de sus datos (artículo cuarto transitorio, párrafo primero); y al plazo de seis meses posteriores a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones emita las disposiciones administrativas de carácter general a que se refiere el mencionado decreto, para que los concesionarios de telecomunicaciones y los autorizados, realicen el registro de los nuevos usuarios de telefonía móvil (artículo quinto transitorio). Derivado de lo anterior, la posible afectación que pudo generar el decreto impugnado a sus destinatarios no era susceptible de ser resentida de manera inmediata a partir de su expedición, sino a partir de que los usuarios proporcionen la información respectiva, obligación cuyo cumplimiento estaba sujeta a la condición y plazos precisados. Además, constituye un hecho notorio que en la resolución de once de junio de dos mil veintiuno, emitida en la controversia constitucional 71/2021, del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue promovida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)14, se concedió la suspensión del decreto impugnado a fin de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no emitiera las disposiciones de carácter general a las que se hacen referencia en el Decreto controvertido, lo anterior, hasta en tanto se verificara la constitucionalidad de dicha porción normativa, lo cual ya ocurrió, pues como se indicó, en sesión de veintiséis de abril de dos mil veintidós, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la acción de inconstitucionalidad 82/2021 y su acumulada 86/2021, y determinó la invalidez del total de los cambios normativos introducidos por el Decreto mediante el cual se adicionaron y reformaron diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno. En esa línea argumentativa, los preceptos reclamados del Decreto mediante el cual se adicionaron y reformaron diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, no dejaron consecuencia legal en la esfera jurídica del justiciable, pues como se dijo, no eran susceptibles de causar perjuicio con motivo de su sola vigencia. En ese sentido los acto reclamados están en el supuesto de cesación de efectos previsto en las jurisprudencias P./J. 53/97 y 2a./J. 6/2013 (10a.) explicadas con antelación y, por ende, es obligatorio concluir que, durante el tiempo en que estuvieron vigentes, dicho dispositivo no dejaron efecto material alguno en la esfera jurídica de la parte quejosa que pudiera ser reparado a través de una sentencia de amparo, por lo que han cesado sus efectos. En tales condiciones, si durante la vigencia del decreto reclamado, no se materializó en la esfera jurídica del quejoso y este fue declaro inválido, no podrá ya aplicarse en su perjuicio, por lo que carecería de efectos prácticos emprender el análisis de constitucionalidad de normas que en su oportunidad no fueron aplicadas y en el futuro resultarán inaplicables. En consecuencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa en el escrito de demanda, se desecha la demanda de amparo, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo Utilización de Medios Electrónicos. De igual forma, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Autorizados . Conforme a lo ordenado en proveído de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, por el juzgado de origen. Domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************Habilitación de días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Transparencia y datos personales Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México; a diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el proveído, a través del cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, no fue recurrido dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 202, en relación con el 201, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado; por lo cual, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Archivo del expediente. Tomando en consideración el estado procesal de autos, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN en un plazo de tres años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto. Archívense por separado los cuadernos incidentales. De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el cuaderno original del incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión definitiva, es susceptible de DEPURACIÓN. Y conforme al ordinal 20, fracción II inciso a), del mismo Acuerdo el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurra el plazo de seis meses. Atento a lo anterior, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula de cada uno de ellos. Ahora, en virtud de que la parte quejosa exhibió documentos en copia certificada, pónganse a su disposición para que dentro del plazo de noventa días, se presente a recogerlos, asimismo la persona que lo haga, deberá exhibir su identificación oficial vigente y copia simple de la misma, para debida constancia legal; apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa

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