Daniel Gilberto Nieto Cornejo

Expediente 771/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
771/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
24/11/2020

Partes del expediente

  • Daniel Gilberto Nieto Cornejo
  • Rigoberto Tapia Huerta

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vistos: la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintitrés de octubre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Rigoberto Tapia Huerta; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas con cinco minutos del veintitrés de octubre de dos mil veinte, estando en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en la referida entidad federativa, quien actúa debidamente asistido de René Peña Morgan, Secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio 771/2020-3 promovido por Rigoberto Tapia Huerta. 3 A continuación, el Secretario certifica: que en proveído de proveído de nueve de septiembre del año en curso, se libró el oficio 13676/2020 dirigido a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, a fin de que rindiera informe justificado; mismo que le fue notificado el veintiuno siguiente, tal como se advierte de la constancia que obra en foja 38 de autos; por tanto, de conformidad, con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el término para rendir el informe respectivo, le transcurrió del veintidós del precitado mes al dieciséis de los actuales, con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 del ordenamiento jurídico citado, sin que lo hiciera. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto que ofreció la parte quejosa en su escrito de demanda, así como las copias simples de las documentales que exhibió consistentes en: Acuerdo de veintiuno de junio de dos mil diecinueve emitido en el juicio laboral de origen 998/2018. Escrito de veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Credencial para votar a nombre del quejoso Rigoberto Tapia Huerta, expedida por el Instituto Nacional Electoral. En consecuencia, el juez de distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten los medios de convicción de referencia y se tienen por desahogados en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo más probanzas que desahogar, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 771/2020-3, promovido por Rigoberto Tapia Huerta, contra actos de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios los artículos 14, 16, 17 y artículo 123, fracción XXXI, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el cuatro de septiembre de dos mil veinte (fojas 6 a 15), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el mismo día, Rigoberto Tapia Huerta solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO La omisión de acordar el escrito de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 998/2018. AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. SEGUNDO. DECLINACIÓN DE COMPETENCIA. En auto de siete de septiembre de dos mil veinte, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, registró la precitada demanda con el expediente 775/2020-I de su índice y declinó la competencia en el conocimiento del mismo a este órgano jurisdiccional (fojas 21 a 24). TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de nueve de septiembre de dos mil veinte (fojas 25 a 30), se admitió a trámite la demanda de que se trata con el expediente 771/2020-3; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera informe justificado, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La omisión de acordar el escrito de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 998/2018, del índice de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, autoridad responsable, fue omisa en rendir informe justificado, no obstante que le fue requerido mediante oficio 13676/2020, el cual recibió el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, tal y como se advierte de la constancia que obra en autos (foja 38). Sin embargo, no ha lugar a tener por presuntivamente cierto el acto que se le reclama, toda vez que el quejoso omitió exhibir medio de prueba que corroborara fehacientemente su existencia. En efecto, el impetrante de amparo reclama de la responsable la omisión de acordar el escrito veinticinco de junio de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 998/2018. Por ende, para estar en aptitud legal de examinar si dicho acto es violatorio de los derechos fundamentales a que se refiere el impetrante, era imprescindible que demostrara su existencia, pues ninguna eficacia probatoria tiene para ello la circunstancia de su señalamiento en la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, lo establecido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. Si bien es cierto, que el precitado acto reclamado reviste la característica de ser negativo y, por regla general, en quien recae la carga de la prueba es a quien se le imputa la abstención, también lo es que, tratándose de actos donde se reclame una conducta negativa u omisa, respecto de la cual requiere forzosamente de la existencia de una solicitud de manera previa a efecto que la autoridad ejercite sus facultades previstas en las leyes aplicables, es precisamente al gobernado al que le corresponde probar que efectivamente llevó a cabo, o cumplió con el trámite correspondiente, a fin de exigir la actuación de ésta. En consecuencia, si la parte quejosa en este juicio de amparo no acreditó con medio de prueba idóneo durante la secuela procesal, haber presentado el escrito de referencia ante la autoridad responsable, es inconcuso que la omisión que reclama no existe para efectos de este medio de control constitucional. Al respecto, resulta aplicable la tesis 2a. CXLI/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: VI, Diciembre de 1997, página 366, del siguiente rubro y texto: ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: 'ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.', constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última" . No pasa inadvertido que el impetrante de amparo anexó copia fotostática simple del escrito que refiere (foja 18). Empero, este juzgador, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, considera que dicha copia fotostática tiene únicamente el carácter de indicio que no está adminiculado con otros medios de prueba, por lo que es insuficiente para demostrar la existencia del acto reclamado. Al respecto, sirve de apoyo la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 132, del siguiente rubro y texto: COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer". En las relatadas circunstancias, se considera inexistente el acto reclamado; con motivo de ello, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. En consecuencia, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Es aplicable al caso la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de nueve de septiembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, omitieron manifestarse al respecto. Empero, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento precitado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes se opongan expresamente a la publicación de sus datos personales; por ende, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE RIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Rigoberto Tapia Huerta, por propio derecho, contra el acto reclamado y la autoridad precisada en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando TERCERO de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese.

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