Daniel Garcia Suarez

Expediente 254/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
254/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
30/03/2017

Partes del expediente

  • Daniel Garcia Suarez

Actuaciones

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso d), en relación con el 86, de la Ley de Amparo, contra el proveído emitido dentro del presente juicio de amparo, en fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación invocada, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, y se ordena archivar el presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. Por otra parte, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordeno su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de tres de marzo actual, que en lo conducente dice: Agréguese el oficio signado por la Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, Guanajuato, en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO que a su parte corresponde. Téngase como prueba documental de la autoridad en cita, la que adjunta al oficio que se acuerda, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano, las cuales se tienen por ofrecidas, exhibidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, visto el estado procesal que guarda los presentes autos, se advierte que el promovente del amparo Daniel García Juárez, reclama de la autoridad responsable la falta de respuesta a la petición contenida en su escrito recepcionado en la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, el dos de septiembre de dos mil dieciséis, relativo a la solicitud de Prórroga de vigencia del título de concesión número 08GUA115118/12AMDL15, quedando registrado bajo el número de expediente GUA-L-2116-02-09-16. De las constancias que remite la autoridad oficiante junto con el oficio con las que ahora se da cuenta, se destaca que mediante oficio B00.910.01.1/006737, contiene la resolución de fecha trece de octubre del año en curso, la autoridad responsable Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, dio contestación al escrito presentado por el aquí quejoso el dos de septiembre de dos mil dieciséis, o sea, declaró procedente la solicitud de prórroga formulada por ***, incluso la autorización de que se habla, ya fue remitida para su registro al órgano competente para ello. Lo que se corrobora precisamente, con las copias certificadas que adjunta al oficio que se acuerda, documentales a las cuales se les concede pleno valor probatorio, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°, parte final. Sentado lo anterior, se arriba a la conclusión de que en relación al acto que ahora se reclama consistente en la falta de respuesta a la solicitud presentada el dos de septiembre de dos mil dieciséis, ante la citada Dependencia, se actualiza de manera indudable y manifiesta, la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, acorde con las razones jurídicas siguientes: El precepto legal y fracción invocados con antelación, literalmente disponen: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" La causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción mencionados, se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto reclamado en la vía de amparo, pero además con su actuación destruye todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso particular, si el objetivo de la tramitación del presente juicio de amparo, fue para el efecto de analizar la negativa a dar respuesta a la petición hecha por escrito el dos de septiembre de dos mil dieciséis, ante la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad, los efectos de dicha negativa fenecen en el momento en que se emitió el oficio número BOO.910.01.1/006737 de fecha trece de octubre de dos mil dieciséis, por el cual se emite la resolución que da respuesta al escrito presentado por el hoy quejoso, el dos de septiembre de dos mil dieciséis, manifestando lo siguiente en sus puntos resolutivos, concretamente en el: ".PRIMERO.- Se declara PROCEDENTE autorizar a ***, la PRÓRROGA DE VIGENCIA del Título de Concesión No. 08GUA115118/12AMDL15, para la explotación, uso o aprovechamiento de Aguas Nacionales Subterráneas, por un plazo de 10 años, contados a partir del 24 de Diciembre de 2019, con vencimiento al día 24 de Diciembre de 2029 y por tanto el límite para presentar nueva solicitud de prórroga es el 24 de Junio de 2029". De lo anterior, se arriba a la conclusión de que con la emisión del oficio número B00.910.01.1/006737, que contiene la resolución de trece de octubre de dos mil dieciséis, cesaron los efectos del acto reclamado consistente en la negativa a dar respuesta a la petición relativa a la solicitud de prórroga de vigencia del título de concesión número 08GUA115118/12AMDL15, hecha por escrito de dos de septiembre de dos mil dieciséis, cesaron los efectos del acto reclamado, lo que provoca que jurídicamente no sea posible abordar el estudio de la omisión referida, ya que la causa de improcedencia en examen se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total e incondicional, restituyendo a la quejosa en el goce de la garantía infringida, tal y como sucede en la especie. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XLIX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, abril de 1988, materia Común, visible a página 242, del siguiente tenor: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". También resulta aplicable la tesis de Jurisprudencia 2a./J.9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, febrero de 1998, consultable en la página 210, del siguiente contenido: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Igualmente, es aplicable la tesis del entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 91-96 Sexta Parte, página 163, que reza: "PETICIÓN, AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE. SOBRESEIMIENTO. Si lo que pretendió la quejosa era que la responsable le resolviera una petición respetando el artículo 8o. constitucional, y esta última lo hizo antes de fallar el juicio de amparo, entonces resulta correcta la sentencia que lo sobreseyó, por haber sobrevenido la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, en relación con el 74, fracción III, de la Ley de Amparo, sin que importe que la petición se haya acordado meses después de formulada la demanda de garantías." Así mismo, es ilustrativa la tesis II.1o.C.T.217K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, octubre de 1994, página 313, de rubro y texto siguiente: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." Atento al contenido del artículo 17, segundo párrafo, primera parte, Constitucional, resulta innecesario esperar a que llegue la fecha que se encuentra señalada en el juicio en que se actúa para que tenga verificativo la audiencia constitucional y ahí mismo se resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Ello en atención a que con independencia de que sea en este momento o cuando tenga verificativo la audiencia constitucional, el sentido de la determinación tomada no cambiaría, motivo por el cual procede el sobreseimiento apuntado, fuera de la audiencia constitucional. Es aplicable la Jurisprudencia número 10/2003, emitida al resolver la Contradicción de Tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de fecha siete de febrero del dos mil tres, por unanimidad de votos, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del dos mil tres; cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, haciéndoles saber que por los motivos expuestos, no tendrá verificativo la audiencia constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas con cuatro minutos del tres de marzo de dos mil diecisiete. Por lo expuesto y fundado en los artículos 61 fracción XXI, 62, fracción V, 73, 74, 75 y 217, aplicables y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.- SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, de conformidad con las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes.

  3. Principal

    DEMANDA. Vista la demanda promovida por Daniel García Juárez, por propio derecho, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Celaya, Guanajuato, que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 8°, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese el expediente impreso y electrónico respectivo, regístrese en el libro de gobierno y asígnesele el número 254/2017-II.1, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico; en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o protección a datos personales no puedan digitalizarse quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. ADMISIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, SE ADMITE la demanda promovida por ***, en contra de los actos reclamados al Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, deberá rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita; sin embargo, deberá de tomar en consideración el artículo 25, 1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que a la letra establece: "Artículo 25. Protección Judicial 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales." Por lo que si el asunto que nos ocupa no tiene mayor complejidad, se sugiere rendir su respetivo informe justificado con inmediatez, para privilegiar el juicio de amparo como el recurso sencillo y rápido, a que tiene derecho toda persona. Aunado a lo anterior, la autoridad responsable Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, a través de su Titular en su informe de ley deberá advertir en el caso específico el estatus del trámite cuya demora injustificada reclama la parte quejosa, precisando ante qué Subdirección o Área a su mando se encuentra, incluso indicando sobre que funcionario recae tal encargo. Esto último, con el objeto de dictar una sentencia de amparo adecuada a la hipótesis en específico y en caso de que sea concedida la protección constitucional solicitada, se vincule a quien de manera inmediata, bien por encomienda directa o subordinación, pudiera tener injerencia en el cumplimiento de la misma. AUDIENCIA. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL TRES DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, para llevar a cabo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este juicio de amparo. Ello a virtud de que las labores del Juzgado así lo permiten y para favorecer la pronta impartición de justicia, a que alude el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con apoyo en el artículo 75 de la Ley de la Materia, se requiere a la autoridad responsable, para que en caso de ser cierto el acto que se le atribuye, en el mismo lapso de tiempo concedido en el párrafo que antecede, remita a este Juzgado Federal, copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias que se tomaron en consideración para la emisión del acto reclamado; o bien, manifieste el impedimento legal que tiene para ello, apercibida que de no hacer manifestación alguna o no rendir su informe justificado, se le impondrá una multa, en términos del artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece. De igual manera se requiere a la autoridad responsable, para que conforme a lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, informe de inmediato a este Órgano de Control Constitucional, si durante el trámite del Juicio de origen se llegare a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en especial si por cualquier circunstancia se da un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por la fracción XVII, del numeral 61, del mismo ordenamiento legal, bajo el apercibimiento que de no cumplir con la anterior obligación, se le impondrá una multa de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 fracción II, de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, a fin de que proporcione el nombre y domicilio del tercero interesado. Ello en razón de que el presente asunto se trata de un derecho de petición, es decir, un derecho constitucional violado al quejoso directamente sin que haya contraparte respecto del acto reclamado. Lo anterior, para favorecer la pronta impartición de justicia. DOCUMENTAL. Téngase a la parte quejosa exhibiendo como pruebas de su parte la documental que acompaña a su escrito de demanda, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humana, las cuales se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas con posterioridad, en términos del artículo 119 de la Ley de la Ley de Amparo. En cuanto a la prueba documental pública que ofrece el promovente del amparo, consistente en las actuaciones contenidas dentro del expediente GUA-L-2116-02-09-16, del índice de la autoridad responsable, se reserva acordar al respecto, hasta en tanto se recepcione con el informe justificado. Por otra parte, se hace del conocimiento de las partes, que en términos de la Circular 12/2009, signada por el Secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante, en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Es aplicable a lo anterior la Tesis: I.1o.A.23 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1830 del libro 17, Abril de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el número de registro: 2008986, Materia común que establece: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran." No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado el promovente, ni estar en alguno de los supuestos de apertura oficiosa del incidente respectivo, en términos de lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley de Amparo. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponda. Dado que resulta un hecho notorio para este Órgano de Control Constitucional, que generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este Juzgado Federal, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes, obstaculizando el manejo físico y estudio de los mismos, y dado que el artículo 28 de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado por los medios correspondientes, o bien a través del funcionario adscrito designado para ello, quien recabará recibo de los mismos, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Luego, a fin de evitar el exceso que se menciona, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y/o terceras interesadas, que resulta innecesario que informen cada vez que reciban comunicación proveniente de este Tribunal Federal, salvo aquéllos casos en los que de manera expresa les sea solicitado acuse de recibo. Se hace del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando Décimo Quinto del Reglamento de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, el ubicado en Avenida Insurgentes, número 336, local 100, zona centro. Asimismo, se tiene como autorizado de su parte a la licenciada ***, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco, y a ***, en términos restringidos del mencionado artículo. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 7,966 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano