Daniel González Bautista
Expediente 753/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 753/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/06/2023
Partes del expediente
- Daniel González Bautista
Actuaciones
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- Principal
Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintitrés de mayo del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento del presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2º, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. No representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que no se contabilice a las autoridades responsables el término de diez días para interponer el recurso de revisión, puesto que al haberse sobreseído en el juicio de garantías solamente al quejoso es a quien pudo afectar el sentido del fallo, por ende, es el legitimado para interponer el citado recurso, no así la autoridad responsable, como lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo. Archívese el presente asunto por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es destruible en tres años, en términos de la hipótesis contemplada en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obran agregadas en autos las constancias solicitadas a la autoridad señalada como responsable Director de Amparos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, de seis y veinticinco de marzo de dos mil veintitrés, en el que entre otras cosas, se le requirió por copia certificada de los resultados de la evaluación de control de confianza que se le realizaron a la parte quejosa. En consecuencia, a fin de integrar el presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, PREVIO HACER EFECTIVA LA MULTA DEL AUTO DE SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, requiérase por última ocasión a la Director de Amparos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco y a Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, que al efecto establece el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, remitan copia certificada de los resultados de la evaluaciones y reevaluaciones de control y confianza que se realizaron al quejoso Isaac Muro García, asimismo del estado de pagos por concepto de "la información de los incrementos que el quejoso hubiera tenido en sus percepciones a partir de que fue cesado"; bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 260 fracción IV de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J 17/97, del tomo V, Febrero de 1997, visible en la página 108, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto" En consecuencia, a fin de que obre las constancias solicitadas en dicho acuerdo, tal y como lo establece el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y se señala como nueva fecha para su verificativo, las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Finalmente, debido a que la presente determinación fue autorizada de manera electrónica, la misma no se integrará al expediente físico, ello en términos del artículo 22 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el oficio que suscribe la Directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco; atento a su contenido, de conformidad con los artículos 9 y 117 de la Ley de Amparo, se tiene a dicha autoridad rindiendo su informe justificado; como sus delegados a las personas que indica y como domicilio el que señala, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Con el informe de cuenta, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido.
- Principal
Visto el oficio signado por la Secretaria General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado de Jalisco, mediante el cual, informa en relación con el cumplimiento de la sentencia; téngase a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento. No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo Vigente, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en términos del tercero transitorio de dicho ordenamiento, se requiere nuevamente al Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, informe el tratamiento dado al oficio girado a la Secretaría de la Hacienda Pública con el fin de hacer efectiva la multa impuesta al Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.
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