Daniel Godínez Barajas
Expediente 85/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 85/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Daniel Godínez Barajas
Actuaciones
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, transcribe el proveído de ocho de febrero del año en curso, del que se desprende se admitió el recurso de queja interpuesto en autos, mismo que se registró con el número estadístico 112/2023. Cúmplase.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, los documentos de cuenta por los cuales el quejoso ***, por conducto de su autorizado en términos del artículo 12 de Ley de Amparo ***, interpone dos recursos de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 100 y 101, de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, el original del juicio de amparo anotado al rubro; así como un cuaderno de pruebas. Finalmente, se hace del conocimiento de la superioridad que desde este momento queda habilitado el expediente electrónico para su consulta. Asimismo, que en el presente expediente únicamente obran de manera física la demanda y la constancia de notificación, mientras que las diversas actuaciones, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico formulado por este juzgado, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, en el que se establece que a partir del uno de diciembre del año en curso, los expedientes físicos deberán contener solamente aquellos documentos presentados por esa vía. Notifíquese por lista.
- Principal
Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro e integración del expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 85/2023-III. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Análisis de la demanda. Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, el auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en el que la responsable requirió a la parte demandada para que subsane la omisión en anexar sus pruebas a su contestación de demanda; niega la autorización de notificaciones por medio de correo electrónico; y, la negativa de autorizar solo para oír y recibir notificaciones, dentro de los autos del expediente 609/2022, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima. Es aplicable la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 217-228, Tercera Parte, Materia Común, Séptima Época, registro digital 237113, página 79. Desechamiento de la demanda. Bajo tal aspecto, este juzgado advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca de un juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano" El citado precepto autoriza al suscrito Juez a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, pues se advierte de una forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a los mismos. Incluso, se tiene la certeza y plena convicción de que el motivo de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal manera que aún en la hipótesis de admitirse la demanda de amparo, y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a otra conclusión, con independencia de los elementos que las partes pudieran allegar. A lo anterior, resulta aplicable en lo conducente y sustancial, la jurisprudencia 128/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Como se precisó anteriormente, la parte quejosa señala como acto reclamado: El auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en el que la responsable requirió a la parte demandada para que subsane la omisión en anexar sus pruebas a su contestación de demanda; niega la autorización de notificaciones por medio de correo electrónico; y, la negativa de autorizar solo para oír y recibir notificaciones, dentro de los autos del expediente 609/2022, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima. Una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede. [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]". De la interpretación armónica de los citados artículos, debe precisarse que el primero refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley. Por su parte, el segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En efecto, el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la Justicia Federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Lo anterior, tiene sustento en las consideraciones vertidas en la ejecutoria que da origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I., Materia Común, Décima Época, registro digital 2006589, página 39, del rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En el caso, se reclama el auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en el que la responsable requirió a la parte demandada para que subsane la omisión en anexar sus pruebas a su contestación de demanda; niega la autorización de notificaciones por medio de correo electrónico; y, la negativa de autorizar solo para oír y recibir notificaciones, dentro de los autos del expediente 609/2022, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, lo que no produce una afectación material a derechos sustantivos de la parte quejosa, en tanto que constituye una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, ya que su consecuencia es que el tribunal de justicia administrativa prosiga en el conocimiento y, en su momento, dicte la resolución correspondiente con las pruebas que estimó conducentes; asimimo, el hecho que la responsable le haya negado las notificaciones por medio de correo electrónico y la designación de autorizado para oír notificaciones, en este momento no le irrogan perjuicio alguno a sus derechos fundamentales. Porque respecto a las notificaciones la autoridad únicamente le expresó que no existen esa forma de notificar; empero, perviven las diversas formas que establece la ley que rigen el acto, para que el actor aquí quejoso, pueda ser enterado de cualquier acto procesal del mismo, con lo cual no se le deja en estado de indefensión alguno, menos afectación a derechos sustantivos. Por lo que corresponde a los autorizados esta en posibilidad de subsanar las irregularidades que advirtió la responsable para que dichas personas puedan ser reconocidas en los términos que pretende el actor; lo cual tampoco se viola derecho público sustantivo alguno, pues, primero, está en aptitud de resarcir esas consideraciones, segundo, ello no le impide promover o presentar algún escrito para así hacer efectivo su derecho de defensa; de ahí la presente determinación. Ahora, como se advierte de la certificación de cuenta, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se observa que la parte quejosa presentó previamente diversa demanda de amparo contra la misma autoridad y por diverso acto reclamado; demanda que fue radicada y registrada con el número de expediente ******************** del índice de éste órgano jurisdiccional; asimismo, que dicho juicio de amparo se encuentra en trámite y se reclamó la omisión de la responsable de acordar el escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, acto que se atribuyó al mismo tribunal y por idéntico juicio de origen, en el cual obra el informe justificado al que anexó copia certificada del acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, aquí reclamado. Constancias, que constituyen un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis XXII. J/12, con número de registro 199531, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, página 295, Tipo: Jurisprudencia. De ese modo, se obtiene que las consecuencias de la resolución combatida únicamente afectan un derecho de naturaleza adjetiva o procesal y no sustantivo en el que sí sería procedente el presente juicio de amparo indirecto. Sin embargo, al no estar en presencia de dichos casos, los efectos de la resolución reclamada son meramente procesales y, por ende, no generan a la parte quejosa un acto de imposible reparación; es decir, violación a los derechos sustantivos del gobernado consagrados en la constitución, como lo podría ser el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera, según se ha definido por diversos criterios jurisprudenciales, emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, la resolución reclamada solo puede implicar la infracción de derechos adjetivos, pues se insiste, no afecta sus derechos de audiencia, seguridad jurídica y acceso a la justicia como aduce, ya que en caso de obtener una sentencia que no sea favorable a sus intereses, la parte quejosa estará en aptitud de promover amparo directo donde podrá reclamar no solo las violaciones cometidas al dictar la sentencia, sino también las violaciones suscitadas en la secuela procesal, siempre y cuando trascienda al resultado del fallo, mas no puede impugnarlo de forma independiente y autónoma, como lo pretende. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 24/92, publicada en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, agosto de 1992, página 11. De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis XLVIII/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015; Tomo I; página 1070. En tal virtud, el acto reclamado por la quejosa, no es de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente ninguno de sus derechos fundamentales tutelados por la Constitución o por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; sino que únicamente tienen efectos intraprocesales. Por lo tanto, la promovente debe esperar a que se dicte la sentencia definitiva, para que en su caso, en el amparo directo que promueva contra aquella, haga valer como violación procesal lo que ahora reclama, siempre y cuando trascienda al resultado del fallo, mas no puede impugnarlo de forma independiente y autónoma, como lo pretende. Sirve de apoyo a lo anterior de manera orientadora, la jurisprudencia 3a. 20/90, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Octava Época, Materia Común, visible en el Tomo V, Primera Parte página 236, enero-junio 1990, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital, 207226. Es así, pues las consecuencias de la resolución combatida únicamente afectan un derecho de naturaleza adjetiva o procesal y no sustantivo en el que sí sería procedente el presente juicio de amparo indirecto. Sin embargo, al no estar en presencia de dichos casos, los efectos de la resolución reclamada son meramente procesales y, por ende, no generan a la parte quejosa un acto de imposible reparación, es decir, violación a los derechos sustantivos del gobernado consagrados en la constitución, como lo podría ser el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera, según se ha definido por diversos criterios jurisprudenciales, emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En virtud de lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo vigente, este último interpretado a contrario sensu, al no ser de imposible reparación el acto reclamado, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la jurisprudencia 1ª./J 22/2014 (10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 325. Asimismo, es aplicable la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 1, Libro XV, diciembre de dos mil doce, página 530. Así como la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, página 1587. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************y a********************; así como autorizado en términos del segundo párrafo del citado ordenamiento legal, a ********************, en virtud de no contar con cédula debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones se hagan vía electrónica, únicamente a los usuario que indica, no así a los correos electrónicos personales que señala, en el entendido de que la parte que así lo solicita quedará sujeta a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.). Asimismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario "********************", que indicó en su misiva. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Notifíquese en términos de ley.
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