Daniel González Morales
Expediente 924/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 112 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 924/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 112
- Última actuación
- 05/07/2022
Partes del expediente
- Daniel González Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 112.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta del Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por medio del cual en alcance al oficio 105/2020-III de cinco de marzo de dos mil veinte, y a lo solicitado mediante proveído de diez de marzo de dos mil veinte, remite el sobre amarillo que contiene información confidencial. Atento a lo anterior, intégrese a estos autos para que obre como corresponda, el sobre amarillo que contiene información confidencial. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de junio de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta se advierte que a la fecha en que se actúa la parte quejosa no se inconformó en contra de la resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; con apoyo en el artículo 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se declara que la citada resolución ha causado estado; hágase saber lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los autos y de la certificación de cuenta se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable, respecto de la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época, página 243, de rubro "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Por escrito presentado el siete de mayo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, turnado al día hábil siguiente a este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, Daniel González Morales, promovió juicio de amparo en contra del acto reclamado al Director General del Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla y otras autoridades, consistentes en: 1. Del Director General del Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla: 1.1 El oficio de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, por medio del cual informa el resultado de la evaluación de control de confianza, aplicada al quejoso Daniel González Morales, como policía preventivo, el sentido de: no aprobado. 2. Del Director General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Tepeaca, Puebla: 2.1 La orden verbal de baja como policía por no haber aprobado la evaluación de control de confianza. 2.2 El oficio 0144/2018DSP-VRS, de ocho de mayo de dos mil dieciocho, por medio del cual remite queja al Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia Policial de Tepeaca, Puebla, haciéndole saber que Daniel González Morales, no había aprobado su examen de control de confianza, por lo que incumplía los requisitos de permanencia y se actualizaba una causal de separación extraordinaria, solicitándole iniciar el procedimiento respectivo. 3. Del Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia Policial de Tepeaca, Puebla: 3.1 El auto de inicio del procedimiento 04/2018 de cesación y terminación de la relación jurídica entre el Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla y el policía Daniel González Morales, de manera definitiva dentro del servicio; de nueve de mayo de dos mil diecinueve. 3.2 El acta de audiencia de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, en la que hace constar la incomparecencia de Daniel González Morales, tuvo por ciertas las imputaciones en su contra y por precluido el derecho a ofrecer pruebas y rendir alegatos. 4. De la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia Policial de Tepeaca, Puebla: 4.1 La resolución definitiva de catorce de junio de dos mil dieciocho, dictada dentro del procedimiento administrativo 04/2018, relativo al procedimiento de cesación y terminación de la relación jurídica entre el Ayuntamiento de Tepeaca y el oficial de policía dentro del servicio Daniel González Morales, derivado del resultado de evaluación de control de confianza que le fue aplicado, al no cumplir con los requisitos de permanencia. 5. Del Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia Policial de Tepeaca, Puebla: 5.1 La notificación de los acuerdos dictados en el procedimiento de separación 04/2018, así como de la resolución definitiva de catorce de junio de dos mil dieciocho. Seguidos los trámites de ley, el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, este juzgado de Distrito celebró audiencia constitucional y dictó sentencia en la que por una parte sobreseyó en el juicio, y por otra, otorgó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa para el efecto siguiente: ".los efectos de la concesión del amparo a miembros de instituciones policiales, derivado de la legalidad de la resolución del que quitó su remoción por vicios de forma o fondo, deberán ordenar el pago de indemnización constitucional y las demás prestaciones correspondientes." Sentencia que fue impugnada por la autoridad responsable Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Honor y Justicia Policial de Tepeaca, Puebla, mediante recurso de revisión, del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, bajo el número 503/2019, quien emitió resolución el veinte de febrero de dos mil veinte, en la que resolvió: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se MODIFICA la sentencia dictada el dieciséis de julio de dos mil diecinueve, por la Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo 924/2018. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Daniel González Morales, en términos de los considerandos tercero y quinto de la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Daniel González Morales, en relación al acto reclamado a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia Policial de Tepeaca, Puebla, consistente en la resolución definitiva dictada en el expediente administrativo 04/2018, para los efectos precisados en el último apartado de la sentencia recurrida y en el último considerando de la presente ejecutoria." En ese tenor, en auto de diez de marzo dos mil veinte, se requirió a las autoridades Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia Policial del Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla; Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla y Titular de la Institución encargada de otorgar los servicios de salud a los integrantes del cuerpo de seguridad pública del municipio de Tepeaca, Puebla para que en el término de tres días cumplieran con la ejecutoria de mérito, misma que se concedió para el efecto de que: ".La Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia Policial del Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla deberá: 1. Deje insubsistente todo lo actuado dentro del procedimiento administrativo 04/2018 instaurado contra de Daniel González Morales, desde su inicio (auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho). El Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, por conducto de la entidad correspondiente, deberá: 2. Indemnizar al quejoso por haber dejado de ser policía municipal y pague las prestaciones a que tienen derecho como tal, es decir, la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación y hasta que se realicen los pagos correspondientes, por lo siguiente. El artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. (.) B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: (.) XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones." Conforme al precepto transcrito, cuando se resuelva que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales, fueron separados injustificadamente, la autoridad solo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho el servidor público, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Ello significa que cuando la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificado el cese de los miembros de las instituciones antes mencionadas, sea por una decisión de fondo o por vicios de procedimiento, como pudiera ser por violación al derecho de audiencia, existe la imposibilidad de reincorporarlos en sus funciones, pero el Estado tiene la obligación de cubrir una indemnización. Lo anterior, se corrobora con lo manifestado por el Constituyente a lo largo de los trabajos legislativos que dieron lugar a la reforma del artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, donde respecto al tema que nos ocupa, hizo alusión a lo siguiente:." De lo transcrito se advierte que, en el proceso de reforma a la fracción XIII del apartado B del artículo 123 Constitucional, el Constituyente consideró necesario establecer en su texto la prohibición -absoluta- de reinstalar a los agentes policiales cuando son cesados en sus cargos, aún y cuando interpusieran un medio de defensa en contra de su separación, y obtuvieran una sentencia favorable, tanto por vicios en el procedimiento que propicien la reposición del procedimiento como por una resolución de fondo, pero precisó que el Estado ". en tales supuestos, sí estará obligado a resarcir al afectado con una indemnización." Esto es, el creador de la norma constitucional estableció que en caso de que llegare a prosperar algún medio de defensa, el Estado deberá cubrir al servidor público una indemnización, sin condicionar esto último a que el resultado del medio de defensa derivara de algún tipo de vicio. Por tanto, cuando la autoridad jurisdiccional emite una resolución favorable contra el cese de los agentes policiales, sea por una decisión de fondo o por vicios de procedimiento, como pudiera ser una violación al derecho de audiencia, el Estado no tiene la obligación de reincorporarlos en sus funciones policiales, pero sí a cubrir una indemnización. Así lo ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia 103/2012 (10a.), página 1517, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, Materias Constitucional y Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el número de registro 2002199, que se transcribe a continuación:." Luego, en estricto acatamiento a la jurisprudencia transcrita, y al tratarse el quejoso del sujeto a que hace referencia el artículo 123, del apartado B, fracción XIII, constitucional, a nada práctico conduciría que la autoridad responsable lo citara para hacerle del conocimiento que examen o exámenes fueron los que no aprobó, puesto que, ante la prohibición constitucional de ser reinstalado en el cargo de policía municipal que desempeñaba, únicamente debe ordenarse la indemnización respectiva. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 103/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, julio de 2010, Novena Época, página 310, con el número de registro 164225, de rubro y texto siguientes:." Así como la diversa jurisprudencia 18/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 635, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Materia Constitucional, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el número de registro 2000463, con el tenor siguiente: 3. Derecho a la Salud: Tomando en consideración que el derecho a la salud constituye una prestación inherente en materia de seguridad social que tienen los miembros de las instituciones policiales y demás sujetos a que se refiere la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional; se estima que debe seguirse otorgando al quejoso, incluso en los mismos términos que ya fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia en cita. Bajo ese tenor, las autoridades responsables quedan constreñidas a cubrir la prestación de los servicios de salud ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto para el quejoso como para -en su caso-sus coasegurados; la cual se proporcionará hasta el día en que se realice el pago total de la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.VI.A. J/4 A, de la Décima Época, sostenida por los Plenos de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, visible en la página 1535, de rubro y texto siguientes: Al respecto, no se inadvierte la tesis 2a. CXXV/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: 'SEGURIDAD PÚBLICA. EL ALCANCE DEL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VICIOS DE FORMA, QUE CONLLEVEN A LA REPOSICIÓN DEL PROCESO, NO OBLIGA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO." De ahí que no interrumpió propiamente la jurisprudencia 2a./J. 103/2012 (10a.), de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO.", en términos de los artículos 228 y 229 de la Ley de Amparo, que establecen:." Por tanto, al seguir vigente la jurisprudencia aludida, este órgano jurisdiccional resuelve al tenor de ella. Siendo pertinente señalar que el criterio que norma la presente resolución es aquél que se adoptó también al resolver la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de tesis 55/2016, en la cual se resolvió que:." 4. Anotaciones: Por otro lado, se deberá ordenar la anotación en el expediente personal de Daniel González Morales, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue separado o destituido de manera injustificada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 117/2016, de la Décima Época, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:." Asimismo, en el Amparo en revisión 503/2019, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mismo que emitió ejecutoria en la que modificó la sentencia dictada en el presente asunto, se concedió para los siguientes efectos: ".Como parte de las acciones tendentes a restituir al quejoso en el goce del derecho que se le transgredió, corresponde a la institución encargada de otorgar los servicios de salud a los integrantes del cuerpo de seguridad pública del municipio que nos ocupa (Tepeaca) brindar a la parte quejosa y a sus familiares la seguridad social que es de su competencia. Lo anterior tiene su base en que en la restitución de los derechos del impetrante que correspondía como trabajador al servicio del Municipio de Tepeaca -dentro de una relación administrativa- deben incluirse todas las prestaciones a que tenían derecho, en la inteligencia de que una de ellas es el acceso al servicio público de salud con todas las implicaciones que ello conlleva. Por tanto, ese servicio de salud debe seguirse otorgando hasta el día en que se realice el pago total de la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, en el entendido de que como fue injustificado el cese del quejoso como policía municipal debe entenderse que también fue ilegal que se le dejara de ministrar el acceso a la salud y que el asimilado patrón dejara de enterar las cuotas correspondientes. Entonces, la institución que, por ley o convenio, otorga tales servicios de salud a los trabajadores de la institución pública para la que la parte quejosa prestaba sus servicios será la autoridad responsable encargada, en este aspecto, de acatar el fallo protector, dado que la función que desempeña es una de las prestaciones a que tenía derecho el peticionario y que en vía de reparación debe restituirse al impetrante en el goce del derecho que se les privó con motivo del acto autoritario. Ciertamente, como se dijo, el amparo contra la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de miembros de las instituciones policiales debe constreñir a la autoridad responsable a pagar la indemnización correspondiente y las demás prestaciones a que el quejoso tenga derecho, desde que se concretó su separación, cese, remoción o baja injustificada y hasta que se realice el pago correspondiente. Por ende, si el derecho a la salud también constituye una prestación en materia de seguridad social que tienen los miembros de las instituciones policiales y demás sujetos a que se refiere la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 Constitucional, se estima que debe seguirse otorgando a dichos sujetos, en los mismos términos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto, al señalar en la jurisprudencia 2a./J. 110/2012 (10a.), de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.", que deberá proporcionarse hasta el día en que se realice el pago total de la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho la parte quejosa. Además, en el caso de que la ley y/o convenio aplicable, vaya más allá, porque contemple la conservación de dichos derechos después de que el trabajador deje de prestar sus servicios, tal disposición debe aplicarse en beneficio de la parte quejosa; por lo que se le deben proporcionar los servicios médicos hasta que transcurra el plazo de conservación del derecho a partir de que se haga la liquidación correspondiente. Por tal motivo, las autoridades responsables ordenadoras, por conducto del área administrativa competente, deben demostrar que han pagado las cuotas y aportaciones relativas a esta prestación que correspondan al quejoso hasta el día de su liquidación total. Entonces, la institución que, por ley o convenio, otorga el servicio de salud deberá requerir a la autoridad responsable ordenadora o al ente gubernamental que corresponda del pago de las cuotas y aportaciones que debieron enterarse a favor del impetrante como si hubiese estado laborando, con el objeto de que exista una base sólida para el otorgamiento de los servicios en materia de salud, aunado a que de dichas cuotas se realicen las afectaciones que, en su caso, correspondan a las subcuentas respectivas. Respecto a tal prestación (seguridad social), este Tribunal Colegiado sostuvo un criterio similar al resolver el amparo en revisión 453/2018, en sesión de dos de agosto de dos mil diecinueve." De igual forma, en auto de diez de marzo de dos mil veinte, con fundamento en el 193, párrafo cuarto, en relación con el diverso 66, ambos de la Ley de Amparo, y siguiendo los lineamientos establecidos por el órgano colegiado, este juzgado de Distrito ordenó abrir el incidente de liquidación de sentencia. En auto de seis de agosto de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio registrado con el folio 8197, por el que el Presidente de la Comisión del Servicio de Carrera de Honor y Justicia Policial de Tepeaca, Puebla, remitió copia certificada de diversas constancias, de las cuales destacan: Acuerdo de treinta de junio de dos mil veinte, la Comisión del Servicio de Carrera de Honor y Justicia Policial de Tepeaca, Puebla dejó insubsistente todo lo actuado dentro del procedimiento administrativo 04/2018 instaurado contra de Daniel González Morales, desde su inicio (auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho, ordenó seguir otorgando el derecho a la salud al quejoso Daniel González Morales y en su caso coasegurados y, ordenó la anotación en el expediente personal de Daniel González Morales, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue separado o destituido de manera injustificada; Anotación del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Tepeaca, Puebla, en el expediente personal del quejoso, de que éste fue separado o destituido de manera injustificada; y, Oficio del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Tepeaca, Puebla a la Encargada de la Coordinación General del C58, para que realizara la anotación en el expediente personal de Daniel González Morales, de que éste fue separado o destituido de manera injustificada. Asimismo, en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio presentado por el Presidente de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia Policial del Municipio de Tepeaca, Puebla y en representación de sus integrantes, a través del cual hizo del conocimiento que se expidió una constancia por la Doctora Margarita de los Ángeles Coca Roura, Directora del Centro de Salud de Servicios Ampliados de Tepeaca, Puebla, en la cual hizo constar que de acuerdo al convenio celebrado por el ayuntamiento responsable y dicho centro de salud, se le seguirían brindando los servicios de salud cuando así lo requiera el quejoso Daniel González Morales así como a sus familiares y, al efecto remitió dicha documental. En auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 14334, por el que la Directora de Telecomunicaciones del C5i de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, remitió la impresión de la constancia de baja del Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la que se advierte la anotación de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en el expediente personal del quejoso Daniel González Morales, de que éste fue separado de manera injustificada. Consecuentemente, el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se emitió sentencia respecto del incidente innominado para determinar la cantidad líquida que la autoridad responsable debe pagar por concepto de indemnización y demás prestaciones en cumplimiento a la sentencia que concedió el amparo a Daniel González Morales, en la que se resolvió aprobar dicho incidente en los siguientes términos: ".Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en la sentencia de amparo deberá cubrirse el pago de tres meses de salario -salario mensual $9,378.60 (nueve mil trescientos setenta y ocho pesos 60/100 M.N.)- más veinte días por año efectivo de servicio, por concepto de indemnización constitucional y la remuneración diaria ordinaria, así como el aguinaldo y prima vacacional que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación y hasta que se realicen los pagos correspondientes. De acuerdo a lo anterior, se considerará un plazo prudente posterior a la fecha en que se emite la presente resolución, para asegurar que las cantidades se ajusten a la fecha en que la autoridad efectivamente realice el pago total de la indemnización y demás prestaciones, con el objeto de no prolongar injustificadamente el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por tanto, la liquidación se actualizará por el periodo del uno de julio de dos mil dieciocho -desde que se concretó su separación- al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, fecha que se considera factible para que la autoridad efectivamente realice el pago total de la indemnización y demás prestaciones. De igual forma, deberá obtenerse el porcentaje correspondiente al impuesto sobre la renta, de acuerdo al mecanismo establecido por el perito oficial; finalmente, al monto al que ascienden las prestaciones del periodo se le restará el impuesto sobre la renta, para así obtener el total a recibir por el quejoso. Dichos cálculos se reflejan en la tabla siguiente: .. De ahí que, la cantidad que deberá pagarse al quejoso Daniel González Morales, es la de $479,114.05 (cuatrocientos setenta y nueve mil ciento catorce pesos 05/100 M.N.)." En proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno, causó estado la resolución interlocutoria de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno y, se requirió a las autoridades responsables Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia Policial del Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla; Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla y Titular de la Institución encargada de otorgar los servicios de salud a los integrantes del cuerpo de seguridad pública del municipio de Tepeaca, Puebla, para que en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, realizaran el pago en beneficio del quejoso Daniel González Morales, de la cantidad de $479,114.05 (cuatrocientos setenta y nueve mil ciento catorce pesos 05/100 M.N.). Así, en proveído de dos de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio registrado con el folio 1766, por el cual el Titular de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Tepeaca de Negrete, Puebla, informó que el veinticuatro de enero de dos mil veintidós, compareció el quejoso Daniel González Morales, a recibir el cheque 0000080, expedido BBVA México, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, por la cantidad de $479,114.05 (cuatrocientos setenta y nueve mil ciento catorce pesos con cinco centavos, Moneda Nacional) y, remitió copia certificada del cheque descrito y de la comparecencia respectiva. En acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio registrado con el número 8972, del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, través del cual remitió copias certificadas de las constancias que acreditan la entrega del diverso cheque 000403, de once de mayo de dos mil veintidós, expedido por BBVA Bancomer, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo financiero, en favor de Daniel González Morales, por la cantidad de $37,514.64 (treinta y siete mil quinientos catorce pesos sesenta y cuatro centavos moneda nacional) por concepto de actualización, en el que consta la firma de recibido del quejoso. Documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo. Con las anteriores constancias, por auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito dio vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiera desahogado la misma. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal procede a realizar el análisis relativo para determinar si se encuentra o no cumplido el fallo protector. De la lectura de las constancias que obran en autos, se advierte que las autoridades responsables del Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, cumplieron en su totalidad con la ejecutoria de amparo el veinticuatro de enero y once de mayo de dos mil veintidós, fecha en la que fueron entregados al quejoso Daniel González Morales los cheques: 1) 0000080 expedido BBVA México, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, por la cantidad de $479,114.05 (cuatrocientos setenta y nueve mil ciento catorce pesos con cinco centavos, Moneda Nacional) por concepto de la liquidación actualizada por el periodo del uno de julio de dos mil dieciocho -desde que se concretó su separación- al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, fecha que se consideró factible para que la autoridad efectivamente realizara el pago total de la indemnización y demás prestaciones y 2) 000403 por la cantidad de $37,514.64 (treinta y siete mil quinientos catorce pesos sesenta y cuatro centavos moneda nacional), por concepto de actualización. Aunado a que como se mencionó en párrafos precedentes las autoridades responsables también acreditaron que el treinta de junio de dos mil veinte, la Comisión del Servicio de Carrera de Honor y Justicia Policial de Tepeaca, Puebla dejó insubsistente todo lo actuado dentro del procedimiento administrativo 04/2018 instaurado contra de Daniel González Morales, desde su inicio (auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho, ordenó seguir otorgando el derecho a la salud al quejoso Daniel González Morales y en su caso coasegurados y, ordenó la anotación en el expediente personal de Daniel González Morales, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue separado o destituido de manera injustificada. Asimismo, que el diez de noviembre de dos mil veinte se expidió una constancia por la Doctora Margarita de los Ángeles Coca Roura, Directora del Centro de Salud de Servicios Ampliados de Tepeaca, Puebla, en la cual hizo constar que de acuerdo al convenio celebrado por el ayuntamiento responsable y dicho centro de salud, se le seguirían brindando los servicios de salud cuando así lo requiera el quejoso Daniel González Morales así como a sus familiares. Y también obra en autos la impresión de la constancia de baja del Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la que se advierte la anotación de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en el expediente personal del quejoso Daniel González Morales, de que éste fue separado de manera injustificada. En mérito a lo anterior, se estima que con ello, se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales; motivo por el cual, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos; por consiguiente, se ordena el archivo del expediente una vez que quede firme esta resolución. En conclusión, se hace constar que la fecha en que se llevó a cabo el cumplimiento total por parte de las responsables ocurrió el once de mayo de dos mil veintidós, constancia que se recibió en la oficialía de partes de este juzgado Federal el diecinueve de mayo del año en curso; lo anterior, con el fin de registrar dicha información en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente auto se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; y, vía electrónica a la parte quejosa. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Greta Santos Hernández, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tienen por recibidos los oficios con anexos de cuenta del Presidente Municipal y Encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, ambos del Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, por medio de los cuales remiten copias certificadas de las siguientes constancias: Oficio TPM/0113/2022, de nueve de mayo de dos mil veintidós, dirigido a la Tesorera Municipal, por el que le solicitó que expida el cheque en favor del quejoso por la cantidad de $37,514.64 (treinta y siete mil quinientos catorce pesos sesenta y cuatro centavos moneda nacional). Oficio TES/0207/2022, de la Tesorera Municipal, por el que en contestación a lo anterior, le remitió el aludido cheque, por lo que informa que el mismo se encuentra a su disposición. En consecuencia, a fin de evitar dilaciones innecesarias, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al quejoso Daniel González Morales, para que en el término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, acuda a las instalaciones de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, debidamente identificado, con la finalidad de recibir el cheque expedido a su favor. Hecho lo anterior, informe a este juzgado de Distrito si le ha sido entregado el cheque correspondiente. Por otra parte, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la ley de la materia, se requiere a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, para que en el término de cinco días, siguientes al en que sea notificada del presente auto, informe si el quejoso Daniel González Morales, ha acudido a recibir el cheque expedido a su favor, por la cantidad de de $37,514.64 (treinta y siete mil quinientos catorce pesos sesenta y cuatro centavos moneda nacional), y, en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Por tanto, se apercibe a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno; y, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, constitucional. ...Asimismo, requiérase al superior jerárquico de la citada autoridad, es decir, al Cabildo del Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla; para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno; además de que incurrirá en la misma responsabilidad de la autoridad responsable mencionada. ...
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