Daniel Gonzalez Olmos
Expediente 641/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 641/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Daniel Gonzalez Olmos
Actuaciones
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Daniel González Olmos, por derecho propio, contra actos del Director General de Transporte del estado de Veracruz, con sede en Xalapa y otra autoridad. Radicación. Intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número de registro ********************-II. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en un asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad para la tramitación de este juicio la aplicación del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE; razón por la cual en términos del artículo 263 de dicho acuerdo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Consideración previa. Ahora, previo a emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, esta juzgadora procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. [A]rtículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Desechamiento. Conforme a esos lineamientos, a criterio de esta juzgadora, considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.] La fracción transcrita, aborda el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, dado que establece la improcedencia del juicio de amparo en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que sea susceptible de nulificar, modificar o revocar dicho acto; siempre y cuando la ley que lo rige no exija mayores requisitos que los previstos en la Ley de amparo para el otorgamiento de la suspensión definitiva. De acuerdo a lo anterior, se puede decir que el principio de definitividad implica la obligación del agraviado de agotar, previo a instar el juicio de amparo, los recursos ordinarios tendentes a nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. En ese sentido, debe puntualizarse que, para que opere la causal de improcedencia por inobservancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, en términos de la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún juicio, recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Asimismo, que con la tramitación del juicio, recurso o medio de defensa sea susceptible de suspender los efectos del acto combatido, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los multicitados medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, ya que en la Ley de Amparo no existe disposición expresa sobre ello. Además, el legislador secundario cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular; por tanto, será suficiente que los citados medios de defensa o recursos estén previstos en alguno de los ordenamientos legales que regulen el acto reclamado, siempre y cuando se trate de una ley en sentido formal y material. Es ilustrativa la Jurisprudencia 116/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 447, tomo X, Octubre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los aludidos medios de impugnación o está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. En ese orden de ideas, es dable precisar que del análisis integral del escrito de demanda y su ampliación, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como actos reclamados, a saber: La omisión por parte de las autoridades responsables al no otorgarle en forma definitiva la concesión para la exploración en la localidad de ********************, con número de folio T035592, habiendo cumplido los requerimientos impuestos para ello. La omisión de las autoridades responsables de otorgar en forma definitiva la orden de emplacamiento para concluir el trámite del registro del vehículo que tiene dado de alta para la prestación del servicio público, en la modalidad de taxi en la localidad de ********************. En ese tenor, atendiendo a la naturaleza de dichos actos, debe tomarse en consideración el contenido de los artículos 1, 2, 280 fracción IV, 292, 293, 296, 305, 305 Bis, 306, 308, 309 y 310 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, que establecen: [A]rtículo 1. Las disposiciones del presente Código tienen por objeto regular las bases generales de los actos y procedimientos de la Administración Pública; del recurso de revocación, el juicio contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional competente; así como la calificación y sanción a servidores públicos estatales y municipales respecto de faltas administrativas graves y a particulares vinculados con éstas, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Artículo 2. Para efectos del presente Código, se entenderá por: [.] IV. Administración Pública: Las dependencias centralizadas y entidades paraestatales del Poder Ejecutivo; las dependencias centralizadas y entidades paramunicipales de los ayuntamientos del Estado, así como las áreas o unidades administrativas de los Organismos Autónomos, en los términos que establezcan las leyes; Artículo 280. Procede el juicio contencioso en contra de: [.] IV. Actos administrativos que se configuren por el silencio de la autoridad, en términos de este Código; [.] Artículo 292. La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la Autoridad que emitió el acto o ante la Oficialía de Partes del Tribunal, dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la notificación del acto o resolución que se impugna, o al en que se haya tenido conocimiento del mismo. [.] Artículo 293. La demanda, además de los requisitos previstos en los artículos 21, 22 y 24 de este Código, deberá señalar lo siguiente: I. El nombre del actor o demandante, o de quien promueva en su nombre, así como su domicilio o dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos; II. El acto o resolución que se impugna; III. Las autoridades o particulares a quienes se demanden; IV. El nombre y domicilio del tercero interesado, si lo hubiere; V. Los hechos que sustenten la impugnación del actor o demandante; VI. Los conceptos de impugnación y las pretensiones que se deducen. En caso de que el acto impugnado se trate de una resolución negativa ficta, la demanda podrá presentarse sin expresión de conceptos de impugnación, los que deberán formularse en la ampliación de demanda; VII. La fecha en que se notificó o se tuvo conocimiento del acto o resolución que se impugne; VIII. Las pruebas que se ofrezcan; y IX. La solicitud de suspensión del acto impugnado, sin perjuicio que la misma se solicite hasta antes de la celebración de la audiencia de ley. Artículo 296. Dentro de los tres días siguientes a la presentación de la demanda, se dictará acuerdo sobre su admisión. En el mismo acuerdo se admitirán o desecharán las pruebas ofrecidas y, en su caso, se dictarán las providencias necesarias para su desahogo. Tratándose de la suspensión deberá resolverse dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda. Artículo 305. Iniciado el juicio contencioso administrativo, podrán decretarse todas las medidas cautelares necesarias o la suspensión del acto impugnado, para el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se dicte sentencia. No se otorgarán las medidas cautelares ni la suspensión, si se sigue perjuicio al interés público, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. [.] La suspensión del acto impugnado se decretará dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda y las medidas cautelares se decretarán de plano, ambos casos a cargo de la Sala Unitaria, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda y podrá solicitarlas el actor en el escrito de demanda, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el juicio ante la Sala Unitaria que conozca el asunto. Cuando se otorguen las medidas cautelares o la suspensión del acto, se comunicarán sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Artículo 305 Bis. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte en cualquier momento del juicio, mientras no se haya celebrado la audiencia. Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes y actos que de llegar a consumarse hagan imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Artículo 306. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos, o bien, cuando a criterio de la sala sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó. [.] Artículo 308. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtuviere sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, la Sala que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero otorga, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y para pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor. Artículo 309. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma que no impida la continuación del procedimiento administrativo en el que se haya emitido el acto impugnado hasta dictarse resolución que ponga fin al mismo, a no ser que la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al actor. Artículo 310. El acuerdo en el que se conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos desde la fecha de su otorgamiento y tendrá vigencia incluso durante la substanciación del recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal. El acuerdo en que se niegue la suspensión dejará expedita la facultad de la autoridad demandada para la ejecución del acto impugnado, aun cuando se interponga el recurso de revisión; pero si la Sala Superior revoca el acuerdo recurrido y concede la suspensión, esta surtirá sus efectos de manera inmediata. De lo anterior, se permite advertir que contra actos administrativos procede el juicio contencioso por tratarse de un acto administrativo que afecta los derechos de un particular. Se sostiene lo anterior, en principio, porque el artículo 1° establece que las disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos en cita tienen por objeto regular los actos de la administración pública estatal, y municipal, en la cual se incluye los relativos a las dependencias, entidades, órganos y servidores públicos de los Ayuntamientos, como en el caso lo son las autoridades señaladas como responsables en la presente demanda. Asimismo, se advierte que se podrá solicitar la suspensión del acto impugnado la cual se resolverá en el término de veinticuatro horas y podrá concederse con efectos restitutorios, siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos, o bien, cuando a criterio de la sala sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular, sin que se establezcan mayores requisitos para otorgarla, ni contempla menores alcances que los previstos en la Ley de Amparo. En ese sentido, es dable precisar que el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece como requisitos para conceder la suspensión a petición de parte: a) Que lo solicite el agraviado; b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) Que sean de difícil reparación los daños que cause la ejecución del acto. Por tanto, si del análisis de los artículos 280, fracción II, 305, 306, 307, 308 y 309, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado, que rigen, entre otros, la tramitación de la suspensión en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que estos exijan mayores requisitos o que contemplen menores alcances que los antes señalados por la Ley de Amparo; pues sólo prevén la solicitud del interesado (que equivale a la expresión de que la solicite el agraviado, que utiliza la Ley de Amparo) y señalan expresamente que la misma se negará si se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, en idénticas condiciones que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Encuentra sustento lo anterior en la jurisprudencia 2a./J. 126/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 70, Décima Época, septiembre de 2019, página 326, registro digital 2020596, de rubro y texto siguientes: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO. La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en el diverso 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el propio 107 mencionado. Por tanto, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es innecesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. En este sentido, sí existe la obligación de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave antes de acudir al juicio de amparo, en razón de que los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Además, por lo que hace a los alcances de la suspensión prevista en el referido Código, no pueden entenderse menores a los establecidos en la Ley de Amparo, en virtud de que en ambos ordenamientos se permite al juzgador tomar todas la medidas necesarias y establecer los efectos que considere pertinentes para mantener las cosas en el estado en que se encuentren para preservar la materia del juicio, y le permiten restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva, es decir, en ambos casos es posible otorgar efectos restitutorios a la suspensión decretada. Entonces, se concluye que la demanda de amparo analizada resulta improcedente, dado que la parte quejosa no agotó contra los actos reclamados, el medio de impugnación ordinario, a través del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados, esto es, el juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz. En efecto, antes de acudir al juicio de amparo y en observancia del principio de definitividad que lo rige, la parte quejosa debió agotar el juicio contencioso que resulta procedente contra los actos que impugna; pues se reitera los artículos 296 y 305 del referido código, no exigen mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado analizado en párrafos precedentes, que los que contempla la Ley 0de Amparo y, por ende, no se está en los casos de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX de la ley de la materia. Por último, como se vio, la procedencia del juicio contencioso administrativo, se contempla en los artículos 1, 2, 280 fracción IV, 292, 293, 296, 305, 305 Bis, 306, 308, 309 y 310, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado, es decir, no se prevé en algún reglamento, sino en leyes formales. Sobre la base de lo antes expuesto, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Notificación a la parte quejosa. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de la demanda. Autorizados. Se tiene como facultados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************por contar con el registro de su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, según la consulta realizada a la página oficial correspondiente. Por otra parte, como lo solicita se tienen como medios de contacto a efecto de entablar comunicaciones no procesales el número telefónico proporcionado. En relación a la solicitud de tomar registros fotográficos o imágenes a través de cualquier medio electrónico, de las actuaciones que obren dentro del presente expediente en que se actúa, dígase a la parte quejosa que, conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional debe exhortar a la partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; por tanto, atendiendo al artículo SEXTO transitorio del ordenamiento citado, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el expediente físico en que se actúa únicamente contiene aquellos documentos recibidos por esa vía, ya que será el expediente electrónico el que tenga validez para consulta de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que rige la tramitación del presente juicio. No obstante lo anterior, hágase de su conocimiento que podrá descargar en su equipo de cómputo copia de las constancias que obren en el presente expediente ya que, cuando éstas incluyen la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, sin necesidad de hacer mayor gestión. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. Asimismo, se instruye al actuario para que, en caso de que alguna autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, informarle que, no obstante dicha circunstancia, se tendrá por hecha la notificación correspondiente. Copias. Toda vez que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente ya que será el expediente electrónico el que tenga validez para consulta de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que rige la tramitación del presente juicio, se hace del conocimiento de las partes autorizadas (con firma electrónica vigente) que podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el presente expediente ya que, cuando éstas incluyen la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, sin necesidad de hacer mayor gestión. Protección de datos personales. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente electrónico conforme a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.
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