Daniel Gazca Aguado
Expediente 165/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 165/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Daniel Gazca Aguado
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Firmeza del auto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero del citado acuerdo general, una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. De la identificación de la determinación Finalmente, se hace constar que el presente acuerdo se guarda en el módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el nombre: "V- FIRME DESECHAMIENTO", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de demanda firmada por ***, por propio derecho, contra actos de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otra autoridad. Registro de la demanda. Fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que se automatice el libro electrónico respectivo y regístrese bajo el número 165/2023. En el entendido que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el catorce de octubre de dos mil veintidós, la integración del expediente físico se limitará a las constancias que el mismo dispone, a efecto de privilegiar el expediente electrónico, respecto del cual se ordena verificar su correcta integración. Análisis de la demanda. Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que los actos que se pretenden controvertir no debe sujetarse al análisis constitucional en la vía indirecta de manera inmediata: Autoridades responsables. Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Precisión de los actos reclamados. Sentencia de quince de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el toca ***, por la cual se resolvió la apelación interpuesta contra la sentencia interlocutoria de trece de septiembre de dos mil veintidós, que resolvió la excepción de cosa juzgada, dentro juicio de alimentos registrado con el número ***, del índice del Juzgado Primero Civil de primera instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Desechamiento. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que, de su estudio integral, se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V de la misma ley, este último interpretado en sentido contrario. En efecto el artículo 62 de la Ley de Amparo, ordena que el estudio de las causales de improcedencia es preferente al fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, ya por solicitud de cualquiera de las partes u oficiosamente. Lo anterior encuentra sustento en, en la jurisprudencia II.1o. J/5, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en el Tomo VII, mayo de 1991, página 95, cuyo rubro y texto establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En atención a lo anterior, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Lo anterior, en razón de que de la lectura integral de la demanda se desprende que el quejoso reclama, la sentencia de quince de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el toca ***, por la cual se resolvió la apelación interpuesta contra la sentencia interlocutoria de trece de septiembre de dos mil veintidós, que resolvió la excepción de cosa juzgada, dentro juicio de alimentos registrado con el número ***, del índice del Juzgado Primero Civil de primera instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Efectivamente en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya trascrito, se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la propia ley mencionada. Además el artículo 107 de la Ley de Amparo, antes trascrito, establece supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, entre ellos el que es procedente, contra actos en juicio que sean de imposible reparación. Lo que, interpretado en sentido contrario, nos lleva a concluir que, si el acto reclamado no es de imposible reparación, entonces el juicio resulta improcedente. En efecto, el acto reclamado, no afecta derechos sustantivos del quejoso, ya que la consecuencia de la resolución reclamada únicamente incide en que se continúe la secuela procesal del juicio de origen hasta el dictado de la sentencia definitiva, por lo que no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo; esto es, aquella resolución es un acto de naturaleza procesal; de ahí que no pueda considerarse que dicho acto sea de imposible reparación. Lo anterior se afirma así, pues en caso de que se dicte resolución en el juicio de origen que resulte favorable a los intereses del promovente del amparo, la afectación reclamada quedará sin efectos, sin dejar huella en la esfera jurídica del gobernado, y en caso contrario, quedaran expeditos sus derechos para hacerlos valer los medios de impugnación que corresponda, en el cual, podrá hacer valer el desechamiento de la excepción de cosa juzgada, de la cual se duele como una violación procesal que trascendió al resultado de la resolución que en su caso se dicte en el recurso de reclamación promovido en el juicio familiar de origen, de donde deriva el acto reclamado en esta instancia constitucional. Refuerza lo anterior, la jurisprudencia P./J. 12/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 6, cuyo rubro y texto señalan: "COSA JUZGADA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA ESTA EXCEPCIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Contra la resolución que desestima la excepción de cosa juzgada es improcedente el juicio de amparo indirecto, al no ajustarse a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues no se trata de actos que afecten materialmente derechos, ni el afectado reviste la categoría de sustantivo; esto es, aquella resolución es un acto de naturaleza procesal, por lo que la única consecuencia que genera la improcedencia del amparo indirecto, es que continúe la secuela procesal del juicio de origen hasta el dictado de la sentencia definitiva, por lo que no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que no pueda considerarse que dicho acto sea de imposible reparación. Por otro lado, no puede estimarse que exista un perjuicio a derechos sustantivos, con efectos inmediatos, toda vez que la violación procesal que se pretende combatir a través del juicio de amparo indirecto puede resolverse en sentido favorable al interesado en la sentencia definitiva, por lo que no habrá trascendido en su perjuicio, además de que el hecho de que no proceda el juicio de amparo indirecto, no significa que el inconforme quede sin defensa, sino que tiene que sujetarse a los requisitos, términos, plazos y límites establecidos en el sistema jurídico mexicano, máxime que al tratarse de un derecho procesal, éste se encuentra dentro de la categoría de garantías judiciales que proporcionan el debido acceso a la justicia, el cual, en su caso, puede llegar a analizarse y restituirse a través del juicio de amparo directo." Conclusión. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sentido, procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos del diverso 113 de la ley de la materia. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación, elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando clic al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Consulta de expediente electrónico. En otro aspecto, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza al usuario "ErikaCoello" para consultar vía internet de las actuaciones que se dicten en el presente asunto y presentar promociones. Se instruye a la oficial judicial "A". En consecuencia, se instruye a la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que habilite la autorización de la promovente en el referido sistema. Domicilio procesal. En otro orden de ideas, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto el domicilio o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificarán por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados con facultades amplias. En atención a lo dispuesto por el artículo 12 párrafo primero del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados con facultades amplias a los profesionistas Javier Coello Trejo; Javier Coello Zuarth; Erika Margarita Coello Zuart; Raúl Adrián Rosales Sierra; Nancy Fabiola Vargas Reyes; Luis Octavio Valdés Cerón; Juan Carlos Granados Vázquez; Amairani Mariana Sánchez Ramírez y Luis Daniel González Albarrán, en razón de que acreditan tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, no así a las diversas personas que menciona, en razón de que no acreditan tener registrada su cédula profesional en el sistema de referencia, por lo que se les autoriza en términos restringidos, es decir, para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Autorizados con facultades restringidas. Además, en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 12 de la legislación de la materia, en relación con el párrafo segundo del diverso numeral 24 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados en términos restringidos, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las diversas personas que señala con tales facultades, por así haberlo solicitado expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "A- DESECHA DEMANDA ACTOS INTRAPOCESALES, DOMICLIO AUTORIZADOS Y CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO", para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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