Daniel García Rodríguez
Expediente 1613/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México. 63 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1613/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 63
- Última actuación
- 27/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Daniel García Rodríguez
- Daniel García Rodríguez y Otros.
- Reyes Alpizar Ortiz
- Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México
- Reyes Alpizar Ortiz y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 63.
- Principal
se advierte que no se encuentra notificada la autoridad responsable JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, del auto de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, por el cual se tuvo por recibida la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el recurso de inconformidad 9/2021. Atento a lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y toda vez que se continua con el esquema de contingencia derivada por el virus COVID-19 se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que notifique a la autoridad responsable en cita, en términos de los dispuesto por los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo, mediante correo oficial, lo anterior, a fin de que se imponga del contenido de la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el recurso de inconformidad 9/2021, y del auto que la tuvo por recibida.
- Principal
téngase por recibido el oficio de cuenta firmado por la Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales, mediante el cual informa que la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitó información en relación al caso 13.333 García Rodríguez y otros vs México, toda vez que actualmente se encuentra en estudio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de establecer la postura que adoptará el Estado Mexicano. En consecuencia solicita lo siguiente: Desarrollo procesal y estado actual. Síntesis de los razonamientos jurídicos relevantes de la sentencia. Informe de los razonamientos para declarar cumplida la sentencia. Estado procesal del recurso de inconformidad 9/2021 Fecha de notificación de la resolución dictada en el recurso de inconformidad 9/2021 y si la diligencia fue realizada de manera personal. Cualquier información u observación que estime pertinente para integrar la postura del Estado Mexicano. Ahora bien a fin de atender lo solicitado por la oficiante. Cabe precisar que mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, ****, demandaron el amparo y protección de la justicia federal en contra de la resolución interlocutoria de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, emitida por el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en el recurso de revocación, mediante la cual se confirmó: a) La negativa a trasladar a *****del Centro Preventivo y de Readaptación Social Neza Bordo al Centro Preventivo de Readaptación Social "Lic. Juan Fernández Albarrán", al ser éste último el más cercano al lugar de residencia de su familia y en donde se encuentra radicado el proceso; y, b) La decisión de la autoridad responsable de tener por agotada la investigación y cerrada la instrucción. Por resolución de ocho de junio de dos mil dieciocho, este Órgano de Control Constitucional, al resolver el juicio de amparo indirecto 1613/2017, determinó: PRIMERO. La justicia de la unión no ampara ni protege a los quejosos Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, por propio derecho, en el juicio de amparo 1613/2017-V, promovido contra actos de la Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, consistentes en la determinación de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, tomada en recurso de revocación interpuesto contra el auto de dieciséis de octubre de ese mismo año, emitido en la causa 236/2012; por los motivos expuestos en el considerando sexto de la presente sentencia. Recurso de revisión. Contra esa determinación, los quejosos **** interpusieron recurso de revisión, el cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, donde se registró bajo el consecutivo 265/2018 y, por ejecutoria de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se revocó la sentencia recurrida; se concedió el amparo a los inconformes; y, consecuentemente, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. La concesión de la protección de la justicia de la Unión, fue para que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: a) Dejar insubsistente la determinación reclamada; y, b) Emitir otra en la que declare fundados los agravios de los justiciables y, por tanto, revoque su determinación contenida en la audiencia de desahogo de pruebas de dieciséis de octubre de ese año, en la parte que declara agotada la investigación y cerrada la instrucción, así como en la que no acuerda de conformidad la petición traslado. c) Con plenitud de jurisdicción se pronuncie en torno a la petición del Ministerio Público respecto al cierre de instrucción, teniendo en cuenta las consideraciones de esta resolución respecto al procedimiento previsto en los artículos 191 y 192 del Código Procesal Penal para el Estado de México, abrogado pero aplicable, en el entendido que al emitir el primer acuerdo al que hacen alusión dichos preceptos, deberá ordenar la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos, que tengan efecto dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia definitiva para determinar si debe o no darse valor probatorio a los medios de convicción que los quejosos estiman pruebas ilícitas por ser obtenidas bajo tortura. c) Además, respecto a la petición de traslado de Reyes Alpízar Ortiz, deberá acordar lo conducente para verificar si a la fecha, las circunstancias que lo originaron han cambiado, debiendo establecer si el internamiento del referido justiciable en el centro de reclusión en que se encuentra, ha obstaculizado su presentación a las diligencias, teniendo en cuenta que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, ha estimado que ******han sido víctimas de retrasos procesales prolongados, por lo que deberá actuar en consecuencia para evitar que ello suceda. Respecto a tales consideraciones, es sustancialmente fundado el concepto de violación en que los impetrantes sostienen que la Juez responsable vulneró su derecho de defensa al inobservar lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, así como el derecho a no ser juzgados a partir de pruebas ilícitas y su correlativo de exclusión de prueba, aunado a la obligación superlativa en los casos en que la prueba sea consecuencia de tortura. *****De la cita que antecede se aprecia que de conformidad con la legislación procesal aplicable al asunto, concluido el desahogo de las pruebas, el juez preguntará a las partes si tiene alguna nueva que ofrecer, en el entendido que si lo hacen, o el juez estima necesario la práctica de alguna otra diligencia, citará a una nueva audiencia para dentro de los diez días siguientes. Asimismo, de dicha cita se aprecia que si concluida la audiencia en que se hayan desahogado las pruebas ofrecidas por las partes o decretadas por el juez, éste estima que está agotada la averiguación, prevendrá a aquéllas a que ofrezcan en la misma audiencia pruebas que puedan desahogarse en una última, que se celebrará dentro de los diez días siguientes, destacando que sólo en caso de que las partes manifiesten que no ofrecen alguna prueba, el juez declarará cerrada la instrucción. Cabe destacar que en el segundo párrafo del primer numeral citado, se aprecia que el legislador previo la circunstancia de que el Ministerio Público pudiese ofrecer alguna prueba frívola o insidiosa con la finalidad de retardar el procedimiento, razón por la cual, en ese caso estableció que el juzgador impondrá una medida de apremio a la representación social, avisando a su superior jerárquico y decretando el cierre de la instrucción. Situación que es así porque normalmente los procesados, sobre todo privados de su libertad a raíz del proceso, son los más interesados en que éste sea resuelto a la brevedad o bien, en un plazo razonable, salvo que en atención a su derecho de defensa, opten por sacrificar los plazos legales para allegar pruebas con la finalidad de obtener un sentencia favorable, como en el particular acontece. Ahora bien, de las copias certificadas de la causa de origen, se aprecia que, como señalaron los impetrantes en sus conceptos de violación y como también lo destacaron al hacer valer los recursos de revocación, al decretar el cierre de instrucción la Juez responsable no atendió a lo dispuesto en los referidos preceptos legales para que su actuación fuese legal y, por tanto, constitucional. Lo anterior es así porque la audiencia del dieciocho de junio de dos mil trece, no está sustentada en los artículos 191 y 192 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, en principio porque no se cita tal fundamento legal, pero además porque su contenido tampoco es acorde al procedimiento que establecen dichos preceptos, así como a su finalidad. En efecto, en el acto reclamado se aprecia que la propia Juez reconoce que en la audiencia de dieciocho de junio de dos mil trece -incluso en las tres anteriores- había requerido a las partes para que se pronunciaran respecto de las pruebas que se encontraran pendientes por desahogar, lo cual a juicio de este órgano colegiado no realizó con la finalidad que persigue el citado artículo 191 de la legislación adjetiva penal aplicable, pues como se destacó, en términos de dicho precepto el juez preguntará a las partes si tiene alguna nueva que ofrecer, lo cual debe acontecer concluido el desahogo de las pruebas no cuando todavía existan medios de convicción pendientes de desahogar, ya que de ser así, se vedaría el derecho de defensa dejando de lado lo que pudiese resultar del desahogo de las pruebas que aún estuviesen pendientes, como en el caso particular aconteció, pues sin esperar que se concluyera el desahogo de los medios de convicción ofrecidos, desde dos mil trece la Juez responsable ha cuestionado a los quejosos qué pruebas tienen pendientes de desahogar, como se verá más adelante. Aunado a que tampoco se cumplió con lo establecido en el citado artículo 192, conforme al cual sólo en caso de que las partes manifiesten que no ofrecen alguna prueba, el juez declarará cerrada la instrucción; circunstancia que en el caso tampoco aconteció. Lo anterior es así porque contrario a la apreciación de la Juez responsable en el sentido que los recurrentes no había ofertado algún medio probatorio y tampoco quedaba pendiente alguno de los ofrecidos en el periodo comprendido entre el requerimiento realizado por el juzgado el dieciocho de junio de dos mil trece y la audiencia de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete; de la propia determinación reclamada se obtiene que la Juez destacó que en la audiencia de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, la defensa privada se había reservado el derecho a proporcionar por escrito los careos que pudiesen resultar respecto del procesado ****, el procesado **** había señalado que se encontraban haciendo un estudio exhaustivo del desglose de la averiguación previa porque tenían pruebas pendientes por ofrecer y desahogar, y ****se había limitado a expresar que estaba de acuerdo con su defensor. De ahí que no se compartan las consideraciones de la Juez responsable a virtud de las cuales, desestimó los agravios de los recurrentes y, por tanto, confirmó el cierre de instrucción en la causa penal de origen, pues asiste razón a los quejosos para afirmar que esa actuación los privó de facto de la posibilidad de ofrecer pruebas. Cabe destacar que como antecedente al requerimiento contenido en la audiencia en la que se dictó el cierre de instrucción, en diversa audiencia de desahogo de pruebas, concretamente la de veintitrés de mayo de dos mil trece, la Juez responsable requirió a las partes para que en esa propia audiencia se pronunciaran respecto de aquellas pruebas que en su caso tuviesen pendientes de desahogo, a lo que el procesado ******solicitó se le especificara el fin, motivación o intención del requerimiento, **** se adhirió a lo señalado por su coprocesado y la defensa oficial, además, agregó que sus defendidos habían renunciado a su derecho de ser juzgados en el término de un año como lo establecía la Constitución General de la República, por así convenir a sus intereses, pues de lo contrario se vulnerarían los derechos fundamentales de los mismos. Al respecto, la Juez les indicó que el artículo 17 constitucional, que consagraba un derecho del proceso a efecto de que obtuviese administración de justicia pronta y expedita a través de los tribunales constituidos legalmente para ello; razón por la cual les hacía dicho requerimiento, aunado a que la finalidad primordial y principio de debido proceso, era que cada una de las partes acreditaran su postura a través del ofrecimiento y desahogo de pruebas; por lo que una vez más les requirió para que realizaran el pronunciamiento respectivo, pero en la próxima audiencia, la cual se llevó a cabo el cinco de junio de siguiente y, en ella, el Ministerio Público solicitó se declara el cierre de instrucción y se pusiera a la vista la causa para formular conclusiones. Petición respecto de la cual, una vez que dio el uso de la voz a las demás partes y éstas señalaron las razones por las que no estaban en aptitud de pronunciarse en ese momento en torno a dicha solicitud, la Juez responsable no acordó de conformidad el cierre de instrucción planteado por el Ministerio Público, lo que reiteró en auto de seis de junio de dos mil trece, pero en este último indicó que ello sería hasta que se contara con la copia certificada de la averiguación previa ATI/I/3672/2001 -la cual fue recibida el diecisiete de julio de dos mil trece-, pues se estimó de suma ponderación el principio de defensa adecuada y que el procesado la había ofrecido con la finalidad de acreditar su postura de inocencia. Luego, en audiencia de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, una vez que la defensa se pronunció respecto de las pruebas pendientes de desahogar, la Juez responsable refirió que independientemente de lo anterior, en el asunto no podía declararse el cierre de instrucción hasta que se resolvieran los amparos 31/2013-E y 204/2013-E del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. De lo anterior se obtiene que como refieren los quejosos, la Juez responsable no dio cumplimiento a los lineamientos legales que debió observar para declarar el cierre de instrucción, concretamente a lo dispuesto en los artículos 191 y 192 de la legislación adjetiva penal aplicable, pues para ello primero debió verificar que estuviese concluido el desahogo de las pruebas, y de ser así, preguntar a las partes si tenía alguna prueba nueva que ofrecer, en el entendido que si lo hacían, o llegaba a estimar necesaria la práctica de alguna otra diligencia, debería citar a una nueva audiencia para dentro de los diez días siguientes. Destacando que si concluida la audiencia en que se hubiesen desahogado las pruebas ofrecidas por las partes o decretadas por la Juez, llegase a estimar que estaba agotada la averiguación, así lo decretaría y prevendría a las partes para que ofrecieran en la misma audiencia pruebas que pudiesen desahogarse en una última, la cual se celebraría dentro de los diez días siguientes; y, sólo en caso de que las partes manifestaran que no ofrecían alguna prueba, la Juez declararía cerrada la instrucción; circunstancia que en el particular no aconteció. 2. Apartado relativo a la determinación que confirma la negativa de traslado del quejoso *** En este orden de ideas, dado lo fundado del reclamo, lo procedente es revocar la sentencia recurrida en las consideraciones que declaran infundados los conceptos de violación que combaten la confirmación de la negativa de traslado y que por tanto, originaron que se negara el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos, respecto de la determinación de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en la causa 236/2012, en la parte que confirma la negativa de traslado de Reyes Alpízar Ortiz, pues a juicio de este órgano colegiado, aun cuando no se hubiese precisado porqué cambiaron las circunstancias que lo originaron, al tratarse de una actuación que data de finales del año dos mil dos, era susceptible de ser revisada por la Juez de la causa, sobre todo si los procesados indicaron que a raíz de ello, en más de cuarenta ocasiones el quejoso **** no había sido presentado a diversas diligencias, aunado al pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, en el sentido que **** habían sido víctimas de retrasos procesales prolongados. Precisado lo anterior, en términos del artículo 93, fracción V de la Ley de Amparo; y, una vez que este órgano jurisdiccional reasume jurisdicción por lo que a este apartado se refiere; debe decirse que lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justica de Unión a los quejosos debido a que supliendo la deficiencia de la queja a su favor, los conceptos de violación que plantean en torno a la determinación reclamada, en la parte que confirma la negativa de traslado de **** son sustancialmente fundados. Ahora bien, a efecto de evidenciar lo fundado del reclamo, es oportuno traer al contexto que en la determinación reclamada, emitida el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, la Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, al resolver los recursos de revocación interpuestos en la audiencia de desahogo de pruebas de dieciséis de octubre de ese año, en relación al recurso interpuesto respecto del traslado del procesado ***** hecho valer por el defensor privado, estimó que el agravio planteado era improcedente porque se limitaba a señalar que eran vulnerados sus derechos humanos, pero no combatía de manera efectiva los argumentos vertidos por esa autoridad respecto del traslado definitivo de su representado al Centro Preventivo de esa ciudad, pues su argumento era que no existían las condiciones que motivaron su traslado a diverso centro carcelario, pero no refería porqué ya no existían, ni precisaba cuáles eran esas condiciones, por lo que estimó que esa afirmación era insuficiente para revocar el auto impugnado. Al respecto, en los conceptos de violación los quejosos sostienen que la determinación reclamada está indebidamente fundada y motivada porque al negar trasladar al quejoso *****, la Juez responsable los privó de facto de la posibilidad de ofrecer pruebas debido a que el referido justiciable está en un municipio distinto al en que se encuentra radicada la causa penal de origen, afirmación que supliendo la deficiencia de la queja a favor de los quejosos, es fundada y suficiente para conceder el Ampro y Protección de la Justicia Federal porque como se adelantó, aun cuando no se hayan expresado cuáles fueron las condiciones que motivaron el traslado definitivo de *****a diverso centro carcelario, o bien porqué se estimaba que éstas habían cambiado; el sólo hecho de que la autorización del traslado en mención, date de finales del año dos mil dos, a juicio de este órgano colegiado es susceptible de ser revisada por la Juez de la causa. Lo anterior es así porque si bien en un primero momento dicho traslado pudo derivar de un tema de seguridad dada la infraestructura de la institución en la que inicialmente estuvo interno******, o bien, de un grave problema de sobrepoblación, así como de la finalidad de evitar una situación de riesgo institucional, como se aprecia del oficio dirigido al Juez que inicialmente conoció de la causa de origen (foja 23128, tomo 42); lo cierto es que esas circunstancias pudieron haber cambiado por el sólo transcurso del tiempo, concretamente, más de catorce años a la fecha de la petición que originó el acto reclamado; razón por la cual, la Juez responsable debió haberlas analizado a fin de verificar si subsistían, sobre todo teniendo en cuenta que la defensa expresó que las condiciones expuestas por el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlalnepantla ya no existían. Proceder de la autoridad responsable en cumplimiento de la sentencia protectora. De las constancias que se tuvieron a la vista a efecto de analizar el cumplimiento, se advierte lo siguiente: a) Los inconformes ***** fueron ingresados a prisión preventiva el diez de abril y veintisiete de noviembre de dos mil dos; en tanto que su situación jurídica fue resuelta con un auto de formal prisión el dieciséis de abril y treinta de noviembre siguientes; en consecuencia, se obtiene que el proceso tiene más de diecinueve años en etapa de instrucción. b) El ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la resolución de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete; y, por auto de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, revocó el diverso dictado en audiencia de desahogo de pruebas de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete y, a efecto de regularizar el procedimiento, programó las diez horas del veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, en términos de lo establecido en los artículos 191 y 192 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México. c) En audiencia de desahogo de pruebas de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, en lo que interesa, el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México remitió oficio al Centro Preventivo y de Readaptación Social en Neza Bordo, a fin de que informara de manera puntual y precisa si hasta esa fecha subsistían las condiciones por las que se solicitó el traslado de la persona privada de la libertad ******, para establecer si debía continuar detenido en ese centro o existía la posibilidad de reintegrarlo al Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tlalnepantla "Licenciado Juan Fernández Albarrán"; asimismo, la citada autoridad responsable, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, consideró innecesario establecer nueva fecha de audiencia, a fin de evitar mayores dilaciones en agravio de los procesados y de los ofendidos; en consecuencia, declaró agotada la investigación y cerrada la instrucción. d) Por auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, tuvo por recibido el oficio sin número, por el cual la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, México informó los motivos por los que no se podía trasladar a ese centro a REYES ALPIZAR ORTIZ, entre los que destacó, que el penal se encontraba por arriba de su capacidad, al estar diseñado para un total de mil treinta y seis personas privadas de la libertad y, en ese momento, se contaba con una población de cuatro mil ciento trece detenidos, teniendo un hacinamiento de 300 %; por lo que, de permitir el ingreso de la citada persona, pondría en riesgo su integridad física y la seguridad y gobernabilidad del centro. e) Mediante proveído de dos de enero de dos mil diecinueve, este órgano de Control constitucional determinó que la sentencia amparadora no quedó cumplida toda vez que el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México omitió preguntar a las partes, en términos del artículo 192 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, si era su deseo ofrecer diversa prueba, a efecto de que una vez hecho ello y para el caso de no tener prueba pendiente que ofrecer, declarara cerrada la instrucción. f) El uno de febrero de dos mil diecinueve, el suscrito de nueva cuenta, tuvo por no cumplida la sentencia amparadora, toda vez que el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en la audiencia de catorce de enero de dos mil diecinueve, declaró agotada la investigación y cerró la instrucción; sin embargo, no tomó en cuenta la consideración de la ejecutoria de amparo, derivada del recurso de revisión resuelto por este tribunal, respecto al procedimiento previsto en los artículos 191 y 192 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, pues al emitir el primer acuerdo al que hacen alusión los citados preceptos, tenía que ordenar la práctica de cualquier probanza necesaria para el esclarecimiento de los hechos, que tuviera efecto dentro del proceso y pudiera valorarse al dictarse la sentencia definitiva, para determinar si debía o no darse valor probatorio a los medios de convicción que los quejosos estimaban pruebas ilícitas por ser obtenidas bajo tortura. g) Mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, este Juzgado tuvo al Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México informando gestiones tendentes al cumplimiento de la sentencia amparadora y, en atención a lo instado por este último, el juzgado de distrito le hizo del conocimiento que aún se encontraba pendiente declarar agotada la investigación y, con posterioridad a ello, cerrada la instrucción. h) En audiencia de desahogo de pruebas de veintidós de septiembre de dos mil veinte, el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, entre otras cuestiones, determinó: Por lo anterior, tomado en consideración que se ha culminado con el desahogo de las pruebas admitidas, en términos del numeral 192 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, vigente en la época de los hechos, se estima que se encuentra agotada la investigación, por lo tanto, SE DECLARA CERRADA LA INSTRUCCIÓN, debiéndose certificar el término con el cual cuenta la Representación Social para presentar las conclusiones que considere pertinentes. i) Determinación contra la cual *******interpusieron recurso de revocación y, por auto de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, al considerar inoperantes, improcedentes e infundados los agravios hechos valer por los procesados, estableció la firmeza del auto impugnado por el que se declaró cerrada la instrucción. 5) Estudio de cumplimiento. En el auto de doce de noviembre de dos mil veinte, este órgano de Control Constitucional, afirmó que la resolución amparadora estaba cumplida, toda vez que el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en la audiencia de veintidós de septiembre de dos mil veinte, declaró agotada la investigación y cerrada la instrucción. Para arribar a esa determinación, de inicio se destacaron los efectos para los que se concedió la protección constitucional y después se refirió que la ejecutoria de amparo se encontraba cumplida en atención a que la autoridad responsable realizó las gestiones siguientes: "(.) 1. Dejó insubsistente la resolución de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete; 2. Emitió el auto de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual admitió el recurso de revocación planteado por el defensor privado licenciada Denisse Aribel García Pérez y los procesados, ahora quejosos *****3. Revocó el auto dictado en la audiencia de desahogo de pruebas de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete y regularizó el procedimiento señalando las diez horas del veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia desahogo de pruebas en términos de lo establecido por los artículos 191 y 192 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México; y, 4. En cuanto al traslado del quejoso *****, revocó el auto dictado en la audiencia de desahogo de pruebas del dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, y en virtud de que el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tlalnepantla; Estado de México, cuenta con una población cuatro mil ciento trece internos, teniendo un hacinamiento de 300%, por lo que al permitir el ingreso de una persona privada de su libertad pondría en riesgo su integridad física, la seguridad y gobernabilidad del Centro, por lo que la autoridad carcelaria pretende evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad física del quejoso *******, y por tanto, negó el traslado solicitado. 5. Asimismo la autoridad responsable Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, remitió copias de la causa penal 236/2012, en donde resolvió el recurso de revocación que interpusieron los quejosos en donde se concluyó improcedentes e infundados los agravios que hacen valer los procesados ******; y por ende quedó FIRME el auto dictado por la responsable en audiencia de desahogo de pruebas de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, en el que declaró cerrada la instrucción. El estado procesal que guarda el recurso de inconformidad 9/2021, es que se encuentra concluido, toda vez que mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, se acordó respecto a la recepción de la ejecutoria remitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en sesión de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, cuyo punto resolutivo fue: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de inconformidad interpuesto por los quejosos *****, por conducto de su autorizado, contra la determinación dictada en el juicio de amparo indirecto 1613/2017 el doce de noviembre de dos mil veinte, por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez.". En base a las siguientes consideraciones: "Respecto a los efectos de la concesión el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la resolución reclamada de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete; y, por auto de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, revocó el diverso dictado en audiencia de desahogo de pruebas de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete y, a efecto de regularizar el procedimiento, programó las diez horas del veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, en términos de lo establecido en los artículos 191 y 192 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México; en consecuencia, este órgano colegiado considera que el juzgado de primera instancia sí cumplió con esos tópicos. En tanto que, respecto a los efectos de la sentencia protectora citados en los inciso c) y d), se advierte que la autoridad responsable en un primer intento para dar cumplimiento a éstos, en audiencia de desahogo de pruebas de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, en lo que interesa, el Juzgado Penal de Primera Instancia remitió oficio al Centro Preventivo y de Readaptación Social en Neza Bordo, a fin de que informara de manera puntual y precisa si hasta esa fecha subsistían las condiciones por las que se solicitó el traslado de la persona privada de la libertad ******, para establecer si debía continuar detenido en ese centro o existía la posibilidad de reintegrarlo al Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tlalnepantla "Licenciado Juan Fernández Albarrán"; asimismo, la citada autoridad responsable, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, consideró innecesario establecer nueva fecha de audiencia, a fin de evitar mayores dilaciones en agravio de los procesados y de los ofendidos; en consecuencia, declaró agotada la investigación y cerrada la instrucción. En tanto que el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, el Juzgado Penal de Primera Instancia, tuvo por recibido el oficio sin número, por el cual la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, México informó los motivos por los que no se podía trasladar a ese centro a **** Sin embargo, el dos de enero de dos mil diecinueve, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez consideró que la sentencia amparadora no quedó cumplida, toda vez que el juzgado responsable omitió preguntar a las partes, en términos del artículo 192 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, si era su deseo ofrecer diversa prueba, a efecto de que una vez hecho ello y para el caso de no tener prueba pendiente que ofrecer, declarara cerrada la instrucción. No obstante lo anterior, el uno de febrero de dos mil diecinueve, el juzgado de Distrito, de nueva cuenta, tuvo por no cumplida la sentencia amparadora, toda vez que el juzgado responsable, en la audiencia de catorce de enero de dos mil diecinueve, declaró agotada la investigación y cerró la instrucción; sin embargo, no tomó en cuenta las consideraciones de la ejecutoria de amparo, derivada del recurso de revisión resuelto por este tribunal, respecto al procedimiento previsto en los artículos 191 y 192 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, pues al emitir el primer acuerdo al que hacen alusión los citados preceptos, tenía que ordenar la práctica de cualquier probanza necesaria para el esclarecimiento de los hechos, que tuviera efecto dentro del proceso y pudiera valorarse al dictarse la sentencia definitiva. Por auto de siete de febrero de dos mil diecinueve, el juzgado responsable, en estricto acatamiento a lo ordenado por el órgano de control constitucional y a la ejecutoria amparante, dejó insubsistente el auto dictado dentro de la audiencia de catorce de enero de dos mil diecinueve, únicamente respecto del cierre de instrucción; ordenó regularizar el procedimiento; y, programó las nueve horas del veintiuno de febrero de dos mil diecinueve para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas en términos de lo dispuesto en el numeral 191 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, con la finalidad de preguntar a las partes si tenían alguna nueva prueba que ofrecer y de ser el caso citar a una nueva audiencia dentro de los diez días siguientes. Audiencia de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, en la que la autoridad responsable con fundamento en el artículo 191 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, estableció que había concluido el desahogo de pruebas y, en ese mismo acto, preguntó a las partes si tenían alguna nueva prueba que ofrecer, en contestación a ello la defensa particular de los procesados DANIEL GARCÍA RODRÍGUEZ y REYES ALPIZAR ORTIZ, ofertaron los medios de prueba siguientes: En relación con ****: * Pericial en materia de psicología (tortura psicológica) a cargo de la perito María Isabel Mazo Dual. En relación con ******: * Testimonios a cargo de Alejandro Mungia Archundia, Juan Carlos Chávez Rivas y Salvador León Rueda (policías municipales), Guillermo Tovar Cruz (juez calificador) y Jorge Rodríguez González (médico de guardia). En relación con los citados GARCÍA RODRÍGUEZ y ALPIZAR ORTIZ: * De nueva cuenta la ratificación de los dictámenes periciales a cargo Jorge López Hernández (médico), Angélica Armenta Pichardo (psicóloga) y Jorge Mario Cruz Vázquez (psicólogo); * Pericial en materia de opinión experta en materia de tortura a cargo de Andrés Marcelo Días Fernández. * Se exhorte a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal confronte sus registros de la ficha personal de identificación de Elías Gutiérrez Figueroa de su huella pulgar derecha de ficha personal de identificación de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social en el Estado de Hidalgo que hoy se encuentra en la llamada "Plataforma México", con la huella dactilar pulgar derecho de Jaime Martínez Franco, que obra en los documentos de los archivos del Instituto Nacional Electoral. Medios de convicción que fueron desechados por la autoridad responsable; por lo que, en la misma audiencia la defensa particular y los procesados interpusieron recurso de revocación, el cual fue resuelto el veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, en el sentido de declarar firme el auto impugnado. No obstante lo anterior, ante la designación del nuevo titular del Juzgado Penal de Primera Instancia en cita, el seis de marzo de dos mil diecinueve, se efectuó una audiencia en la que después de escuchar a las partes el juez, atendiendo al estado procesal que guardaba la causa, les indicó que ese era el único momento para pronunciarse sobre pruebas nuevas que desearan incorporar a juicio, a efecto de hacer valer lo que a su interés conviniera; en consecuencia, las requirió para que se pronunciaran en ese sentido; hecho lo anterior, "sin excusa ni pretexto cerraría la instrucción"; ante lo cual, la defensa particular de los procesados ****** solicitó se suspendiera la diligencia por una ocasión a efecto de determinar si existía otra prueba pendiente y así ofrecerla con la oportunidad debida; lo cual fue acordado de manera favorable por el juzgado responsable. Enseguida, el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, el juzgado de la causa celebró audiencia en la que la defensa particular de los procesados *****, atendiendo al apercibimiento hecho el seis del mismo mes y año, insistió en el ofrecimiento de pruebas realizado el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve; perfeccionó las mismas; y, mediante escrito, ofreció diversas; por tanto, en ese acto, la autoridad responsable con fundamento en el artículo 192 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, admitió las pruebas siguientes: * Pericial en materia de psicología (tortura psicológica) a cargo de la perito María Isabel Mazo Dual. * Testimonios a cargo de Alejandro Mungia Archundia, Juan Carlos Chávez Rivas y Salvador León Rueda (policías municipales), Guillermo Tovar Cruz (juez calificador) y Jorge Rodríguez González (médico de guardia). * Ratificación de los dictámenes periciales a cargo Jorge López Hernández (médico), Angélica Armenta Pichardo (psicóloga) y Jorge Mario Cruz Vázquez (psicólogo); * Pericial en materia de opinión experta en materia de tortura a cargo de Andrés Marcelo Días Fernández. * Solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública para que realice el cotejo de las pruebas periciales en dactiloscopia de la huella digital de Elías Gutiérrez Figueroa y/o Jaime Martínez Franco y aquellas que sirvieron como prueba indubitable para esas periciales. * La documental consistente en el acta de nacimiento a nombre de Elías Gutiérrez Figueroa. * Registro de personal adscrito a la agencia del Ministerio Público conocida como "Torre Tlane" durante el año dos mil dos y lista de asistencia de los servidores públicos que se encontraban en turno los días 25, 26, 27 y 28 de octubre de dos mil doce. * Testimoniales a cargo de Héctor Martínez Franco, Mauricio Martínez Franco, Olivia Franco Bernal y Faustino Martínez Jiménez. Asimismo, en atención a la solicitud del procesado ****, se puso a la vista de la defensa de éste el cuaderno formado con motivo de la solicitud de arraigo efectuada por el Ministerio Público contra aquél, para que ofertara las pruebas pendientes en relación con el citado expediente, ante lo cual, el patrocinador legal se reservó el derecho de ofrecerlas; en consecuencia, el juez del proceso concedió un término de tres días para que manifestaran si contaban con otro medio de convicción que pudieran ofertar en términos del artículo 192 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México. Mediante escrito, la defensa particular de los procesados ***** ofertó junta de peritos a fin de que los expertos que intervinieron en la causa dilucidaran los puntos de discordancia entre sus respectivos peritajes y sus conclusiones; esto es, sobre la existencia o no de secuelas, afectaciones o impactos de actos de tortura. Luego, en audiencia de desahogo de pruebas de doce de diciembre de dos mil diecinueve y trece de enero de dos mil veinte, la autoridad responsable admitió la testimonial a cargo de Emilio Martínez Franco, ofertada por la defensa particular de *****y, en atención a la junta de peritos propuesta, el patrocinador legal manifestó: "Al no existir en autos constancia documental ni testimonial de la legal capacidad y certificación en la práctica del Protocolo de Estambul es necesario que pueda determinarse si debe o no darse valor a diversas pruebas que se relacionen con la tortura alegada por la defensa conforme a los lineamientos del Tribunal Colegiado, resulta necesaria la presencia de todos los peritos ofrecidos tanto por la Defensa como por la Fiscalía a fin de que comparezcan y expongan las constancias documentales y testimoniales de su personal capacidad y certificación para la práctica del Protocolo de Estambul, por ello a pesar de que esta defensa había expuesto que se actualiza el supuesto establecido en el artículo 230 del Código Adjetivo aplicable a la causa, que establece la junta de peritos cuando existan resultados discordantes sobre la prueba pericial y que se hagan constar los resultados de la discusión, en el caso concreto lo que debe precisarse es la formación y acreditación de los profesionales ofrecidos respecto a su legal capacidad y certificación en la práctica del Protocolo de Estambul como se manifestó por parte de la defensa en la audiencia anterior." Ante lo cual, el juzgado responsable acordó favorable la citación de los peritos que participaron en la causa emitiendo opinión en la materia de que son expertos y relativos a la elaboración del Protocolo de Estambul, siendo estos: 1. María Isabel Mazo Duarte, 2. Adrián Ramírez López, 3. Tania Romero Sánchez, 4. Jorge López Hernández, 5. Angélica Armenta Pichardo, 6. Jorge Mario Cruz Vázquez, 7. Martha Esthela Enríquez Cervantes, 8. Saúl López Suastegui, 9. Silvia Animas Astorga, 10. María del Carmen Morales Rivera y 11. Ana Acevedo Mendiola, a efecto de que comparecieran con documentación idónea para acreditar su formación, capacidad y certificación en la práctica del Protocolo de Estambul. En audiencia de veintidós de septiembre de dos mil veinte, el Juzgado Penal de Primera Instancia, al estimar que se había culminado con el desahogo de las pruebas admitidas, en términos del numeral 192 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, vigente en la época de los hechos, determinó que se encontraba agotada la investigación; por tanto, declaró cerrada la instrucción. Determinación contra la cual *****interpusieron recurso de revocación; medio de impugnación que fue resuelto por la responsable el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en el sentido de decretar la firmeza del auto controvertido, en el que se declaró cerrada la instrucción. En consecuencia, el juzgado de Distrito, en auto de doce de noviembre de dos mil veinte, que ahora se impugna, afirmó que la resolución amparadora estaba cumplida, toda vez que el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en la audiencia de veintidós de septiembre de dos mil veinte, declaró agotada la investigación y cerrada la instrucción. De lo anterior se advierte que, contrario a lo argumentado por los recurrentes, la autoridad responsable sí se ciñó a los efectos de la ejecutoria amparante pues, como se destacó en párrafos que preceden, uno de los motivos de la concesión fue que en lo atinente al cierre de instrucción, la autoridad responsable debía tomar en cuenta el procedimiento previsto en los artículos 191 y 192 del Código Procesal Penal para el Estado de México, lo que en el caso sí aconteció. Cierto, el efecto restitutorio del amparo fue que en términos de los artículos 191 y 192 del Código Procesal Penal para el Estado de México, se hiciera del conocimiento de las partes el derecho que tenían a ofrecer nuevas pruebas antes de que se decretara el cierre de la instrucción, lo que un primer momento no aconteció. Sin embargo, más allá de las palabras textuales utilizadas por el juez para preguntar a las partes si tienen una nueva prueba más que ofrecer en ese instante, para poderse desahogar en diez días; es claro que se satisfizo el contenido de esa finalidad, que es dar la oportunidad que si tiene una prueba nueva la ofrezca en esa audiencia. Lo anterior es así, ya que el motivo por el cual este órgano colegiado concedió el amparo fue porque en la primera ocasión (diecinueve de octubre de dos mil diecisiete), se advirtió que el juzgado responsable al no prevenir a las partes que se decretaría el cierre de la instrucción y que tenían la última oportunidad de ofrecer pruebas nuevas, se transgredió su derecho de defensa; al no haber dado la oportunidad a las partes de que si tenían una prueba nueva la podían ofrecer. Lo que ya quedó plenamente satisfecho, pues no solo tuvieron una oportunidad de ofrecer nuevas pruebas, sino varias, como se desprende de los antecedentes narrados; advirtiéndose que no fueron novedosas y por eso se desecharon (sobre lo cual no se prejuzga); en tanto que otras sí fueron admitidas. En consecuencia, se cumplió cabalmente con la finalidad de la sentencia de amparo, esto es, darles la oportunidad de ofrecer pruebas que se pudieran desahogar en una última audiencia. Efectivamente, lo establecido por este tribunal en la determinación en la que concedió el amparo, no puede ser interpretado rigurosamente en sentido literal, sino que debe distinguirse entre los fines restitutorios del amparo, que son los que verdaderamente deben cumplirse sin exceso ni defecto; respecto de la manera en que se dijo se tenía que cumplir en cuanto al mecanismo textual del cumplimiento; esto es, en cuanto a que el juez debía celebrar otra audiencia para que hiciera del conocimiento de las partes que tenían la oportunidad de ofrecer pruebas. Sin que se pierda de vista que en relación al principio restitutorio del juicio de amparo lo que vuelve al quejoso en el goce de su derecho transgredido, es el que se repare la oportunidad de ofrecer esa última prueba nueva antes de que se cierre la instrucción y en caso de que la tenga. Por la razones expuestas es que este Tribunal Colegiado considera que el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, sí cumplió con los efectos de la sentencia amparadora pues, como se destacó en párrafos que preceden, antes de decretar el cierre de la instrucción requirió a las partes para que manifestaran si era su deseo ofrecer pruebas en términos de lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Código Procesal Penal para el Estado de México, prerrogativa que hizo valer la defensa particular de los procesados ****** y éstos, no solamente en la audiencia respectiva, sino en tres diversas (tanto de manera oral como escrita), acordando de conformidad el juzgado responsable. Por tanto, para calificar el cumplimiento de una sentencia, es fundamental atender a la esencia misma de la concesión, para efecto de determinar su obediencia cabal, más allá de aspectos meramente literales, gramaticales o cuestiones de lenguaje o argumentación que, si bien, derivan de la resolución de amparo o la del cumplimiento a éste, no conllevan a su desacato. Lo anterior, pues en este caso, denota la tendenciosidad para retardar el curso del proceso, que, como se vio, lleva más de diecinueve años, pretendiendo (una vez más) que se otorgue a la defensa el conocimiento del derecho que tienen para ofrecer nuevas pruebas; aprovechándose de la formalidad o literalidad extrema de la resolución amparadora. Lo que no puede soslayar este cuerpo colegiado, cuando se cumplió cabalmente con el principio restitutorio, pues, cuando menos, tres veces tuvieron esa oportunidad de ofrecer pruebas novedosas. En consecuencia, a fin de establecer un parámetro más justo y congruente con el mundo fáctico, se debe tomar en consideración predominantemente la esencia de la concesión del amparo, más que la literalidad de las palabras utilizadas por la responsable al darle el debido cumplimiento. Ahora bien, en cuanto al inciso d) relacionado con la petición de traslado del quejoso Reyes Alpizar Ortiz, este órgano colegiado considera que el juzgado responsable sí acató lo determinado en la sentencia protectora, pues revocó el auto dictado en la audiencia de desahogo de pruebas de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete; y, verificó si las circunstancias que lo originaron habían cambiado; sin embargo, negó el traslado solicitado, en atención a que el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tlalnepantla; Estado de México, cuenta con una población de cuatro mil ciento trece internos, teniendo un hacinamiento de 300%, por lo que al permitir el ingreso de una persona privada de su libertad pondría en riesgo su integridad física, la seguridad y gobernabilidad del Centro. Negativa sobre la cual no se prejuzga, al no ser materia de esta resolución, pues se le otorgó libertad de jurisdicción, en relación con el traslado solicitado. **** criterio que, aunque se refiere al amparo directo, *****; de donde resulta que para verificar si efectivamente ha quedado cumplido el fallo protector, es indispensable analizar el contenido de la nueva determinación de la autoridad a fin de corroborar si ha subsanado, en su totalidad, el derecho transgredido; obligación que subsiste inclusive si se deja libertad de jurisdicción a la responsable, porque aun en ese supuesto la autoridad está obligada a observar los lineamientos especificados en la sentencia protectora, los cuales deben satisfacerse en su integridad, si se atiende a la unidad que implica la emisión de la resolución de índole jurisdiccional que no admite actos que sólo constituyan un cumplimiento parcial de la ejecutoria. En este sentido, la materia de estudio en la inconformidad (como medio implícito de verificación del cumplimiento de la ejecutoria) promovida contra el auto que tiene por cumplido el fallo protector en los casos mencionados, es verificar si han quedado satisfechos todos y cada uno de los lineamientos precisados en la sentencia concesoria, sin prejuzgar sobre la legalidad de las consideraciones de la autoridad responsable, especialmente cuando en ese o varios puntos haya actuado con libertad de jurisdicción, conservándose el derecho de las partes en el juicio para interponer el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción IX, de la Ley de Amparo o, en su caso, un nuevo juicio de amparo, según la hipótesis de que se trate." En consecuencia, al resultar infundados los agravios que hacen valer los aquí recurrentes, sin que se advierta motivo por el cual deban ser suplidos en su deficiencia, en términos de lo dispuesto por los artículos 79, fracción III, inciso a), en relación con el 213 de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar INFUNDADO el recurso de inconformidad interpuesto contra el acuerdo de doce de noviembre de dos mil veinte, emitido por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México" En atención a lo solicitado por la autoridad oficiante sobre informar la fecha de notificación realizada a la parte quejosa y la forma en que esta se realizó de la resolución dictada en el recurso de inconformidad 9/2021, se advierte que el proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por recibida la resolución que declaró infundado el recurso de inconformidad que antecede, se notificó por medio de lista el veintidós siguiente. Ello obedeció a que este órgano de Control Constitucional está facultado para invocar como hechos notorios las actuaciones en los expedientes que se tramitan en el órgano jurisdiccional de su adscripción, conforme lo dispone el artículo 88 Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y es un hecho notorio que los quejosos se encuentran gozando de su libertad, pues promovieron la demanda de amparo 656/2020, en la que manifestaron bajo protesta de decir verdad dicha circunstancia, de ahí que la notificación se haya realizado por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Finalmente como lo solicita, remítanse las constancias solicitadas al correo electrónico proporcionado ****, consistentes en: Admisión del recurso de inconformidad 9/2021, acuse de la misma por el Tribunal Colegiado. Resolución del recurso de inconformidad 9/2021 y la constancia de notificación de dicho fallo a los quejosos. Demanda de amparo registrada como 656/2020, del índice de este órgano de Control Constitucional, así como el auto que le recayó a la misma.
- Principal
téngase por recibido el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca de Lerdo, Estado de México mediante el cual solicita se le remita el acuse de recibo correspondiente a la resolución dictada en el recurso de inconformidad 9/2021. En consecuencia acúsese recibo de estilo solicitado por la oficiante.
- Principal
téngase por recibido el oficio firmado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual y como se advierte de la certificación de cuenta, remite los originales del juicio de amparo 1613/2017-V en dos tomos, y testimonio de la ejecutoria dictada en sesión de veintitrés de septiembre del año en curso, en el recurso de inconformidad 9/2021 de su índice, interpuesto por los quejosos, cuyo punto resolutivo es: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de inconformidad interpuesto por los quejosos *****, por conducto de su autorizado, contra la determinación dictada en el juicio de amparo indirecto 1613/2017 el doce de noviembre de dos mil veinte, por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez.". Acúsese recibo de estilo solicitado por la autoridad oficiante, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, realícense las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, agréguese el cuaderno de antecedentes.
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