Daniel Gloria Vidal

Expediente 290/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 37 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
290/2021
Año
2021
Actuaciones
37
Última actuación
23/03/2022

Partes del expediente

  • Daniel Gloria Vidal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que precede, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del proveído en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto, así como el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del mismo, son susceptibles de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadran en las hipótesis establecidas en el artículo 21, incisos b) y c), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia y al haberse negado la medida cautelar solicitada respecto del acto reclamado, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente, así como el cuaderno original del incidente de suspensión y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal; por lo que, agréguese a dicho cuaderno original copia autógrafa de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma, glósesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, el cuaderno de pruebas formado con las copias certificadas del expediente laboral ********************, de su índice, las cuales remitió a este órgano jurisdiccional como justificación de sus actos. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el escrito del quejoso; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y como lo solicita, a fin de que esté en posibilidad de realizar adecuadamente las publicaciones de los edictos ordenados en el sumario, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvansele las constancias a que hace referencia en el escrito que se provee, previo su cotejo y compulsa; déjese en el sumario copia certificada de ellas y hágase entrega al promovente o al autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorguen en autos para debida constancia. En el entendido que, para poder ingresar de manera física a este órgano jurisdiccional y recoger los documentos solicitados, deberá generar una cita mediante la obtención del Código QR, a través del procedimiento automatizado disponible en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en dicho portal del micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales" de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por acuerdo de tres de febrero del año en curso, se tuvo al quejoso Daniel Gloria Vidal, exhibiendo acuses de recibo y comprobantes de pago para la publicación de los edictos ordenados mediante proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. En este punto, es menester resaltar que en dicho proveído de treinta y uno de diciembre, se precisó al impetrante del amparo que las publicaciones debían realizarse en el Diario Oficial y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana, tal como lo señala el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Cabe señalar que la finalidad que persigue dicha disposición normativa es lograr que la parte tercera interesada, cuyo emplazamiento se pretende, conozca la existencia del juicio de amparo para que así esté en aptitud de acudir a la presente instancia judicial a defender sus intereses, si a su interés legal conviene, de ahí que la publicación deba realizarse en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en todo en el país, a fin de abarcar todo el territorio nacional y lograr la mayor posibilidad de que llegue a conocimiento de la referida parte. Así, de una revisión y análisis a las documentales exhibidas por el quejoso, se advierte que realizó pagos de edictos en la editorial Gibb, Sociedad Anónima de Capital Variable y en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz; de lo que se colige que pretende realizar las publicaciones en uno de los periódicos de mayor circulación en esta ciudad y en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz; lo que es incorrecto. Por lo que, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a fin de evitar que este juzgado federal decrete el sobreseimiento en el presente juicio por no haberse realizado la publicación de los edictos como lo señala el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se previene al quejoso para que realice la publicación de los mismos en los términos ordenados en auto de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, pues de realizar las publicaciones que se tratan únicamente en esta ciudad y en el Estado de Veracruz, no se le tendrá dando cumplimiento al acuerdo de mérito y se le hará efectivo el apercibimiento ahí contenido; ya que, como se le precisó en el supracitado auto, el emplazamiento por edictos debe tener publicidad en toda la República Mexicana y no únicamente en esta ciudad o en el Estado de Veracruz. En virtud de lo expuesto, se requiere al impetrante del amparo para que realice las publicaciones en los términos precisados en el multicitado acuerdo de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, previstos por la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, esto es, en Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana. Lo anterior es así, pues de conformidad con los artículos 5, fracción III, 26, fracción I, inciso b), 27, fracción III, inciso b) y 32 de la Ley de Amparo, interpretados armónicamente, establecen que la primera notificación al tercero interesado, como parte en el juicio de amparo, deberá realizarse personalmente y, en caso de que no conste en autos su domicilio, una vez agotada la investigación correspondiente, la notificación se hará por medio de edictos a costa del quejoso, en términos del artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley citada, que señala que los edictos se publicarán por tres veces, de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana. Así, al constituir el emplazamiento una actuación judicial de mayor relevancia en el juicio de amparo, aunado a que se lleva a cabo en cumplimiento de un acto procesal emitido por el órgano jurisdiccional, la publicación de los edictos debe efectuarse en dichos medios de comunicación y en días hábiles, en acatamiento al artículo 281 del código mencionado, en relación con el diverso 22 de la Ley de Amparo. Para sustentar lo anterior, se invocan las jurisprudencias siguientes: Registro digital: 2000789 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: 1a./J. 37/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, página 741 Tipo: Jurisprudencia EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL). La determinación judicial que en definitiva declara nulo el emplazamiento por edictos y ordena reponer el procedimiento para que se emplace nuevamente a la demandada por ese medio no constituye una afectación a los derechos sustantivos de la actora respecto del pago que hizo de las publicaciones respectivas, sino una de tipo adjetivo, ya que la sola circunstancia del impacto patrimonial consistente en dejar sin efectos los edictos cuya publicación subvencionó, jurídicamente está vinculada con su respectiva carga procesal en el litigio, de las que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Esto último encuentra explicación en que si el contenido del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, revela que fue voluntad del legislador proscribir que el juicio de amparo indirecto proceda indiscriminadamente respecto de cualquier acto en el juicio, y si es máxima de la experiencia que en la prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales, o hacer peticiones derivadas del interés que tienen en que se resuelva el juicio a favor de sus pretensiones, entonces debe admitirse que jurídicamente y para efectos de fijar el alcance conducente del citado artículo 114, fracción IV, la sola circunstancia consistente en el impacto patrimonial que sufre el actor al cumplir con la carga procesal de pagar las publicaciones de edictos para emplazar a su contrario en la tramitación de un juicio, no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo los adjetivos, pues las anotadas erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a la conducta procesal que le dio origen. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda analizar en cada caso particular, si es que existen otras consecuencias de la reposición del procedimiento (diferentes a la sola circunstancia de que el actor tuvo que erogar los gastos de la publicación de los edictos correspondientes) que puedan significar una afectación de imposible reparación para los efectos de decidir sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio. "Registro digital: 2006230 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: 1a./J. 2/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 725 Tipo: Jurisprudencia EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE JUSTICIA GRATUITA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado y la consecuente prohibición de costas judiciales, están dirigidos a impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional que realizan, pues la retribución de la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. Por lo anterior, y acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles a que remite aquél, deriva que la publicación de los edictos "a costa del quejoso" a que se refiere el primero, corresponde únicamente al importe total que se cobre por dicha publicación en: a) el Diario Oficial de la Federación; y, b) un periódico diario de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces, la eventual erogación que realice el quejoso por la publicación de los edictos para poder continuar el juicio de amparo, no contraviene el principio de justicia gratuita porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material, por el cual, una entidad ajena al tribunal, da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para poder continuar con el trámite del juicio de amparo." (Lo resaltado es propio)

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a cuatro de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que, a la fecha, no se ha emplazado a la parte tercera interesada COSAFI DEL NORESTE, Sociedad Anónima de Capital Variable; máxime que el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó llevar a cabo su emplazamiento por edictos. En tal virtud, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional programada para el día de hoy, por lo que se difiere y se señalan para su verificativo las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, en que lo permiten las labores del juzgado.

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