Daniel Garcia Ruiz

Expediente 78/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
78/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
29/06/2023

Partes del expediente

  • Daniel Garcia Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual comunica que se admite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, mismo que se registró como recurso de revisión 325/2023. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. ...Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa mediante el cual interpone recurso de revisión, en contra de la resolución dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 82, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión de mérito; en consecuencia, al haberse presentado en forma electrónica el medio de impugnación antes citado, procédase a su reimpresión y se ordena agregar a los autos copia del escrito de expresión de agravios; asimismo, distribúyase copias entre las partes. En consecuencia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto con las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del presente auto, glósense al expediente principal y, sin mayor proveído, remítase, al Tribunal Colegiado que corresponda el original del escrito, así como una copia más del escrito aludido, destinado al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano jurisdiccional, para la substanciación y resolución del citado medio de impugnación; en el entendido de que, en su oportunidad, el presente expediente se habilitará para su consulta electrónica. Ahora, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el expediente, por ello, resulta innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, pues se cuenta con el cuaderno principal en el que se actúa. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Se instruye al actuario judicial que corresponda para que, al momento de notificar a las partes y correr traslado con el escrito de agravios, haga constar su entrega, para los efectos legales a que haya lugar. Autorización de consulta de expediente electrónico y notificaciones mediante juicio en línea. De conformidad con en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37, 38 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones electrónicas -por así haberlo solicitado explícitamente-, siempre y cuando se realice con el usuario que aduce y se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Ahora, en relación a las personas que designa para oír y recibir notificaciones; no ha lugar, en razón de que en su calidad de autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, no puede delegar facultades a terceros. Es aplicable, la tesis XX.2o.39 K, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1180 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, Septiembre de 2008, correspondiente a la Novena Época, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR A UNA DIVERSA PERSONA SÓLO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES E IMPONERSE DE LOS AUTOS." Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    En términos el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se notifica vía electrónica a la parte quejosa la presente sentencia, en la que se determina: S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 78/2023 y sus acumulados 80/2023, así como 81/2023, y R E S U L T A N D O ...C O N S I D E R A N D O ...IV. Oportunidad. El juicio de amparo se promovió oportunamente, pues los quejosos presentaron su demanda el decimocuarto día del plazo de quince con que contaban para ello. V. Procedencia. La actualización de causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En el caso, la [1] Directora General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de ******************** aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, referente a la falta de acatamiento al principio de definitividad ya que la parte quejosa, antes de promover su amparo, debió agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de ********************. Lo anterior es infundado, en razón de que el artículo 18, apartado B), fracción II, inciso L), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia de Administrativa del Estado de ********************, establece que son atribuciones y competencias del Pleno de dicho Tribunal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocer de los juicios promovidos por los miembros de las instituciones de seguridad pública, derivados de su relación administrativa con el Estado y los Ayuntamientos, en contra de las sentencias definitivas mediante las que se imponen correctivos disciplinarios y sanciones impuestas por los Consejos de Honor y Justicia, por tanto, éste es improcedente contra la resolución dictada en el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo en contra de las personas aquí quejosas, en virtud de que no es un acto de aquellos que la ley califica como definitivo, al no poner fin a una instancia, sino que es un acto intermedio dictado dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, el cual no goza de autonomía frente al procedimiento en cuestión indicado. Apoya lo anterior por analogía, la jurisprudencia PC.XV. J/19 A (10a.), emitida por el Pleno del Decimoquinto Circuito, en materia administrativa, con número de registro digital 2012123, y de contenido siguiente: "PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DEFINITIVA DE LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA ESTATAL O MUNICIPAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE INICIO QUE NIEGA DECLARAR PRESCRITAS LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD SANCIONADORA PARA INICIARLO ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD. El artículo 22, fracción IX, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, establece que las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer de los juicios que se promueven contra actos o resoluciones definitivas; por tanto, éste es improcedente contra la resolución dictada en la audiencia de inicio del procedimiento administrativo de separación definitiva de los miembros de las instituciones policiales de la entidad y las dependencias de la administración pública centralizada estatal o municipal, con motivo de la prestación de sus servicios, en la que se niega declarar prescritas las facultades de la autoridad sancionadora para iniciar el procedimiento relativo, en virtud que no es un acto de aquellos que la ley califica como definitivo, al no poner fin a una instancia; sino que es un acto intermedio dictado dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, el cual no goza de autonomía frente al procedimiento de separación indicado." A mayor abundamiento, el presente juicio de amparo es procedente, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, dado que se reclama una resolución de inicio de procedimiento administrativo, lo que afecta derechos sustantivos, en la medida en que de emitirse la resolución final en sentido adverso a los intereses de la parte quejosa, aun cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, no podría operar la reinstalación, y del cual las personas peticionarias del amparo se encuentran exentas de agotar el principio de definitividad, pues la prohibición de la reinstalación en su cargo es absoluta, lo que constituye una transgresión a su derecho sustantivo de no ser separado injustificadamente de sus funciones. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2ª./J. 49/2016 (10ª) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2011659, de contenido: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno procede el juicio de amparo indirecto, por violaciones a las reglas que lo rigen establecidas en la legislación aplicable a cada caso en concreto, al constituir un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que conforme al precepto 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibido reinstalarlos aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución respectiva; motivo por el que una violación acaecida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel constitucional como convencional". Luego, como las partes no invocaron ninguna otra causa de improcedencia y del análisis de las constancias no se advierte que se actualice alguna de ellas, procede entrar al estudio del fondo del asunto, tal como lo marca el artículo 62 de la Ley de Amparo. VI. Estudio. Algunos conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa son infundados, y otros inoperantes, por lo que debe negarse el amparo solicitado. En principio, para un mejor entendimiento del asunto, se procede a narrar los antecedentes jurídicamente relevantes del procedimiento administrativo de origen. [1] Por medio de comparecencia levantada ante la Directora General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se tiene que ********************, presentó queja en contra de ********************, ********************y******************** -aquí quejosos-. Al efecto se transcribe la parte que interesa para efectos del presente asunto: "[.] Que el motivo de mi Comparecencia (sic) ante esta Dirección General de Asuntos Internos, es con la finalidad de interponer formal queja en contra de los elementos policiales que tripularon la unidad operativa con número económico ********************, el día veintinueve de Agosto (sic) del año dos mil veintidós, quienes trasladaron mi vehículo marca ********************, año ********************, con permiso para circular, color ********************, al corralón ********************, S.A.S. sin motivo alguno; lo anterior de acuerdo con los siguientes hechos: Que el día veintinueve de Agosto (sic) del año dos mil veintidós, siendo aproximadamente las once horas con treinta minutos, la de la voz acudí a la tienda comercial denominada "********************", ubicada en ********************(sic), número ********************, Colonia (sic) ********************(sic), del Municipio (sic) de ********************, ********************, a realizar compras, ingresando mi vehículo al estacionamiento de la misma, [.] sin embargo, segundo (sic) de los elementos que describí con anterioridad, mando (sic) traer una grúa para que mi vehículo marca ********************, año ********************, con permiso para circular, color ********************, fuera trasladado al corralón, aun cuando la de la voz lo había dejado estacionado dentro del estacionamiento de la tienda "********************"; [.]". [2] Mediante acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, emitido por la autoridad responsable, registró dicha queja bajo el número DGAI/INV/141/********************2-11 y ordenó realizar las investigaciones necesarias para allegarse de los medios de pruebas suficientes con los que se pudiera determinar la procedencia e inicio del procedimiento administrativo correspondiente. [3] Allegados que fueron diversos elementos de prueba al expediente de mérito, por auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós, la referida Directora General ordenó dar inicio al procedimiento administrativo de responsabilidad, en contra de los ahora quejosos, y radicó ese asunto bajo el número de expediente ********************, el cual se sustentó, esencialmente, en lo siguiente: A. Que los hechos que se le imputan a los aquí quejosos consisten, esencialmente, en lo siguiente: Que el día veintinueve de agosto de dos mil veintidós, ********************, ********************y******************** -aquí quejosos- después de haber detenido a ********************, movieron el vehículo de la marca ********************, modelo ********************, con número de serie********************, color ********************, y ordenaron su traslado a la empresa Soluciones en el Camino, ********************, S.A.S., sin contar con facultades para ello. B. Que existen elementos de prueba suficientes con los que se acredita que el actuar de las elementos policiales en los hechos que dieron origen al presente asunto, fue contraria a las obligaciones previstas por el artículo 100, fracción VI, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de ********************. C. Que la conducta y proceder de las elementos policiales ********************, ********************y******************** -aquí quejosos-, encuadra en las hipótesis previstas por las fracciones I y VI del artículo 159 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de ********************. El acuerdo de inicio al procedimiento administrativo descrito, constituye el acto reclamado en el presente juicio, respecto del cual los quejosos en sus conceptos de violación argumentan, en sustancia, lo siguiente: (1) Que el acto reclamado es violatorio del derecho a la legalidad contenido en el artículo 16 constitucional porque no especificó cuál es la conducta que se les atribuye y la autoridad responsable solo se limitó a transcribir diversos preceptos legales, sin especificar de manera concreta en cuál de ellos encuadra la supuesta conducta desplegada, por lo que vulnera de esa manera las formalidades del procedimiento. (2) Que la autoridad responsable no fundó, ni motivó la causa legal del procedimiento, pues le inició procedimiento administrativo sin las pruebas suficientes, en tanto que en el expediente de origen no obran pruebas idóneas, suficientes y fehacientes que acrediten alguna conducta contraria a derecho por parte de la quejosa, asimismo, que la responsable únicamente sustenta su acuerdo de inicio de procedimiento en documentales que, refiere, únicamente acreditan la detención de ********************, como se corrobora en el mismo expediente. (3) Que se violó en su perjuicio el contenido del artículo 24 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de ********************, ya que el acuerdo de inicio de procedimiento fue dictado el nueve de diciembre de dos mil veintidós y se le notificó hasta el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, habiendo transcurrido veintiún días, lo que excede el término que establece la Ley. (4) Que la autoridad responsable no acreditó la realización de conducta contraria a derecho por parte de los quejosos, esto es, no es clara al establecer las conductas por las que determina el inicio del procedimiento de remoción, debiéndose hacer un análisis de tipicidad por cada uno de ellos. (5) Que la autoridad responsable señala múltiples disposiciones normativas para encuadrar la conducta que se les atribuye, sin que ello sea suficiente para ajustar su actuar, en tanto que material y jurídicamente resulta imposible que una conducta se ajuste a diversos preceptos legales, por lo que no se realiza la debida tipicidad que exige el acto administrativo. (6) Que la responsable no menciona la gravedad de la falta, es decir, fue omisa en calificar la misma, además, menciona que si se trata de una falta grave debió turnarlo al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de ********************, conforme al numeral 3 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de ********************. (7) Que se viola el principio de presunción de inocencia, pues dan por hecho que la quejosa desplegó las conductas que se le pretender atribuir sin allegarse antes de pruebas que acrediten plenamente su responsabilidad. (8) Que la responsable omitió valorar el contenido de las constancias consistentes en el: oficio de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, suscrito por el encargado de la Cuarta Región Policial; informe de investigación de campo rendido por ********************; comparecencia de ********************, efectuada el cinco de diciembre de dos mil veintidós, y la diversa comparecencia de ********************, efectuada el nueve de diciembre de dos mil veintidós. Ahora, en primer término se estudia el concepto de violación señalado con el número (3), en el que menciona que se violó en su perjuicio el artículo 24 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de ********************, ya que el acuerdo de inicio de procedimiento le fue notificado hasta el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, por lo que transcurrió en exceso el término que concede el citado ordenamiento que invoca. Lo anterior deviene inoperante, puesto que el numeral que mencionan los quejosos, resulta aplicable para los acuerdos que dicte el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de ********************, debiendo publicarse dentro de los tres días siguientes al de su pronunciamiento en la lista que se fija en los estrados de cada Sala y en la página de internet del Tribunal y no para los que emita la autoridad aquí señalada como responsable. En todo caso, el artículo que resulta aplicable de manera supletoria a la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de ********************, sería el artículo 26 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de ********************, este último indica que, la primera notificación o emplazamiento, se hará en el domicilio señalado para tal efecto o en las oficinas de la autoridad demandada mediante oficio. Luego, de dicho numeral no se advierte un término para realizar la notificación personal a la quejosa, por lo que si se le realizó el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, en nada le causa perjuicio, pues el término que se le concede para contestar, ofrecer pruebas y apersonarse en el procedimiento administrativo en cuestión, empezará a transcurrir a partir de la fecha en que fue notificada. En ese sentido, la violación que alegan no trasciende a lo analizado, puesto que los quejosos fueron notificados del acto reclamado; incluso se apersonaron al procedimiento administrativo por escritos presentados ante la Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, tal y como se aprecia a fojas 194 a 234 del anexo, formado con las documentales que remitió la autoridad responsable. Ahora, en el diverso concepto de violación marcado con el número (1), la quejosa aduce que el acto reclamado es violatorio del derecho a la legalidad contenido en el artículo 16 constitucional porque no especificó cuál es la conducta que se le atribuye y solo se limitó a transcribir diversos preceptos legales, sin especificar de manera concreta en cuál de ellos encuadra la supuesta conducta desplegada, por lo que vulnera de esa manera las formalidades del procedimiento. Lo anterior es infundado porque en el acto reclamado sí se especificó la conducta que se le imputa a los quejosos, la cual consiste en que, en su carácter de Policías adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, omitieron conducirse con disciplina y responsabilidad, asimismo cometieron falta grave a los principios de actuación, deberes y obligaciones, lo anterior derivado del altercado que tuvieron con ********************, con motivo de que ordenaron la remisión del vehículo de esa persona a las instalaciones de la empresa Soluciones en el Camino, ********************, S.A.S., sin contar con facultades para ello; lo que encuadra en las hipótesis de los referidos artículos 100, fracción VI, 159, fracciones I y VI, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de ********************. En efecto, de la lectura integral del acuerdo reclamado, se advierte que la conducta por la cual la autoridad dictó el inicio de procedimiento, consiste en que los aquí quejosos en su carácter de elementos policiales, el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, después de haber detenido a ********************, ordenaron, sin justificación, trasladar el vehículo de la marca ********************, ********************, modelo ********************, con número de serie********************, color ********************, al corralón Soluciones en el Camino, ********************, S.A.S., lo que se advierte de la siguiente transcripción de dicho acuerdo. "[.] Por lo que con lo anterior se advierte que los elementos cometieron un abuso de autoridad al trasladar a las afueras del estacionamiento del vehículo automotor de ********************, quien el día de los hechos que nos ocupan fue remitida al juzgado cívico del municipio de ******************** y quien contaba con apoyo del c. Mario Alfredo Herrejón quien se encontraba el día de los hechos para resguardar su vehículo sin embargo los elementos no se lo permitieron movieron y remitieron el vehículo a la empresa de grúas denominada Soluciones en el Camino, ********************, S.A.S. [.] Atendiendo a lo anterior, del resultado de las investigaciones realizadas y de las documentales que obran en autos, esta Dirección General de Asuntos Internos, considera procedente el inicio de procedimiento administrativo correspondiente; toda vez que existe la presunción que la conducta desplegada por los CC. ********************, ********************y ********************, se aparata (sic) de las obligaciones que para los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública contempla la Ley del Sistema de Seguridad Pública vigente en la entidad, omitiendo conducirse con disciplina y responsabilidad, situación que no es acorde al régimen disciplinario que requiere esta Institución de Seguridad Pública; Es por las razones vertidas en líneas que anteceden que los CC. ********************, ********************y ********************, se encuentran en las hipótesis señaladas en los artículos 100 fracción VI de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de ********************; mismo que a la letra se transcribe lo que a su parte interesan: Artículo 100.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones: VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población. Los C. ********************, ********************y ******************** violentan con su actuar el artículo 100 de la Ley de la materia, específicamente en la fracción que a continuación se precisa: Fracción VI; su actuar se encuentra en dicha hipótesis ya que el no apegarse al orden jurídico, el actuar de los elementos constituye un acto arbitrario, entendiéndose como acto arbitrario un acto contrario a la justicia, lo cual no obedece a principios dictados por la razón, la lógica o las leyes. Por lo que con el actuar de los CC. ********************, ********************y ******************** esta Dirección General de Asuntos Internos considera que cometieron una falta grave a los principios de actuación, deberes y obligaciones previstos en la Ley de la materia, razón por la cual con su actuar se encuentran en las hipótesis establecidas en el artículo 159 fracciones y VI de la Ley del Sistema de Seguridad Pública vigente en la entidad, mismo que a la letra dice: "Artículo 159. Serán causas justificadas de remoción, sin responsabilidad para las Instituciones de Seguridad Pública y por consiguiente sin indemnización, previo desahogo del procedimiento establecido en esta Ley, para los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública y sus auxiliares: I. Cometer falta grave a los principios de actuación, deberes obligaciones previstos en la presente Ley y demás normatividad aplicable, para las instituciones de seguridad pública; VI. No cumplir con diligencia el servicio que tenga encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique el ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; [.] Fracción VI; se actualiza dicha hipótesis ya que los elementos al no apegarse al orden jurídico no (sic) fundamentando el motivo por el cual pusieron a resguardo de la empresa privada denominada Soluciones en el Camino, ********************, S.A.S., el vehículo marca ******************** fiesta, año ********************, color ******************** propiedad de la C. ******************** hoy quejosa, además de que lo trasladaron al exterior del estacionamiento del establecimiento comercial donde se había estacionado la hoy quejosa y dicha acción no la tienen permitida; por lo anterior se puede considerar como un claro deficiente desempeño de su servicio. [.]" Al respecto, de la lectura integral de tales párrafos, los cuales constituyen parte del acuerdo reclamado, se puede observar que la autoridad responsable determinó encuadrar la conducta de los aquí quejosos en las hipótesis previstas por las fracciones I y VI del artículo 159 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de ********************. Lo anterior porque la autoridad responsable consideró que los hoy quejosos, no actuaron conforme al principio de profesionalismo al transgredir el artículo 100 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de ********************, específicamente la fracción VI, la cual prevé que los integrantes de las instituciones de seguridad deberán conducirse con respeto con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población. Por tanto, si el numeral 159 de la ley materia del acto reclamado, en su fracción I menciona que será causa justificada de remoción de los elementos de seguridad pública y sus auxiliares, sin responsabilidad para las instituciones de seguridad pública y por consiguiente sin indemnización, previo desahogo del procedimiento establecido en dicha ley, el que se cometa falta grave a los principios de actuación, deberes y obligaciones previstos en la Ley del Sistema de Seguridad Pública y demás normatividad aplicable, es ineludible que si los quejosos no cumplieron con el principio de profesionalismo que deben acatar los elementos policiales adscritos a dicha institución de seguridad e incumplieron con las obligaciones contenidas en las fracción VI del artículo 100 de la multicitada ley, toda vez que, después de haber detenido a la ciudadana ********************, se condujeron de manera arbitraria al mover su vehículo al exterior del estacionamiento del establecimiento comercial en que se encontraba y ordenar su traslado a la empresa de grúas Soluciones en el Camino, ********************, S.A.S., sin permitir que la persona que la acompañaba cuidara de dicho vehículo automotor, es así que resulta que la conducta desplegada por los quejosos encuadra en la hipótesis en estudio. Lo anterior permite concluir que la autoridad responsable no solo citó los preceptos legales que presumiblemente fueron infringidos por las personas hoy solicitantes del amparo, sino que también expuso los razonamientos por los que consideró que la conducta que se les atribuye encuadraba en los supuestos normativos, así como los hechos o acontecimientos [condiciones de modo, tiempo y lugar específicas] por los cuales se les atribuye un actuar alejado de lo previsto en la normativa aplicable; de ahí lo infundado de su concepto de violación. Sin que pase desapercibido que, contrario a lo aducido por la parte peticionaria del amparo para la emisión del acto reclamado, se siguieron las formalidades del procedimiento, en tanto que existió una queja en contra de los aquí quejosos, una investigación por la que se determinó el inicio del procedimiento administrativo que ahora se combate, en el cual se les hizo de su conocimiento la naturaleza y causa del inicio del procedimiento para establecer los hechos que se les imputan, se les concedió un plazo de diez días para efecto de que formularan su contestación, interpusieran las causales de improcedencia que consideraran, hicieran valer sus defensas o excepciones y ofrecieran pruebas pertinentes en su defensa y actuando conforme a lo establecido en el numeral 171, fracción II, de la ley local en comento, respetando las formalidades del procedimiento [lo cual se robustece en el desarrollo de la presente resolución]. Por otro lado, respecto de los conceptos de violación marcados con los numerales relativos a que (4) la autoridad responsable no acreditó la realización de conducta contraria a derecho por parte de los quejosos, esto es, no es clara al establecer la conductas por las que determina el inicio del procedimiento de remoción, debiéndose hacer un análisis de tipicidad por cada uno de ellos, y (5) en el que los quejosos refieren que su actuar no se ajusta a los preceptos legales que se indicó para sustentar el inicio del procedimiento administrativo en su contra, pues deriva de múltiples disposiciones normativas, lo que supuestamente hace material y jurídicamente imposible que una sola conducta se ajuste a diversos preceptos legales y no se les realiza la debida tipicidad que exige el acto administrativo sancionador. Al respecto, dichos motivos de disenso resultan infundados, puesto que de la lectura integral del acuerdo reclamado se advierte que, contrario a lo que indican los quejosos, sí se les atribuyó una conducta en específico, ya que se indicó que los aquí quejosos participaron en el suceso que motivó el inicio de responsabilidad administrativa, tal como se observa a continuación: "[.] posteriormente la aborde (sic) a la unidad ********************, y nos dirigimos mis compañeros el ********************, siendo quien iba al mando, así mismo mi compañero ********************, ********************, y la de la voz, nos dirigimos al Juzgado Cívico, para que fuera certificada la femenina (sic) detenida, quedándose en la tienda ********************, el Comandante ********************y su escolta********************, no omito mencionar que la femenina detenida, comentó que su carro se lo iba a dar a su amigo que iba con ella, siendo éste discapacitado, asimismo le de la voz, en ningún momento observe físicamente a su amigo del cual hablaba la femenina, sin embargo el Comandante ********************le dijo a la femenina detenida, que el carro no se lo podía entregar a su amigo porque ella era la propietaria y que el vehículo iba hacer remitido a resguardo.[...]". Con lo anterior se tiene una perspectiva más clara de cómo sucedieron los hechos y que efectivamente los elementos C. ********************, ********************y ********************, impidieron que el testigo C. ********************, se llevara el vehículo marca ******************** fiesta, año ********************, con permiso para circular, color ******************** propiedad de la C. ********************, el cual no tenía relación alguna con la detención de la hoy quejosa es decir que bien pudo ser maniobrado por el C. ******************** a petición de la misma. [.] Atendiendo a lo anterior, del resultado de las investigaciones realizadas y de las documentales que obran en autos, esta Dirección General de Asuntos Internos, considera procedente el inicio de procedimiento administrativo correspondiente; toda vez que existe la presunción que la conducta desplegada por los CC. ********************, ********************y ********************, se aparata (sic) de las obligaciones que para los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública contempla la Ley del Sistema de Seguridad Pública vigente en la entidad, omitiendo conducirse con disciplina y responsabilidad, situación que no es acorde al régimen disciplinario que requiere esta Institución de Seguridad Pública; Es por las razones vertidas en líneas que anteceden que los CC. ********************, ********************y ********************, se encuentran en las hipótesis señaladas en los artículos 100 fracción VI de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de ********************; mismo que a la letra se transcribe lo que a su parte interesan: [.] Fracción VI; se actualiza dicha hipótesis ya que los elementos al no apegarse al orden jurídico no (sic) fundamentando el motivo por el cual pusieron a resguardo de la empresa privada denominada Soluciones en el Camino, ********************, S.A.S., el vehículo marca ******************** fiesta, año ********************, color ******************** propiedad de la C. ******************** hoy quejosa, además de que lo trasladaron al exterior del estacionamiento del establecimiento comercial donde se había estacionado la hoy quejosa y dicha acción no la tienen permitida; por lo anterior se puede considerar como un claro deficiente desempeño de su servicio. [.]" De lo anterior, se desprende claramente la conducta que se le atribuyó a los quejosos, es decir, el comportamiento que realizaron, positivo o negativo, encaminado a un propósito, en este caso, trasladar el vehículo de la detenida al exterior del establecimiento comercial en que se encontraba, sin permitir que ********************, acompañante de esa persona, lo resguardara, y ordenar que tal unidad automotriz fuera enviada a las instalaciones de la multicitada empresa de grúas, sin contar con facultades para ello, ni haber expuesto los motivos para actuar de esa manera. Y, con base en la conducta -hechos- que fueron desplegados por los aquí quejosos, calificó -en una hipótesis legal- en una misma norma porque tales conductas se amoldan a los preceptos que sancionan tal actuar, y que tales comportamientos encuadraron en los supuestos normativos establecidos por la autoridad responsable. Ahora bien, respecto al principio de tipicidad, éste se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. Dicho en otras palabras, el principio de tipicidad se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, el principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una multa por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta ni por analogía ni por mayoría de razón. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 100/2006, también citada por la parte quejosa, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 174326, y que a la letra dice: "TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras, dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador debe acudirse al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón." En ese sentido, contrario a lo manifestado por los quejosos, no es cierto que las conductas que presuntamente realizaron no se puedan ajustar a los preceptos legales señalados por la responsable, puesto que, como se indicó, la conducta [hechos] que conforme a lo ahí narrado, fue desplegada por los mismos, sí se advierte del acuerdo reclamado y, en ese sentido el encuadre -en una hipótesis normativa- que la responsable hizo en las fracciones I y VI del numeral 159 de la ley que rige el acto reclamado, es correcto, puesto que tales comportamientos concuerdan con las hipótesis indicadas [supuesto normativo] en las fracciones que anteceden, lo que incluso les genera seguridad jurídica para que puedan defenderse de los hechos que se le están imputando y las normas que se trasgreden con los mismos, y por ello posibilita su defensa ya que están en condiciones de desvirtuar que no cometió esos hechos o que los mismos no encuadran dentro de esas hipótesis normativas, lo que deberá realizar en el procedimiento administrativo de origen. Aunado a lo anterior, en el procedimiento administrativo sancionador la tipificación normativa no llega a ser inexcusablemente de manera precisa y directa, sino que es habitual que se practique indirectamente o por remisión, cuando la conducta de reproche puede desprenderse de las disposiciones legales o reglamentarias que complementen las técnicas normativas utilizadas por el legislador, como pudieran ser los conceptos jurídicos indeterminados y, en general, los conceptos cuya delimitación permite un margen de apreciación, en el caso particular la autoridad responsable sí tipificó la conducta desplegada por las personas quejosas, en los artículos 159, fracciones I y VI, en relación con los diversos 94 y 100, fracción VI, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública -vigente-. Entonces, se concluye que la autoridad responsable no violó el principio de tipicidad que arguyen los quejosos, pues sí se advierte cuál fue la conducta desplegada por las personas peticionarias del amparo y el encuadre de ésta en los numerales que indicó la autoridad responsable. Sin que se inadvierta que a pesar de que no es vinculante el criterio XVI.1o.A.T.22 A, citado por la parte quejosa, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EN ACATO AL PRINCIPIO DE TIPICIDAD QUE RIGE EN DICHA MATERIA, CUANDO SE IMPUTA LA TRANSGRESIÓN A LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES DE ÍNDOLE PRESUPUESTARIO, ES NECESARIO QUE SE IDENTIFIQUE CON PRECISIÓN EL CONTENIDO DE ESA NORMATIVIDAD, SEA LEGAL, REGLAMENTARIO O ADMINISTRATIVO", lo aquí determinado no lo controvierte, en tanto que las conductas que se les atribuyen y la norma en la cual se sustenta el inicio de procedimiento están identificados en el acto reclamado, por lo cual ello es susceptible de ser reprochado durante la sustanciación de ese procedimiento. En otro concepto de violación señalado con el número (6) los quejosos dicen que el auto de inicio de procedimiento reclamado es contrario a derecho porque no precisó cuál es la falta grave cometida por los quejosos, además de que no calificó la gravedad de la conducta, y refirieron que en la ley no existe un catálogo que contemple los parámetros de la gravedad de las faltas; además arguyó que si la conducta es grave debe conocer el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de ********************, conforme al numeral 3 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de ********************. Lo anterior es en parte infundado, porque en oposición a lo que señalan los quejosos, en términos del artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de ********************, basta que la autoridad precise la conducta desplegada por los elementos de seguridad pública que se configura dentro de la hipótesis de remoción de la relación administrativa, establecida en el artículo 159, fracciones I y VI de la citada ley. En efecto, la autoridad consideró que los aquí quejosos incurrieron en una mala conducta, omitiendo conducirse con disciplina y responsabilidad, dañando con ello su imagen pública y el principio de profesionalismo que deben cumplir todos los elementos adscritos a las Instituciones de Seguridad Pública, lo anterior por no haber fundamentado el motivo por el cual movieron el vehículo marca ******************** fiesta del año ********************, color ********************, propiedad de la ciudadana ********************, al exterior del estacionamiento del establecimiento comercial en que se encontraba y ordenaron ponerlo a resguardo de la empresa de grúas denominada ******************** S.A.S.. Al efecto, se trascribe la parte conducente del acto reclamado, en la que se abordó ese aspecto, acorde a lo siguiente: "[.] Por lo que con el actuar de los CC. ********************, ********************y ******************** esta Dirección General de Asuntos Internos considera que cometieron una falta grave a los principios de actuación, deberes y obligaciones previstos en la Ley de la materia; razón por la cual con su actuar se encuentran en las hipótesis establecidas en el artículo 159 fracciones I y VI de la Ley del Sistema de Seguridad Pública vigente en la entidad, mismo que a la letra dice: [.] Los elementos CC, ********************, ********************y ********************, violentan con su actuar el artículo 159 de la Ley de la materia, específicamente en las fracciones que a continuación se precisan: Fracción I; la actuación de los integrantes de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; derivado de lo anterior y toda vez que los elementos con su actuar no dan cabal cumplimiento a las obligaciones previstas en el artículo 100 de la materia específicamente en lo concerniente a las (sic) fracción VI, lo anterior conlleva a cometer una falta grave a los principios de actuación, deberes y obligaciones previstos en la Constitución, así como en la ley de la materia, ya que en el artículo 100 de la materia dispone que con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las instituciones de seguridad pública cumplirán con las obligaciones previstas en dicho artículo, lo cual los elementos CC. ********************, ********************y ******************** derivado de su actuar no cumplen con dichas obligaciones, violentando específicamente los principios de legalidad, objetividad y profesionalismo tal y como se describe en líneas que anteceden. [.] Fracción VI; se actualiza dicha hipótesis ya que los elementos al no apegarse al orden jurídico no (sic) fundamentando el motivo por el cual pusieron a resguardo de la empresa privada denominada Soluciones en el Camino, ********************, S.A.S., el vehículo marca ******************** fiesta, año ********************, color ******************** propiedad de la C. ******************** hoy quejosa, además de que lo trasladaron al exterior del estacionamiento del establecimiento comercial donde se había estacionado la hoy quejosa y dicha acción no la tienen permitida; por lo anterior se puede considerar como un claro deficiente desempeño de su servicio. Por lo que tal y como se desprende de las investigaciones realizadas y de las documentales que obran agregadas en autos, ésta Dirección General de Asuntos Internos, considera que existen medios de prueba suficientes que los C. ********************.******************** adscritos a la Dirección General de Proximidad Social y ********************adscrito a la Dirección General de Unidades Especiales, han incurrido con su actuar en conductas de carácter administrativas, mismas que competen a ésta Dirección General de Asuntos Internos, lo anterior de acuerdo a las facultades conferidas en los artículos 163, 164, 167 y 168 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública vigente, específicamente en las hipótesis contempladas en los artículos 100 fracción VI y 159 fracciones I y VI de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de ********************; y toda vez que es competencia de ésta (sic) Dirección General de Asuntos Internos, iníciese con el Procedimiento Administrativo correspondiente por el actuar que desplegaron los CC. ********************,******************** adscritos a la Dirección General de Proximidad Social y ********************adscrito a la Dirección General de Unidades Especiales [.]" De ahí que, la conducta atribuida a los quejosos se calificó como grave pues se encuadró, entre otros, en el artículo 159, fracciones I y VI, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, referente a las causas justificadas de remoción sin responsabilidad para la institución de seguridad pública, siendo materia del fondo del asunto al concluir el procedimiento administrativo de origen, el determinar si están acreditadas las conductas y si, por ello, se actualizan las causales de remoción de mérito. En efecto, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de ********************, no contempla como requisito de validez de los acuerdos de inicio de procedimiento administrativo, la expresión o calificación de la gravedad de la conducta atribuida al servidor público. Por el contrario, de conformidad con el artículo 160 de la ley que rige el acto reclamado, corresponde al Consejo de Honor y Justicia Municipal determinar en la resolución definitiva que al efecto dicte en el procedimiento relativo, si la conducta del servidor público sujeto a investigación, en caso de acreditarse, resultó grave de acuerdo con los parámetros establecidos en dicho ordenamiento. En ese sentido se tiene que, contrario a lo expuesto por la parte quejosa, de acuerdo con la legislación en cita, la atribución exclusiva de establecer la gravedad de las infracciones cometidas corresponde al Consejo de Honor y Justicia, al momento de dictar la resolución definitiva en el procedimiento administrativo, y no a la Unidad de Asuntos Internos al emitir el acuerdo de inicio de procedimiento como el reclamado en esta instancia. Además, a diferencia de la prescripción prevista en el artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (abrogada) que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 3/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. EL ESTUDIO DE LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN, ASÍ COMO EL RELATIVO A LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE LA AUTORIDAD ENCARGADA DE SUSTANCIAR DICHO PROCEDIMIENTO, SON OBLIGATORIOS DESDE EL ACUERDO DE INICIO", en que se apoya el concepto de violación de la parte quejosa, de acuerdo a la cual es necesario que desde el auto de inicio de procedimiento se especifique la gravedad de la conducta atribuida a la persona servidora pública, para que esté en posibilidad de trazar su estrategia jurídica debido a que las conductas no graves prescriben en tres años mientras las graves lo hacen en cinco; debe decirse que la prescripción prevista en el artículo 200 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de ********************, contempla un plazo genérico de prescripción de noventa días -como se dijo con antelación en esta resolución-, de ahí que es innecesario que en el auto de inicio de procedimiento se emita un pronunciamiento en cuanto a la gravedad de la conducta con la finalidad de determinar si la conducta de mérito está prescrita o no. Por otra parte, resulta inoperante el argumento que vierten los quejosos en cuanto a que, al resultar grave la conducta en que incurrieron, debió turnarse el caso al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de ********************, de conformidad con el numeral 3, fracción IV, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de ********************; ello, porque el artículo 4 de la ley que cita la quejosa, rige únicamente a los servidores públicos del Estado de ********************, a aquellas personas que, habiendo fungido como servidores públicos, se ubiquen en supuestos a que se refiere dicha ley y, a los particulares vinculados con faltas administrativas graves; acotando que los impetrantes no se encuentran en tales supuestos, puesto que forman parte del Sistema de Seguridad Pública, al ser elementos de seguridad adscrita a la Comisión Estatal de Seguridad Pública. En ese sentido, los miembros de las instituciones policiales, de acuerdo con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regirán por sus propias leyes, además, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, por tanto, si la Ley del Sistema de Seguridad Pública en el Estado de ********************, regula la integración, organización y funcionamiento del propio Sistema Estatal de Seguridad Pública, dicha ley es la que resulta aplicable a los quejosos para el efecto de analizar, en todo caso, el procedimiento administrativo de origen en cuestión, de ahí la inoperancia de su concepto de violación. Por otro lado, los quejosos en el concepto de violación marcado con el número (2) afirman que el acto reclamado es violatorio de los derechos a la debida fundamentación y motivación contenido en el artículo 16 constitucional, esencialmente porque la autoridad responsable decretó el inicio del procedimiento sin contar con pruebas suficientes, pues lo sustentó en documentos que, lo único que acreditan es que se haya realizado la detención de la ciudadana ********************, de lo que se desprende que son falsos los hechos que se les pretenden atribuir y porque no contempló circunstancias de modo, tiempo y lugar en que la supuesta conducta fue realizada por los quejosos. Lo anterior es infundado porque, al menos para este momento procesal que se analiza, sí debe tenerse por acreditada la conducta imputada a los quejosos, con los elementos probatorios que obran en el procedimiento administrativo de origen y señalados en el proveído señalado como acto reclamado en el presente juicio, mismas que son suficientes para decretar su inicio y será durante su substanciación que la parte impetrante estará en aptitud de aportar sus medios de prueba para justificar su defensa y alegar lo que en derecho corresponda. En principio, el derecho a la debida fundamentación y motivación del auto de autoridad contemplado en el artículo 16 constitucional implica que la fundamentación debe ser entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Por su parte, el artículo 171, fracción I, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de ********************, señala que en los asuntos que conozcan las Unidades de Asuntos Internos, se abrirá un expediente con las constancias que existan sobre el particular y al momento de tener conocimiento de la queja o denuncia, contará con quince días hábiles para integrar la investigación correspondiente, allegándose de la información que sea necesaria, así como de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa; y, en caso de contar con pruebas suficientes, determinará el inicio del procedimiento administrativo, cuando la conducta atribuida encuadre o se encuentre prevista en las causas de remoción del artículo 159 de ese ordenamiento. Ahora bien, en el caso, contrario a lo afirmado por los quejosos y como ya se adelantó, la conducta que se le imputa a los aquí peticionarios de amparo, al menos para ese estado procesal analizado, sí debe tenerse por acreditada con las pruebas que obran en el procedimiento administrativo de origen, mismas que son suficientes para decretar su inicio y será durante su substanciación que los quejosos estarán en aptitud de aportar sus medios de prueba para justificar su defensa y alegar lo que en derecho corresponda. Por lo que, de las pruebas señaladas en el procedimiento administrativo de origen, se aprecian los hechos que se les imputan a los quejosos en el sentido de que el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, ********************, ********************y********************-aquí quejosos -, presuntamente se condujeron de manera arbitraria al mover el vehículo de la ciudadana ********************, al exterior del estacionamiento del establecimiento comercial en que se encontraba y ordenar su traslado a la empresa de grúas Soluciones en el Camino, ********************, S.A.S., sin permitir que la persona que la acompañaba cuidara de dicho vehículo automotor, sin que contaran con facultades para ello; por tal motivo, desestimar lo sustentado con las probanzas ahí analizadas, es materia de valoración de pruebas, lo que es propio de la resolución final que se emita en el procedimiento administrativo de origen en el que se analicen las pruebas que eventualmente aporten los quejosos y se confronten con las antes mencionadas. Es decir, lo requerido para emitir un acto de inicio de procedimiento administrativo, como se dijo, es que existan pruebas suficientes de las que se advierta que la conducta atribuida es sujeta de responsabilidad administrativa, requisitos que, como se dijo, están reunidos en el acto reclamado. Se concluye de esa forma, porque pretender que en ese estado procesal se encuentra probada de forma plena la participación de los quejosos, implicaría ineludiblemente adelantarse al procedimiento mismo, ya que de forma anticipada se les estaría condenando, lo cual es contrario al principio de igualdad procesal que debe imperar en este tipo de procedimientos, haciendo nugatorio el derecho de defensa y las formalidades esenciales del procedimiento que deben imperar, como son, la posibilidad de ser llamados al procedimiento, tener oportunidad para ofrecer pruebas, alegar y recibir una sentencia que dirima los puntos planteados por las partes. Sobre esas bases, el acervo probatorio recabado por la responsable, resulta suficiente para decretar el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades en su contra, ya que como se indicó con antelación, se deducen indicios que razonablemente conducen a establecer la existencia de la conducta atribuida y su probable participación, puesto que, presuntamente el día de los hechos, en las circunstancias precisadas en el acto reclamado, los ahora inconformes se alejaron de lo previsto en el orden jurídico en tanto que no fundaron ni expusieron el motivo por el cual pusieron a resguardo de la empresa privada denominada Soluciones en el Camino, ********************, S.A.S., el vehículo marca ******************** fiesta, año ********************, color ********************, propiedad de la ciudadana ******************** -promovente de la queja que dio origen al procedimiento administrativo que ahora se combate-, además de que lo trasladaron al exterior del estacionamiento del establecimiento comercial donde se había estacionado la hoy quejosa, sin que dicha acción la tuvieran permitida [conforme al contenido de diversos informes valorados para la emisión del acto reclamado]; de ahí lo infundado del concepto de violación en estudio. Así, es que incluso se colma lo previsto en el criterio VI.2o. J/43, citado por la parte quejosa, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro digital 203143, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN", el cual, con independencia de lo expuesto, no es vinculante para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, dado el circuito en que reside el tribunal que lo emitió. Finalmente, la quejosa dice en el motivo de disenso marcado con el número (7) que el proveído reclamado viola su derecho de presunción de inocencia, contenido en el artículo 20, apartado B, fracción I, constitucional, pues da por hecho que ellos desplegaron las conductas que se les atribuyen sin allegarse de pruebas que acrediten plenamente su responsabilidad. Lo anterior es infundado porque en el acto reclamado no se prejuzga sobre la responsabilidad de los quejosos, sino que en términos del citado artículo 171, fracción I, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de ********************, la autoridad responsable sólo decreta el inicio del procedimiento de responsabilidad y será durante su sustanciación que los elementos policiales aquí quejosos, estarán en posibilidad de ofrecer pruebas para desestimar los hechos que se le imputan; de ahí que con la emisión del acto reclamado no se vulnera su derecho de presunción de inocencia. Así, es que lo anterior no contraviene los criterios citados por el quejoso de títulos siguientes: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES., emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2006590; "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. AL SER UN PRINCIPIO APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN UTILIZAR UN MÉTODO DE VALORACIÓN PROBATORIO ACORDE CON ÉL.", emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, con registro digital 2006505, y el diverso "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA", emitido por la Primera Sala del Alto Tribunal, con registro 2006091. Lo anterior, porque el acto reclamado no tiene el alcance de pronunciarse sobre la remoción o sanción de las personas aquí quejosas [lo cual es atribución del Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública], sino solo de sujetar o no a los quejosos al respectivo procedimiento administrativo derivado de la conducta que se les atribuye, en el cual, como se expuso, podrán intervenir a efecto de contestar la queja interpuesta en su contra, ofrecer pruebas, rendir su declaración, entre otros aspectos, propios del procedimiento a fin de desestimar lo que se les atribuye y se resuelva lo conducente; de ahí que con el acto reclamado no se emitió un pronunciamiento respecto de su intervención plena en los hechos materia de la queja, sino que existe la probabilidad de su participación en los mismos, lo cual no desvanece la presunción de inocencia con que gozan. Asimismo, no pasa desapercibido que en lo que concierne a la valoración probatoria, la parte quejosa alega (8) que la responsable omitió considerar el contenido de las constancias consistentes en el: oficio de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, suscrito por el encargado de la Cuarta Región Policial; informe de investigación de campo rendido por ********************; comparecencia de ********************, efectuada el cinco de diciembre de dos mil veintidós, y la diversa comparecencia de ********************, efectuada el nueve de diciembre de dos mil veintidós. No obstante, tal planteamiento es infundado en tanto que, contrario a lo que estima la parte peticionaria del amparo, la autoridad responsable sí las relacionó y valoró, a efecto de emitir el acto reclamado; ello, como se aprecia del contenido de las fojas 147 a 152 de las copias certificadas relativas al expediente de origen, de las cuales además de las diversos medios de prueba analizados, se aprecian las señaladas por los aquí quejosos, acorde a lo siguiente: "Por lo que con la finalidad de allegarse a los medios de prueba necesarios, para determinar el inicio del presente procedimiento administrativo, esta Dirección al ser la competente para conocer tales hechos, solicitó la siguiente documentación, la cual obra en autos: [.] 2. Oficio número R4/1730/11/********************2, de fecha veintiocho de Noviembre (sic) de dos mil veintidós, suscrito por el ********************, ENCARGADO DE LA CUARTA REGIÓN POLICIAL. [.] 6. Informe de investigación de campo, de fecha dos de Diciembre (sic) de dos mil veintidós, dirigido a la Lic. ********************, Director (sic) General de Asuntos Internos, suscrito por la Lic. ********************, Auxiliar Administrativo, asignada a la Dirección General de Asuntos Internos. [.] 10. Diligencia consistente en comparecencia de fecha cinco de Diciembre del dos mil veintidós, a cargo del C. ********************, en su carácter de testigo. [.] 16. Diligencia consistente en comparecencia de fecha nueve de Diciembre (sic) del dos mil veintidós, a cargo de la C. ********************, en su carácter de testigo. [.] Por lo que entrado en el estudio de las presentes actuaciones consta en autos oficio número R4/1730/11/********************2, de fecha veintiocho de Noviembre (sic) de dos mil veintidós, suscrito por el ********************, ENCARGADO DE LA CUARTA REGIÓN POLICIAL, mediante el cual [.]. [.] Consta en autos la comparecencia de fecha cinco de Diciembre (sic) del año dos mil veintidós a cargo del C. ******************** en su carácter de testigo [.]. De igual manera consta en autos la comparecencia de nueve de Diciembre del año dos mil veintidós a cargo de la C. ******************** en su carácter de Testigo, [.] [.] Atendiendo a lo anterior y a las documentales que obran en autos, esta Dirección General de Asuntos Internos, considera procedente el inicio de procedimiento administrativo correspondiente; [.]". De ahí que, contrario a lo expuesto por los quejosos, la autoridad responsable valoró los medios de prueba, consistentes en las documentales que obran en autos, entre ellas, las que en especifico señaló no fueron consideradas para resolver respecto del inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad, sin que se inadvierta que algunos de esos medios de prueba, entre otros, fueron de los cuales se advirtió que presuntamente los aquí quejosos cometieron el acto arbitrario que se les atribuye, en las circunstancias de modo, tiempo y lugar, relacionadas con lo que señaló ********************, promovente de la queja que dio inicio a la investigación radicada bajo el número de expediente ********************, de la cual derivó el acto aquí reclamado. Además, con lo aquí determinado no se controvierte lo plasmado en el diverso criterio invocado en la demanda de amparo de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS DE SONORA. EL ARTÍCULO 78, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER LA POSIBILIDAD DE SUSPENDER A LOS SUPUESTOS INFRACTORES EN SUS FUNCIONES SIN PRECISAR LAS CAUSAS, MOTIVOS, SUPUESTOS, CIRCUNSTANCIAS, OPCIONES, PARÁMETROS Y LÍMITES PARA ELLO, NI PREVER LA POSIBILIDAD DE QUE LA AUTORIDAD OPTE POR OTRA MEDIDA APLICABLE, CONTRAVIENE LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA", en tanto que, en primer término, realiza una interpretación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Sonora, en lo que concierne a la suspensión temporal de los supuestos infractores de sus cargos, empleos o comisiones, siempre que a su juicio así convenga para la conducción o continuación de las investigaciones, sin que en este asunto se haya dictado una medida de esa magnitud en el procedimiento de origen. Ello, con independencia de que dicho criterio, no es vinculante para este juzgado de distrito, dado que fue emitido por un tribunal colegiado con residencia en diverso circuito en el que este órgano jurisdiccional se localiza, acorde a lo plasmado en el artículo 217 de la Ley de Amparo; al efecto, se precisa que esta última consideración se tiene respecto de la diversa tesis IV.2o.A. J/6 (10a.), que invocó la parte quejosa, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con registro 2003771, y rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. SUS ALCANCES A RAÍZ DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 10 DE JUNIO DE 2011.", por lo cual resulta de aplicación obligatoria para este órgano jurisdiccional. Luego, al haberse desestimado los conceptos de violación en estudio, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa. Por último, resta decir que al haberse negado la protección solicitada, no se le causa ninguna afectación con esta determinación a las partes diversas a los aquí quejosos, al resultar esta determinación favorable a sus intereses, tal como ilustra la tesis P. V/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 196912, del contenido siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 63, 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, ***************** y *****************, contra el acto reclamado precisado en el II considerando, por los fundamentos y motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Marco Antonio García Cortez, Secretario que autoriza y da fe, hoy veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la presente audiencia se genera de manera electrónica. En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con cuarenta minutos del veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Arnulfo Torres García, secretario con quien legalmente actúa y da fe, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 78/2023 y acumulados 80/2023 y 81/2023, promovidos por ********************; sin asistencia de las partes. Acto continuo, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia, escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se abre el periodo probatorio, en el que el secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, así como con las que allegó la autoridad responsable; las que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, mismas que serán materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda; se cierra el presente período. Luego, se declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló; se procede a cerrar el período de alegatos. En esas condiciones, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida esta audiencia y en vista de todo lo actuado, quedan los autos pendientes para el dictado de la resolución correspondiente.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,306 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano